Por David Toro

La Corte de Constitucionalidad emitió este 19 de junio una sentencia definitiva que argumenta que la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN)  y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), violaron derechos de los pueblos indígenas y ordena que las operaciones de la licencia minera Fénix siga suspendida hasta que se realice la consulta comunitaria en cuatro municipios en un plazo no mayor a 18 meses.

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó, este 17 de julio de 2019, un amparo provisional a la Gremial de Pescadores Artesanales y al pueblo maya Q’eqchi de El Estor, Izabal, que accionaron legalmente en 2018 contra del MEM por no haber consultado a los pobladores previo a otorgar la licencia a la empresa CGN para la explotación minera del proyecto Fénix en 2005, ahora propiedad de la empresa ruso-suiza Solway Investment Group.

11 meses después, los magistrados emitieron una sentencia definitiva donde ordena a la CGN mantener suspendida la extracción minera hasta que el Ministerio de Energía realice la consulta comunitaria prevista en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un plazo de 18 meses, a la población que habita en el área de incidencia del proyecto minero, es decir a los municipios de Panzos, Senahú, Cahabón, Alta Verapaz y El Estor.

La CC señaló que el terreno de operaciones de la mina debe ser delimitado antes de que vuelvan a operar. Actualmente la mina rusa tiene adjudicados a su favor 247.9978 kilómetros pero la ley de minería indica que el espacio máximo de licencia de explotación para una mina a cielo abierto debe ser de 6.29 kilómetros.

“Es importante que la Corte reconozca en su sentencia el tema de la contaminación y el daño medio ambiental provocado por la mina, que fue el motivo de la lucha legal del pueblo Q’eqchi”, declaró el abogado Rafael Maldonado, quien es representante legal de la Gremial de Pescadores. “Que la CC ordene la reducción del espacio físico de operaciones de la mina es un hecho contundente y sin precedentes”, agregó. 

Mientras tanto, la noticia ha llegado a El Estor y a don Cristobal Pop presidente de la Gremial de Pescadores e interponente del amparo que ha logrado suspender las operaciones de la mina, la decisión de la CC le ha provocado felicidad, “No ha sido fácil, pero es justo por las violaciones que ha cometido la empresa a los pueblos indígenas”.

Sin embargo, Pop teme que el ambiente en el Estor se torne aún más tenso “la empresa CGN va a reaccionar, debemos fortalecernos espiritualmente”, mencionó.

Previo a la publicación de esta nota se consultó al representante legal de la mina, Ivan Camey, sobre la postura de la empresa acerca de la resolución de la CC, pero indicó que se encontraban en una reunión y que se comunicaría para explicar la postura institucional.

Una semana antes de que la CC decidiera suspender en definitiva la licencia minera Fénix, trabajadores de la mina y un grupo de taxistas se movilizaron en el centro de El Estor pidiendo un estado de sitio en el municipio, bajo el argumento de que existen bloqueos de personas que fueron despedidas de la mina que interrumpen la libre locomoción.

La mina nunca se detuvo

La CGN no detuvo sus operaciones con el amparo provisional otorgado en julio de 2019, además durante el estado de sitio impuesto por el expresidente Jimmy Morales, en septiembre último, aumentaron su producción, un trabajador de la empresa dijo a prensa comunitaria que no habían detenido la producción porque “la suspensión era sobre la extracción de tierra y no para el procesamiento de los minerales”.

La mina tampoco se detuvo, en medio de la pandemia realizaron despidos de trabajadores que han denunciado las precarias condiciones de trabajo y han pedido ser restituidos en sus puestos. El 28 de mayo de 2020, Rafael Maldonado accionó en la CC una petición de supervisión de cumplimiento de medidas, pues en medio de la pandemia la CGN sigue operando.

Por Carlos Ernesto Choc

Las autoridades de Salud del municipio de El Estor, Izabal, confirmaron el 21 de junio cinco casos de covid-19 en el municipio.

Pablo Mejía, encargado del Centro de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI) indicó que tienen “cinco pacientes positivos de covid-19 en el municipio, un caso en el área urbana y cuatro en el área rural”.

Mejía también informó que unas 200 personas, de las cuales 20 tendrían algunos síntomas, se encuentran bajo monitoreo diario, a través de llamadas telefónicas y visitas cada ocho días para verificar su estado de salud. A la fecha, el personal de Salud encargado de dar seguimiento a los casos en cuarentena ha reportado 366 visitas domiciliares.    

Por su parte, los médicos del CAIMI han unido esfuerzos con otras instituciones para realizar puestos de control sanitarios y brindar información a través de unidades móviles a la población como medidas de prevención en el municipio.

Rina Castañeda, representante de Cruz Roja en El Estor, comentó que se han unido a los esfuerzos del personal del CAIMI para que la población atienda el llamado ha ser responsables y cumplir con las medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus.

 “Es una enfermedad que llega sin aviso y nos puede afectar a niños, adultos, ancianos, ricos y pobres por igual. Tenemos que ser responsables y solidarios”, puntualizó Castañeda.

Finalmente, Abelardo Caal, síndico primero de la municipalidad estoreña, hizo un llamado de alerta a la población en el idioma Q’eqchi’, que traducido al español fue: “a nosotros nos han dicho que hagamos una zanja en el cementerio municipal, por si en algún momento las víctimas se incrementan. No queremos enterrar así a ningún vecino”.  

Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales firmantes, expresamos nuestra preocupación por las amenazas, intimidaciones y provocaciones que están sufriendo personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales en El Estor, Izabal.

La segunda semana de junio, trabajadores de la mina Solway-CGN participaron en acciones intimidatorias contra quienes en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos y la justicia, han acudido a diversos tribunales, incluida la Corte de Constitucionalidad (CC) para denunciar los daños y violaciones de derechos humanos que han sufrido y exigir el cese de operaciones de dicha mina. A pesar de que la CC ordenó la suspensión de actividades de la misma en julio de 2019, ésta continuó operando incluso en el contexto de la pandemia de COVID-19, lo que ha constituido no sólo desacato sino un riesgo para la salud de la población local.

El 19 de junio la CC hizo pública la sentencia en la que confirma el otorgamiento del amparo a favor de las comunidades al considerar que se violaron los derechos de los pueblos indígenas, que no observó el Convenio 169 de la OIT y que la licencia fue otorgada sin que la minera cumpliera con el requisito de aportar un estudio de impacto ambiental del área total que pretendía explotar ni atendió la cosmovisión de los pueblos indígenas asentados en el área de influencia del proyecto minero; por lo que ordenó mantener en suspensión la explotación minera del área “concedida” en tanto no concluya el proceso de consulta que debe realizarse dentro del plazo de 18 meses.

Hemos constatado que, durante estas semanas, se ha venido desarrollando una campaña de difamación, desinformación, discursos racistas y de odio contra personas defensoras, periodistas y organizaciones de derechos humanos en redes sociales, incitando a la violencia contra todas ellas, lo que las coloca en grave riesgo y genera un clima de confrontación y terror que afecta a toda la población, hombres, mujeres, niños y niñas del municipio. La situación puede agravarse en represalia contra quienes acudieron a la CC.

Defender los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a la libre expresión, a un medio ambiente sano, al agua y los derechos de los pueblos indígenas no es un delito. El Estado guatemalteco tiene el deber de respetar estos derechos, protegerlos frente a los intereses de las empresas privadas y garantizar que existan las condiciones para su ejercicio libre y sin coacciones.

Instamos al Estado guatemalteco a que, en cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos:

1. Realice una pronta y exhaustiva investigación por parte del Ministerio Público de los hechos aquí señalados, a fin de que los responsables sean llevados ante la justicia.

2. Tome todas las medidas necesarias por parte del Ministerio de Gobernación para garantizar la seguridad y protección de comunicadores, periodistas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.

3. Exija a las empresas operando en El Estor y en todo el territorio nacional a cumplir con su responsabilidad de debida diligencia en materia de derechos humanos, incluyendo el abstenerse de propiciar confrontación y conflictos sociales.

4. Se abstenga de hacer frente a esta situación mediante estados de excepción que pueden ser fuente de terror y otras violaciones de los derechos humanos.

24 de junio de 2020

Eb’ li molam aj kolol xk’ulub’eb’ li poyanam sa’ li qatenamit maraj sa’ najtil tenamit li nake’tz’iib’ank re li hu a’in, naqajultika xyeeb’al naq na’ok qak’a’uxl chi rix li xib’esink ut tikok li yookeb’ chi xk’ulb’aleb’ laj kolol xk’ulub’ li poyanam, laj puktesinel esilal ut laj k’ehol esilal sa’ xyanq li komonil aran El Estor, Izabal.

Chi ru li xamaan xnume’, eb’ laj k’anjel re li empresa Mina Solway-CGN ke’xib’e li nake’ xk’anjela li xk’ulub’eb’ chi rix xyeeb’al li k’a’uxlej, li nake’kolok re xk’ulub’eb’ li poyanam ut li nake’patz’ok chi rix naq junnaqikaq li wanjik chi ru li chaq’rab’, li numjenaqeb’ chi ru li jalanq jalanq chi raqleb’ aatin, jo’ li Xnimal Ru Aj Raqol Aatin aj Kolol rix li Xnimal Ruhil Chaq’rab’, li nayeemank re Corte de Constitucionalidad (CC) b’ar wi’ xjitmank li rahob’tesink ut li muxuk k’ulub’ yook xb’aanunkil li mina a’an ut li xe’patz’ok chi kaw naq tento t’xaqliiq li xk’anjel. Chi ru li po julio re li chihab’ 2019 li Xnimal Aj Raqol Aatin, CC nayeman re, kixye naq tento txaqliiq li k’anjel li empresa, ab’anan ink’a’ ke’xpaab’ xtaql li CC ut yookeb’ ut maak’a’ nake’raj re li kaqiyajel COVID-19, ut a’in ink’a’ kaj wi’ yook xq’etb’al li chaq’ rab’ yook b’an xk’amb’al chaq jun li xiwxiw sa’ xb’een xkawilal li tenamit wankeb’ aran.

Sa’ li 19 xb’e li po junio, li CC xpuktas resil naq ak xxaqab’ chik raatin, aran xye naq kolb’il xk’ulub’eb li k’aleb’aal xb’aan naq xmuxe’ li xk’ulub’eb’ laj ralch’och’, xe’xmux li Convenio 169 re li OIT, ut moko us ta li xhuhul li Mina, xb’aan naq moko xtz’ile’ ta rix chi chaab’il chi xjunil li ch’a’ajkilal naxk’am chaq li xk’anjel li Mina, moko xtz’ile’ ta rix chi xjunil li na’ajej tram ut moko xroxloq’i ta li xnawomeb’ ut xb’aanuhomeb’ laj ralch’och’ wankeb’ sa’ xnub’ajil li mina; xb’aan a’an xjultika naq txaqliiq chi xjunil li xk’anjel li mina, xye aj wi’ naq tento t’uxliiq li nimla patz’ok reheb’ li k’aleb’aal chi ru 18 po ut toj chi rix a’an te’ruhanq chi k’anjelak wi’ chik.

Naqak’e reetal naq, chi ruheb’ li xamaan yook chi nume’ek, xiikil li esilal re majewank, aatin re xtz’eqtaanankileb’ ut xik’ ilb’aleb’ laj kolol xk’ulub’ li poyanam, laj puktesinel esilal ut eb’ li molan aj kolol k’ulub’ej, taqlanb’il sa’ li puktesib’aal esilal nayeeman re “redes sociales”, b’ar wi’ nake’raj xtikb’al ch’a’ajkilal chi rixeb’ chi xjunil li komon a’in, b’ar wi’ na kana jun li xiwxiw ut naxtoch’ chaq jun ch’e’oj ib’ ut li xiw sa’ xyanq chi xjunil li komon, winq, ixq, kok’al ut kok’ixqa’al. Naru naniman ru li ch’a’ajkilal a’in sa’ xb’eeneb’ li xe’tz’aamank chi ru li Xnimal ru Aj Raqol Aatin -CC-.

Moko maak ta xkolb’al xk’ulub’eb’ li poyanam, li xkolb’ar lix li yu’am, ut xyeeb’al li k’a’uxlej chi maak’a’ junaq xmuxb’al, re naq saqaq ru li qasutam, li ha’ ut li xk’ulub’eb’ xtenamital aj ralch’och’. Wank sa’ xb’een roxloq’inkil xk’ulub’ej li tenamit li awa’b’ejilal, jo’ aj wi’ tento naq tk’ol rix li tenamit chi ruheb’ li rajomeb’ li b’ihom (empresas privadas) ut tril naq maani ut maak’a’ tnat’oq re li xyu’aminkil li k’ulub’ej.

Naqapatz’ re li Awa’b’ejilal re li tenamit Watemaal naq, xb’aanuhaq li xtaqlankil chi rix li xk’ulub’eb’ li poyanam:

1. Li Minsterio Público chi xtz’ilaq rix chi junpaat ut chi chaab’il li jo’k’ehal ke’xb’aanu li kiyeemank arin, re naq k’anb’ilaqeb’ chi ru chaqrab’ li xe’b’aanunk re li ch’a’ajkilal.

2. Chixb’aanuuq li xk’anjel li Ministerio de Gobernacion re rilb’al li wanjik ut xkolb’aleb’ laj puktisinel esilal, eb’ li molam ut eb’ li komom li nake’kol xk’ulub’ li poyanam.

3. Chixyeeq chi kaw reheb’ li empresa li wankeb’ El Estor ut sa’ chi xjunil xsutam li qatenamit naq te’roxloq’i xk’ulub’eb’ li poyanam, ut chixq’useb’ re naq ink’a’ yooqeb’ xtikb’al li ch’a’ajkilal ut li ch’e’oj ib’ sa’ xyanq li komonil.

4. Ink’a’ chik na’ajman xxaqab’akil li roksinkileb’ laj kookox re xtuqub’ankil ru li ch’a’ajkilal, xb’aan naq yal nak’i li xib’esink ut naniman ru li xmuxb’al xk’ulub’eb’ li poyanam.

Kahib’ xka’k’aal re li po junio re li chihab’ 2020

We, the undersigned national and international human rights organizations, express our concern for the threats, intimidation and provocations that human rights defenders, journalists and social communicators are suffering in El Estor, Izabal.

In the second week of June, workers at the Solway-CGN mine took part in intimidatory actions against those who, in the exercise of their rights to freedom of expression, defense of human rights, and justice, have gone to various courts including the Constitutional Court (CC), to denounce the damages and human rights violations they have suffered and to demand the cessation of operations of the mine. Despite the CC’s order to suspend the mine’s activities in July 2019, it continued to operate even in the context of the COVID-19 pandemic, which has constituted not only contempt but also a risk to the health of the local population.

On June 19, the CC made public the sentence in which it confirms the granting of protection in favor of the communities, considering that the rights of the Indigenous peoples were violated, that it did not observe ILO Convention 169, and that the license was granted without the mining company complying with the requirement to provide an environmental impact study of the total area it intended to exploit, nor did it address the worldview of the Indigenous peoples settled in the area of influence of the mining project. For this reason, it ordered that mining in the area in question be suspended until the consultation process which must be carried out within 18 months is completed.

During these weeks, we have noted the development of racist and hate speech discourses, as well as defamation and disinformation campaigns against defenders, journalists, and human rights organizations on social networks inciting violence against all of them, which places them at serious risk and generates a climate of confrontation and terror that affects the entire population of the municipality; men, women and children. The situation may worsen in retaliation against those who went to the CC.

Defending human rights, including the rights to life, to free expression, to a healthy environment, to water, and the rights of Indigenous peoples is not a crime. The Guatemalan State has the duty to respect these rights, protect them against the interests of private companies, and ensure that the conditions exist for their free and uncoerced exercise.

In compliance with its human rights obligations, we urge the Guatemalan State to:

1. Carry out a prompt and exhaustive investigation by the Public Prosecutor’s Office into the events described here so that those responsible are brought to justice.

2. Take all necessary measures on the part of the Ministry of the Interior to guarantee the security and protection of social communicators, journalists, and individuals and organizations who defend human rights.

3. Demand that companies operating in El Estor and throughout the country fulfil their responsibility to exercise due diligence in the area of human rights, including refraining from promoting social confrontation and conflict.

4. Refrain from addressing this situation through states of emergency that can be a source of terror and other human rights violations.

June 24, 2020

Les organisations nationales et internationales de défense des droits humains signataires de ce communiqué, exprimons notre inquiétude face aux menaces, intimidations et provocations dont sont victimes les défenseur.e.s des droits humains et les journalistes à El Estor, Izabal, Guatemala.

La semaine dernière, les travailleurs de la mine Solway-CGN ont participé à des actions d’intimidation contre les personnes qui, dans l’exercice de leurs droits à la liberté d’expression, à la défense des droits humains et à la justice, se sont adressées à différentes instances, dont la Cour constitutionnelle (CC), pour dénoncer les dommages et les violations des droits humains qu’elles ont souffert et pour exiger la cessation des activités de la mine. Bien que la Cour constitutionnelle ait ordonné la suspension de ses activités en juillet 2019, celle-ci a continué à fonctionner même dans le contexte de la pandémie COVID-19, ce qui constitue non seulement une violation à la décision de la CC mais aussi un risque pour la santé de la population locale.

Le 19 juin, la CC a rendu publique une sentence en faveur du recours introduit par les communautés, dans laquelle elle considère que les droits des peuples autochtones ont été violés, que la Convention 169 de l’OIT n’a pas été respectée, que la cosmovision des peuples autochtones qui vivent dans la zone d’influence du projet minier n’a pas été prise en compte et que la licence a été accordée sans que l’entreprise minière ait respecté le pré-requis de présenter une étude d’impact environnemental contemplant toute la zone qu’elle pensait exploiter. Pour ces raisons, la CC a ordonné le maintien de la suspension de l’exploitation minière dans la zone concernée, jusqu’à la conclusion du processus de consultation qui doit être réalisé dans un délai de 18 mois.

Nous avons constaté ces dernières semaines qu’une campagne de diffamation, de désinformation et de discours racistes et de haine s’est diffusée sur les réseaux sociaux, incitant à la violence contre les personnes défenseures, les journalistes et les organisations de défense des droits humains, ce qui les met gravement en danger et génère un climat de confrontation et de terreur qui touche toute la population de la municipalité, hommes, femmes et enfants. Cette situation pourrait empirer si des représailles sont exercées contre les personnes qui se sont adressées à la CC.

La défense des droits humains, y compris les droits à la vie, à la libre expression, à un environnement sain, à l’eau et les droits des peuples autochtones, n’est pas un crime. L’État guatémaltèque a le devoir de respecter ces droits, de les protéger face aux intérêts des entreprises privées et de veiller à ce que les conditions existent pour leur libre exercice

Nous exigeons à l’État guatémaltèque, dans le respect de ses obligations en matière de droits humains :

1. La réalisation d’une enquête rapide et exhaustive par le Ministère public sur les faits décrits ci-dessus, afin que les responsables soient traduits en justice

2. Prendre toutes les mesures nécessaires de la part du Ministère de l’Intérieur pour garantir la sécurité et la protection d

3. Exiger que les entreprises opérant à El Estor et dans tout le pays remplissent leur responsabilité en matière droits humains, notamment en s’abstenant de promouvoir la confrontation et les conflit sociaux .

4. S’abstenir de faire face à cette situation par des états d’exception qui peuvent être source de terreur et d’autres violations des droits humains.

24 juin 2020

Die nationalen und internationalen Menschenrechtsorganisationen, die dieses Dokument unterzeichnet haben, bringen ihre Besorgnis über die Bedrohungen, Einschüchterungen und Provokationen zum Ausdruck, unter denen Menschenrechtsverteidiger, Journalisten und soziale Kommunikatoren in El Estor, Izabal, leiden.

In der vergangenen Woche beteiligten sich die Arbeiter des Solway-CGN-Bergwerks an Einschüchterungskampagnen gegen diejenigen, die sich in Ausübung ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung, Verteidigung der Menschenrechte und Gerechtigkeit an verschiedene Gerichte, darunter das Verfassungsgericht, gewandt haben, um die erlittenen Schäden und Menschenrechtsverletzungen anzuprangern und die Einstellung des Minenbetriebs zu fordern. Trotz der Anordnung des Verfassungsgerichts, die Aktivitäten der Nickelmine Fénix im Juli 2019 auszusetzen, blieb sie auch im Zusammenhang mit der COVID19-Pandemie in Betrieb, die nicht nur Missachtung des Urteils, sondern auch eine Gefahr für die Gesundheit der lokalen Bevölkerung darstellte.

Am 19. Juni 2020 veröffentlichte das Verfassungsgericht das Urteil, in dem es die Beschwerde der indigenen Gemeinden bestätigt, dass die Rechte der indigenen Völker verletzt wurden, das ILO-Übereinkommen 169 nicht eingehalten wurde und dass die Konzession erteilt wurde, ohne dass das Bergbauunternehmen der Forderung nach einer Umweltverträglichkeitsstudie über das gesamte Gebiet, das es auszubeuten beabsichtigte, nachgekommen ist. Das Bergbauunternehmen sei auch nicht auf die Weltsicht der indigenen Völker eingegangen, die im Einflussgebiet des Bergbauprojekts angesiedelt sind. Aus diesem Grund ordnete das Verfassungsgericht an, dass der Bergbau in dem fraglichen Gebiet bis zum Abschluss des Konsultationsprozesses, der innerhalb von 18 Monaten durchgeführt werden muss, ausgesetzt wird.

Wir haben festgestellt, dass in den letzten Wochen eine Kampagne der Diffamierung, Desinformation, Rassismus und Hassreden gegen Menschenrechtsverteidiger, Journalisten und Menschenrechtsorganisationen in sozialen Netzwerken geführt wurde, die zu Gewalt gegen sie alle aufruft, sie ernsthaft gefährdet und ein Klima der Konfrontation und des Terrors erzeugt, welches die gesamte Bevölkerung, Männer, Frauen und Kinder des Gebiets betrifft. Die Situation kann sich durch Vergeltungsmassnahmen gegen diejenigen, die die Klage im Verfassungsgericht einreichten, noch verschärfen.

Die Verteidigung der Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf Leben, auf freie Meinungsäusserung, auf eine gesunde Umwelt, auf Wasser und die Rechte der indigenen Völker ist kein Verbrechen. Der guatemaltekische Staat hat die Pflicht, diese Rechte zu respektieren, sie gegen die Interessen privater Unternehmen zu schützen und sicherzustellen, dass die Voraussetzungen für ihre freie und ungezwungene Ausübung gegeben sind.

Wir fordern den guatemaltekischen Staat nachdrücklich auf, seinen Menschenrechtsverpflichtungen nachzukommen

1. eine rasche und erschöpfende Untersuchung der hier beschriebenen Ereignisse durch die Staatsanwaltschaft durchzuführen, damit die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden.

2. alle notwendigen Maßnahmen seitens des Innenministeriums zu ergreifen, um die Sicherheit und den Schutz von Kommunikatoren, Journalisten, Organisationen und Menschenrechtsverteidigern zu gewährleisten.

3. Die Unternehmen, die in El Estor und im ganzen Land tätig sind, aufzufordern ihrer Verantwortung gerecht werden und ihrer Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte nachkommen, einschliesslich des Verzichts auf die Förderung sozialer Konfrontation und Konflikte.

4. Zu unterlassen, in dieser Situation einen Ausnahmezustand auszurufen, der eine Quelle von Terror und anderen Menschenrechtsverletzungen sein kann.

Por Carlos Ernesto Choc

Más de 350 personas del pueblo maya Q’eqchi’, que conforman unas setenta familias ubicadas en la comunidad Polígono 1, en el área sur del municipio de El Estor, Izabal, denunciaron que viven abandonas por el Estado de Guatemala y no han recibido atención durante la emergencia nacional provocada por la covid-19.

“Nos hemos enterado del apoyo que el Gobierno está dando en otros lugares, pero aquí no hemos recibido ni siquiera una mascarilla”, dijo Sebastián Tiul, guía Principal de la comunidad.

Una de las mayores preocupaciones de las y los pobladores es que las niñas y niños de la comunidad presentan graves síntomas de desnutrición y eso los podría poner en mayor riesgo ante la covid-19.

María Pop Rax, integrante del Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural (COCODE), denunció que varias personas han llegado a solicitarles copias de los documentos personales de identificación, pero sin informar qué tipo de ayuda les estarán brindando.

“Solo quieren llevarse nuestras copias de documentos personales, pero seguimos sin recibir nada a cambio”, expresó Pop.

Comunidad aislada

Las personas de la comunidad Polígono 1, que necesitan acudir a la cabecera municipal de El Estor, deben atravesar en lancha el lago de Izabal, que ahora se complica con la implementación del toque de queda a partir de las 18:00 horas, como parte de las restricciones implementadas por el Gobierno por contener el coronavirus.

“Nos cuesta ir a comprar comida o medicinas y tenemos miedo de ser detenidos porque nos pueden arrestar si no regresamos a tiempo”, expresó el guía Principal de la comunidad.

La llegada del invierno también es otro factor que incrementa los problemas para la comunidad, porque sufre el desbordamiento de ríos, provocando el incremento de las enfermedades respiratorias o las provocadas por los mosquitos y no cuentan con un puesto de salud ni agua potable.

El puesto de salud más cercano se encuentra en la aldea Sepur Zarco, donde se ubica una clínica móvil que fue gestionada por las mujeres de esa comunidad, pero tampoco cuenta con suficiente medicina y solo atienden el día jueves, según expresaron los comunitarios.

“Nosotros no sabemos qué va a pasar si la pandemia del coronavirus llega aquí, podemos morir de esa enfermedad o de hambre”, lamentó Pop Rax.

Por: Aj Ral Ch’och’

La población maya Q’eqchi’ del municipio de El Estor, Izabal y tres municipios de Alta Verapaz, denunciaron que se ven afectados por la explotación minera en las zonas verdes y montañosas y que también amenaza la calidad del agua del lago de Izabal, que  en marzo y abril de 2017 se tiñó de rojo.

Actualmente, las empresas mineras que operan en el lugar son Mayaníquel y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (Pronico) subsidiaria de Solway Investment Group, que adquirió la licencia del proyecto Fénix a través de la absorción de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). El proyecto Fénix se encuentra suspendido por la Corte de Constitucionalidad (CC) desde el 17 de julio de este año.

La destrucción de las montañas y el deterioro del medio ambiente preocupa a las comunidades maya Q’eqchi’ de los municipios afectados. A la fecha, la CGN no ha realizado la consulta comunitaria ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC).

En la sentencia del 17 de julio de este año, La CC ordenó que la licencia del proyecto minero Fénix reduzca el espacio territorial donde opera y estableció únicamente 6.29 kilómetros cuadrados de autorización, ya que actualmente tiene en su concesión de explotación territorial 247 kilómetros con 9 mil 978 metros para la explotación minera.

En la resolución de la CC, se solicitó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) realizar, en un plazo de 18 meses, el proceso de preconsulta y consulta que está previsto en el convenio 169 de la Organización Internacional del Ttrabajo (OIT).

La operaciones de la empresa minera CGN-Pronico siguen explotando los recursos naturales de la región, pese al amparo provisional otorgado en julio del 2019 por la misma CC y la situación de pandemia nacional provocada por la covid-19.

Por Nelton Rivera

En medio de la pandemia del coronavirus en Guatemala, con un alza considerable de los contagios a nivel nacional que suman 23,248, de esos corresponden al departamento de Izabal (197) y con el colapso de los principales hospitales nacionales que atienden estos casos, los gerentes de una de las empresas mineras de níquel realizan actividades sociales, convocan a varias comunidades y se reúnen sin ninguna protección ni medida de prevención.

Los gerentes de la Compañía Procesadora de Níquel (Pronico) decidieron realizar varias actividades el fin de semana en las que participaron unas 300 personas Maya Q’eqchi de las comunidades, esto ocurrió el día sábado 4 de julio a pesar de las disposiciones presidenciales que lo prohíben. La minera realizó un campeonato de fútbol en medio de la pandemia, una actividad multitudinaria, que incluyó la presencia de niños y niñas de la comunidad de Las Nubes y otras comunidades en El Estor Izabal.

Según uno de los trabajadores de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), que prefirió el anonimato, estuvieron presentes Sergey Nosachev (ruso), director general de Pronico, a quien se le ve con un uniforme de fútbol y quien participo de las actividades deportivas, lo acompañó Humberto Mateus, director administrativo de la CGN-Pronico, ambas empresas son subsidiarias de la transnacional ruso-suiza Solway. A Las Nubes llegaron comunitarios de la Aldea Bo, El Chupón, Aldea El Chichipate, convocados por la minera. Por parte de la empresa estuvieron presentes Crisanto Reyes May Cuz –coordinador de proyectos- y Marvin Méndez, afirmó el trabajador minero.

En las fotos se ve a distintas personas q’eqchi reunidas sin guardar el distanciamiento social, tampoco hacen uso de mascarillas, los niños estuvieron presentes sin ninguna protección frente al riesgo de contagio del covid-19. Guatemala se encuentra bajo Estado de Calamidad, emitido por el Gobierno central desde marzo de 2020, este incluye una seria de disposiciones que prohíben la movilización en cualquier tipo de transporte urbano o extraurbano y la concentración de personas, también la realización de actividades de todo tipo, incluidas las deportivas y además ordena el uso obligatorio de la mascarilla, entre otras medidas como el distanciamiento social publicadas el 17 de marzo en el Diario Oficial.

Violando el Estado de Calamidad y las disposiciones presidenciales

Solway no es la primera vez que desacata las disposiciones del Estado de Calamidad durante la pandemia, no ha suspendido sus operaciones mineras en El Estor, Los Amates y Puerto Barrios, tampoco ha suspendido las operaciones de la licencia minera Fénix, suspensión ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC) desde julio de 2019, por no contar con la licencia minera desde el 2005. Todas estas disposiciones presidenciales fueron decretadas por Alejandro Giammattei para contener y prevenir el avance del covid-19 en el país, violarlas les podría significar varias sanciones:

“Giammattei advirtió de que la propagación de enfermedad (artículo 301 del Código Penal, quien, de propósito, propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas) será sancionado con prisión de uno a seis años, la contravención de medidas sanitarias (artículo 305, quien, infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos) será sancionado con prisión de seis meses a dos años…”[1]

El país alcanzó al día 5 de julio los 23 mil 248 casos positivos de covid-19, 947 fallecimientos por esta enfermedad, con registros diarios de más de 1 mil 200 casos según el Ministerio de Salud, para el departamento de Izabal se han registrado 197 casos positivos al 5 de julio. Con información del área de salud de Izabal, son 100 casos en Puerto Barrios, 22 en Morales, 7 en Los Amates y 6 en El Estor, dato registrado hasta el 1 de julio. Estos son los municipios en los que de forma directa o indirecta la empresa minera mantiene constante movilidad, actividad y operaciones.

Además que sus gerentes y personal viajan constantemente de la ciudad capital de Guatemala (12 mil 473 casos positivos a final de junio), al Puerto Santo Tomas de Castilla, Puerto Barrios, a Los Amates al proyecto Montufar II o a la planta procesadora en El Estor, Izabal. Lo que aumenta el riesgo de trasladar el virus de un lugar a otro.

#GreenBlood

[1] Prensa Libre. Coronavirus: Giammattei suspende actividades de sector público y privado. Irving Escobar. 16 de marzo 2020. https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/coronavirus-giammattei-suspende-actividades-de-sector-publico-y-privado/

Awineleb es un grupo artístico maya Q’eqchi’ que desde 2014 apoya a la comunidad de Sepur Zarco, pero debido a las restricciones nacionales para contener la pandemia de coronavirus, recientemente no han podido realizar presentaciones o gestionar fondos para las familias más vulnerables.

“Durante estos meses no hemos podido realizar presentaciones, por eso hacemos un llamado urgente para que se pueda gestionar apoyo para las familias más necesitadas de las comunidades que enfrentan la crisis por la covid-19, a donde no ha llegado ningún apoyo del Gobierno municipal o central”, expresó Carlos Alejandro Chub Tiul, presidente del grupo de jóvenes artistas.

Las comunidades del área sur del municipio de El Estor, Izabal, son afectadas cada año por los desechos que generan las plantaciones de palma africana, que en invierno generan altos niveles de contaminación en los campos de cultivo, en los ríos y en el lago de Izabal, según denuncias de la población.

En la actualidad, la pandemia del coronavirus y el abandono institucional provocan estragos para las 36 comunidades maya Q’eqchi’ de El Estor y para cuatro comunidades que se encuentran en proceso de recuperación de tierras, según Mario Caal, dirigente local.  

Acompañamiento en caso histórico

El grupo artístico Awineleb se conformó en 2014 para apoyar a las mujeres indígenas que sobrevivieron a la violencia sexual y esclavitud por parte de militares en la comunidad Sepur Zarco, en el valle del Polochic, conocidas como “las abuelas de Sepur Zarco”.

La sentencia judicial del 26 de febrero de 2016 sobre este caso, se convirtió en un referente histórico para el país.

Las y los artistas, son nietos de varias personas que fueron desaparecidas por el Ejército de Guatemala en la decada del 70 y 80, según expresó Hugo Walter Mes Ba, integrante del grupo.

A las personas o instituciones interesadas en canalizar el apoyo a través del grupo de artistas, pueden comunicarse al teléfono 4994-2374, con el artista Hugo Walter Mez Ba.

Por Nelton Rivera

Con el estado de calamidad implementado por la pandemia provocada por la covid-19, el Gobierno de Guatemala prohibió todo tipo de reuniones, manifestaciones o actividades culturales. Estas medidas se establecieron para la prevención y contención del coronavirus. La violación de las disposiciones presidenciales podrían significar sanciones económicas o penales. 

Es una mañana calurosa en El Estor, Izabal, fácilmente se podrían haber alcanzado los 29 grados centígrados el lunes 6 de julio. El alcalde Joel Lorenzo y los trabajadores municipales realizaron una reunión a la orilla del malecón, a pocos metros de la Municipalidad, juntos le dieron la bienvenida a Allisson Geovanna Valdez Muralles de Izabal, reportera del programa matutino “Viva la mañana”, que se transmite a través de del canal de televisión abierta Guatevisión; además fue electa como señorita Izabal y en reina nacional de las fiestas de independencia 2017 y reina redes sociales 2018.

Instalaron toldos, mesas y mostraron parte de la cultura tradicional de la cocina local. El alcalde acompañó a la presentadora de televisión por un recorrido sobre el malecón con el lago de Izabal de fondo. En la actividad participaron unas 50 personas, entre personal municipal, cocineros, edecanes, expectadores y Aliisson Valdez.

En las fotografías publicadas por la municipalidad de El Estor se ve a varias de las personas reunidas o apuñuscadas, sin mantener el distanciamiento físico entre ellas. Algunas no utilizaban la mascarilla que es obligatoria, tampoco se colocaron dispensadores de alcohol en gel o jabón para manos. Hubo abrazos y saludo de manos.

Frente a la Parroquia de San Pedro Apóstol estuvo la marimba “Regalo Rabin Ajaw”, la actividad fue amenizada por un torito y bailes, entre los músicos, 11 en total, incluidos dos niños, tampoco se respetaron las disposiciones presidenciales.

En el municipio se registraron 6 casos positivos de covid-19 y medio centenar de personas permanecen en cuarentena, de ese número, unos 20 casos registraron síntomas de la enfermedad, según el área de salud del municipio el día 3 de julio, con información de la doctora Gilda Castañera, de la Cruz Roja; y el doctor Pablo Mejía, del Centro de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI).

Durante los 116 días de pandemia, los contagios van en aumento. En el departamento de Izabal se detectaron 197 casos positivos, a nivel nacional, hasta el 7 de julio, se alcanzaron 24 mil 788 casos positivos y 1006 fallecidos.

Por Baudilio Choc

En la madrugada de este viernes 10 de julio, varios guías espirituales realizaron una ceremonia maya en el barrio Los Cerritos, en El Estor, Izabal, para dar la bienvenida y presentar su saludo al día Waqib’ Tijax o 6 Tijax, según el calendario maya.

“La velada”, como se nombra a las actividades previas a la celebración de la ceremonia maya, comenzaron desde ayer a las ocho de la noche en esa comunidad.

“Este día es especial para nuestras abuelas y abuelos, quienes conocen y nos enseñaron de los significados del nahual maya, que pueden ser sufrimiento, dolor, cuchillo de doble filo, el poder del trueno, el rayo y un día no favorable para la siembra”, comentó uno de los guías espirituales.

Asimismo, añadió que “este día también es especial porque es un recordatorio del corazón del cielo y el corazón de la tierra, día de la creación y la revelación hacía el cosmos. Es el nahual de los Aj Ilonel, curanderos y de los médicos mayas”.

La ceremonía se presentó como una ofrenda para la purificación y balance de las acciones personales y colectivas, porque en el día Tijax se puede pedir para prevenir y evitar enfermedades físicas y mentales, además, para la protección y curación de las enfermedades que pudieran afectar a las sociedad.

Por: Lourdes Alvarez

Hoy se realizó el foro virtual “La minería del níquel en Guatemala: una larga historia de despojo, impunidad y violencia en el territorio Q’eqchí de El Estor”, con la participación de Graham Ruseell, Rafael Maldonado, Robin Macloni, Jovita Tzul, Simona Yagenova y Annabella Sibrián.

En la actividad se hizo un breve repaso por los acontecimientos violentos, de represión y criminalización que han marcado la historia de las comunidades, de su población organizada y de las y los defensores de derechos humanos en El Estor, que han denunciado la contaminación ambiental por la explotación minera de níquel en el lago de Izabal.

Además, se abordaron las diversas estrategias que esos grupos de población han implementado para lograr sentencias emblemáticas, como la que fue notificada el pasado 8 de julio por la Corte de Constitucionalidad (CC) a la Asociación de Pescadores Artesanales de El Estor, donde se consigna la suspensión total del proyecto minero Fénix, de la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (PRONICO), una subsidiaria de Solway Investment Group que compró a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) en el 2011.

Simona Yagenova, investigadora especialista en movimientos sociales, comentó que “existe y persistirá una profunda disputa geoestratégica global por parte de los grandes capitales internacionales para mantener el control sobre el níquel, porque independientemente de la fluctuación de precios, la producción de las baterías de los vehículos eléctricos a partir de ese material representa un buen negocio”.

Por su parte, Grahame Russell, director de Rights Action, una organización internacional con trabajo activo en el acompañamiento legal a las comunidades de El Estor comentó que durante seis décadas las mineras canadienses que operan en Guatemala han recibido el apoyo total del Gobierno de Canadá.

“Ese Gobierno tiene mucho qué responder por los años de desalojos ilegales, asesinatos y violaciones a los derechos humanos relacionados con la actividad minera”, comentó Russell.

Añadió que de momento, solo se han podido llevar casos civiles y no penales en las cortes de canadienses. “Buscamos justicia en Canadá porque en Guatemala es muy difícil. Pero la compañía tiene muchos recursos económicos y retrasa los procesos con amparos, pero también saben que aquí nadie se va a rendir”, aclaró.

Robin Macloni, de la Defensoría Q’eqchí de El Estor, indicó que es alarmante el nivel de violencia contra los defensores de derechos humanos en esa región del país. “Muchos estuvieron en la cárcel, otros sufren persecución y son criminalizados, y ahora hasta se están dando casos de compra de liderazgos para dividir la opinión de la población. Eso nos ha llevado a entender la magnitud de la presencia de la empresa minera en diversos espacios”, señaló.

Asimismo, Macloni recordó que en 2002, cuando se otorgó una resolución sobre las comunidades Lote 8 y Lote 9, donde el Estado reconoció su territorio, se descubrió que varios folios de las escrituras fueron mutilados. “Ahí vimos otro de los tentáculos de la empresa minera en los juzgados, en el Registro de la Propiedad, en el Ministerio de Ambiente y en Energía y Minas”, puntualizó.

Resolución histórica que suspende proyecto

Sobre la resolución que ordena suspender las actividades del proyecto minero Fénix, el abogado Rafael Maldonado, representante de la Asociación de Pescadores Artesanales indicó que existe preocupación porque tienen información que la empresa PRONICO no ha dejado de operar.

“La CC emitió la sentencia definitiva y no solo confirma que se debe hacer el proceso de consulta según el convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo (OIT), si no que además deja en evidencia que la empresa nunca obtuvo un estudio de impacto ambiental para operar en todo el espacio”, acotó el abogado.

La licencia número 1208 otorgada el 17 de abril de 2016, presenta graves inconsistencias. Una de las más relevantes fue el registro y concesión de 250 kilómetros cuadrados de extensión, la más grande de toda la región mesoamericana, cuando la ley de Guatemala estipula que no debe ser mayor a 20 kilómetros cuadrados.

“La ley deja una excepción abierta y esa fue la que aprovecharon para meter los 250 kilómetros cuadrados. Según la ley contra la corrupción los funcionarios implicados en esto también deben responder”, finalizó Maldonado.

Al respecto, Jovita Tzul, abogada especialista en Pueblos Indígenas, también compartió la opinión de Maldonado, al asegurar que la sentencia sobre ese proyecto minero es histórica porque: “es un reconocimiento importante al sujeto de derecho, en este caso a los pescadores y los pueblos indígenas”.

Añadió que esa resolución de la máxima corte del país también permite realizar la consulta a la población de acuerdo con los estándares internacionales, que obligan a que lleve el proceso más allá de un requisito o un trámite administrativo, porque debe existir información previa, con pertenencia cultural y de contexto actual.

“El estándar del derecho de consulta también se relaciona con el derecho de participación, pero esa participación debe ser libre e informada. No existe la consulta reparadora, por eso la consulta previa debe realizarse de manera adecuada para que responda al idioma del pueblo Q’eqchí, a su estructura y dinámicas de organización cultural”, agregó Tzul.

La abogada reflexionó sobre otro aspecto importante de la sentencia: “recordemos que no solo se enmarca dentro de la protección del territorio, también abarca los derechos ambientales que son generacionales. Aquí no solo se protege al pueblo Q’eqchí y el lugar donde viven, se está protegiendo a las futuras generaciones y a todo el territorio de Guatemala.

Mesa redonda

Por Aj Ral Ch’och’ y Nelton Rivera

La familia del profesor Adolfo Ich Chamán se sorprendió cuando escucharon el ruido de un helicóptero que sobrevolaba el techo de su casa, en seguida un helicóptero del Ejército de Guatemala aterrizó en el centro del estadio que lleva el nombre del profesor.

Los vecinos de El Estor, Izabal, denunciaron que el helicóptero militar (151 | Bell 407GX) aterrizó el viernes 17 de julio sin el permiso de las autoridades comunitarias de uno de los barrios de El Estor.

La aeronave aterrizó a un costado de la casa de Angélica Choc, quien fue esposa del profesor Ich Chaman, lo que causó inmediatamente la preocupación de las familias q’eqchis del barrio.

“A uno de los oficiales del Ejército lo recogieron en un vehículo militar y salió del lugar, otro oficial afirmó que se trataba de un aterrizaje forzoso y no dieron mayores explicaciones”, expresó un vecino.

La comunidad les pidió que se retiraran del lugar, porque no coordinaron su llegada con ninguna de las autoridades comunitarias del barrio y afirman que el helicóptero no mostró ningún desperfecto, porque unos minutos después el helicóptero se retiró. Detrás del estadio de esta comunidad se ubica la colonia de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN-Pronico.

La comunidad rechaza las violaciones a los derechos humanos

En 2019 la comunidad q’eqchi de Semuy II en el sur de El Estor fue militarizada luego de un incidente armado provocado por una patrulla militar. El gobierno del expresidente Jimmy Morales respondió con militarizar la comunidad y establecer un toque de queda en 6 departamentos, varios comunitarios fueron acusados por el asesinato de un oficial y dos soldados, pero aún no se investiga la agresión militar. Los primeros días de Estado de Sitio en Semuy II , cuatro muertes sospechosas y terror

La incursión de un helicóptero militar sin ninguna razón, genera preocupación en la población, los vecinos del barrio La Unión sufrieron de varios desalojos violentos en 2008, por intereses de la compañía de níquel, varias personas resultaron heridas, el profesor Ich Chamán asesinado y varias mujeres de Lote 8 violadas durante los desalojos. Amnistía Internacional: sobre el juicio por la muerte de Adolfo Ich Chamán

El estadio de futbol “Adolfo Ich”, fue nombrado con su nombre en memoria de uno de los dirigentes campesinos q’eqchi asesinados por defender la tierra comunal frente a la amenaza de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN en 2009. Por eso caso, el Ministerio Público (MP) acusó al teniente coronel Maynor Padilla. Padilla ocupaba la gerencia de seguridad de la empresa minera, subsidiaria en ese momento de la empresa canadiense Hudbay Minerals.

Por: Aj Ral Ch’och’

El director del Centro de Atención Integral Materno Infantil (Caimi) de El Estor, Pablo Mejía, informó que durante la última semana se detectaron 23 nuevos casos de covid-19 en el municipio. El anuncio fue hecho durante una conferencia de prensa ofrecida la mañana de este viernes 7 de julio.

Según la información proporcionada por el director del Caimi, ante el aumento de casos positivos y personas fallecidas el municipio se encuentra en alerta roja en la tabla de monitoreo del Ministerio de Salud.

Esto significa, según Mejía, que en este momento hay 54 casos positivos y 28 activos, 527 personas en cuarentena y 201 activos, cinco personas fallecidas y tres durante la última semana y 151 casos sospechosos. También hizo mención que el personal de salud está afectado por el aumento de casos positivos, “desafortunadamente contamos con personal de salud afectado. Ya se han tomado las medidas respectivas, pueden contar con la seguridad de que estamos trabajando de manera segura”, concluyó.

Asimismo, el director del Caimi dijo que no existe ningún otro centro certificado por el Ministerio de Salud para realizar las pruebas de la covid-19, porque en el departamento solo el laboratorio del Carmen, ubicado en el kilómetro 292 ruta al Atlántico, Izabal, está avalado por el Ministerio de Salud para realizar pruebas. También hizo un llamado a la población: “si usted sabe que es positivo o tiene síntomas acérquese al centro de salud”.

“Las medidas de prevención que ha pedido el Ministerio de Salud a la población y a las instituciones y empresas deben de respetarse y ser responsables en este momento debido al aumento de casos positivos”, agregó Mejía.

Por su parte, la municipalidad publicó el 7 de agosto un comunicado donde pidió a la población continuar con las medidas de prevención e informó que del 10 al 14 de agosto, no se habrá atención por el aumento de casos positivos

Además de El Estor, los municipios de Livingston, Morales y Puertos Barrios están, desde el 27 de julio, en alerta roja, según las autoridades de Salud. El único que se encuetra en alerta naranja es Los Amates.

La población maya q’eqchi’ y garífuna se enfrenta al aumento de casos en esa región. A nivel nacional, los hospitales nacionales se encuentran colapsados. Al respecto, la doctora Griselda López, del Hospital Nacional de Puerto Barrios “Amistad Japón-Guatemala, informó el 5 de agosto que se han detectado de 20 a 30 casos positivos diarios y el área de salud ya no tiene capacidad y el hospital temporal en Estanzuela, Zacapa, tampoco tiene capacidad para apoyar los casos criticos de la covid-19.

Por Andina Ayala

“Teníamos que llegar porque uno no sabe”, expresó María Magdalena Cuc Choc, ella aún guarda la esperanza que llegue la justicia y que cesen las acusaciones por delitos que ella no cometió. “Eran las nueve de la mañana afuera del juzgado, cuando el policía indicó que quedaba suspendida la audiencia y que el juez, Edgar Aníbal Arteaga, tampoco estaba, tal vez llegaba a las diez”.

La mañana del 13 de febrero el abogado de la empresa LISBAL Sociedad Anónima. S.A. se ausentó de la audiencia de etapa intermedia que estaba programada en el juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Puerto Barrios, que preside el juez Arteaga. Según el Abogado defensor de Choc, Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, se debió a “una supuesta audiencia que el abogado tenía en otro juzgado”.

No es la primera vez que la citan a una audiencia, con esta suman seis ocasiones que se suspenden, las otras cinco correspondieron a la de primera declaración. Quienes se presentan como acusadores, según el expediente, son: Miguel Ángel Alvarado Cruz y su abogado Joel Antonio Boche Villalta.

Cuc Choc, defensora del territorio y traductora q´eqchi´, es acusada de usurpación agravada, amenazas y detención ilegal, por una empresa cuya dirección es la de un terreno baldío. “Algunas personas interesadas en mi caso, buscaron la empresa que está en la capital, y lo que encontraron  fue un terreno baldío, en un lugar silencioso”, mencionó Cuc Choc.

Cuc Choc trabajó como traductora en el caso que montó Rodrigo Lainfiesta Rímola contra pobladores de Chab’il Choch de Livingston. El caso de María Choc inició  dos años después, el 17 de enero de 2018, con su detención en las instalaciones del Organismo Judicial (OJ), donde continuaba laborando como intérprete independiente del idioma castellano al  q´eqchi´. Logró su  libertad con una medida sustitutiva dos días más tarde el 19 de enero de 2018, pero sin derecho a viajar fuera del municipio de El Estor, de donde es originaria.

También puedes leer: https://www.prensacomunitaria.org/maria-cuc-choc-traductora-qeqchi-de-el-estor-amedrentada-via-redes-sociales1/

Hasta el día de hoy, María Choc, nunca ha visto al abogado querellante de la supuesta empresa, “yo estoy aquí para dar la cara y decir la verdad. Esto es un show, un juego que hacen con la justicia para desgastarme física y mentalmente”. Dijo estar cansada pero que seguirá luchando hasta que se esclarezca su caso. Según explicó su abogado Castro, no les entregaron ninguna notificación ni les dieron fecha para reprogramar la audiencia de etapa intermedia.

La empresa y el vínculo con Rodrigo Lainfiesta Rímola

En el directorio telefónico, la única empresa que aparece con ese nombre se localiza en una casa sobre la 5ª avenida y 8ª calle dela zona 9, colinda con una empresa de venta de pisos y azulejos. Se marcó al número telefónico que aparece en la referencia y correspondía al nombre de otra empresa. Al preguntar por Lisbal S.A., la voz en el auricular titubeó y dijo “sí aquí es”, puso el teléfono en espera y en dos minutos saludó una voz varonil, “mucho gusto soy Víctor Arrecis”, le preguntamos si la empresa Lisbal es de talleres de autos (como indican las páginas amarillas) él dijo que no, que se dedicaban a la compra de bienes inmuebles.

Los documentos legales que Cuc Choc proporcionó muestran que la entidad Lisbal S.A. hizo una compraventa de la finca Santa Izabel, una propiedad ubicada en la aldea Chocón Machacas, en Livingston. En los documentos no se consigna la dirección de Lisbal. 

La tenencia de tierras, y el despojo  de terratenientes a comunitarios es un tema profundo, habría que recordar que los pueblos q´eqchi´reclaman la tierra donde siempre han vivido y que en muchos casos carecen de certeza jurídica. Sobre la finca Santa Izabel, el medio digital Nómada, publicó que “Rodrigo Lainfiesta interpuso una denuncia en el MP, por usurpación e invasión en la finca propiedad de Lisbal S.A[1] en el año 2016.

Puedes leer: https://www.prensacomunitaria.org/una-mujer-qeqchi-detenida-para-proteger-a-terratenientes-queda-en-libertad/

[1] Los registros legales del inmueble datan en el año 2007, 2009. La Finca Santa Isabel está en el municipio de Livingston, y se encuentran inscritos como finca 1862, folio 362, libro 4E de Izabal, finca 4272, folio 65 libro 53 de Grupo Norte y finca 167, folio 180 libro 40 de Izabal.

Por Aj Ral Ch’och’

Varias comunidades del área sur del municipio de El Estor, Izabal y Sierra de las Minas se organizaron para conmemorar el Día Nacional de las Víctimas. “El dolor y la ausencia de nuestros seres queridos jamás podremos borrarlo de nuestros corazones”,  declaró Mariano Mes, representante de las víctimas de las comunidades del valle del Polochic. 

Estudiantes de las escuelas primarias y básicos de estas comunidades se reunieron el martes 25 de febrero en el salón comunal de la aldea Sepur Zarco para realizar actividades en memoria de los desaparecidos durante de la guerra civil.  Los sobrevivientes participaron contando sus historias y relataron cómo el Ejército llegó a sus comunidades y asesinó y secuestró a sus familiares. 

En los primeros tres años de la década de 1980 se instalaron siete destacamentos en el área de la Sierra de las Minas y en el municipio de El Estor. Según lo relatado por los sobrevivientes la presencia militar tenía como objetivo tener el control territorial.  

En 1981 se instaló un destacamento en la finca Las Tinajas, luego de 1982 y 1983 establecieron otro en la comunidad de Sepur Zarco, también en las comunidades de San Lucas y en la finca Las Colinas, que pertenecen al municipio de Panzós, Alta Verapaz, también había presencia militar en las fincas Chabila y Pataxte que pertenecen al municipio de El Estor, y en la aldea Mariscos que pertenece al municipio de los Amates, Izabal.

El miércoles 26 de febrero en horas de la mañana las abuelas del caso Sepur Zarco junto a otras comunidades realizaron una caminata que inició en la aldea Colonia Santiaguito, en el área sur del municipio de El Estor, y concluyó en la aldea Sepur Zarco, donde antes había un destacamento militar instalado durante el régimen del general Efraín Ríos Montt, en 1982. 

Los esfuerzos de búsqueda los desaparecidos, que han hecho los pobladores de estos lugares, se han realizado con el apoyo de organizaciones de derechos humanos. “Hemos encontrado algunos de los desaparecidos, pero aún faltan muchos. Por ejemplo, los restos de mi señor padre”, relató Mes.    

En el caso de la sentencia de las abuelas de Sepur Zarco, dictada el 26 de febrero de 2014, solamente se ha encontrado los restos de un abuelo en el destacamento militar en finca Las Tinajas. Las familias q’eqchi’ sobrevivientes siguen buscando a 14 personas, para darles a todos y todas los desaparecidos una sepultura digna.  

El caso de Sepur Zarco es paradigmático. Durante las audiencias 15 mujeres maya q’eqchi’ pidieron justicia y el tribunal de mayor riego ‘’A’’, la jueza Yassmín Barrios encontró culpables  al coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y al comisionado militar Heriberto Asij Valdez, por los delitos de violencia y esclavitud sexual durante la guerra 1982 y 1983.  

Urgen las medidas de reparación en el caso de la sentencia de Sepur Zarco 

Las peticiones de las familias sobrevivientes son varias. Las principales son “que se cumpla las 16 medidas de reparación en el caso de la sentencia de Sepur Zarco”. También solicitan que no se repita las violaciones a los derechos humanos y que no se vuelvas a recordar estos vejámenes ocasionados por el Ejército de Guatemala

El motivo de los atrasos de estas medidas de reparación, según autoridades estatales, se debe  a que la comunidad a un no cuentan con la certeza jurídica de las tierras donde habitan, especialmente la aldea Sepur Zarco, lugar en el que radican desde 1950. 

No más desalojos para las familias q’eqchi’

Durante la marcha de ayer, los comunitarios junto a las abuelas de Sepur Zarco solicitaron al Gobierno el cese de los desalojos a las familias que han recuperado su tierra, y que anteriormente habían sido desalojados y asesinados por el Ejército. También expresaron su oposición a las plantaciones de palma y la actividad minera en el territorio. 

La actividad terminó con acto en el salón comunal de Sepur Zarco. Demecia Yat, de la colectiva Jalok U, recordó que en 2016 lograron que se hiciera justicia, y pidieron a sus hijos y nietos continuar con la lucha de encontrar a los desaparecidos por el Ejército. 

Por Aj Ral Ch’och’

Dos periodistas fueron perseguidos penalmente en 2017 por la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel CGN en El Estor, esto ocurrió porque documentaron e investigaron la contaminación con del lago de Izabal. Además cubrieron las acciones de la Gremial de Pescadores Artesanales y el asesinato de un pescador durante la represión policial el 27 de mayo de 2017.

CGN es subsidiaria de la empresa ruso suiza Solway, decidió iniciar una serie de acusaciones penales en contra de 9 pescadores, incluidos varios directivos de la Gremial y a los periodistas Carlos Ernesto Choc y Jerson Xitumul, ese mismo año fue encarcelado Xitumul, permaneció 49 días en prisión y meses después se cerro el caso en su contra.

La orden de detención emitida por el juez Edgar Aníbal Arteaga afectó al periodista Carlos Choc, quién tuvo que desplazarse del municipio y vivir con la incertidumbre de ser detenido en cualquier momento, esto duro un año y cinco meses de espera.

De total de personas acusadas por CGN el juzgado de primera instancia penal de Puerto Barrios, Izabal ya cerró el caso a seis de los acusados. Mientras que cinco de ellos continúan con el proceso penal abierto. Esto ocurre con el periodista maya q’eqchi’ Carlos Choc. Las audiencias constantemente se suspenden, algunas veces por enfermedad, como lo ha argumentado la abogada de la compañía de níquel.

Para conocer el estado actual del caso conversamos con el abogado Francisco Vivar, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos CALDH y uno de los abogados que representa al periodista Carlos Choc acusado por la empresa minera.

¿Cuál es el estado actual del caso contra pescadores y un periodista en El Estor?

El caso se encuentra en la fase de recusación del juez, esto significa que se solicitó que Edgar Arteaga se aparte de seguir conociendo este proceso porque se ha demostrado su mala fe en las resoluciones que toma. Se presentó una acción en la Corte en contra del juez Anibal Arteaga, del juzgado de primera instancia penal de Puerto Barrios, para que no siga conociendo el proceso.

Estamos pendientes de ser notificados de la fecha para la audiencia y presentar los argumentos de la recusación contra el juez. Será la sala de apelación del ramo penal  la que resolverá si acepta la recusación planteada y separa al juez del caso nombrando a otro, y si no acepta, la recusación ordenará que se continúe con el proceso. Así continuaríamos con la fase en la que nos quedamos, que fue básicamente una clausura provisional del proceso, el juez que conozca tendría que esperar que el Ministerio Público presente más elementos de investigación o si solicita el sobreseimiento en favor de los compañeros.

¿Cuánto tiempo podría tardar la espera de la próxima audiencia? 

El tiempo de espera se debe a las cargas de los tribunales, pero también por las acciones de los abogados de la empresa o porque el sistema judicial tiene una mora judicial. Pueden existir acciones deliberadas para retrasar el proceso, pero eso lo desconocemos. Considero que el plazo razonable para que se nos convoque para celebrar la audiencia en la cual se conocerá la recusación del juez ya se cumplió. El tiempo de espera es impredecible, porque dependemos del tribunal.

14 meses de medidas sustitutivas y a la espera de audiencia ¿Cómo afecta esto el caso?  

Es una situación que afecta directamente el caso del periodista Carlos Ernesto Choc. Le afecta en su desarrollo normal y en sus labores. Por la naturaleza de su oficio necesita movilizarse para realizar su trabajo, no solo en el departamento donde él radica sino que en otros lugares. Obviamente no hay libertad como tal, sino que una limitación de ella porque debe firmar constantemente un libro de actas en el Ministerio Público de El Estor. Entonces, consideramos que hay una afectación directa en ese caso y consecuentemente a los demás compañeros que tienen medidas sustitutivas. Con 14 meses de medidas sustitutivas y el atraso que ha tenido la solución de este caso: el sistema de justicia se ha empecinado en continuar este proceso con la clara intención de criminalizar a los compañeros.

Entonces, hasta  el momento ¿por qué se mantienen las medida sustitutivas?  

Al momento de celebrarse la audiencia se dio una clausura provisional y el efecto era básicamente que se suspendía todas las medidas que tenían los compañeros. Sin embargo, como se le recusó al juez, las medidas no están firmes y ahí se quedó como un impase, todavía estamos pendientes de solventar la situación legal y por eso se mantienen vigentes las medidas.    

#GreenBlood

Por David Toro

Líderes comunitarios de El Estor, Izabal, piden a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordene la realización de la consulta comunitaria y se decida sobre las operaciones del proyecto minero fénix de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

60 líderes comunitarios de El Estor de aldeas del sur del municipio y del casco urbano se presentaron este 2 de marzo al edificio de la CC para pedir a los magistrados que se realice la consulta comunitaria bajo los parámetros establecidos en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Los pobladores esperan que el memorial presentado sea tomado en cuenta para la decisión final que los magistrados deberán tomar sobre el proyecto minero fénix de la CGN, operada por la empresa de capital ruso-suizo Solway. El trabajo de la minera está suspendido provisionalmente desde el 19 de julio del 2019, por una denuncia de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor desde 2018, por no haber realizado la consulta comunitaria, tal y como lo establece la ley.

Leonel Xirax, representante de los comunitarios, indicó que desde que el proyecto minero comenzó a funcionar en el 2006, ellos nunca fueron consultados. Agregó que a pesar de que el proyecto minero fue suspendido, ellos han observado que las operaciones de CGN continúan con normalidad, las góndolas cargan y transportan el material extraído y las chimeneas de la planta procesadora evidenciar estar trabajando por las noches, según lo observado por los pobladores.

Durante los ocho meses de suspensión, la CGN ha movilizado a la ciudad capital a sus trabajadores por más de 10 veces para manifestar frente a la CC, como una forma de presión hacia los magistrados y dejen seguir operando a la mina. La empresa no niegan que siguen operando, el octubre de 2019, Mynor Álvarez, representante de la compañía dijo al medio digital Nómada que ellos seguían operando porque tienen “miles de operaciones”, y a su criterio, no se especificó cuál de ellas se debía suspender.

Hasta el pasado 25 de febrero los magistrados de la CC no habían conocido el caso para tomar una decisión definitiva. Según información de comunicación para esta semana el expediente tampoco está en agenda.