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Ocho comunitarios de la aldea Semuy II son acusados por la muerte de tres militares

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Foto: Prensa Libre

Por Rony Morales

4 de diciembre 2019

El juzgado de Mayor Riesgo E llevó a cabo la audiencia de primera declaración de ocho pobladores de la aldea Semuy II en El Estor, Izabal, acusados de asesinar a tres militares, mientras estos perseguían un avión de narcotraficantes en las orillas de la sierra de las minas.

El pasado martes 3 de diciembre de 2019, la jueza Eva Marina Recinos Vásquez, del tribunal de mayor riesgo E, leyó los hechos por los que están detenidos ocho pobladores de la comunidad maya q’eqchi´ Semuy II acusados de los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, atentado con agravación específica y asociación ilegal de gente armada.

Según Raúl López, de la Fiscalía de Sección de Delitos contra el Narcotráfico del Ministerio Publico (MP) las ocho personas son los presuntos responsables del enfrentamiento entre pobladores y militares el pasado 3 de septiembre donde fallecieron tres soldados.

Durante la audiencia, el fiscal López expuso que el pelotón de la marina empezó el operativo el 2 de septiembre, zarpando en lancha de El Estor, durante 45 minutos viajaron hasta llegar a la comunidad  Pataxté. Luego relató la llegada de los militares a la comunidad encontrando a mujeres y niños en el centro del lugar, para luego dirigirse hacia la montaña a buscar un cargamento de drogas. Agregó, que al siguiente día continuaron con la búsqueda de una pista clandestina, 9 soldados de marina perseguían el rastro de una aeronave propiedad de presuntos narcotraficantes. Cuando regresaron de su búsqueda fueron interceptados, desarmados y luego de encontrarse con los pobladores, 10 minutos después llegaron 15 hombres sin mediar palabra le dispararon a los soldados.

Por estos hechos están acusadas Rosa Ich Chi, de 29 años, Angélica Coy Choc de Cha de 50, Olivia Mucú Ich, de 38, por los delitos de atentado con agravaciones específicas; mientras que Pedro Chub Chub, de 52; Alberto Choc Cu, de 56; Enrique Cuc Tiul, de 38; Silverio Cac Tiul, de 37, son acusados de asociación ilegal de gente armada y atentado con agravación específica; mientras que Oliverio Coy Choc, de 35 años, presunto líder es acusado de  asesinato y asesinato en grado de tentativa, por los hechos que ocurrieron en la comunidad el 3 de septiembre.

El abogado Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, y defensor de cuatro pobladores de Semuy declaró que la hipótesis del MP sostiene que los soldados perseguían un avión de narcotraficantes, aunque la geografía del lugar no se preste para pistas clandestinas. En la próxima audiencia los abogados de los comuneros presentarán la versión de los hechos, basados en los relatos de los comunitarios y las pruebas recaudadas ese día, esperando que las personas detenidas recuperen su libertad.

Luego de que las personas escucharan y conocieran los hechos por los que están detenidos la jueza decidió suspender la audiencia y reanudarla el jueves 5 de diciembre a las 9:00 de la mañana en la sala de audiencias del Tribunal de Mayor Riesgo E.


Izabal: abogado Aníbal Maquín Bo quedó en libertad

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Foto: Nelton Rivera

Por Nelton Rivera

17 de diciembre 2019

El juez Edgar Aníbal Arteaga López ligó a proceso penal al abogado Aníbal Maquín Bo por los delitos de falsedad material y falsedad ideológica, supuestamente por la actualización de una escritura de la finca de la comunidad Socelá que generó malestar en un grupo de vecinos. No son la mayoría de quienes integran la comunidad manifestó el director de la Defensoría Q’eqchi.

El juez de primera instancia de Puerto Barrios resolvió darle una medida sustitutiva y no fijó una fianza económica porque son delitos menores. Manquín tendrá que presetarse una vez al mes al Ministerio Público (MP) de su localidad para firmar el libro de actas y no podrá salir del país. También ordenó a la Fiscalía, un plazo de seis meses, para realizar la investigación, fijando fecha de acto conclusivo el 17 de junio de 2020. La próxima audiencia de etapa intermedia quedó programada para el 8 de julio de 2020.

El abogado Maquín Bo fue acusado penalmente por Manuel Caal Xo, Domingo Choc, Tomás Tux Cac, Aurelio Choc Che, Héctor Medrano Tec Choc, con la representación legal de la abogada Noelia Magaly Calach Ramírez.

Para Robín Macloni, director de la Defensoría Q’eqchi´, este es un problema interno de la comunidad, la decisión de porqué un grupo minoritario de personas no aparecen en la escritura es una decisión interna. Además tiene conocimiento que los abogados que les representan en esta denuncia están vinculados a la empresa de palma de aceite en la región.

Según la información de uno de los vecinos de la aldea Socelá, desde anoche la empresa Naturaceites convocó a varias personas para que se movilizaran al centro de justicia en Puerto Barrios, Izabal, con el objetivo de protestar en contra del abogado Aníbal Maquín. Esta mañana se confirmó la presencia de unas 20 personas con carteles elaborados con el mismo tipo de letra y tinta, manifestando frente al complejo de justicia.

El juez realizó la audiencia a las 13:25 de la tarde del martes 17 de diciembre de 2019, el expediente es el 18002-2019-00441 en el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios.

Grupo de vecinos de la aldea Socelá llegaron al complejo de justicia en Puerto Barrios. Foto: Mundo Bolom

Semuy II: Un comunitario y tres mujeres q’eqchi recuperaron su libertad el resto sigue en prisión

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Fotografía Rony Morales

Por: Rony Morales

Ocho personas maya q’eqchi’ de la aldea de Semuy II en el Estor, Izabal, fueron ligadas a proceso, acusados de los delitos de atentado con agravaciones específicas, asesinato y asociación ilegal de gente armada por la muerte de tres militares el 3 de septiembre de 2019.

La jueza Eva Marina Recinos, del juzgado de Mayor Riesgo E, llevó a cabo el tercer día de las  audiencia de primera declaración de ocho pobladores de la aldea Semuy II en El Estor, acusados de asesinar a tres militares, mientras estos perseguían una aeronave de presuntos narcotraficantes en las orillas de la sierra de las minas.

Durante la audiencia la jueza ligó a proceso a ocho campesinos de la aldea de Semuy II, entre ellos  5  hombres y 3 mujeres  acusados por la Fiscalía contra el narcotráfico del Ministerio Publico (MP)  por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, atentado con agravación específica y asociación ilegal de gente armada.

Fotografía Rony Morales

Por el delito de atentado con agravación específica y asociación ilegal de gente armada la jueza Recinos ligó a Rosa Ich Chi, de 29 años, Angélica Coy Choc de Cha, de 50, Olivia Mucú Ich, de 38, y al mismo tiempo le otorgó les dictó arresto domiciliario por considerar que no existe el riesgo de que puedan escapar. A Alberto Choc Cú de 56, quien es acusado de asociación ilegal de gente armada y atentado con agravación específica también le ordenó arresto domiciliario.

Estas cuatro personas podrán estar en su comunidad, pero tendrán que firmar un libro de asistencia cada mes en el MP de Morales Izabal, además no podrán participar ni decidir actividades en reuniones o asambleas comunitarias.

Para los otros cuatro campesinos el tribunal resolvió que por los delitos de atentado con agravaciones específicas, asociación ilegal de gente armada, atentado con agravación específica, asesinato y asesinato en grado de tentativa, Pedro Chub Chub, de 52;  Enrique Cuc Tiul, de 38; Silverio Cac Tiul, de 37 y Oliverio Coy Choc, de 35 años, guardarán prisión preventiva en el centro de reclusión para varones de la zona 18  por los hechos que ocurrieron en la comunidad el 3 de septiembre.

Fotografía Rony Morales

El abogado Fernando Eugenio Juc Ich, defensor de dos pobladores de Semuy II, declaró que terminada la fase de primera declaración de las ocho personas implicados en el caso, esperan que en la fase de etapa intermedia se dejé libre de cargos a las personas sindicadas por hechos sucedidos el 3 de septiembre.

“Silverio Cac Tiul y Enrique Cuc Tiul, no tienen el perfil de narcotraficantes, ni sicarios, desde septiembre de 2019, la comunidad vivió con miedo, se le restringió del mundo, se le negaron muchos de sus derechos, hablar entre ellos y dar declaraciones, no hay pruebas, ni indicios racionales en los testimonios de los testigos protegidos sobre los hechos ocurridos  el3 de septiembre en la comunidad de Semuy II”, argumentó Juc Ich.

El 16 de Marzo de 2020 se reiniciará la audiencia en el juzgado de mayor riesgo “E” presidido por la jueza Eva Recinos, en las cual se espera que el MP presente las pruebas recabadas durante estos tres meses de investigación.

Fotografía Rony Morales

El saldo de la administración del ex alcalde Rony Méndez Caal en El Estor

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16 de enero 2020

por Carlos Choc

Ex acalde Rony Méndez Caal. Foto David Toro.

El pueblo q’eqchi’ del municipio de El Estor espera que el cambio de Gobierno municipal mejore la forma de administrar los recursos y la manera en que se relaciona con los vecinos. Hombres y mujeres esperan que se respete el derecho de las comunidades y que se respete la voz de los líderes comunitarios y su representatividad.

El exalcalde Rony Méndez Caal y su gestión será recordada por sus posiciones a favor de la compañía de níquel CGN Pronico de Solway. Sus declaraciones lo muestran. En una entrevista del 25 de julio de 2019, en una vista pública en la Corte de Constitucionalidad (CC) realizada en la ciudad de Guatemala, el exalcalde  dijo “estoy en apoyo de los trabajadores de la compañía minera y debo de estar donde está la mayoría”.

Foto: Carlos Ernesto Choc

También será recordado como el alcalde que solicitó en varias ocasiones un estado de sitio en el municipio de El Estor. Su petición coincidió con la implementación de un estado de sitio durante el Gobierno de Jimmy Morales, decretado el 4 de septiembre, que duro 60 días.

Según información proporcionada por la junta directiva de la Gremial de Pescadores Artesanales (GPA) durante 2017 Méndez denunció sin pruebas ante el Ministerio Público (MP) a siete personas incluyendo pescadores a dos periodistas.

Además, trabajadores municipales del renglón 022 denunciaron que el exalcalde Méndez retuvo los salarios por tres en enero de 2017, y en enero de 2016 despidió a 122 personas de las cuales 47 buscan su reinstalación y 34 fueron beneficiados por una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordenó a la alcadía su reinstalación.

Foto: Carlos Ernesto Choc

Cuando Rony Méndez Caal dijo asumió la dirección del  Gobierno municipal dijo que no aumentaría el número de trabajadores, al final de su gestión los hechos muestran que incumplió su promesa,  pues la cantidad de funcionarios aumentó en la municipalidad.

A finales de 2019 solicitó a la empresa Naturaceites tres terrenos para la construcción de un apostadero naval, un destacamento militar  y una subestación para la Policía Nacional Civil (PNC) en el área sur del municipio, donde se encuentra la planta de la empresa procesadora de la palma de aceite, y que tiene conflictos con las comunidades de esta región por la expansión del cultivo, la deforestación y la contaminación de ríos y lago, según lo manifiestan los líderes comunitarios del área sur.

Por sus acciones y decisiones realizadas en su gobierno municipal, Rony Méndez Caal será recordado como el alcalde que favoreció a las empresas y no a las comunidades.

Comunitaria maya q’eqchi’ es amenazada y acosada por trabajadores de finca

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20 de enero 2020

Por Carlos Choc

Florinda Noemí Xol Guitz, de 37 años, es una mujer viuda con cinco hijos, quien ha vivido por más de 25 años en un terreno cercano a la finca San José Panorama, ubicado en el área sur del municipio de El Estor, Izabal. La tierra que habita le fue heredada a su esposo Rogelio López por su padre Rubén Portillo, quien comenzó a trabajar la tierra desde 1940, según los vecinos de la comunidad de la aldea Rio Zarco.   

Foto: Carlos Choc

Hace 6 años el esposo de Xol Guitz falleció en un accidente laboral y ahora ella trabaja la tierra sembrando maíz, frijol, yuca y algunas frutas. Constantemente es amenazada por el dueño de la finca Fernando Chan y es acosada por el administrador de la finca, Rafael Gutiérrez.

“Porque soy mujer me quieren desalojar y me acosan todos los días, solicito el apoyo de las autoridades y en especial el de la PDH y que conozcan mi caso”, declaró Guitz. Las tierras de la finca San José Panorama son utilizadas para sembrar palma de aceite, su dueño es socio de la empresa Naturaceites. Según comunitarios está empresa ha despojado a muchas de las familias q’eqchi’ de sus tierras, y al mismo tiempo la actividad industrial ha provocado daños a los ríos y al mismo Lago de Izabal. 

Autoridades ancestrales Q’eqchi’ apoyan a Florinda Xol

A través de un acta firmada entre las comunidades Q’eqchi’ y sus autoridades se expresó el respaldo a Florinda Xol por los años que lleva viviendo en el lugar y por ser una mujer que también sigue trabajando la tierra. El sustento diario para los niños depende ahora solamente de Xol Guitz.

Foto: Carlos Choc

En los meses de octubre y noviembre de 2019, cuando fue decretado el estado de sitio por el gobierno de Jimmy Morales, Rafael Gutiérrez administrador de la finca, aprovechó para para cortar varios árboles y sembrar palma en el terreno donde cultiva Guitz, el área tiene una extensión de 14 manzanas.

Florinda Xol Guitz teme que puedan a tentar contra su vida y la de sus hijos solo por defender la tierra. Ante las amenazas de desalojo y el constante acoso que recibe, responsabiliza a Rafael Gutiérrez administrador de la finca y a Fernando Chan, quien dice ser el dueño de la finca San José Panorama del área sur del Municipio de El Estor, Izabal.

#AHORA

#AHORA El Estor, Izabal Florinda Noemí Xol Guitz, de 37 años, es una mujer viuda con cinco hijos, quien ha vivido por más de 25 años en un terreno cercano a la finca San José Panorama, sufre intimidaciones y amenanzas de desalojo departe del dueño de la finca Fernando Chan por no querer vender su terreno para sembrar palma africana, terreno heredados de su esposo Rogelio López por su padre Rubén Portillo quien comenzó a trabajar la tierra desde 1940, según los vecinos de la comunidad de la aldea Rio Zarco.Por Carlos Ernesto Choc

Posted by Prensa Comunitaria on Monday, January 20, 2020


Importante victoria legal para las mujeres guatemaltecas en las demandas de Hudbay Minerals, y la nueva CEO reflexiona sobre el futuro de la compañía

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24 de enero 2020

Por Rights Action

Photo: Rights Action, 2019

El miércoles, Hudbay Minerals perdió su última moción para bloquear a los demandantes guatemaltecas de enmendar su queja para agregar nuevos detalles sobre los asaltos, presuntamente perpetrados por las fuerzas de seguridad privadas, militares y la policía”. 

Documentos del caso sugieren Hudbay probablemente ha gastado millones de dólares en litigar el caso. Los esquemas de costos muestran que uno de sus abogados en Fasken, Robert Harrison, facturó a una tarifa por hora que equivalía a $ 925 por hora en 2015, y los abogados demandantes involucrados en el caso dijeron que el litigio ha implicado cientos de horas como mínimo “.

9 de 11 mujeres demandantes mayas Q’eqchi ‘en la demanda civil por violación en grupo contra Hudbay Minerals, que avanza junto con la demanda de Angelica Choc por el asesinato de su esposo Adolfo Ich y la demanda de German Chub para cuando recibió un disparo y quedó paralizado del cofre abajo. 

Seguiremos luchando hasta lograr justicia

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Foto: New York Times

4 de febrero 2020

Por Rights Action

En El Estor Izabal, Guatemala, el dia 29 de enero 2020, Angelica Choc y siete mujeres de la aldea de Lote 8, víctimas de violaciones, todas demandantes en los casos civiles contra Hudbay Minerals en Canadá, se reunieron para analizar la importancia de una decisión a su favor, del 21 de enero 2020,  de la Corte Superior de Ontario, Canadá.

Esa decisión confirmó que las demandantes están procediendo contra Hudbay Minerals no solo por las violaciones cometidas por la seguridad privada de la compañía, sino tambien por las violaciones cometidas al mismo tiempo por soldados y policías Guatemaltecos.

Rosa Elvira habló, por parte de las compañeras Demandantes de Lote 8, y Angélica Choc, demandante y viuda del finado Adolfo Ich.

El ex alcalde que se desentendió de los graves problemas de El Estor ahora pretende ser gobernador de Izabal

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Foto: David Toro

6 de febrero 2020

Por Redacción

Rony Méndez Caal es originario de El Estor, Izabal. Es maestro de origen maya Q’eqchi. Los vecinos afirman que previo a ser alcalde, en 2015, su casa era sencilla y que luego de varios años en la municipalidad se le ha visto en varios vehículos de tipo agrícola. Porta arma de fuego y tienen dos propiedades que construyó en menos de dos años.

A pesar de su cuestionada gestión al frente de la municipalidad de El Estor en el periodo de 2016-2020, el 4 de febrero de 2020, Méndez Caal, entregó su expediente para la elección del próximo gobernador o gobernadora departamental de Izabal.

En el numeroso grupo de aspirantes participan 22 candidatos y una mujer. En un reportaje publicado por elPeriódico se refiere que cuatro de ellos están vinculados al excandidato presidencial Mario Estrada del partido de la Unión del Cambio Nacional (UCN). Los señalados son: Mario Alejandro Velásquez Monge –vinculado a Los Mendoza-, Josué Alberto Rojas Jaco, Rubén Alexander Suchiaté Garnica –trabajador de la municipalidad de El Estor- y Carlos Enrique Vargas Germán –vinculado al secuestro del hijo de un empresario-. Pero existe un quinto vinculado al partido de Estrada: el ex candidato a la municipalidad de El Estor Izabal, Rony Méndez Caal.[1]

Alcalde Méndez Caal junto a Humberto Matius de CGN en la ciudad capital en julio de 2019. Fotografía Natia Gándara.

El alcalde pro minera

Méndez Caal llegó a ser alcalde municipal de El Estor a través del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), para el periodo de 2015 a 2019. Durante su administración el municipio vivió una fuerte crisis social y ambiental. En 2017 la movilización de la Gremial de Pescadores Artesanales y el sector hotelero le demandaron acciones directas por los daños ecológicos sufridos por el lago de Izabal. Cuando el lago se tiño de rojo la sociedad civil del municipio pidió insistentemente al alcalde que investigara la responsabilidad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), pero Méndez Caal guardo silencio. La mancha roja en el lago que nadie quiso explicar

Foto: Municipalidad de El Estor, Izabal.

El 27 de mayo llegó la represión estatal. Las autoridades rompieron con la mesa de diálogo impulsada por los pescadores, y en ese contexto fue asesinado Carlos Maaz, uno de los pescadores artesanales. Izabal: el inventario de la ignominia. La Municipalidad prácticamente se colocó en defensa de la minera en El Estor. Dos años después el propio alcalde viajó a la ciudad capital para pedir ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que no suspendiera las operaciones de la CGN. El Estor: ¿alcalde para un municipio o para una minera?

Meses después, en septiembre de 2019, llegó el estado de sitio. La comunidad de Semuy II fue militarizada y el alcalde en detrimento de los derechos de la población Q’eqchi, ofreció un terreno para la construcción de un destacamento militar. Los primeros días de Estado de Sitio en Semuy II , cuatro muertes sospechosas y terror

La criminalización de los pescadores y la censura contra los periodistas

De 2017 a la actualidad, dos periodistas de El Estor fueron perseguidos penalmente por la CGN tras denunciar la contaminación del lago de Izabal y de la presunta responsabilidad de la compañía de níquel y de la transnacional Solway. Se trata de los periodistas Carlos Ernesto Choc y Jerson Antonio Xitumul, ambos eran trabajadores de la municipalidad de El Estor cuando estalló el problema minero, pero por su trabajo de denuncia fueron destituidos por Méndez Caal. En Izabal está en peligro el periodismo y la libertad de expresión

En agosto de 2017 comenzó la persecución penal de los principales directivos y miembros de la Gremial de Pescadores Artesanales, y se sumaron las denuncias de la compañía de níquel en contra de los dos periodistas. Xitumul permaneció 39 días en prisión preventiva en la Penitenciaria de Puerto Barrios, y Choc, tuvo que desplazarse del municipio por una orden de aprehensión que duraría un año y dos meses.

Durante la gestión de Méndez Caal se registraron casos de prisión política: Juan Eduardo Suram –opositor a la minería, detenido el 11 de octubre de 2017-, Jerson Antonio Xitumul –periodista, detenido el 11 de noviembre de 2017-, Eduardo Bin Pou –vicepresidente de la gremial de pescadores y opositor de la minería, detenido el 15 de octubre de 2017-, Cristóbal Pop –presidente de la gremial de pescadores y opositor de la minería, detenido el 22 de enero de 2019-. Actualmente todos están en libertad, en total 11 personas fueron criminalizadas, a varias de ellas Méndez Caal acusó públicamente en varios de sus discursos.

Foto: Carlos Ernesto Choc

Prensa Comunitaria en conjunto con un grupo de periodistas de El País (España), Le Monde (Francia), The Guardian (Inglaterra), El Expresso (Portugal), la televisión francesa y Forbbiden Stories (Francia),  investigaron a profundidad las violaciones de derechos humanos, la censura en contra de los periodistas, el asesinato del pescador y las operaciones opacas de la empresa minera, Estado y municipalidad, esta investigación se llamó Green Blood Proyect. Investigación que fue publicada en varios países el 18 de julio de 2019.  

UCN y la reelección de Méndez Caal

A pesar de los serios cuestionamientos en el municipio, Méndez Caal buscó la reelección a través del partido Unión del Cambio Nacional (UCN) para el periodo 2020-2024, el mismo partido que encabezó como excandidato presidencial Mario Estrada, quien fue detenido el 17 de abril 2019 en la ciudad de Miami, Estados Unidos, acusado de los delitos de narcotráfico. Las autoridades antidrogas de ese país lo estaban investigando en Guatemala por los vínculos de este con el cartel de Sinaloa, según información del Departamento de Justicia de ese país. La confesión de Mario Estrada y el fantasma de la narcopolítica

Como candidato de la UCN, Méndez Caal vio frustrado su intención de reelegirse, en la contienda solo alcanzó el sexto lugar de la intención de votos. Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), solamente obtuvo 1310 votos de 32 mil estoreños y estoreñas habilitadas para votar en las elecciones de 2019. A pesar de la derrota electoral, Méndez Caal ahora pretende que el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei lo elija para ocupar el cargo de Gobernador departamental de Izabal. Rony Méndez Caal, alcalde de El Estor Izabal: ¿El rostro de un municipio o el de una empresa?

Foto: Redes
Fotografía facebook de Rony Méndez

Méndez Caal amenza con quemar la subestación de la PNC

En una publicación de elPeriódico se describe como el exalcalde Méndez Caal llegó a la subestación de la PNC en mayo de 2017, y amenazó a los agentes con llamar a un grupo de pobladores para incendiar las instalaciones policiales si no liberaban a su hermano Rigoberto Méndez Caal, detenido en el de El Estor el 1 de mayo. En el informe de los agentes policiales citan que el detenido se conducía “bajo efectos notorios de licor o de alguna otra droga”. La impunidad del acalde llegó a tal extremo que amenazó a un oficial de la Policía Nacional Civil (PNC)  de ser él quien promueve manifestaciones en contra de su administración. Acusan a alcalde de El Estor, Izabal de amedrentar a PNC por detención de su hermano

Foto: Municipalidad de El Estor, Izabal.

Finalmente, para las siguientes días se espera que el presidente Giammattei anuncie los nombres de los 22 nuevos gobernadores departamentales. Los plazos para la presentación de candidatos a los consejos de desarrollo cerraron el 28 de enero. Si el exalcalde Méndez Caal es designado para la gobernación de Izabal, las perspectivas para los pobladores afectados por su cuestionada gestión y su abierto apoyo a la Compañía Guatemalteca de Níquel podrían tener continuidad.


[1] Redacción. Cuatro personas vinculadas a Mario Estrada buscan ser gobernadores de Izabal. El Periodico. 3 de febrero 2020. https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/02/03/cuatro-personas-vinculadas-a-mario-estrada-buscan-ser-gobernadores-de-izabal/


La disputa por la tierra en Livingston y la criminalización de María Choc

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Foto: Redes Maria Choc

14 de febrero 2020

Por Andina Ayala

“Teníamos que llegar porque uno no sabe”, expresó María Magdalena Cuc Choc, ella aún guarda la esperanza que llegue la justicia y que cesen las acusaciones por delitos que ella no cometió. “Eran las nueve de la mañana afuera del juzgado, cuando el policía indicó que quedaba suspendida la audiencia y que el juez, Edgar Aníbal Arteaga, tampoco estaba, tal vez llegaba a las diez”.

La mañana del 13 de febrero el abogado de la empresa LISBAL Sociedad Anónima. S.A. se ausentó de la audiencia de etapa intermedia que estaba programada en el juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Puerto Barrios, que preside el juez Arteaga. Según el Abogado defensor de Choc, Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, se debió a “una supuesta audiencia que el abogado tenía en otro juzgado”.

No es la primera vez que la citan a una audiencia, con esta suman seis ocasiones que se suspenden, las otras cinco correspondieron a la de primera declaración. Quienes se presentan como acusadores, según el expediente, son: Miguel Ángel Alvarado Cruz y su abogado Joel Antonio Boche Villalta.

Cuc Choc, defensora del territorio y traductora q´eqchi´, es acusada de usurpación agravada, amenazas y detención ilegal, por una empresa cuya dirección es la de un terreno baldío. “Algunas personas interesadas en mi caso, buscaron la empresa que está en la capital, y lo que encontraron  fue un terreno baldío, en un lugar silencioso”, mencionó Cuc Choc.

Cuc Choc trabajó como traductora en el caso que montó Rodrigo Lainfiesta Rímola contra pobladores de Chab’il Choch de Livingston. El caso de María Choc inició  dos años después, el 17 de enero de 2018, con su detención en las instalaciones del Organismo Judicial (OJ), donde continuaba laborando como intérprete independiente del idioma castellano al  q´eqchi´. Logró su  libertad con una medida sustitutiva dos días más tarde el 19 de enero de 2018, pero sin derecho a viajar fuera del municipio de El Estor, de donde es originaria.

También puedes leer: https://www.prensacomunitaria.org/maria-cuc-choc-traductora-qeqchi-de-el-estor-amedrentada-via-redes-sociales1/

Hasta el día de hoy, María Choc, nunca ha visto al abogado querellante de la supuesta empresa, “yo estoy aquí para dar la cara y decir la verdad. Esto es un show, un juego que hacen con la justicia para desgastarme física y mentalmente”. Dijo estar cansada pero que seguirá luchando hasta que se esclarezca su caso. Según explicó su abogado Castro, no les entregaron ninguna notificación ni les dieron fecha para reprogramar la audiencia de etapa intermedia.

La empresa y el vínculo con Rodrigo Lainfiesta Rímola

En el directorio telefónico, la única empresa que aparece con ese nombre se localiza en una casa sobre la 5ª avenida y 8ª calle dela zona 9, colinda con una empresa de venta de pisos y azulejos. Se marcó al número telefónico que aparece en la referencia y correspondía al nombre de otra empresa. Al preguntar por Lisbal S.A., la voz en el auricular titubeó y dijo “sí aquí es”, puso el teléfono en espera y en dos minutos saludó una voz varonil, “mucho gusto soy Víctor Arrecis”, le preguntamos si la empresa Lisbal es de talleres de autos (como indican las páginas amarillas) él dijo que no, que se dedicaban a la compra de bienes inmuebles.

Foto: Internet

Los documentos legales que Cuc Choc proporcionó muestran que la entidad Lisbal S.A. hizo una compraventa de la finca Santa Izabel, una propiedad ubicada en la aldea Chocón Machacas, en Livingston. En los documentos no se consigna la dirección de Lisbal. 

La tenencia de tierras, y el despojo  de terratenientes a comunitarios es un tema profundo, habría que recordar que los pueblos q´eqchi´reclaman la tierra donde siempre han vivido y que en muchos casos carecen de certeza jurídica. Sobre la finca Santa Izabel, el medio digital Nómada, publicó que “Rodrigo Lainfiesta interpuso una denuncia en el MP, por usurpación e invasión en la finca propiedad de Lisbal S.A[1] en el año 2016.

Foto: Páginas Amarillas

Puedes leer: https://www.prensacomunitaria.org/una-mujer-qeqchi-detenida-para-proteger-a-terratenientes-queda-en-libertad/


[1] Los registros legales del inmueble datan en el año 2007, 2009. La Finca Santa Isabel está en el municipio de Livingston, y se encuentran inscritos como finca 1862, folio 362, libro 4E de Izabal, finca 4272, folio 65 libro 53 de Grupo Norte y finca 167, folio 180 libro 40 de Izabal.

El alto costo de hacer periodismo en El Estor Izabal

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Abogado Farncisco Vivar, defensor de derechos humanos. Fotografía Prensa Comunitaria.

28 de febrero

Por Aj Ral Ch’och’

Dos periodistas fueron perseguidos penalmente en 2017 por la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel CGN en El Estor, esto ocurrió porque documentaron e investigaron la contaminación con del lago de Izabal. Además cubrieron las acciones de la Gremial de Pescadores Artesanales y el asesinato de un pescador durante la represión policial el 27 de mayo de 2017.

CGN es subsidiaria de la empresa ruso suiza Solway, decidió iniciar una serie de acusaciones penales en contra de 9 pescadores, incluidos varios directivos de la Gremial y a los periodistas Carlos Ernesto Choc y Jerson Xitumul, ese mismo año fue encarcelado Xitumul, permaneció 49 días en prisión y meses después se cerro el caso en su contra.

La orden de detención emitida por el juez Edgar Aníbal Arteaga afectó al periodista Carlos Choc, quién tuvo que desplazarse del municipio y vivir con la incertidumbre de ser detenido en cualquier momento, esto duro un año y cinco meses de espera.

De total de personas acusadas por CGN el juzgado de primera instancia penal de Puerto Barrios, Izabal ya cerró el caso a seis de los acusados. Mientras que cinco de ellos continúan con el proceso penal abierto. Esto ocurre con el periodista maya q’eqchi’ Carlos Choc. Las audiencias constantemente se suspenden, algunas veces por enfermedad, como lo ha argumentado la abogada de la compañía de níquel.

Para conocer el estado actual del caso conversamos con el abogado Francisco Vivar, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos CALDH y uno de los abogados que representa al periodista Carlos Choc acusado por la empresa minera.

Fotogarfías Prensa Comunitaria Km.169

¿Cuál es el estado actual del caso contra pescadores y un periodista en El Estor?

El caso se encuentra en la fase de recusación del juez, esto significa que se solicitó que Edgar Arteaga se aparte de seguir conociendo este proceso porque se ha demostrado su mala fe en las resoluciones que toma. Se presentó una acción en la Corte en contra del juez Anibal Arteaga, del juzgado de primera instancia penal de Puerto Barrios, para que no siga conociendo el proceso.

Estamos pendientes de ser notificados de la fecha para la audiencia y presentar los argumentos de la recusación contra el juez. Será la sala de apelación del ramo penal  la que resolverá si acepta la recusación planteada y separa al juez del caso nombrando a otro, y si no acepta, la recusación ordenará que se continúe con el proceso. Así continuaríamos con la fase en la que nos quedamos, que fue básicamente una clausura provisional del proceso, el juez que conozca tendría que esperar que el Ministerio Público presente más elementos de investigación o si solicita el sobreseimiento en favor de los compañeros.

¿Cuánto tiempo podría tardar la espera de la próxima audiencia? 

El tiempo de espera se debe a las cargas de los tribunales, pero también por las acciones de los abogados de la empresa o porque el sistema judicial tiene una mora judicial. Pueden existir acciones deliberadas para retrasar el proceso, pero eso lo desconocemos. Considero que el plazo razonable para que se nos convoque para celebrar la audiencia en la cual se conocerá la recusación del juez ya se cumplió. El tiempo de espera es impredecible, porque dependemos del tribunal.

14 meses de medidas sustitutivas y a la espera de audiencia ¿Cómo afecta esto el caso?  

Es una situación que afecta directamente el caso del periodista Carlos Ernesto Choc. Le afecta en su desarrollo normal y en sus labores. Por la naturaleza de su oficio necesita movilizarse para realizar su trabajo, no solo en el departamento donde él radica sino que en otros lugares. Obviamente no hay libertad como tal, sino que una limitación de ella porque debe firmar constantemente un libro de actas en el Ministerio Público de El Estor. Entonces, consideramos que hay una afectación directa en ese caso y consecuentemente a los demás compañeros que tienen medidas sustitutivas. Con 14 meses de medidas sustitutivas y el atraso que ha tenido la solución de este caso: el sistema de justicia se ha empecinado en continuar este proceso con la clara intención de criminalizar a los compañeros.

Entonces, hasta  el momento ¿por qué se mantienen las medida sustitutivas?  

Al momento de celebrarse la audiencia se dio una clausura provisional y el efecto era básicamente que se suspendía todas las medidas que tenían los compañeros. Sin embargo, como se le recusó al juez, las medidas no están firmes y ahí se quedó como un impase, todavía estamos pendientes de solventar la situación legal y por eso se mantienen vigentes las medidas.    

#GreenBlood

Finquero con amenazas quiere despojarle la tierra a una mujer q’eqchi en El Estor

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Florinda Noemí Xol Guitz en su propiedad en la Finca San José Panorama El Estor.
Fotografía Aj Ral Ch’och’

Por Aj Ral Ch’och’

Paso en balsa del río Polochic en Panzós, Alta Verapaz, esta es una ruta alterna para las comunidades del área sur del municipio de El Estor, Izabal y Sierra de las Minas, en donde las comunidades q’eqchi’ están siendo despojadas de sus tierras por la expansión de la palma aceitera.

El caso de Florinda Noemí Xol Guitz, de 37 años, una mujer viuda con cinco hijos, quien ha vivido por más de 25 años en un terreno cercano a la finca San José Panorama, ubicado en el área sur de El Estor, Izabal. La tierra que habita le fue heredada a su esposo Rogelio López por su padre Rubén Portillo, quien comenzó a trabajar la tierra desde 1940, según los vecinos de la comunidad de la aldea Río Zarco.

Hace 6 años el esposo de Xol Guitz falleció en un accidente laboral y ahora ella trabaja la tierra sembrando maíz, frijol, yuca y algunas frutas. Constantemente es amenazada por el dueño de la finca Fernando Chan y es acosada por el administrador de la finca, Rafael Gutiérrez.

“Porque soy mujer me quieren desalojar y me acosan todos los días, solicito el apoyo de las autoridades y en especial el de la PDH y que conozcan mi caso” expresó la señora Xol en una entrevista.

Lea el reportaje: Comunitaria maya q’eqchi’ es amenazada y acosada por trabajadores de finca


Fotografía Aj Ral Ch’och

Fotografía Aj Ral Ch’och

Fotografía Aj Ral Ch’och

#PeriodismoComunitario

El retraso del Estado en la resolución de un conflicto agrario y la muerte de dos comunitarios en Rub’el Pek

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Agentes de la PNC trasladan los cuerpos de dos comunitarios fallecidos en El Estor Izabal. Fotografías cortesía

Por Aj Ral Cho’ch’

52 familias de la comunidad Rub’el Pek Abajo llevan tres años intentando resolver un conflicto de tierra con un grupo de personas de la comunidad de Marcaj II, quienes construyeron 15 casas en la tierra de los cultivos de los comunitarios. Desde entonces, denuncian los vecinos, han sufrido amenazas, agresiones, robo de sus cultivos e intimidaciones. El resultado de este conflicto dejó la muerte de dos personas y dos heridos el pasado miércoles 4 de marzo.

Las comunidades de Marcajam II y Rub’el Pek Abajo, del sector norte del municipio de El Estor, Izabal, tuvieron un enfrentamiento, el líder comunitario, de la comunidad Rubel Pec Abajo, narró los hechos,  “nosotros llegamos a nuestras siembras, fuimos a ver nuestros cultivos y las personas de Marcajam II, nos recibieron con machetes y palos, ahí perdieron la vida Juan José Xol, de 20 años, y Carlos Xol Tiul, de 17. Ese mismo día estábamos esperando la visita de las autoridades y no llegaron, no sabemos por qué”.

El miércoles 26 de febrero esta dos comunidades fueron citadas a una reunión en el salón municipal, estuvieron presentes Erick Bosbely Martínez, gobernador departamental; Joel Lorezno, alcalde municipal de el Estor, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Policía Nacional Civil (PNC), y la Secretaria de Asuntos Agrarios (SAA).  

Ese mismo día los líderes comunitarios de Rub’el Pek solicitaron a las autoridades que se movilizaran a la comunidad para verificar los hechos denunciados y dialogar con los comunitarios de Marcajam II, pero, según la fuente consultada, no fueron escuchados y atendidas sus peticiones, ahora se lamenta la perdida de dos personas y también algunos heridos.

Según un comunicado emitido por la Coordinadora para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del lago de Izabal Sa’ Komonil, fechado el 5 de marzo de 2020, en 2010, el Registro de Información Catastral (RIC) midió la tierra de la comunidad Rub’el Pek, y años antes el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) también había realizado la medición, en total este proceso les ha llevado 40 años de gestión para solicitarle al Gobierno las certeza sobre la propiedad de la tierra.                                                                                                      

En el comunicado también se publicó que en marzo 2019 los comunitarios de Rub’el Pek Abajo interpusieron un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC), en contra del Registrador General de la Propiedad, por haber inscrito la finca en propiedad de Inversiones María Magdalena Sociedad Anónima. Según los comunitarios esto fue una ilegalidad porque anteriormente el INTA les había otorgado la posesión sobre las tierras.  

Según una lideresa, quien pidió omitir su nombre por su seguridad, en la comunidad de Rub’el Pek Abajo han tenido acompañamiento de instituciones del Estado y en la última reunión de 2019, con la presencia del gobernador departamental, se levantó un libro de actas, para que los pobladores de Marcajam II formaran parte de la aldea, pero rechazaron la propuesta.

Según Caal, los vecinos de Marcajam II sostienen que cuentan con un título de  propiedad de la tierra y ser los legítimos dueños, “nosotros llevamos muchos años de solicitar las escrituras de estas tierras pero no hemos tenido una buena respuesta del Estado.

Robín Macloni, de la Defensoría Q’eqchi’, opinó que “en 2017 se quemaron algunas casas, han tenido una mesa de alto nivel, nosotros intervenimos en su momento, había una cuestión política departe de Rony Méndez porque no se le daba la calidad de comunidad de Marcajam II, porque es una ocupación reciente. Entonces, como Rony Méndez en su campaña política les ofreció convertir y reconocer en una comunidad y eso ha ido agravando”.  

Para las familias q’eqchi’ es muy preocupante el tema de la tierra, especialmente porque existe interés en los terrenos de parte de empresas mineras, de monocultivos, y de terratenientes. Varias comunidades llevan más de 40 años y otros 35 años solicitando al Estado la certeza de la propiedad de la tierra pero no han tenido respuesta positiva de Gobierno.

Agentes de la PNC trasladan los cuerpos de dos comunitarios fallecidos en El Estor Izabal. Fotografías cortesía
Agentes de la PNC trasladan los cuerpos de dos comunitarios fallecidos en El Estor Izabal. Fotografías cortesía

     

El Estor: denuncian que la Compañía de Níquel exige presentarse a pesar del toque de queda

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Área de los hornos de las calderas de la Planta procesadora de níquel CGN / Pronico en El Estor Izabal. Fotografía cortesía.

Por la Redacción #GreenBlood

En El Estor Izabal varios trabajadores de empresa minera Compañía Guatemalteca de Níquel –CGN- intentaron trasladarse a la planta procesadora este 22 de marzo en el horario de la tarde, cuando ya había entrado en vigencia el “toque de queda” decretado por el ejecutivo, por lo que la misma población por prevención del #COVID-19 les impidió el paso.

Los gerentes de esta empresa no quieren suspender sus operaciones y les exigen que deben de presentarse a trabajar, afirmó uno de los trabajadores quién prefirió no revelar su identidad. Otro trabajador denunció que les enviaron un mensaje diciendo que “nuestra planta pertenece al campo de la energía, por lo que todos los equipos continúan trabajando como de costumbre.”

Sobre el toque de queda les informaron que “si por algún motivo somos cuestionados por la policía u otra autoridad mostrar el gafete de empleado y hascerles saber que trabajamos por turno.”

Mensaje enviado por la empresa el día 21 de marzo a todos los trabajadores:

Ucraniano:

“наш завод относится к энергетической облости, поэтому все бригады продолжают работать в обычном режиме.

Для тех, кто интересуется новыми правилами комендантского часа, которые начинаются завтра с 4 до 4. Если по какой-либо причине нас допросят полиция или другой орган, покажите значок сотрудника и сообщите им, что мы работаем в смену.”

Castellano:

“nuestra planta pertenece al campo de energía, por lo que todas las tripulaciones continúan operando normalmente.

Para aquellos interesados ​​en las nuevas reglas de toque de queda, que comienzan mañana de 4 a 4. Si por algún motivo, la policía u otra autoridad nos interroga, muestre el ícono del empleado y hágales saber que estamos trabajando en turno.”

Planta procesadora de níquel CGN / Pronico en El Estor Izabal. Fotografía cortesía.
Planta procesadora de níquel CGN / Pronico en El Estor Izabal. Fotografía cortesía.

Sobre la afirmación realizada por la compañía a sus trabajadores, el Gobierno de Guatemala publicó el 22 de marzo en el Diario Oficial –Diario de Centroamérica- las disposiciones presidenciales en caso de estado de calamidad pública y órdenes para el estricto cumplimiento, (Modificaciones y ampliación a las disposiciones emitidas el 16 de marzo de 2020).

En este documento en la quinta disposición: Ampliaciones o modificaciones, define en el inciso B: “Con relación a industria energética no se establece ninguna restricción en la generación, transmisión y distribución de energía y de la importación, transporte y comercialización de combustibles, derivados y gas propano…”.

La actividad de la industria extractiva a cielo abierto no fue considerada dentro de las excepciones y disposiciones del gobierno, la extracción y procesamiento de níquel en El Estor no encaja en esta disposición.

Planta procesadora de níquel CGN / Pronico en El Estor Izabal.

Malestar y manifestación en El Estor a pesar del toque de queda

La ruta que comunica al municipio con las instalaciones de la CGN está cerrada por los mismos vecinos de El Estor, por prevención debido al Estado de calamidad y la amenaza de contagio de coronavirus COVID-19, por esta razón los trabajadores decidieron viajar por lancha rumbo a la CGN, pero al llegar al muelle, un grupo de personas no les dejaron pasar.

Las comunidades están organizadas para no dejar pasar a nadie, ya que trabajadores independientes, comerciantes y vecinos se encuentran molestos porque la empresa simplemente no acata las medidas de salud. Creen que no es justo con la población, que las autoridades sí permitan que los trabajadores de CGN sigan trabajando y circulen libremente a pesar de las prohibiciones.

En la salida del municipio rumbo a Cobán Alta Verapaz, además se realizó una manifestación para que la compañía de níquel detenga sus operaciones y que los trabajadores ubicados en el interior de la planta procesadora y en el área de cantera a cielo abierto dejen de trabajar.

Para los vecinos de El Estor es preocupante la crisis de salud y contaminación que se genera todos los días por la minería, aún más, con la presencia del Coronavirus en Guatemala y el riesgo de contagio, manifestaron algunos de los inconformes. Con la CGN, también operan extranjeros provenientes de Rusia, Ucrania y otros países, estos forman parte de la empresa ruso-suiza Solway Investment Group y de la Compañía Procesadora de Níquel -Pronico-, quienes viajan constantemente a estos países o se mueven ida y vuelta desde el municipio hacia la capital, Puerto Barrios y a Santo Tomás de Castilla.

La Corte de Constitucionalidad –CC- desde julio del 2019, ordenó de manera provisional que la CGN suspendiera todas sus operaciones vinculadas al proyecto minero Fénix en El Estor, proyecto propiedad de Solway, pero la empresa siguió operando en desacato a esta resolución.

Las condiciones laborales dentro de la planta procesadora no son seguras, varios trabajadores desde lo interno de CGN denunciaron por redes sociales que tienen temor de contagiarse con Coronavirus y que el Estado no está haciendo nada para garantizar que la empresa suspenda las operaciones.

Manifestación contra la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN / Pronico en El Estor, domingo 22 de marzo 2020. Fotografía cortesía.

Postura de la Municipalidad de El Estor, Izabal:

El alcalde municipal Jose Lorenzo Flores y el Concejo Municipal de El Estor emitió un comunicado de prensa, exigiendo a la CGN que detenga sus operaciones, lo mismo con la empresa Mayaníquel, Naturaceites, Finca El Murciélago y las demás empresas ubicadas en el municipio como parte de las medidas ordenadas por el gobierno central.

Difaman a autoridad comunitaria maya q’eqchi’ en El Estor por querer proteger a su comunidad del COVID-19

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Por Nelton Rivera y Aj Ral Ch’och’

Abelardo Seb Coc, junto al Consejo de Indígenas Maya Q’eqchi’ y representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode), brindaron el 27 de abril una entrevista a este medio. En esa ocasión expresaron su rechazo a un comunicado que fue publicado el 24 de abril en el que un grupo de personas utilizaron el nombre del Consejo de Comunidades Indígenas Maya Q’eqchi’ , para difundir lo que ellos consideran un mensaje falso.

Un día después de la entrevista, a la autoridad comunitaria iniciaron una campaña de difamación en redes sociales; en un segmento de noticias de una radio local se le acusó de liderar las manifestaciones constantes en el municipio y agregaron que aún tiene problemas legales con el accidente que sufrió en mayo de 2016.

“No pueden tratarme así porque no soy ningún delincuente y he enfrentado la justicia”, manifestó Seb ante las acusaciones falsas hechas en páginas digitales. Los líderes comunitarios de los 14 barrios realizaron una manifestación pacífica el 23 de marzo que culminó el 24 de marzo, en la que pedían que las personas de otros municipios no pudieran ingresar al municipio, y que las góndolas dejaran de circular por el temor de contagiar a la población por la COVID-19.

El último día de manifestación las autoridades comunitarias junto a Seb, fueron citadas por el personal de la compañía de níquel CGN Pronico de Solway, a través de su representante Marbin Méndez, durante la cita, el trabajador de la mina les preguntó a los líderes comunitarios las razones de la manifestación.

Los líderes comunitarios pedían la suspensión de la circulación de los camiones, y así evitar la propagación de la COVID-19. “Luego de esta reunión con el representante de la compañía de níquel, se llegó a un acuerdo que sólo entrarían las góndolas, para abastecer la planta minera de la compañía, y que desde ese momento no volveríamos a manifestar”, relató Seb.

La criminalización a los líderes comunitarios y autoridades maya Q’eqchi’ continúa en el municipio de El Estor, Izabal. Todo aquel que se pronuncia en contra de la contaminación o de la actividad minera CGN Pronico de Solway Investment Group, ha sido acusado por la compañía de níquel. En este caso la gente solo ha querido protegerse del COVID-19, expresan las comunidades.

Seb Coc es originario del municipio de El Estor, Izabal, tiene 49 años, es padre de de siete hijos, maestro de profesión y alcalde comunitario del Barrio Sinaí.

En el año 2018 y 2019 fue nombrado por la asamblea de su barrio como alguacil 1. Así fue como empezó el servicio a su comunidad.

En una asamblea realizada en enero de 2020 fue elegido alcalde comunitario, y posteriormente fue nombrado como titular del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de segundo nivel para participar en el Consejo Municipal de Desarrollo (Comude), y representar a la micro región 12, conformado por 14 barrios del municipio.

En enero de 1996 comenzó a laborar como maestro en la escuela oficial rural mixta de la aldea Jalaute en El Estor. Actualmente es catedrático en la escuela de la comunidad de El Boquerón, atiende a los niños de tercero y cuarto primaria.

El 25 de mayo de 2016 sufrió un accidente cuando conducía un camión. El transporte en el que se conducía tuvo fallas mecánicas, en el lugar conocido como Sierra Santa Cruz, en esa ocasión perdieron la vida 10 personas. En el accidente Seb resultó herido, junto a 30 personas, siendo trasladado al IGSS de la ciudad de Puerto Barrios.

Después de un mes del accidente, fue citado al juzgado de Primera Instancia penal de Narco Actividad y Delitos Contra el Ambiente, a una audiencia en la que el juez Edgar Aníbal Arteaga López le dictó una medida de coerción solicitada por el Ministerio Público (MP) del municipio de Morales.

Según consta en el expediente 18005–2016- 00363, con fecha del 22 de septiembre de 2016, luego de estar bajo investigación y arresto domiciliario, Seb estuvo dos años bajo medida sustitutiva, teniendo que firmar el libro de actas en el Juzgado de Paz del municipio de El Estor.

Posteriormente, le fueron devueltos los documentos del vehículo y otros objetos consignados. El 22 de septiembre de 2016 se realizó la audiencia de acto conclusivo, por lo que el juez Arteaga resolvió la suspensión condicional de la persecución penal a favor de Abelardo Seb Coc, por el delito de homicidio culposo.

A pesar de las restricciones sanitarias declaradas por el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei de suspender la circulación de transporte por la propagación del coronavirus, la compañía de níquel continúa trabajando sin respetar estas medidas sanitarias, a pesar de que las operaciones del proyecto minero Fénix también fueron suspendida provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad (CC) en julio de 2019.

Rafael Maldonado: “el aumento de producción de la compañía de níquel es una flagrante violación”

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Por Carlos Ernesto Choc

Autoridades comunitarias y la Gremial de Pescadores Artesanales Maya Q’eqchi’, solicitaron el 13 de mayo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), por medio de un documento llamado asistencia para la debida ejecutoria del amparo provisional, que se realice una supervisión en el área de la Compañía de Níquel CGN Pronico de Solway Investment Group, debido a que no ha querido suspender sus operaciones y que ordene al Ministerio de Energía y Minas que se cumpla lo resuelto por la misma Corte en el mes de julio 2019.

Al consultar al abogado Rafael Maldonado, representante legal de los líderes comunitarios y los pescadores, respondió “la solicitud está basada en un documento firmado por la directora general de minería, en el que establece que no han desarrollado ningún tipo de inspección o de monitoreo en la zona, esto a pesar que la licencia se encuentra suspendida por la CC, por lo que se evidencia el incumplimiento del Ministerio de Energía y Minas para verificar que el amparo provisional fuese cumplido”.

Foto: Carlos Ernesto Choc Chub, 7 de junio 2017

La actividad minera en El Estor ha creado conflictos de tierra, asesinatos, como el caso de Adolfo Ich Chamán, en 2009; la contaminación del Lago de Izabal en 2017, violaciones a mujeres de la comunidad Lote 8, en el 2007; encarcelamiento a defensores de derechos humanos, y el caso de los periodistas Jerson Antonio Xitumul y la persecución penal que vive Carlos Ernesto Choc.

Según Maldonado, ahora la CC deberá emitir una resolución en la que se espera que ordene al Ministro de Energía y Mina (MEM), Alberto Pimentel Mata, que suspenda las operaciones de la planta minera de la Compañía de Níquel CGN-Pronico de Solway Investment Group.

En la entrevista vía telefónica, Maldonado resaltó que se deberá esperar esta nueva petición de la población ante la CC. “Es aventurado dar un tiempo por la pandemia, la corte está saturada, muchos están trabajando desde su casa y se espera que en término de un mes pudiera haber una respuesta de la Corte de Constitucionalidad a favor de la población maya Q’eqchi’ de Izabal y Alta Verapaz”.

Foto: Carlos Ernesto Choc Chub

Los acontecimientos ocurridos el ocho de mayo en la planta minera de CGN-Pronico de Solway Investment Group, en el que un grupo de trabajadores denunció explotación laboral y mejores condiciones labores, se suma a la serie de conflictos creados por la explotación minera en Izabal. Al respecto, Maldonado considera que el aumento de producción de la compañía de níquel es una flagrante violación y podría ser un delito penal por la ilegalidad de la explotación de los recursos naturales y por lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad en 2019.


Muere el trabajador de una mina que produce níquel sin parar, pese a una suspensión de la CC y a la pandemia

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Por Martina Chocooj

El sábado 23 de mayo en las instalaciones de CGN Pronico de Solway Investment Group, el trabajador minero Raúl Alberto Pacay perdió la vida en un accidente laboral. Pacay realizaba el mantenimiento de una maquinaria pesada conocido como “patrol” y tenía días de trabajar sin parar.

Desde que se decretaron las primeras medidas sanitarias por el Gobierno, un grupo de trabajadores denunció que quienes son originarios de otro departamento no han podido salir de descanso para visitar a sus familiares, y están trabajando, por más de 12 horas los siete días de la semana.

Foto: Green Blood

En un comunicado de prensa publicado en plataformas digitales, la empresa minera confirmó el fallecimiento del trabajador. Pacay era originario de la ciudad de Cobán, Alta Verapaz.

“Este accidente no hubiera pasado si la empresa obedeciera las medidas que decretó el Gobierno, estuviéramos descansando y Raúl no hubiera muerto”, expresó un trabajador minero, quien pidió omitir su nombre por temor a ser despedido.

La compañía de níquel no ha suspendido su producción a pesar de las restricciones decretadas por el Gobierno de Alejandro Giammattei que iniciaron el viernes 22 de mayo a partir de las 17:00 horas y terminarán el lunes 25 hasta a las 5:00 horas de la mañana.

Según la posición oficial de la empresa, si no han parado sus operaciones, se debe a que se amparan en las disposiciones del acuerdo 141-2020 del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Que hacen referencia a las restricciones de circulación que tienen las empresas que transportan combustibles y otros derivados del petróleo.

Por su parte, los trabajadores mineros han denunciado la sobrecarga en los horarios laborales, con jornadas de hasta más de 12 horas, y también sostienen no poder reclamar derechos laborales porque la empresa responde con el despedido de trabajadores.

A las personas que viven en los municipios de Río Dulce, Morales y Puerto Barrios se les ha concedido el descanso, pero no ha sucedido lo mismo con quienes no son de las áreas cercanas. Particularmente, porque no es posible la movilización interdepartamental. “Nos tienen encerrados en la colonia de la compañía, con la amenaza de que si salimos perdemos el trabajo”, así lo dijo un trabajador minero que también pidió mantener el anonimato.

“Yo tengo más de un mes de trabajar y sin descanso, todos los días trabajamos y por eso hay producción, porque la empresa Solway Ruso, Suiza está exigiendo mucha producción. Es por eso, que no hay descanso para todo el personal”, reiteró el trabajador minero.

Los trabajadores han tratado de hablar con Oscar García, gerente de recursos humanos de la empresa, quien responde que, también tiene un mes de no poder ver a su familia, la diferencia es que su salario es de 3 mil 500 dólares mensuales, manifestaron los mineros.

Según información proporcionada por algunos trabajadores, la compañía de níquel mantiene una producción de 5 mil toneladas diarias de material, y en la planta minera de El Estor trabajan 300 personas de CGN y más de 1 mil personas en Pronico.

Los trabajadores solicitan a las autoridades guatemaltecas que atiendan sus denuncias y peticiones, especialmente durante la pandemia, también demandan su derecho de  descanso para evitar con ello otro accidente como la muerte de Raúl Alberto Pacay, que según los trabajadores mineros se pudo haber evitado sino hubiera cansancio, agotamiento y trabajaran al ritmo normal.

Lancha trabajando para CGN daña el trasmallo de un pescador en El Estor, pide que se lo repongan

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Por Baudilio Choc

Máximo González Pop es un joven pescador del municipio de El Estor, Izabal. Con su profesión ayuda a su padre para llevar el sustento diario a su familia, pero el día 5 de junio 2020 todo cambió. En la madrugada fue arrollado su trasmallo, eran las 4 de la madrugada cuando una lancha que transporta a  los trabajadores de la compañía minera pasó encima del trasmallo.

El pescador aseguró que al ver al lanchero le hizo señales con la linterna para que parara la lancha, pero esta nunca se detuvo, a pesar de que el trasmallo contaba con señalización de tambos y un foco metido en una bolsa a la punta de este el otro lanchero simplemente arrolló todo. Por esta razón González Pop pide a la empresa que reponga los daños causados.   

El padre de González Pop recién invirtió en la compra de un nuevo trasmallo, con lo ocurrido esta madrugada el gasto y la inversión se perdieron. González denunció que la lancha es de color armario y celeste, es la que transporta a los trabajadores de la empresa -Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y de la Compañía Procesadora de Níquel (Pronico)-.

Además de la pesca artesanal en el lago de Izabal, la pesca de trasmallo también es otra de las formas que usan los pescadores Maya Q’eqchi. La empresa no emitió ningún mensaje público sobre el incidente ocurrido durante la madrugada del viernes.

Pescador en El Estor Izabal. Fotografía Baudilio Choc.
Pescador en El Estor Izabal. Fotografía Baudilio Choc.

En riesgo defensores de derechos humanos y la libertad de expresión en El Estor

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Por Lucía Ixchíu

En medio de la pandemia provocada por el covid-19,  la crisis social y política que vive el país y un con un sistema de salud colapsado, agregado a los asesinatos de Domingo Choc y Alberto Cucul, la descomposición social ha estallado en el Estor, Izabal, Guatemala.

El día de hoy 12 de junio 2020, se realizó una masiva manifestación por el supuesto cese de operaciones por parte de la  empresa CGN-PRONICO, cese de labores anunciado por medio de  un volante calzado con el logo de la empresa minera y varias páginas web locales, en donde señalan la incapacidad para cumplir los protocolos sanitarios proporcionados por el Ministerio de Salud en Guatemala, el documento fue repartido con todo sus trabajadores el día 11 de junio.

Foto: cortesía

A pesar de las restricciones, la mayoría de empleados de la mina ha seguido en labores. Cabe mencionar que esta empresa fuertemente cuestionada nacional e internacionalmente, ha sido cuestionada de violentar los derechos laborales, así mismo se le relaciona a asesinatos y desalojos. El pasado 23 de mayo falleció el ingeniero Raúl Alberto Pacay, geólogo que trabajaba como técnico minero y supervisor. Según información oficial de la empresa, fue arrollado por maquinaria pesada dentro de las instalaciones de la empresa.

De manera anónima, llegó a esta redacción la denuncia de intimidaciones y acoso por parte manifestantes afines a la mina y empleados de la CGN –PRONICO, en contra de  periodistas comunitarios, organizaciones sociales y amparistas en el caso legal que tiene este megaproyecto en la Corte de Constitucionalidad.

Carlos Ernesto Choc y Baudilio Choc ambos periodistas comunitarios y miembros de Prensa Comunitaria  han sido intimidados en diversas y recurrentes ocasiones, por dar seguimiento a las violaciones a derechos humanos que esta mina ha hecho en El Estor, desde el asesinato del pescador Carlos Maas, los ataques no cesan.

Cristóbal Pop Choc presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales y representante de las comunidades que forman parte  de los amparistas que solicitaron al Corte de Constitucionalidad el cese de las operaciones puesto que esta mina opera sin la consulta correspondiente regulada en el convenio 160 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. También denunció intimidación y acoso, asegurando que teme por su vida, la de su familia y todos los amparistas.

Otra organización intimidada es AEPDI-Defensoría Q´eqchi. Quien ha llevado el acompañamiento social y legal en el caso penal contra la mina que tiene un amparo pendiente de resolver de forma definitiva, AEPDI realiza una labor de difusión de información atreves de radio comunitaria Xyaab’ tzuultaq’a que es afiliada a la Federación de Escuelas Radiofónicas, FGER.

Desde la mañana del día de hoy,  todas estas personas y organizaciones tuvieron acoso afuera de sus casas y durante la manifestación, se escucharon insultos que refuerzan el discurso de odio. Todas estas personas violentas han sido parte en diversos momentos de promoción de odio contra ellos y parte de campañas fuertes de difamación en El Estor.

Axel Tot, trabajador minero manifestó en medio locales, sobre denuncias legales y penales en varias instancias. Mynor Álvarez en el año 2019 frente a la CC dio declaraciones al respecto, anunciando que en El Estor habría un estallido social, en medio de la polémica por el cierre, del cual no notificaron formalmente a sus trabajadores.

La compañía siempre publica información oficial en sus redes sociales, pero hasta el día de ayer no han emitido ninguna postura. Han suspendido labores de manera arbitraria, generando un conflicto innecesario que pone en riesgo la vida de las personas.

Al momento de tomar algunos de los testimonios, varios de las y los entrevistados aseguraron que temen por su vida y piden a las autoridades poner cartas en asunto, así como garantizar los derechos humanos para todas las personas en El Estor, Izabal.

En El Estor: una cadena de incumplimientos y desacatos por CGN-PRONICO pone en riesgo la vida de las personas defensoras de la vida

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Por José Cruz

Incumplimiento de sentencias constitucionales y disposiciones del poder ejecutivo caracterizan el accionar de la empresa minera CGN-PRONICO en la explotación de níquel que opera en El Estor, Izabal. A ello se suma la estigmatización y criminalización de los liderazgos sociales que se oponen a la gravísima contaminación que impacta al Lago de Izabal y los cerros donde se extrae masivamente el mineral.

La asociación de pescadores estoreños planteó un recurso de amparo contra la operación minera de CGN-PRONICO por incumplimiento de la Consulta Libre Previa e Informada a Pueblos Indígenas estipulada por el Convenio 169 dela OIT[1].  A mediados del año pasado la Corte de Constitucionalidad otorgó el Amparo en firme a los pescadores y ordenó la suspensión de las actividades mineras[2]. Los propietarios de CGN-PRONICO, una empresa de capital ruso radicada por razones fiscales en la ciudad suiza de Zur, ignoraron las sentencia de la CC y continuaron[3] la explotación de minerales en el área. De esta manera la compañía minera entra en abierto desacato a una sentencia judicial del máximo órgano constitucional.

Junto a ello, CGN-PRONICO lanza una campaña por los medios corporativos para deslegitimar la sentencia, acudiendo al acarreo  de empleados de las empresa para establecer un plantón frente al edificio que alberga a la CC. Esta medida mediática trata de usurpar una de las formas de protesta de comunidades y organizaciones sociales: el Plantón. Junto al acarreo de sus propios empleados, la compañía minera lanza una persecución sistemática contra las personas, organizaciones y comunidades que se oponen a la contaminación minera en el lago de Izabal. La estigmatización y el acoso contra los pescadores y periodistas  que han cubierto el caso, se intensifica y se convierte en acciones de denuncia penal, basadas en falsedades y engaños, contra los defensores de la vida y el agua. Decenas de personas del liderazgo comunitario Q’eq’chi’, periodistas y ONGs defensoras de DDHH, son criminalizadas y se ven enfrentadas a juicios espurios que se articulan con la complicidad de los funcionarios locales del Ministerio Público y del sistema judicial. El dinero corrupto de Solway abona la corrupción que campea en los aparatos represivos y judiciales de la región de Izabal y Alta Verapaz.

Ante el desacato ante la sentencia de la CC, el abogado Rafael Maldonado interpone una acción legal para promover la ejecución de la sentencia de Amparo[4]. Este recurso es también aceptado por la corte y de nuevo pone en evidencia la cadena de ilegalidades orquestada por CGN-PRONICO-Solway.

Y si lo anterior no bastara, cuando el presidente Giamattei anuncia las medidas de distancia social y la suspensión de actividades productivas ante la pandemia del Covid-19, la compañía minera intensifica la extracción minera, obligando a los trabajadores a cumplimentar jornadas extenuantes de 24×24 horas que aumentan el riesgo de contagio. Como consecuencia de este abuso patronal, un trabajador falleció el mes pasado dentro de las instalaciones de la mina.

Para poner la tapa al frasco, en medio de las medidas de confinamiento impuestas por el gobierno de Giamattei, la compañía CGN-PRONICO lanza una campaña para reprimir, acosar, y aterrorizar a los opositores a la contaminación minera. La lógica de ésta acción es aprovechar las medidas de distancia social para desarticular la resistencia a la minería. Para ese fin azuza a los empleados de la mina con la amenaza de cierre de la empresa, divide al pueblo estoreño, y vuelca la frustración y el enojo de quienes gozan de empleo, contra aquellos que han luchado por la defensa de la vida, el agua y la naturaleza.

El día de hoy, viernes 12 de junio del 2020, los defensores de la vida en El Estor están bajo el acoso de una turba de supuestos empleados de la mina que han llegado ante sus viviendas a perpetrar perversas provocaciones y amenazas de linchamiento. Organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos exigen al Presidente Giamattei, al Ministro de Gobernación, al Director de la PNC y al Ministerio Público que tomen las medidas para evitar otro crimen vandálico contra las personas defensoras de la vida, el agua y la naturaleza.

12 de junio 2020.


[1] El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales es un instrumento de protección de derechos humanos signado y ratificado por el Estado de Guatemala en la década de los años 90. Entre otras disposiciones obliga al los Estados firmantes la realización de consultas cuando se autorizan proyectos e inversiones privadas o estatales en territorios de población indígenas. Siendo un convenio internacional de DDHH, según la Constitución guatemalteca, tiene primacía sobre las leyes ordinarias como la Ley de Minería, pues forma parte del bloque de constitucionalidad que rige el derecho interno de Guatemala.

[2] https://www.prensacomunitaria.org/la-licencia-de-explotacion-de-niquel-fenix-debe-ser-suspendida-hasta-que-no-se-respete-el-derecho-de-consulta-de-los-pueblos/

[3] https://nomada.gt/pais/actualidad/la-mina-cgn-desobedece-a-la-cc-y-celebra-su-alta-produccion-de-niquel/

[4] https://nomada.gt/identidades/guatemala-rural/el-desastre-ocasionado-por-el-niquel-en-izabal-y-la-posibilidad-de-cerrar-la-mina/

Comunicado: Defensoría q’eqchi denuncia ataques por trabajadores de minera en El Estor

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#Comunicado AEPDI-Defensoría Q’eqchi’ y Radio Comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a, denuncian ante la opinión pública nacional e internacional esta nueva ola de ataques, intimidaciones y amenazas, que se han materializado a través de una manifestación violenta frente a nuestras instalaciones, protagonizada por trabajadores de la empresa minera CGN-PRONICO, donde hubieron amenazas de muerte, intimidaciones y expresiones racistas contra los trabajadores de AEPDI- y voluntarios de la Radio Comunitaria, todo esto ocurrió el viernes 12 de junio 2020, en horario de 10:00 a 11:00 horas, por la pronta respuesta de la Policía Nacional Civil, el hostigamiento no pasó a más.

Como parte de la sociedad civil, en El Estor, Izabal y en toda la zona norte de Guatemala, hemos trabajado por la defensa de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas, además de articular procesos para promover la libre emisión del pensamiento y la libertad de expresión, conjuntamente con las comunidades indígenas Maya Q’eqchi’, para promover un desarrollo rural integral.

Reiteramos que el hostigamiento también está en medios y redes sociales de internet, mediante campañas de desinformación promovida por personas plenamente identificadas, los cuales no detendrán nuestras prácticas de trabajo institucional en la defensa de los Derechos Humanos, la promoción de la libertad de expresión y la democratización de la palabra, seguiremos denunciando la violación de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas que ocurran en la región.

También reiteramos que la empresa minera CGN-PRONICO, debe tomar la seriedad del caso, en la protección de sus trabajadores y proveer información sobre su situación contractual y salvaguardando los Derechos Laborales vigentes en la legislación nacional, pactos y convenios internacionales firmados por el Estado de Guatemala.

Aprovechamos para aclarar que no promovemos los bloqueos de carreteras tal como han informado medios sociales malintencionados, somos una entidad seria y respetuosa de la ley, con más de 20 años de trayectoria trabajando en coordinación con la institucionalidad agraria del Estado de Guatemala en la búsqueda de soluciones a la conflictividad agraria en la región.

Solicitamos el acompañamiento y vigilancia por parte de las comunidades y autoridades indígenas, organizaciones indígenas, entidades de sociedad civil, Procuraduría de Derechos Humanos PDH, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH y Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, para que verifiquen el incumplimiento de los protocolos internacionales de actuación en casos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, libertad de expresión y restricción de derechos de los pueblos indígenas de Guatemala.

Demandamos al Estado de Guatemala, se garantice nuestra labor en la Defensa de los Derechos Humanos, a las autoridades de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público la atención a esta agresión y que se inicie las investigaciones relativas al caso.

El Estor, Izabal, Guatemala, junio de 2020.

Fotografía Radionoticiaselestor
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