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Voces q’eqchi´, entre el estado de sitio y el recuerdo de la represión

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Foto: Nelton Rivera

Por Aj Ral Ch’och’

19 de septiembre 2019

Mientras el ejército y el gobierno cambian una y otra vez la versión de lo ocurrido en Semuy II, las voces de las comunidades maya q’eqchi´ siguen buscando como romper el cerco mediático y expresarse. Buscan denunciar la ocupación militar de la comunidad y las graves restricciones y presiones de las cuales son objeto por los oficiales y la tropa. Para las comunidades del área sur de El Estor la preocupación y el recuerdo reciente de la represión durante la guerra los trasladan a la década de 1980.

Entre la militarización y el recuerdo de la represión

A continuación presentamos los testimonios de tres comunitarios que expresan la preocupación y rechazo al estado de sitio decretado por el gobierno de Jimmy Morales el 4 de septiembre de 2019 por la muerte de tres soldados en la aldea Semuy II. Las personas que accedieron a contar su experiencia viven en el área sur del municipio de El Estor, Izabal, quienes por seguridad pidieron omitir sus nombres por temor a represalias y en su lugar se utilizaron nombres ficticios en cada relato.  

Testimonio de don Mario

Ya no queremos volver al pasado. No queremos presencia militar y más muertes en nuestra comunidad. Estamos cansados de mucho dolor por lo que vivimos en el pasado. Sabemos como actúa el ejército, mi padre fue asesinado por ellos y él no tenía deudas, ni armas, no era un ladrón. A él lo asesinaron por ser un agricultor, ese día fue a ver su siembra y lo rodearon los soldados, no le hicieron ninguna pregunta o por qué andaba solo, ahí lo asesinaron y lo arrastraron 12 metros, luego lo cortaron en pedazos, como si fuera un animal. Él tenia 20 tareas de tierra y cultivaba yuca, malanga, naranjas y mangos. Los de la aldea de San Marcos, Esperanza Ponbaha’k, en el Estor, ellos conocieron a mi padre.

Duele mucho recordar lo que sufrimos. Me quedé sin papá y solo con el esfuerzo de mi mamá sobrevivimos todo este terror. Pedimos que se investiguen los hechos y que den con los responsables, y se pruebe si realmente fue uno de los comunitarios quien disparó. No es posible que esto pueda pasar cuando estamos en tiempo de paz, es muy triste la acción del gobierno, porque en el área sur hay muchas víctimas que dejaron los soldados. Por ejemplo, hijos que aún buscan los restos de sus padres, y padres buscando a sus hijos que fueron desparecidos y asesinados. Todo esto pasó en el área sur de El Estor, en la Sierra de las Minas y el Valle del Polochic.

El dolor de los golpes físicos desaparece, pero el dolor que hizo el ejército esta en lo profundo de nuestros corazones, no puede desaparecer y jamás se puede olvidar. Es por eso por lo que no queremos que nuestros hijos vivan lo que nosotros sufrimos en el pasado. Las abuelas de Sepur Zarco en la sentencia pidieron que jamás se repita este dolor y sufrimiento, después de 36 años el Estado todavía no han reparado todo el daño que causó el ejército en nuestras comunidades.  

Es importante que el gobierno de nuestro país pueda informar. Primero, sobre el estado de sitio, para que el pueblo pueda comprender cómo le afecta y también explicar el problema. No es posible que, por la muerte de tres soldados en una comunidad, el presidente tome la decisión de un estado sitio en 6 departamentos, ya que todos los demás ni siquiera conocen el problema. Esto es algo serio para las comunidades. Lo que debería hacer es mandar a investigar en dónde fue el problema. Son mas de 20,000 víctimas por el ejército en el tiempo del conflicto interno armado y si el gobierno le interesara entonces hubiera hecho algo para ver de que forma sanar el dolor, a las familias que aún siguen buscando a sus familiares desparecidos y asesinados por el ejército de nuestro país. 

Testimonio de Pedro Ichich

Tenemos terror, no queremos que vuelva el pasado. Un pasado donde fueron asesinados nuestros, padres, abuelos y familiares por el ejército de Guatemala. Nos sorprende la información y la decisión del gobierno. Como líderes de nuestra comunidad nosotros no tenemos información y nuestra comunidad nos pregunta sobre este tema. Ahora no podemos reunirnos para explicar esta situación, no podemos hacer nada en este momento y no sabemos como entenderán el estado de sitio toda nuestra comunidad.

No sabemos que puede suceder hoy o mañana, lo único que sabemos es que el ejército está metido entre las plantaciones de palma africana, cercanas a la aldea Panacté, ¿Cómo es un estado de sitio, no lo sabemos si van a pasar en las casas de cada uno? Hay mucho miedo por las experiencias vividas anteriormente, no digamos en las aldeas de Sepur Zarco, San Marcos, Ponbaha’k y Esperanza, quienes fueron víctimas del ejército en el tiempo del conflicto armado.

Fue en una comunidad en donde sucedieron estos hechos. ¿Cómo es posible que ahora hay 6 departamentos afectados? Esto es un muy grave y no habría pasado si hubieran coordinado con nosotros, que somos los líderes comunitarios. Tal vez hubiéramos elaborado un acta y los hechos no se lamentarían, las personas que viven en la comunidad saben respetar a las autoridades. Por ejemplo, en la aldea Sepur Zarco, les enseñamos a nuestros hijos e hijas a respetar a nuestras autoridades, nosotros vivimos en armonía y en paz en nuestra comunidad, no sabemos nada de narcotraficantes. Nosotros trabajamos la tierra, sembramos maíz, frijol y arroz, esto es todo lo que tengo que decir sobre el estado de sitio, no conocemos cómo es, porque en nuestra comunidad los niños juegan, las mujeres y los que van al servicio religioso no tienen idea sobre esto.

Tenemos el temor que en un servicio religioso o en la fiesta de algún cumpleaños, o la reunión de las mujeres cocinando para una fiesta puedan ser retenidas o llevadas a prisión. Hemos escuchado que esto es muy serio y ahora no solo para nosotros si no para los otros departamentos. Si realmente fuera muy peligroso, en toda el área sur, habría muertos a diario.

Aquí todos estamos tranquilos y sin problemas. La distancia de la aldea de Semuy II a la comunidad Sepur Zarco es de 8 kilómetros. Nosotros no tenemos coordinación con las autoridades de la comunidad de Semuy II, ellos viven en las palmas, también colindan con las montañas que tienen plantación de palmas, no son muchas familias las que viven ahí, y no es posible que también a todas nuestras familias sufran por todo lo que a pasado en esa comunidad. Un estado de sitio es lo que tenemos que vivir y nadie conoce en nuestra comunidad ¿qué es un estado de sitio?

Testimonio de doña Marciana Coc

Ante los hechos ocurridos en la comunidad de Semuy II, el día 3 de septiembre, nosotros que somos vecinos de la comunidad no sabemos qué pasó y como sucedió todo esto.

Según la ley, hay un tiempo de investigación, y es importante saber como comenzó este problema para saber quién fue el responsable de las muertes. Segundo, es necesario saber por qué llegaron los soldados en la comunidad y si fueron llamados. Esto es para comprender lo que paso ese día, pero el gobierno quebranto los acuerdos de paz y las leyes de nuestro país porque declaró un estado de sitio en muchos lugares y esto nos afecta a nosotros porque con esta acción violentan todos nuestros derechos humanos.

Nosotros entendemos claramente las leyes. El que a quebrantado las leyes de Guatemala debe ser juzgado ante un tribunal, y si aún no hay responsable se debe investigar para encontrarlo. ¿Por qué no llego al lugar de los hechos el presidente para tomar una decisión sabia? Pero él está condenando a todos con el estado de sitio. Las leyes también dicen que tenemos el derecho a ser escuchados y así expresar lo sucedido, para saber quién comenzó primero y así debe ser siempre. Como en este caso, si el ejército comenzó o los que viven en la comunidad, y así juzgar a los responsables.

Decretar un estado de sitio cuando realmente no se sabe cómo sucedieron los hechos en la comunidad de Semuy II, según en los acuerdos de paz si hay alguna detención, debe ser notificada.


La comunidad Santa María la Llorona es acosada por el ejército en El Estor

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Fotografía Voces de Iximulew

Por Nelton Rivera

Pobladores Maya q’eqchi de El Estor, Izabal, uno de los 22 municipios bajo estado de sitio, denunciaron que miembros del ejército de Guatemala llegaron a la comunidad Santa María la Llorona para exigirles los títulos de propiedad de los terrenos que habitan las comunidades indígenas de la Sierra Santa Cruz. Esta comunidad junto a siete más recuperaron en 2015 las 247 caballerías de tierra que fueron ocupadas ilegalmente por finqueros, empresas y terratenientes.

Los vecinos denunciaron que en la mañana del jueves 19 de septiembre decenas de soldados llegaron a la comunidad de Santa María La Llorona ubicada en El Estor. Ingresaron a la comunidad exigiendo a las familias cada título de propiedad de sus tierras, esta acción fue considerada por la población como una clara intención de sembrar temor en las personas que habitan el lugar informó Voces de Iximulew.

La comunidad se encuentra asentada al pie de la Sierra Santa Cruz y es una de las comunidades que ganaron un recurso de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC), para inmovilizar esas tierras, que varios empresarios, finqueros madereros y ganaderos habían usurpado, despojando de la tierra al Estado de Guatemala.

El estado de sitio en 6 departamentos cumplió 17 días de haberse decretado y el municipio más afectado ha sido El Estor.

En 2015 el pleno de magistrados de la CC resolvió a favor de ocho comunidades q’eqchi de El Estor y de Livingston Izabal[1], la corte consideró que el reclamo de las comunidades era justo y que eran los dueños de 427 caballerías de tierra, con esa resolución los vecinos tendría el camino libre para regularizar la tenencia de la tierra.

Según la publicación del medio escrito Prensa Libre “El máximo tribunal determinó que fueron falsificadas las escrituras de los supuestos propietarios de los inmuebles y que el instrumento público carece de validez porque no fue autorizado por el notario que presuntamente firmó.”[2]

“El 18 de noviembre de 2013, la entonces registradora general de la Propiedad, Anabella de León, se mostró a favor de los supuestos 17 propietarios que pretendían despojar de  a los indígenas.”[3]

Las comunidades indígenas ancestrales q’eqchí’s K’ix ha’ que recuperaron estas tierras son: (Caserío Quixcan), Se’ Y’abal (Caserío La Llorona), Roqi ha’ (Caserío Las Quebradas), Se’ Tzuul (Santa María La Llorona), Chipunit’ (Caserío Chipunit), Raxruha’ (Caserío San Marcos Raxruhá), Jalaute’ (Caserío Jalauté) y Saltul’ (Caserío El Zapotal),

Sierra Santa Cruz en El Estor y Livingston Izabal. Foto Plaza Pública

Los Meany detrás del despojo de la tierra

En 2014, Plaza Pública publicó un reportaje en el que se señala a una familia adinerada –los Meany- de ser quienes estaban detrás del robo de la tierra en la Sierra Santa Cruz y quienes entraron en la disputa con las comunidades. En 2015 la CC verificó las irregularidades con las que adquirieron estas fincas en la sierra y resolvió a favor de las comunidades q’eqchi que las reclamaron. Cuatro años después de esta resolución histórica, el ejército aprovechando el estado de sitio vuelve a acosar a las comunidades por los títulos de propiedad de estas tierras.

 “Las inscripciones actuales indican que está en manos de sociedades anónimas relacionadas al negocio de la madera. Una de ellas tiene como accionista al exministro de Energía y Minas, Carlos Meany Valerio. Pero, el origen de la propiedad es dudoso.”[4]

“El más grande de los terrenos fraccionados de la finca, con una extensión de 37,694,659.77 metros cuadrados (83.53 caballerías, aproximadamente 37 kilómetros cuadrados) fue comprada en 2011 por Tableros de Aglomerado S.A., empresa dirigida por Daniel Meany Serovic y que tiene como uno de sus socios a su padre, Carlos Iván Meany Valerio, vinculado a empresas del sector textil y maderero, quien fungió como ministro de Energía y Minas en el gobierno de Álvaro Colom –desde su inicio en 2008 hasta mayo de 2010 en que presentó su renuncia- y que financió parte de la campaña que llevó al poder a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2007.”[5]

Con información de Voces de Iximulew.


[1] Prensa Libre. CC ampara a ocho comunidades por reclamo de  tierra. Byron Vásquez. 8 de diciembre de 2015. https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/cc-ampara-a-comunidades-para-que-sigan-en-sus-tierras/

[2] Ibídem.

[3] Ibídem.

[4] Plaza Pública. Tras las pistas de una finca de orígenes dudosos. Carolina Gamazo. 17 de febrero 2014. https://www.plazapublica.com.gt/content/tras-las-pistas-de-una-finca-de-origenes-dudosos

[5] Ibídem.

Vecinos de El Estor alertan que la minera está operando, la respuesta es una mesa de largo plazo

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Foto: Baudilio Choc

Lo que se denunció como una emergencia ante la auxiliatura de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) en Izabal, se convirtió en un trámite burocrático como cualquier otro. Esto parece beneficiar los trabajos mineros.

Por Andina Ayala

21 de septiembre 2019

El 15 de septiembre de 2019 comunitarios de Barrio Nuevo entregaron, por medio de la Asociación Defensoría Q´eqchi´, una carta a la PDH de Puerto Barrios. En ella, se solicita una reunión con carácter urgente para tratar el asunto de los trabajos de la empresa CGN-Pronico en las áreas de reserva natural de agua; y para tratar, la violación a la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) que había suspendido los trabajos mineros.

La mesa interinstitucional existe desde el 2018 y en ese espacio la municipalidad de El Estor se comprometió a verificar el tema del área protegida de Barrio Nuevo con la asesoría del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

Platicamos con la licenciada Astrid Franco de la PDH para conocer el proceso de instauración de la mesa interinstitucional:

PC: ¿Cuál es el estado de la mesa interinstitucional?

AF: esa mesa existe desde el 26 de diciembre 2018. En ese espacio la municipalidad de El Estor se comprometió a hacer gestiones para ver el tema del área protegida de Barrio Nuevo con la asesoría del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). Fue a esta instancia a la que nosotros le presentamos los detalles de la nueva denuncia, para que informen las acciones realizadas de acuerdo con compromisos anteriores y que decidan retomar o reiniciar. Hay que indicar que quienes conducen la mesa son el gobernador departamental y el alcalde municipal.

PC: ¿Cuáles son las peticiones que ha hecho PDH a la mesa técnica?

AF: información de todas las acciones que han hecho este año, para verificar si se cumplieron los acuerdos y buscar la protección del área que denuncian los comunitarios de Barrio Nuevo.

PC: ¿Por qué la PDH no pudo hacer la verificación inmediata?

AF: nuestra forma de verificar consiste en solicitar los informes. Cada entidad debe asumir lo que sabe hacer mejor, en este caso, por ejemplo, intervendría el Registro de Información Catastral (RIC) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El mandato de la Procuraduría consiste en buscar la eficiencia de la administración pública. Todos esos informes deben ser entregados con firma, sello y fundamentados. Dentro de esta mesa se harán las verificaciones oportunas.   

Compañía de níquel sigue en desacato a orden de la Corte de Constitucionalidad

Desde el 12 de septiembre vecinos de Barrio Nuevo en El Estor, informaron de la presencia de máquinas de CGN-Pronico. La compañía de níquel sigue desacatando la orden de suspender todas las operaciones, orden desde el 18 de julio por la Corte de Constitucionalidad Nuestro compañero Baudilio Choc reportó la situación en estos últimos días.

Posted by Prensa Comunitaria on Friday, September 20, 2019

PC: además de la pugna por los nacimientos de agua, también es conocido que la Corte de Constitucionalidad dictó la suspensión de las actividades de la empresa, ¿Cuál es la postura de PDH?

AF: en este caso, la PDH no es parte, no podría dar una interpretación a ese dictamen.

PC: ¿De qué o quién depende el inicio de la mesa técnica?

AF: nosotros estamos incidiendo para que ellos tomen las acciones debidas, por supuesto que vamos a estar pendientes de las acciones de la administración pública para que se aborde con seriedad el tema.

PC: ¿Cuál ha sido la respuesta del gobernador?

AF: la comunicación se realiza a través de oficios. Ellos tienen que enviarnos los informes de las acciones que han realizado desde que se formó la mesa técnica.

***

Sobre el tema también consultamos al abogado Anibal Maquín, de la Asociación Defensoría Q´eqchi´, quién firmó la carta de denuncia de los vecinos de Barrio Nuevo, entregada a la auxiliatura de la Procuraduría en Izabal.

PC: ¿Por qué decidieron acudir a la Procuraduría de Derechos Humanos y no al Ministerio Público?

AM: ellos dijeron que hacerlo conlleva hacer gastos de movilización y no tienen los medios para ir hasta Puerto Barrios a la Fiscalía de Delitos Contra el Medio Ambiente. Ellos hacen lo humanamente posible con lo que tienen a su alcance.

PC: ¿Qué ha sabido de la mesa interinstitucional que debe activarse para atender la denuncia?

AM: en esa mesa solo participan entidades del Estado. En algún momento imagino que me van a hacer llegar una nota para que participemos con algunos comunitarios, para dar a conocer los motivos de la denuncia. Hasta el momento no hemos recibido ninguna información de PDH.

PC: ¿Ustedes solicitaron la mesa técnica?

No, en ningún momento la pedimos. Era una reunión para conocer los acuerdos que esa mesa estableció en enero de este año y también para saber por qué la empresa no está cumpliendo con la resolución de la Corte de Constitucionalidad.

Existe una mesa departamental para resolver conflictos. Pero nosotros no estamos pidiéndola. Mencionamos que en la reunión esté la PDH, un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, gobernación, la alcaldía, Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y representantes de Barrio Nuevo.

Desgraciadamente por filiaciones políticas, no hemos tenido acceso a ese acuerdo que hizo la mesa técnica en enero de 2019. A mí solo mencionaron los acuerdos, pero no tengo el documento.

PC: ¿Qué esperan de esa reunión?

AM: primero, estamos esperando la fecha; segundo, que se haga una inspección en el área y que verifiquen lo que ya dijeron los comunitarios. Que se sepa que están violando una resolución de la CC y los acuerdos que establecieron ellos en cuanto a declarar el área protegida.

PC: ¿Por qué tarda tanta la planificación de la mesa?

AM: Por eso es por lo que no pedimos hacer ninguna mesa, pedimos una reunión. Esa mesa multisectorial no la realizan aquí en El Estor sino en Puerto Barrios. Yo estoy solicitando esa mesa aquí.

PC: ¿Sabe si siguen operando las maquinas de CGN?

AM: ellos siguen trabajando de día y de noche, pero no podemos hacer nada por el estado de sitio. Los comunitarios quisieran resolver el asunto, pero no se puede llegar a cometer ilegalidades. Acudimos a la PDH, porque a la municipalidad no, porque que están a favor de la minera. A la policía tampoco se le puede decir porque están en calidad de prevención. La PDH es la única que consideramos que nos puede ayudar.

Vecinos de El Estor denuncian que la empresa CGN Pronico continúa operando

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Foto: Baudilio Choc

Por Las Voces del Pueblo

23 de septiembre 2019

Pobladores de El Estor, Izabal, manifestaron que a pesar de la suspensión que dictaminó la Corte de Constitucionalidad (CC) contra CGN PRONICO la empresa sigue operando. Agregaron que, aprovechándose de el estado de sitio, implementaron una estrategia militar para someter a comunitarios de todo el sector sur y norte del municipio. Esto incluye a barrios aledaños donde esta ubicada la planta procesadora de níquel CGN PRONICO.

Comunitarios dijeron que la Policía Nacional Civil (PNC) resguarda las entradas a las instalaciones de la minera, en el camino que conduce a la aldea Chichipate, donde anteriormente desalojaron de forma violenta y ilegal a la comunidad el Gocen.

El desalojo de la comunidad el Gocen había sido anunciada debido a que a pocos metros realizarían la exploración y explotación de níquel, pero en realidad sacaron piedras de jade, oro y piedras de kimberlita o diamantes.

Es por eso por lo que tienen el resguardo de la PNC en las entradas del lugar que queda cerca de la misma reserva natural que poco a poco muere, debido a las fuertes explosiones, deforestación y la eliminación de los cerros. Que ahora son un área desierta. Sin vida.

Intentan desacreditar a abogados que apoyan a comunidades que se oponen a minera en El Estor

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Por: Andina Ayala

El 26 de septiembre de 2019 en el medio escrito Nuestro Diario se publicó un campo pagado cuya autoría se atribuye a “representantes de las comunidades de El Estor, Izabal”. En la publicación se acusa a los abogados Anibal Maquín Bó y a Rafael Maldonado por presentar un documento con firmas falsas en una acción en contra del Proyecto Fenix de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

El 18 de julio de 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió un fallo de suspensión provisional de las actividades mineras en contra de la licencia Fénix número 1208 otorgada el 17 de abril de 2016 a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), quienes llevaron la acción legal fueron miembros de la Gremial de Pescadores y líderes comunitarios.

Sobre la publicación conversamos con el abogado Rafael Maldonado, quien presentó el amparo en contra de la compañía ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y representante de la Gremial de Pescadores Artesanales (GPA).

PC: en un medio escrito se publicó un comunicado que solicitó una acción penal en contra suya y en contra del Abogado Aníbal Maquín. Se les señala de ser responsables de presentar un documento con presuntas firmas falsas y está firmado por “representes comunitarios” ¿qué opina al respecto?

RM: esa acción es igual a la que hizo en redes electrónicas. Es una acción sin fundamento, y pueden ser inclusive denunciados por el delito de denuncia falsa.

PC: ¿A qué responden este tipo de señalamientos?

RM: la CC va a resolver a favor de los integrantes de la Gremial de Pescadores de El Estor.

PC: ¿Qué le hace pensar que la Corte de Constitucionalidad (CC) va a fallar a favor de la gremial de pescadores?

RM: hay un precedente jurídico de iguales condiciones, que es el caso de la sentencia de la licencia de “El Escobal”, por lo tanto, si se tuteló perfectamente el derecho de los pueblos Xincas, suspendiendo las actividades de Minera San Rafael, tiene que hacer el mismo fallo.

PC: ¿Cómo evaluá este tipo de publicaciones?

RM: ese tipo de acciones lo que hacen es motivarme en defensa de los derechos humanos de las personas afectadas por el proyecto minero en El Estor.

PC: Vecinos de la procesadora de CGN, han reportado desde hace días que la Compañía Guatemalteca de Níquel continúa trabajando ¿Qué acciones proceden de su parte ante estos sucesos?

RM: se pedirá a la Corte de Constitucionalidad para que certifique lo penal conducente en el Ministerio Público (MP) y que a través de la Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente se haga la investigación correspondiente. Se está cometiendo el delito de explotación ilegal de recursos naturales, toda vez que los trabajos se estén realizando dentro de los límites de la licencia Fénix, que fueron los que la Corte suspendió provisionalmente.

Al cierre de la presente nota, la minera continúa operando y la región afectada se encuentra bajo estado de sitio.

La radio comunitaria que fue censurada en pleno estado de sitio en El Estor

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Fotografías Rony Morales

Por Rony Morales

Durante el estado de sitio en El Estor el 26 de septiembre,  la radio fue allanada y desde el inicio de esta medida fue censurada la libertad de expresión de los comunitarios q’eqchi con los territorios militarizados. Cuando allanaron la radio participó el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC) y el ejército. La radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a  en sus distintos programas de discusión cultural para las comunidades q’eqchi’s y las organizaciones que apoyan al pueblo maya se ha convertido en un espacio de libertad de expresión para la población y comunicadores en El Estor Izabal, hoy esta censurada.

Miembros del equipo de la radio y de la organización viajaron a la ciudad capital para denunciar el allanamiento de la radio, creen que el cierre se debe a una persecución política, desde la radio se informó sobre la problemática local con la extracción de níquel, pero en las últimas semanas realizaron varios programas a favor de la lucha de la Gremial de Pescadores Artesanales (GPA) de El Estor y la suspensión de la licencia minera Fénix ordenada por la Corte de Constitucionalidad CC.

Según el director de la radio, el allanamiento responde a un castigo por la información que han dado sobre la militarización de la comunidad Semuy II y por las críticas hechas al gobierno municipal y a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), propiedad de la empresa transnacional ruso-suiza Solway Investment Group.  

Según Arnoldo Ucum, quien trabaja en la radio comunitaria llegaron decenas de policías, agentes del Ministerio Público (MP), y soldados quienes allanaron las oficinas de la Defensoría Maya q´eqchi´ en busca de evidencias de que ahí funciona la radio comunitaria Xyaab´ Tzuultaqá, que transmite en el dial 99.5 FM.

Sin embargo se sabe que no encontraron nada, pero siguen apostados en las afueras de las instalaciones, a diferencia de otros allanamientos a radios comunitarias en el país, no detuvieron al personal de la radio. “El MP y las fuerzas de seguridad del Estado están aprovechando el Estado de Sitio para callar a los medios de comunicación comunitarios.”

Fotografía Rony Morales

La conclusión del equipo de la radio comunitaria es que el cierre de la radio, responde a las represalias promovidas por la compañía de níquel, esto porque la Defensoría q’eqchi es amparista en el recurso en contra de la licencia minera Fénix.  Para ellos esto no se debe de criminalizar el ejercicio de libertad de expresión, un derecho humano universal. Dos horas después de la conferencia de la radio en la ciudad capital, Jimmy Morales anunció que están analizando extender el estado de sitio en El Estor, y los otros 21 municipios más. Además decretó un segundo estado de sitio para el departamento de Sololá supuestamente por el problema de tierras entre Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, colocando en riesgo la libertad de expresión en el occidente del país y de las radios comunitarias locales en este departamento.

Solway y compañía de níquel continúan protestas contra la Corte de Constitucionalidad (CC)

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Fotografía PDH

Por Rony Morales

El día 30 de septiembre los trabajadores de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) regresaron a la ciudad de Guatemala, realizaron una serie de  manifestaciones como forma de presión para que la Corte de Constitucionalidad (CC). La CC resolvió el 18 de julio suspender  la licencia de explotación del proyecto minero Fénix que opera en los municipios del Panzós, Senahú, Cahabón de Alta Verapaz y el Estor, Izabal.

Los magistrados de la CC resolvieron suspender la licencia minera porque el Ministerio de Energía y Minas –(MEM) no realizó la consulta libre, previa e informada en 2005.

La minera en rechazo, realiza constantes manifestaciones frente a la Corte, en Izabal sigue operando en desacatado de la resolución de la CC. Uno de los vecinos de El Estor dijo: “el domingo van a salir dos buses de Litegua con trabajadores de la mina para ir a protestar a la capital.”

La Procuraduría de los Derechos Humanos PDH llega a verificar que con cada manifestación la compañía de níquel no violente los derechos de las personas que asisten a la CC, además de los derechos de los trabajadores y magistrados para desarrollar sus actividades sin ningún problema. Esto a raíz de la retención ilegal que la compañía de níquel hiciera el día 21 de agosto.

Los problemas con la compañía de níquel continúan, Solway es una transnacional ruso-suiza que opera en Guatemala a través de la Compañía Procesadora de Níquel Pronico y CGN, esta empresa es administrada y operada por los rusos y ucranianos en El Estor se niegan a acatar la resolución de la CC, las góndolas que transportan toneladas de material entran y salen y la planta sigue funcionando.

Violencia, desinformación y desacato

El Estor es uno de los 22 municipios bajo Estado de Sitio, la empresa minera ha aumentado su capacidad de trabajo, muchas son las denuncias de los vecinos de este municipio sobre la continuidad de sus operaciones, las más preocupantes son la ampliación del área de cantera, que pone en riesgo el nacimiento del río en Barrio Nuevo y la destrucción del bosque en la montaña. Esto incluye a barrios aledaños donde está ubicada la planta procesadora de níquel CGN PRONICO.

La empresa CGN en estos días se ha quejado de tener pérdidas millonarias pero en su resiente manifestación se observa la movilización de 300 trabajadores de la mina, quienes fueron convocados y trasportados para estar frente a la corte. Si calculamos la cantidad de personas trasladadas por la compañía, para mostrar apoyo en los alrededores de la CC, y hacemos un cálculo de los gastos de transporte, alimentación, hospedaje y un pago que reciben por el viaje, la empresa podría haber gastado unos Q800 mil quetzales, únicamente el día 24 de julio en la protesta que realizó en la capital.

Maynor Álvarez gerente de asuntos comunitarios de CGN-Pronico dirige las protestas. Fotografía PDH

Acusaciones y difamación por la minera

Con el pago de un campo pagado en Nuestro Diario, uno de los escritos de mayor circulación, la minera acusa a los abogados Aníbal Maquín Bó y a Rafael Maldonado por la supuesta falsificación de firmas, esta acusación la hacen en nombre de supuestos vecinos de El Estor que son “amparistas” y que desistieron a favor de la empresa.  

En el escrito afirman que solicitaron al Ministerio Público una investigación, para los abogados mencionados quienes son amparistas en la demanda contra el MEM, afirmaron que el memorial que entregaron recientemente a la Corte, es una reafirmación de los amparistas que solicitan que la se suspenda la licencia minera Fénix por violar las leyes guatemaltecas, pero fundamentalmente por no realizar la consulta libre, previa e informada a las comunidades y por la contaminación y destrucción del ambiente que esta empresa está provocando.

Absuelven a biólogo condenado por la muerte de tres estudiantes de UVG dentro de la Compañía de Níquel

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Biólogo y ex trabajador de CGN Lemuel Valle durante su declaración en enero de 2019.
Foto: David Toro

Por Nelton Rivera

Con una sonrisa (que mantuvo todo el tiempo antes y después de ser notificado) Lemuel Valle recibió la absolución del delito de Homicidio culposo, la corte de apelaciones de Puerto Barrios notificó por escrito este 1 de octubre que anulan la sentencia del tribunal emitida el 12 de junio  pasado, en donde fue condenado a cinco años conmutables a razón de Q15.00 diarios en un juicio oral y público por la muerte de los tres estudiantes universitarios. Las familias de los estudiantes van a casación para anular esta sentencia. La justicia no alcanzó a la Universidad del Valle

La sala mixta de la corte de apelaciones de Puerto Barrio resolvió anular la sentencia dictada por el juez unipersonal del tribunal de sentencia Felicito Mazariegos, quien condenó el 12 de julio 2019 al biólogo Lemuel Alfredo Valle Albizures por el delito de homicidio culposo por la muerte de los estudiantes Naomy Lara, Juan Carlos Velásquez y Ángel De León.

Cuatro jueces resolvieron un recurso de apelación, declararon que no existe ningún vínculo legal o laboral entre el biólogo Lemuel Valle y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y lo absuelve del delito de Homicidio Culposo. Las familias de los estudiantes van a casación para revertir esta sentencia.

“Para las familias este tipo de fallos, son decepcionantes, pero para ellos estas resoluciones del sistema de justicia en Izabal no son una sorpresa, se sabe que la minera tiene mucha incidencia sobre los operadores de justicia en Izabal.” Don Carlos De León, querellante y padre de Ángel De León.

Además en la notificación de sentencia los magistrados eximen a Lemuel Valle del de pago de costas procesales, por consiguiente de no existir el delito al anular la sentencia del tribunal, la CGN también quedaría fuera de la condena como terceros civilmente vinculados, lo cual podría beneficiarlos de no pagar la indemnización a las familias.

La Corte de Apelaciones fue conformada por los magistrados Henry Ramón Soberanis Chocooj, magistrado presidente, Nicolás Cuxil Guitz, magistrado vocal Primero,  Carlos Enrique Casado Max, Vocal Segundo y Mildred Carolina Esmenjaud Leiva, secretaria.

En la Sala de Apelaciones no les permitieron entrar a las familias que son querellantes en este juicio, cada notificación fue entregada persona por persona en la mesa del agente de la seguridad del Organismo Judicial, prácticamente a dos metros de la calle.

De igual manera fue entregada la notificación al abogado Iván Camey representante legal de la CGN y de la misma forma a Lemuel Valle, quien estuvo con un semblante de felicidad todo el tiempo.

Para Mauricio Velázquez, querellante y padre de Juan Carlos Velásquez, “esta resolución es sintomática, la sala de apelaciones no nos dejó entrar a recibir la notificación, y sabemos que en Izabal la empresa tiene mucha influencia en los jueves. Luego de que le notificaron al sindicado lo tuvieron durante hora  y media, luego nos avisaron a nosotros como querellantes. Nosotros sabemos que este es un fallo parcializado, no nos sorprende, es algo que eventualmente esperábamos por la influencia que tienen la minera en el área de Izabal y vamos a casación. Llevo las copias para que nuestros abogados puedan proceder a interponer el recurso de casación en la ciudad capital.”

Luego de esta resolución de la Sala de Apelaciones, queda aún pendiente el recurso de casación con el que se podrá revertir la resolución de la corte de apelaciones.

Una publicación espuria tipo pasquín del día domingo, afirmó que Lemuel Valle puso una demanda contra uno de los padres de los estudiantes, señalando a  Mauricio Velásquez por supuesto tráfico de influencias. Al preguntarle  dijo que no ha recibido ninguna notificación, y que se enteró de la publicación en redes sociales el domingo 29 de septiembre por la tarde. “Imagínese que tráfico de influencias íbamos a tener, cuando hemos ido contra corriente en este proceso de justicia.” afirmó.


Congresistas de EEUU rechazaron estado de sitio en Guatemala

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Fotografía David Toro

Por David Toro

Un grupo de congresistas demócratas de los Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Estado Mike Pompeo, donde expresan su preocupación por la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, periodistas y jueces en los lugares donde se ha declarado estado de sitio en Guatemala. Piden que el gobierno de Jimmy Morales detenga este tipo de medidas antidemocráticas,  

A falta de dos días para la conclusión del estado de sitio impuesto por el presidente Jimmy Morales en 22 municipios de seis departamentos, un grupo de 16 congresistas estadounidenses, liderados por el veterano demócrata de 71 años, Raúl Grijalva del estado de Arizona, firmaron una carta dirigida a Pompeo donde le solicitan que medie con el gobierno de Guatemala para que finalice el estado de sitio sin prorrogar el plazo.

Los congresistas enviaron la carta el 1 de octubre, 24 horas después el Congreso de la República de Guatemala discute la prórroga del estado de sitio, peor aún, Jimmy Morales decretó un segundo estado de sitio para el departamento de Sololá.

La carta de los demócratas llega una semana después de que la Convergencia por los derechos humanos del país expusieron frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, la vulnerabilidad de derechos que se vive actualmente en Guatemala.

La misiva enviada por los congresistas señala que deben exigirle al gobierno de Jimmy Morales que se aclare quiénes fueron los responsables del asesinato de los tres soldados que provocaron el estado de sitio según información de El Periódico.

Además los demócratas mostraron su preocupación por que Jimmy Morales llamó “pseudo defensores de derechos” y “pseudo campesinos” a quienes hacen una defensa legítima en los territorios militarizados y a las personas que habitan las regiones que están bajo estado de sitio.

Mientras tanto en el Congreso de Guatemala, diputados de partidos conservadores han apoyado la decisión de Morales de prorrogar por 30 días más el estado de sitio, el diputado José Arturo Martínez, jefe de la bancada del partido Todos, aseguró este dos de octubre votarán en favor de  la ampliación del estado de sitio.

Mientras tanto el diputado Enrique Álvarez de Convergencia dijo en la sesión de jefe de bloques que “no es necesario un estado de sitio para combatir el narcotráfico, debe ser una tarea ardua y permanente”.

La diputada Sandra Moran hizo la observación sobre el texto de decreto presidencial para renovar el estado de sitio y señalo que no tienen sustento legal argumentar que por las mismas razones que dieron origen al estado de sitio el día 4 de septiembre no son las mismas.

El Congreso realizó la primera de tres lecturas para definir si se ampliará el estado de sitio para los departamentos de Zacapa, El Progreso, Petén, Alta y Baja Verapaz e Izabal, al final de esta semana podría definirse si los diputados ratifican la prorroga planteada por Jimmy Morales.

En agenda tienen la implementación de un segundo estado de sitio para los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán en el departamento de Sololá, a raíz de la no resolución de un problema por reclamo histórica de tierra entre ambos municipios. Con esto se restringirán un mes más las garantías constitucionales de 24 municipios en 7 departamentos del país.  

Al mismo tiempo los diputados señalados de corrupción e impunidad por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala Cicig y el Ministerio Público MP, son quienes piden que se extiendan los estados de sitio a todo el país.

Rony Méndez Caal, alcalde de El Estor Izabal: ¿El rostro de un municipio o el de una empresa?

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Fotografía David Toro

Por Andina Ayala

Para Solway y para los gerentes de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN en El Estor no existe presencia del Estado ni del gobierno municipal, porque ellos como minera son el estado.[1] Rony Méndez Caal es el “alcalde” de este municipio y sus actuaciones confirman la dicho por la minera. Este municipio forma parte de los 22 que se encuentran bajo estado de sitio desde el 4 de septiembre, con restricciones de las garantías constitucionales de la población q’eqchi, la CGN tiene una suspensión de operaciones por orden de la Corte de Constitucionalidad, pero esta sigue operando en completo de desacato.  

El alcalde estoreño Méndez Caal, llegó al puesto edil a los 38 años de edad, es conocido como profesor de educación primaria, originario de El Estor Izabal. Se dio a conocer con la gente entre otras cosas, porque su hermano Rigoberto Méndez Caal, estuvo involucrado en la recuperación de territorios. El alcalde asegura haber trabajado en ONGs. Según vecinos antes de ser alcalde no tenía nada, inclusive debía dinero a otros vecinos: “ni como alcalde les ha pagado. Ahora tiene tres carros nuevitos, del año y un carro blindado“. Comentó un vecino quién pidió no revelar su identidad.  

A inicios de mayo de 2017, el alcalde fue acusado de amenazar a los agentes de la sub-estación de la policía -en especial al oficial-, de agredir “a puntapiés a los agentes y los amenazó con llamar a un grupo de pobladores para incendiar la sede policial”.

En la tarde del 27 de mayo de 2017 un grupo de desconocidos incendiaron la sub-estación policial, también su casa fue presuntamente quemada por el mismo grupo. Todo después de que el Gobierno rompiera el dialogo con la Gremial de Pescadores Artesanales, a medio día la manifestación de pescadores fue reprimida por los antimotines y asesinado Carlos Maaz de la gremial.

Este año ubicamos que tiene otra casa al lado de la primera –que aun registra las marcas del fuego-. Ambas residencias circuladas para impedir su visibilidad, especialmente la casa nueva, con muros de concreto muy elevados y fuertes portones de metal. “Antes no se le conocía que tuviera ni un terreno y ahora incluso se le ha visto portando arma de fuego.” Agregó nuestra fuente. 

Rony Méndez, habría intentado ser alcalde municipal por ocho años. La primera vez, en 2008, participó como candidato a la alcaldía con el partido Unión del Cambio Nacional (UCN). En 2011 con el partido Libertad Democrática Renovada (LIDER) y en el año 2015 se hizo acompañar del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), para quienes ganó la silla municipal (2016-2020). En opinión del periodista Carlos Choc, el partido UNE tiene mucha popularidad en el municipio, por el apoyo a Sandra Torres “quien lanza su candidatura con ellos, es casi seguro que gana”.

En las elecciones de este año, el funcionario intentó reelegirse volviendo a los brazos del partido UCN sin conseguirlo. Algunos pobladores manifestaron su descontento porque no cumplió con el pago de votos, según ellos era de 200 y 500 quetzales. El alcalde aposto por el partido del narcotraficante Mario Estrada, detenido en plena campaña presidencial 2019 por la DEA en los Estados Unidos, según la DEA Estrada entregaría dinero del cartel de Sinaloa  a todas sus estructuras departamentales para la campaña, Rony Méndez forma parte de ese partido.

En la etapa de segunda vuelta, hizo proselitismo para el partido de Alejandro Giammattei,  en un vídeo publicado en sus redes mencionó que esperaba obtener, una secretaría, un ministerio, o cualquier puesto que le quisieran dar.

Una gestión lúgubre

Los incidentes alrededor del alcalde de El Estor, pueden cuantificarse desde el principio de su gestión en 2016. Un vecino recuerda que el alcalde tuvo varios problemas serios con los comunitarios . También retuvo los salarios de los empleados municipales, una vez por tres meses como coerción “para hacerlos firmar contratos temporales”.

En 2017, año en que la relación entre comunitarios y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico) llegó a su quiebre debido a la contaminación y al coloramiento rojo del lago de Izabal. El alcalde en sus discursos se posicionó abierto hacia los pescadores y sus exigencias. Esto quedó documentado en un acta municipal de abril de ese año. Acordaron constituir una comisión que daría seguimiento a la contaminación del lago. Asimismo, se plantearon verificar el daño de las carreteras que provocaba el peso de las góndolas que transportan tierra, mena y minerales de las empresas Mayaníquel y la transnacional Solway, operada por CGN y Pronico.

En esas reuniones representantes de las microrregiones del municipio, tenían voz y se discutía el papel de la empresa ruso-suiza. En el acta se hizo saber que: “CGN-Pronico, ofreció reunirse cada mes (…) en una mesa en junio del año dos mil dieciséis y a la fecha no ha habido acercamiento y en cuanto al listado de proyectos no se ha hecho ninguno, eso indica que no hay proyección social a traves de la empresa”.

El Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) iría a la cabeza en la investigación. Además en dicha acta, se reconoció que a todos les preocupaba el fenómeno, incluido al mismo alcalde municipal, quien dijo: “la empresa CGN/Pronico debe dejar de ingresar para hacer la inspeción, de lo contrario se hará por la vía judicial, a través de un juzgado de narcoactividad y delitos contra el ambiente”, esto a partir de la insistencia del médico y director del CAIMI de El Estor.

Uno de los integrantes del COMUDE en una entrevista realizada en noviembre de 2018, expresó que el actual alcalde se dedicó a obstruir en las reuniones del consejo cualquier tema que tuviera relación con la compañía de níquel.

Debut y despedida

Entre abril y mayo de 2017, se desarrollaron dialogos para atender las demandas de los pescadores. Hay que recordar que en esas demandas subyacía el nombre de CGN-Pronico. La mesa que convocaba al gobierno central, local y la gremial de pescadores fue escueta y parecía querer romperse sin siquiera haber escuchado a la gremial.

La organización pesquera fue frenada después del 27 de mayo de 2017 cuando en lugar de la mesa de diálogo de alto nivel, se desencadenó una manifestación que terminó siendo reprimida por una desproporcionada cantidad de antimotines, radio patrullas y policías.

El papel del alcalde no ha dejado de ser determinante después del 27 de mayo. Él personalmente asume el rol de denunciante en contra de los directivos de la gremial y dos periodistas de Prensa Comunitaria que reportaron el asesinato de un pescador en dicha manifestación, luego la compañía de níquel y el Ministerio Público de Morales se encargaron de llevarlos ante los tribunales.

La criminalización de los periodistas, supuso para el alcalde un año 2018, sin sobresaltos y con menores críticas, a excepción de las comunidades. Lo mismo sucedió con las manifestaciones en el casco urbano porque los directivos de los pescadores se encontraban en procesos judiciales o detenidos en la penitenciaria de Puerto Barrios.

Conferencia de prensa junto a la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN.
Fotografía Prensa Libre.

El alcalde de la mina

El romanticismo del alcalde hacia la minera se mantuvo durante todo el año 2019, pero afloró el 18 de julio, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) dictó a favor de la gremial de pescadores un amparo de suspensión provisional para la licencia Fénix de CGN-Pronico.  

El 19 de julio se levanta un acta en la municipalidad de El Estor, en la que el alcalde solicita al Concejo Municpal su respaldo hacia la minera, argumentado que hay 900 trabajadores del municipio y que la suspensión afecta la economía. Desmintiendo a la compañía de níquel, que a través de varios campos pagados ha dicho que dan trabajo a 3 mil personas –trabajadores y colaboradores- en El Estor.

El 25 de julio se levanta un acta en la que el alcalde desmiente de nuevo a la CGN y lamenta: “que sin medir las consecuencias, le prenden fuego a doce unidades del transporte pesado, que se dedican a trasladar el material de la empresa CGN-Pronico hacia el puerto Santo Tomas de Castilla”. Hay que comprender que la causa de ese incidente, fue que una de las góndolas atropellará a un señor y enviará gravemente herido a su hijo. Todo ello, en el contexto de la suspensión temporal de labores de CGN-Pronico, ese mismo día la compañía de níquel negó que fueran sus góndolas.

Este último suceso, ha inspirado al alcalde Rony Méndez a publicar una serie de opiniones en contra de manifestantes y liderazgos locales.  En la misma acta se dijo que tenían más 3 mil firmas de vecinos, que pedían que se interviniera el municipio “para que ya no se permitan los bloqueos (…) se frene ese el flagelo.”

En septiembre cuando se impuso del estado de sitio en el departamento de Izabal, el jefe edil, declaró en sus redes sociales lo complacido que se sentía y aprovechó para señalar a organizaciones de derechos humanos de incitar a la violencia y de manipular a “supuestos líderes.” Su postura hasta la fecha es apologética hacia el estado de excepción y hacia la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico) de capital ruso-suizo.

Los problemas locales en El Estor continúas, faltan drenajes, alumbrado eléctrico, mejor equipamiento en el CAIMI para la atención médica, hay escasez de agua en varias comunidades y barrios, incluso la continuidad de la extracción de níquel que realiza la compañía sobre la montaña de Barrio Nuevo pone en riesgo el nacimiento de agua que abastece a cuatro comunidades, el alcalde simplemente se desentiende de estos problemas.


Acta Municipal en rechazo a la suspensión de la licencia Fénix y de apoyo a la Compañía Guatemalteca de Níquel

[1] Declaraciones de Maynor Álvarez, gerente de asuntos comunitarios de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN. Julio de 2019.

Ámsterdam: la policía allanó la estación de radio maya Xyaab ‘Tzuultaq’a en el este de Guatemala

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Los oficiales de policía son vistos en la ciudad de Guatemala el 20 de mayo de 2019. La policía en El Estor recientemente allanó la estación de radio Maya Xyaab ‘Tzuultaq’a. (AP / Moisés Castillo)

Por Committee to Protect Journalists CPJ

Ámsterdam, 30 de septiembre de 2019 – Las autoridades guatemaltecas deben abstenerse de realizar redadas en los medios de comunicación y permitir que la estación de radio Xyaab ‘Tzuultaq’a informe libremente, dijo hoy el Comité para la Protección de los Periodistas.

El 26 de septiembre, oficiales de policía acompañados por soldados del ejército de la nación y funcionarios del Ministerio Público allanaron las oficinas de la estación de radio comunitaria maya Xyaab ‘Tzuultaq’a, en El Estor, en el departamento de Izabal, en el este de Guatemala, según informes de prensa.

Izabal, junto con otros cinco departamentos, ha sido objeto de una intensa actividad policial y militar desde que el Congreso de la nación declaró el estado de sitio el 7 de septiembre, suspendiendo así las libertades constitucionales como los derechos de reunión y protesta, después de que varios soldados fueron asesinados por presuntos narcotraficantes, según un informe de Reuters.

Poco después de que comenzara el estado de sitio, el personal de Xyaab ‘Tzuultaq’a retiró el equipo y los documentos de la oficina de la estación de radio en anticipación de una redada policial, según el director de la estación, Robín Macloni, quien habló con el CPJ por teléfono. Nadie estaba presente en la estación en el momento de la redada y la policía no parecía haber confiscado nada, dijo Macloni.

“Es profundamente preocupante que las autoridades guatemaltecas estén acosando y tratando de silenciar fuentes de información vitales para los ciudadanos que viven bajo este restrictivo estado de sitio. El derecho a informar siempre debe ser respetado “, dijo Natalie Southwick, Coordinadora del Programa de América Central y del Sur del CPJ en Nueva York. “La policía guatemalteca debería proporcionar una explicación oficial de su incursión en Xyaab ‘Tzuultaq’a, y permitirles a ellos y a otros medios de la región trabajar de manera segura y sin obstrucciones”.

Xyaab ‘Tzuultaq’a no ha transmitido en su frecuencia FM desde que comenzó el estado de sitio, dijo Macloni, pero todavía está transmitiendo programación diaria en su sitio web. Xyaab ‘Tzuultaq’a es un medio comunitario que transmite en maya Qʼeqchiʼ, el idioma hablado por muchos de los residentes de Izabal, promueve tradiciones y conocimientos indígenas, y también informa sobre noticias sobre la región, según Macloni.

La estación de radio comparte una oficina con una organización de servicios legales, que también fue allanada por las autoridades, dijo Macloni, y agregó que los funcionarios guatemaltecos no han hecho ninguna declaración oficial que explique las razones detrás de las redadas.

Según Macloni, el estado de sitio se ha utilizado como un mecanismo para suprimir los medios locales. “Lo están utilizando como instrumento, en nuestro caso, para censurarnos. La situación vulnerable de periodistas y comunicadores sociales es bastante preocupante”, dijo.

El CPJ llamó repetidamente al Ministerio Público y a la policía guatemalteca a los números que figuran en sus sitios web oficiales para hacer comentarios, pero no recibió ninguna respuesta.

Codeca se movilizó al grito de “no al estado de sitio en Guatemala”

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Foto: Codeca

Por Nelton Rivera

17 de octubre 2019

Miles de personas que forman parte del Consejo de Desarrollo Campesino (Codeca) se movilizaron este jueves 17 de octubre a nivel nacional en rechazo a la ampliación del estado de sitio en los departamentos de Zacapa, Petén, El Progreso, Alta Verapaz, Baja Verapaz e Izabal.

La idea de extender la suspención de garantías constitucionales fue tomada por Jimmy Morales y ratificada por 91 diputados del Congreso de la República[1], justificando “el combate al narcotráfico para evitar que Guatemala se convierta en un país productor de drogas” y no, por  la muerte de 3 infantes de marina el 3 de septiembre en la comunidad Semuy II en El Estor, Izabal con la que inicialmente decretaron esta medida. Quieren ampliar el estado de sitio y sigue sin esclarecerse el crimen de tres soldados

Foto: Codeca

Las movilizaciones de este #ParoNacional comenzaron desde las 4:00 de la madrugada, realizaron marchas, plantones y el cierre de carreteras en 20 de los 22 departamentos del país, con excepción de Chiquimula y Sacatepéquez. La jornada no tuvo incidentes, informó Edwin Sánchez, vocero de Codeca. En esta jornada de movilización, las fuerzas de seguridad no intentaron liberar las rutas.

Foto: Codeca

“Este estado de sitio no se justifica. No se justifica porque el problema que lo originó no amerita la aplicación del estado de sitio, detrás de su aplicación esta la protección de los intereses de las empresas transnacionales como la minera que opera en El Estor y la empresa Naturaceites. A este gobierno le queda poco tiempo para finalizar su período, por eso quieren aprovecharse al máximo del presupuesto estatal, para despilfarrar los recursos públicos y nuestros impuestos. Además, este gobierno busca congraciarse con las estructuras criminales dentro del ejército, que al final lo que buscan es la compra de armamento, justificar el traslado de más presupuesto en detrimento de otros ministerios. Estamos presenciando como a través del estado de sitio siguen perpetuando la corrupción y la impunidad en el país”, declaró Neftalí López, de la dirección nacional de Codeca.

Durante los primeros 30 días, el Gobierno no mostró resultados concretos sobre la investigación del crimen, al contrario. Todos sus esfuerzos los dedicó mediáticamente a mostrar la existencia de supuestos cultivos de hoja de coca en los municipios de Livingston y Río Dulce en Izabal y San Luis Petén; la ubicación de 4 laboratorios de procesamiento de cocaína -abandonados en Río Dulce-; pistas de aterrizaje clandestinas que fueron parcialmente destruidas por el ejército –dentro de fincas privadas en dónde hay cultivos de Palma Africana- y la confiscación de solo 2.9 kilos de cocaína[2]. En un gigantesco operativo militar que involucró a más de 7 mil soldados, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y agentes del Ministerio Público (MP)[3].

La ampliación del estado de sitio finalizará el 7 de noviembre, con la posibilidad que nuevamente los mismos diputados –quienes integran el pacto de corruptos- lo vuelvan a prolongar.


[1] Congreso de la República de Guatemala. CONGRESO RATIFICA NUEVO ESTADO DE SITIO EN MUNICIPIOS EN REGIÓN NORORIENTAL. 10 de octubre 2019. https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/3571/2019/4

[2] David Toro. Quieren ampliar el estado de sitio y sigue sin esclarecerse el crimen de tres soldados. 2 de octubre 2019. http://www.prensacomunitaria.org/quieren-ampliar-el-estado-de-sitio-y-sigue-sin-esclarecerse-el-crimen-de-tres-soldados/

[3] Declaraciones de Luis Ralda, ministro de la defensa. Citación en el Congreso de la República. 10 de octubre 2019.

Comité de Gestión Local Juvenil de El Estor organiza jornada de reforestación

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Foto: Alexander Conos

Por AJ Ral Ch’och’

17 de octubre 2019

El Comité de Gestión Local Juvenil, realizó una jornada de reforestación con el nombre “Sembrando Huella” en la cuenca del balneario conocido como el Zarco, ubicado a 4 kilómetros del municipio de El Estor.

En la actividad participaron hombres, mujeres y niños, grupos religiosos y alumnos de la Universidad Rural y personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).

Foto: Alexander Conos

Con el objetivo de sembrar árboles alrededor de la cuenca del río el Zarco, se llevó a cabo una jornada de reforestación el lunes 30 de septiembre de 2019. En la actividad se contó con el apoyo del Instituto Nacional de Bosques (INAB).

El 4 de octubre del año en curso, el Comité de Gestión Local Juvenil, denunció a través de su cuenta de Facebook a la compañía de níquel CGN Pronico de Solway por utilizar algunas de las fotografías de la actividad para hacer publicidad a favor de la empresa.

Imagen: captura de pantalla de la página de Facebool de CGN Pronico

Sobre el uso de las imágenes de parte de CGN, Hugo Tíul, presidente del comité, dijo “jamás tuvimos coordinación o alguna comunicación con la compañía de níquel CGN Pronico de Solway para que utilizaran las fotos de la actividad de reforestación, esto fue un plagio”. Así mismo, en la pagina de Facebook el Comité de Gestión Local Juvenil, publicó un mensaje en el que niegan tener relación con dicha compañía y al mismo tiempo dicen que desconocen si el INAB tiene algún acuerdo o convenio con la compañía de níquel CGN Pronico. 

Durante la jornada de reforestación se sembraron 300 árboles de diferentes especies como el cedro, santa maría y caoba. Esta actividad fue un ejercicio para los integrantes del comité y con ello lograr un buen resultado del manejo y cuidado ambiental. Anteriormente las actividades de reforestación en las áreas públicas han tenido muy pocos resultados, debido a que no se a logrado un buen manejo de la unidad de gestión ambiental y la municipalidad no se ha comprometido en dar seguimiento y obtener buenos resultados a las acciones de conservación del ambiente.

Foto: Alexander Conos

El Comité de Gestión Local Juvenil, es un grupo multidisciplinario que comenzó a organizarse en el año 2015. En 2017 lograron legalizarse y ser reconocidos por la Municipalidad de El Estor. Actualmente lo integran 12 personas, entre mujeres y hombres. El enfoque de trabajo es el tema del medio ambiente, la productividad, acompañamiento técnico, la cultura, el deporte y el arte. Entre todas estas actividades han logrado que la población pueda verlos como un comité de gestión, también están alejados del interés de los partidos políticos y de las empresas.

El Comité de Gestión Local Juvenil cuenta con más de 45 jóvenes voluntarios. Forman parte de una asamblea que participa en proyectos, distintos temas y actividades. Las acciones e iniciativa de este grupo de jóvenes evidencian la falta de interés de parte de autoridades locales y nacionales en la conservación del medio ambiente, para así evitar la deforestación y la contaminación que generan las empresas de monocultivos, bananeras y minería. 

Vecinos de El Estor alertan que la minera está operando, la respuesta es una mesa de largo plazo

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Foto: Baudilio Choc

Lo que se denunció como una emergencia ante la auxiliatura de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) en Izabal, se convirtió en un trámite burocrático como cualquier otro. Esto parece beneficiar los trabajos mineros.

Por Andina Ayala

21 de septiembre 2019

El 15 de septiembre de 2019 comunitarios de Barrio Nuevo entregaron, por medio de la Asociación Defensoría Q´eqchi´, una carta a la PDH de Puerto Barrios. En ella, se solicita una reunión con carácter urgente para tratar el asunto de los trabajos de la empresa CGN-Pronico en las áreas de reserva natural de agua; y para tratar, la violación a la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) que había suspendido los trabajos mineros.

La mesa interinstitucional existe desde el 2018 y en ese espacio la municipalidad de El Estor se comprometió a verificar el tema del área protegida de Barrio Nuevo con la asesoría del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

Platicamos con la licenciada Astrid Franco de la PDH para conocer el proceso de instauración de la mesa interinstitucional:

PC: ¿Cuál es el estado de la mesa interinstitucional?

AF: esa mesa existe desde el 26 de diciembre 2018. En ese espacio la municipalidad de El Estor se comprometió a hacer gestiones para ver el tema del área protegida de Barrio Nuevo con la asesoría del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). Fue a esta instancia a la que nosotros le presentamos los detalles de la nueva denuncia, para que informen las acciones realizadas de acuerdo con compromisos anteriores y que decidan retomar o reiniciar. Hay que indicar que quienes conducen la mesa son el gobernador departamental y el alcalde municipal.

PC: ¿Cuáles son las peticiones que ha hecho PDH a la mesa técnica?

AF: información de todas las acciones que han hecho este año, para verificar si se cumplieron los acuerdos y buscar la protección del área que denuncian los comunitarios de Barrio Nuevo.

PC: ¿Por qué la PDH no pudo hacer la verificación inmediata?

AF: nuestra forma de verificar consiste en solicitar los informes. Cada entidad debe asumir lo que sabe hacer mejor, en este caso, por ejemplo, intervendría el Registro de Información Catastral (RIC) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El mandato de la Procuraduría consiste en buscar la eficiencia de la administración pública. Todos esos informes deben ser entregados con firma, sello y fundamentados. Dentro de esta mesa se harán las verificaciones oportunas.   

Compañía de níquel sigue en desacato a orden de la Corte de Constitucionalidad

Desde el 12 de septiembre vecinos de Barrio Nuevo en El Estor, informaron de la presencia de máquinas de CGN-Pronico. La compañía de níquel sigue desacatando la orden de suspender todas las operaciones, orden desde el 18 de julio por la Corte de Constitucionalidad Nuestro compañero Baudilio Choc reportó la situación en estos últimos días.

Posted by Prensa Comunitaria on Friday, September 20, 2019

PC: además de la pugna por los nacimientos de agua, también es conocido que la Corte de Constitucionalidad dictó la suspensión de las actividades de la empresa, ¿Cuál es la postura de PDH?

AF: en este caso, la PDH no es parte, no podría dar una interpretación a ese dictamen.

PC: ¿De qué o quién depende el inicio de la mesa técnica?

AF: nosotros estamos incidiendo para que ellos tomen las acciones debidas, por supuesto que vamos a estar pendientes de las acciones de la administración pública para que se aborde con seriedad el tema.

PC: ¿Cuál ha sido la respuesta del gobernador?

AF: la comunicación se realiza a través de oficios. Ellos tienen que enviarnos los informes de las acciones que han realizado desde que se formó la mesa técnica.

***

Sobre el tema también consultamos al abogado Anibal Maquín, de la Asociación Defensoría Q´eqchi´, quién firmó la carta de denuncia de los vecinos de Barrio Nuevo, entregada a la auxiliatura de la Procuraduría en Izabal.

PC: ¿Por qué decidieron acudir a la Procuraduría de Derechos Humanos y no al Ministerio Público?

AM: ellos dijeron que hacerlo conlleva hacer gastos de movilización y no tienen los medios para ir hasta Puerto Barrios a la Fiscalía de Delitos Contra el Medio Ambiente. Ellos hacen lo humanamente posible con lo que tienen a su alcance.

PC: ¿Qué ha sabido de la mesa interinstitucional que debe activarse para atender la denuncia?

AM: en esa mesa solo participan entidades del Estado. En algún momento imagino que me van a hacer llegar una nota para que participemos con algunos comunitarios, para dar a conocer los motivos de la denuncia. Hasta el momento no hemos recibido ninguna información de PDH.

PC: ¿Ustedes solicitaron la mesa técnica?

No, en ningún momento la pedimos. Era una reunión para conocer los acuerdos que esa mesa estableció en enero de este año y también para saber por qué la empresa no está cumpliendo con la resolución de la Corte de Constitucionalidad.

Existe una mesa departamental para resolver conflictos. Pero nosotros no estamos pidiéndola. Mencionamos que en la reunión esté la PDH, un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, gobernación, la alcaldía, Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y representantes de Barrio Nuevo.

Desgraciadamente por filiaciones políticas, no hemos tenido acceso a ese acuerdo que hizo la mesa técnica en enero de 2019. A mí solo mencionaron los acuerdos, pero no tengo el documento.

PC: ¿Qué esperan de esa reunión?

AM: primero, estamos esperando la fecha; segundo, que se haga una inspección en el área y que verifiquen lo que ya dijeron los comunitarios. Que se sepa que están violando una resolución de la CC y los acuerdos que establecieron ellos en cuanto a declarar el área protegida.

PC: ¿Por qué tarda tanta la planificación de la mesa?

AM: Por eso es por lo que no pedimos hacer ninguna mesa, pedimos una reunión. Esa mesa multisectorial no la realizan aquí en El Estor sino en Puerto Barrios. Yo estoy solicitando esa mesa aquí.

PC: ¿Sabe si siguen operando las maquinas de CGN?

AM: ellos siguen trabajando de día y de noche, pero no podemos hacer nada por el estado de sitio. Los comunitarios quisieran resolver el asunto, pero no se puede llegar a cometer ilegalidades. Acudimos a la PDH, porque a la municipalidad no, porque que están a favor de la minera. A la policía tampoco se le puede decir porque están en calidad de prevención. La PDH es la única que consideramos que nos puede ayudar.

11 kilómetros lo separaron de llegar a EEUU, murió en el intento

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Foto: Jerson Xitumul

Por Jerson Xitumul

21 de octubre 2019

El cuerpo de Roberto Tox Sagüí llegó el domingo 20 de octubre de 2019 a ciudad de Guatemala, luego de haber fallecido el pasado 23 de agosto en el desierto del estado de Sonora, México, a 11 kilómetros de distancia entre la frontera entre México y Estados Unidos.

Foto: Jerson XItumul

Los restos de Tox Sagüí, fueron transportados vía aérea del territorio mexicano al guatemalteco, y entregados a su familia quienes los trasladaron hasta la comunidad de Chapin Arriba, en El Estor, Izabal, a más de 300 km de la capital, para darle sepultura.

Roberto Tox Sagüí, fue cantante cristiano, originario de el Estor, durante muchos años recidió en el sector Sur de este municipio en la comunidad Chapin Arriba.

Foto: Jerson Xitumul

Tox Sagüí, deja en orfandad a 2 hijos de 6 y 8 años. Zoila Estela Cuc Macz, esposa de Sagüí, quien en varias ocasiones le dijo que no viajara, declaró “acá estamos bien, comiendo humildemente, pero estamos en nuestro hogar, sin embargo, Sagüí quería un mejor futuro para su familia y ver a sus hijos convertirse en profesionales, porque que no quería que ellos fueran analfabetos y que las pocas oportunidades que se dan en un país como Guatemala no conseguiría nada bueno en un futuro para sus pequeños”.

“La pobreza en que vivíamos obligó a mi esposo a emprender su viaje, el 27 de julio jamás lo olvidaré, nos dimos el último abrazo familiar, entre lágrimas y besos de esperanza salió en busca de su sueño más no volvió, ni llegó a su destino. Jamás imaginamos que soñar por un bienestar le llamaría a su muerte”, sentenció Cuc Macz.

En la comunidad, ahora sus dos hijos, esposa y padres esperan para abrazar el ataúd y despedirse del cuerpo de quien en vida fue Roberto Tox Sagüí un hombre que solo quería buscar las oportunidades que en su país no tuvo, ni las tendrán.


Intento de desalojo ilegal a comunitarios de Buena Vista en El Estor, Izabal

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Foto: Voces Iximulew

Por Andina Ayala

29 de octubre 2019

“Comunitarios de Buena Vista, en El Estor, Izabal, observaron con temor una gran cantidad de agentes policiales, en su comunidad. Al inicio no sabían si se trataba de un cateo o un desalojo”.

En su cuenta institucional de Twitter, la Policia Nacional Civil (PNC) publicó ayer por la tarde, que la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA), las Fuerzas Especiales Policiales (FEP), la Inspectoría General (IG), y la Subdirección General de Analisis de Información Antinarcotica (SGAIA) realizaban una investigaciones de seguimiento por parte de la Subdirección General de Investigación Criminal y la Fiscalía de delitos contra el ambiente del Ministerio Público, por casos de tala ilegal en el departamento de Izabal, también recibieron el apoyo “de agentes de las diferentes comisarias, (realizaron) 30 allanamientos en la finca Tzinte del municipio de El Estor”.

https://www.facebook.com/watch/?v=1480961792066226

Los vecinos informaron que la policía tenían rodeadas a aproximadamente a 40 familias de la comunidad Buena Vista, y no les permitían salir. También indicaron que los policías les dijeron que ninguna persona podía tomar fotos de lo que estaba ocurriendo, esto causó confusión y al inicio no entiendían si se trataba de un desalojo o un allanamiento.

Del allanamiento, la PNC reportó la detención de Zacarías Tzalam Caal, de 28 años y Marina Lizeth Chen Chub, de 26 años, a quienes, según la versión oficial “se les incautó 5 machetes, 1 serrucho, 483 tablas de madera San Juan, Cedro, Guarumo y 178 palos de Ixcanal“. Esta mañana hablamos con vecinos de la comunidad, quienes aseguran que Zacarías y Marina, no eran los propietarios de esa madera. Ramiro Tzin explicó “ninguna de las familias de los que vivimos aquí en Buena Vista, ha vendido madera, la madera que está, es para la construcción de viviendas. La madera fue encontrada en la casa de la pareja, sino de un vecino, pero él no se encontraba”.

La preocupación de la comunidad es que Marina “se encuentra en estado de gestación y quedó una niña abandonada“, hija de la pareja. Hasta el momento solo saben que ellos fueron trasladados a la penitenciaria de Puerto Barrios.  

La tragedia de Buena Vista

La comunidad Buena Vista se ubica en la micro región III “El Bongo”, al norte del municipio de El Estor, Izabal. En agosto de 2015 fue perjudicada por un desastre natural, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) declaró inhabitable la comunidad. Durante siete meses fueron albergados en  la comunidad el Bongo. El Estado, ofreció comprar un terreno valorado en Q4 millones para construir viviendas a las 200 familias que habían quedado perjudicadas. Esto nunca sucedió.

La comunidad Buena Vista se vio obligada a buscar un nuevo territorio ya que en el Bongo no habían condiciones sanitarias, porque solo se les habilitó una escuela para que toda la  comunidad pudiera permanecer temporalmente. Las instituciones del Estado se retiraron del compromiso con las familias damnificadas.  Otra comunidad, Santa Rosita, pudo albergar a algunas familias de Buena Vista, pero el territorio era pequeño.

Las familias restantes de Buena Vista sabían que anteriormente el territorio del Bongo era más grande y que sus abuelos vivieron en ese lugar. Pero en 1980, Luis Fernando Arriaza Migoya, se apropió de 7 caballerías del Bongo. Miguel Angel Arriaza Migoya, (hermano de Luis Fernando) fungió como represente legal de las empresas: Inversiones Cobra S.A., CXI Sociedad Anónima, empresa Agrícola Industrial Sociedad Anónima y Bananera Izabal Sociedad Anónima. Quienes acusaron en 2017 a Abelino Chub Caal de usurpación agravada y que en marzo de este año el Tribunal de Mayor Riesgo A, declaró su inocencia. “Los Arriaza, siguen reclamando las 7 caballerías con un título supletorio, que los presenta como propietarios, pero la gente sabe que es parte del Bongo“, explicó Abelino Chub Caal.

Intento de desalojo ilegal

Esta mañana, resonaron las declaraciones de Abelino Chub del día de ayer, cuando la página del Comité de Unidad Campesina alertó sobre la presencia de decenas de personas en la comunidad Buena Vista, “cuadrilleros llegaron a amenazar con quemar las viviendas y desalojar a las 28 familias de Buena Vista“.

Según el medio comunitario Voces Iximulew los cuadrilleros son trabajadores de la empresa Agropecuaria Tzinte Sociedad Anónima. El gerente de esta empresa es Luis Fernando Arriaza Migoya.

Ramiro nuestro interlocutor en la comunidad, comentó que fueron momentos de mucho miedo, especialmente para las mujeres que temen por sus vidas, por la integridad física de sus hijos, y por sus viviendas. “los cuadrilleros traían armas de fuego, gasolina, machetes y motosierra.  Cuando se dieron cuenta que estaban siendo fotografiados se metieron a los matorrales“.

Al parecer, las redadas ejecutadas por las fuerzas de seguridad del Gobierno intentan justificar la extensión del estado de sitio, teniendo en cuenta que aprehendieron a una pareja que no se relacionaba con la madera incautada. Por el otro lado, también presuntos empresarios se aprovechan de la criminalización y del miedo generado por la fuerza pública para intentar realizar desalojos ilegales y dejando un mensaje de terror e incertidumbre a las familias de Buena Vista.

Detenciones arbitrarias en medio del estado de sitio, a favor de minera suizo rusa Solway Investment

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Foto: James Rodríguez 2007

Por Andina Ayala

30 de octubre 2019

El  4 de octubre miembros de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) aprehendieron al señor Ricardo Tec Quinich, en la entrada de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico) en El Estor. Tec Quinich había sido activista en la recuperación de tierras del Barrio Revolución en 2006. La orden de detención es de 2014, por usurpación agravada.

Estado de sitio favorece detenciones arbitrarias

El abuso de poder a través de las leyes es histórico y continuo. Durante cuatro siglos, las leyes no contemplaron a los pueblos indígenas, (originarios de esas tierras) capaces de poseer legalmente las tierras. Del siglo pasado puede retomarse la ley de la vagancia o del trabajo forzoso Promulgada en el año 1924  y vigente hasta 1946, estigmatizaba y legalizaba la explotación laboral en contra de los indígenas de la época. De este siglo pueden retomarse las varias declaraciones de estado sitio impuestas por distintos Gobiernos en diferentes departamentos. La más reciente, del 4 de septiembre de 2019, trajo a las comunidades q´eqchi´ de la región nororiental del país, miedo y el subyacente recuerdo de la guerra civil.

La detención de Ricardo Tec Quinich se inserta en el contexto de extensión del estado de sitio de septiembre de este año. El 4 de octubre de 2019 NotiChichipate[1] informó que “miembros del DEIC, aprehendieron a Quinich frente a una garita de CGN, por el cargo de usurpación agravada”. El señor, es miembro de la comunidad La Revolución y la detención se hizo mientras él y su esposa estaban haciendo mandados en el casco urbano de El Estor, Izabal.

Nuestra fuente local, quien por seguridad pidió que omitiéramos su nombre, platicó con doña Julia, esposa de Ricardo, ella le dijo que “son de escasos recursos, no tienen teléfono y no hablan castellano, su idioma materno es el q´eqchi´ y no sabían que tenía orden a su nombre”. Ricardo y su familia habitan las tierras del barrio La Revolución desde 2006, entre ese y el siguiente año, él fue activista por su comunidad trabajó para que La Revolución obtuviera la legalidad de la tierra.

Cuando se lo llevaron, Julia, se quedó preocupada sin saber a quién recurrir, por suerte una maestra de La Revolución la llevó a la subestación 61-41 de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Estor, Izabal, allí le explicaron que a Quinich se lo habían llevado a la penitenciaría de Puerto Barrios. Debido al estado de sitio, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos están cerradas.  

La orden de detención en contra de Quinich es de septiembre de 2014, en ella se puede leer: “alrededor de treinta personas aproximadamente, quienes ingresaron y usurparon, despojando de manera ilícita el área conocida como la cantera […] con un total de medidas de aproximadamente diez hectáreas ubicada a quinientos metros aproximadamente de la aldea Chichipate, El Estor Izabal, sobre la ruta principal que conduce hacia Cobán, Alta Verapaz, propiedad de la entidad Boca Nueva, Sociedad Anónima”. La orden señala a cuatro miembros más de la comunidad: Tomas Chub, Sebastián Ico, Francisco Pop y Federico Cucul.

Visitamos la localidad y hablamos con el comunitario Tomas Chub, uno de los señalados, durante la conversación nos relató: “la mayoría aquí siembra milpa, ¿acaso tenemos pisto? nosotros no somos delincuentes, serví a mi patria en el ejército durante 30 meses. Yo no soy delincuente. A la empresa (CGN) le gusta humillar a los pobres, apenas pasamos el día comiendo chile y sal. ¿Acaso somos los que pasamos jalando tierra en esos furgones?  Nosotros no tapamos calles, ni nada”, dijo con ímpetu.

En cuanto al delito de usurpación agravada, el código penal contempla en el artículo 257 que la detención debe efectuarse en flagrancia, es decir en la ubicación que describe la orden de detención. Al señor Ricardo no lo detuvieron como indica el código penal ya que el barrio La Revolución y la finca en mención se localizan a 25 minutos del casco urbano de El Estor, donde fue detenido el señor Ricardo. Pero bajo la sombra del estado de sitio este tipo de arbitrariedades pasaron a ser ignoradas por las autoridades que lo aprehendieron.

La comunidad supo entonces, a partir de la detención de Ricardo Quinich que no era el único señalado de usurpación agravada. Según agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la Comisaría 61 de Puerto Barrios, Tec Quinich, permaneció en la penitenciaria de Puerto Barrios durante cinco días y que fue liberado el 9 de octubre de 2019. A su regreso, algunos miembros de la comunidad empezaron a desconfiar, ya que los cuatro señalados restantes, culparon a Quinich de las ordenes de captura en su contra y temen ser enviados a prisión. Aunque en La Revolución hay poca presencia policial, ahora ellos son presos del propio estado de sitio, sienten que no pueden moverse con libertad debido a la cantidad de puestos de registro en Izabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso y Petén.

Foto: James Rodríguez 2007

¿Vale más la vida o la propiedad privada?

El Barrio la Revolución es una comunidad de la micro región VI de Chichipate. El municipio de El Estor, se divide en micro regiones, dentro de ellas se encuentran las fincas, comunidades, barrios y aldeas. En el territorio de Chichipate se identifica una mina de arena silícea y piedra dolomítica. Una licencia que está a nombre de la Compañía de Níquel S.A. (CGN-Pronico).

El terreno que ocupa la licencia Chichipate de CGN, pertenece a la entidad Boca Nueva Sociedad Anónima. Esta misma empresa solicitó a través de su representante legal, Edwin Estuardo Fajardo Pensamiento, la orden de detención en septiembre de 2014, por los delitos de de usurpación agravada en contra de Tomás Mo, Sebastian Ico, Francisco Ico, Federico Cucul y Ricardo Tec Quinich, quienes junto a su familia residían en esas tierras desde 2006.

A finales de 2006 los e inicios de 2007 los pobladores de la Revolución reestablecieron sus viviendas en el territorio de Chichipate, luego de que la Policia Nacional Civil efectuara un intento de desalojo. En esa ocación, el foto periodista James Rodríguez entrevistó a algunos comunitarios quienes afirmaron que “las tierras donde se encuentra dicha comunidad fueron cedidas ilegalmente a EXMIBAL en la década de 1960, (durante el gobierno de Miguel Ydigoras Fuentes ) desalojando a los habitantes originales. Por lo tanto, 200 familias necesitadas retomaron la tierra en Chichipate pacíficamente el 17 de Septiembre del 2006, y comenzaron a construir chozas para su vivienda al igual que cosechar alimentos para subsistir”.

Debe tomarse en cuenta que parte de los territorios norte del país han sido habitados generacionalmente por grupos q´eqchi´, de acuerdo con la antropóloga Liza Grandía la historia del pueblo q´eqchi´ del norte del país se desarrolló con base a patrones migratorios. La tierra era ocupaba de forma cíclica, de acuerdo con periodos de cosecha o caza, regresaban a habitarla y cultivarla una vez hubiera pasado el tiempo de su regeneración. Observamos entonces, cómo la legalidad de un Estado choca con la práctica cultural, con un sistema al  que no le interesa reconocerle sus derechos.

Lo que sucedió en particular con las familias de La Revolución, entre 2006 y 2007, fue que la mayoría logró establecer la legalidad de su tierra, excepto los cinco señalados en la orden de detención de 2014. Pero estos desconocían que sus viviendas y sus cosechas habían quedado desafortunadamente en terrenos que aparecieron a nombre de la finca Boca Nueva Sociedad Anónima.

La herencia del despojo

El intento de desalojo en La Revolución, que registró el periodista James Rodríguez, ocurrió un año despues de que la transnacional Skye Resources, quien en 2005 había adquirido los derechos mineros de EXMIBAL. En el año 2008 los accionistas de Skye Resources “aprobaron la fusión y toma el control accionario por HudBay Minerals, a cambio de una participación valorada en $396 millones. La fusión le permitiría a la minera HudBay Minerals tomar el control del proyecto Fénix, ubicado en El Estor, Izabal, Guatemala, que es considerada la quinta reserva mundial de níquel“. [2]

Más tarde HudBay Minerals le cedió a Solway Investment Group, de capital ruso-suizo, las concesiones mineras (Chichipate, Nabej, Niquegua Montufar II y Fénix). En su página de internet CGN describe que “es una subsidiaria de Solway Investment Group, firma que creó la empresa en diciembre de 2013, luego de que en septiembre de 2011 adquiriera los derechos de los proyectos mineros Fénix y Montufar II, en el Departamento de Izabal“. En 2011 Solway fue beneficiada con la exorbitante ampliación de 247.9 kilómetros cuadrados  para la licencia Fénix, que se expande hacia los municipios de El Estor Izabal, Senahú, Chanbón y Panzós de Alta Verapaz, de llevarse a cabo, implicaría el desalojo de miles de familias q´equi´. El Reglamento minero en su artículo 29 describe el área de explotación “la constituirá un polígonocerrado no mayor de veinte kilómetros cuadrados“, a Solway le otorgaron una licencia 12 veces mayor a lo reglamentado. La ampliación fue concedida durante el mandato de políticos que hoy siguen implicados en casos de corrupción, como Otto Pérez Molina (en prisión) y el empresario Erick Archila Dehesa ex ministro de energía y minas, quien autorizó la ampliación, y sigue prófugo de la justicia guatemalteca.

La denuncia por usurpación agravada fue interpuesta en 2014, cuando las licencias estaban en manos de Solway. Se observa que los inversionistas extranjeros heredan procesos de despojo y judicialización en contra de las comunidades q´eqchi´. El despojo va de la mano del abuso de las autoridades de gobierno, desde funcionarios de oficina hasta los de la fuerza pública.

El delito que cometieron las miles de familias del territorio q´eqchi´ es ser herederos ancestrales de un territorio de gran riqueza mineral y monocultivista, en donde las autoridades privilegian su comercialización, antes que su repartición equitativa y legal, entonces los habitantes de esos territorios quedan en manos de quienes manejan o pueden torcer la ley.

Denuncia de usurpación agravada a vecinos de barrio La Revolución interpuesta por Finca Boca Nueva S.A.
Denuncia de usurpación agravada a vecinos de barrio La Revolución interpuesta por Finca Boca Nueva S.A.
Denuncia de usurpación agravada a vecinos de barrio La Revolución interpuesta por Finca Boca Nueva S.A.
Denuncia de usurpación agravada a vecinos de barrio La Revolución interpuesta por Finca Boca Nueva S.A.
Denuncia de usurpación agravada a vecinos de barrio La Revolución interpuesta por Finca Boca Nueva S.A.



[1] https://www.facebook.com/303455713105608/posts/2496884177096073/?sfnsn=mo

[2] https://www.centralamericadata.com/es/tsearch?q=HudBay+Minerals+Inc

La mina rusa que impone las reglas del juego en El Estor

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Foto: David Toro

Por David Toro

4 de noviembre 2019

La situación de los pescadores en El Estor es precaria, llevan 45 días de prohibición pesquera y 60 días de estado de sitio, esto tiene atados de manos, especialmente a quienes se oponen a la minería en este municipio del caribe guatemalteco. El alcalde Rony Méndez se niega a reconocer a las asociaciones pesqueras que se han opuesto a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) de Solway Investment Group. Mientras existe una prohibición para pescar en el Lago de Izabal, paradójicamente el único programa para palear esta situación es auspiciado por la misma minera ruso-suiza que ha protagonizado una lucha férrea, en contra de los dirigentes de la gremial pesquera desde el 2017. Por su puesto este programa no aplica para la mayoría de ellos y ellas.

La pesca en el Lago de Izabal es una forma de sobrevivencia para muchos de los pobladores q’eqchi de El Estor, un municipio de Izabal, donde al menos unas 600 personas que se dedican a la pesca de especies pequeñas de agua dulce como mojarras, sábalos y bagre.

Foto: David Toro

Fue durante el gobierno de Carlos Arana Osorio, quien hizo una concesión de tierra a la empresa Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal S.A (Exmibal) para la explotación minera, el 8 de mayo de 1971. Arana les concedió 385 kilómetros cuadrados y así inició la explotación de níquel y otros minerales en El Estor. Cuarenta años después la empresa ruso-suiza Solway, adquirió los derechos mineros, en 2011, durante el gobierno del general Otto Pérez Molina, preso por corrupción y acusado de dirigir una estructura que se dedicaba a la defraudación aduanera. 

En la actualidad los pescadores están entre la espada y la pared. Se vieron obligados a decidir, entre oponerse a los efectos de la extracción minera y proteger al lago de Izabal o apoyar a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) de Solway. Por lo que su vida actual transcurre, entre el estado de sitio y la veda, por lo que no pueden organizarse, no pueden movilizarse para exigir sus derechos, no tienen dinero porque no pueden pescar y algunos están siendo condicionados a apoyar a la empresa a cambio de dinero, según denuncian varios de ellos de forma anónima, por miedo a represalias. Ocho de sus dirigentes han tenido orden de captura, de los cuales dos han estado presos por hacer auditoría social y exigir transparencia al Estado sobre esta compañía desde el año 2017.

En febrero del 2018 autoridades indígenas, vecinos y la Gremial de Pescadores pusieron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en donde denunciaron al Ministerio de Energía y Minas por violentar los principios constitucionales y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que respaldan los derechos de los pueblos indígenas.

El planteamiento es que se está extrayendo minerales sin realizar la consulta previa e informada, por lo que después de varias vueltas legales, el 17 de julio de este año la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en suspenso de manera provisional, la licencia de explotación del proyecto minero Fénix, ubicada en el municipio de El Estor en Izabal.

Frente a la resolución de la CC la empresa no solamente rechazaron la suspensión de sus operaciones bajo el argumento de los empleos que generan sino que adviertieron que, como producto del dictamen, habrá conflictos y violencia en el territorio. Buscando con ello enfrentar a las comunidades. Para las autoridades indígenas y comunidades afectadas, esto es supuso una amenaza directa.

En teoría las operaciones de la mina deberían haberse congelado, pero la mina sigue operando en medio de un estado de sitio, que desde el 4 de septiembre ha restringido derechos constitucionales de los habitantes de 22 municipios. Esta fue una petición desmedida del presidente Jimmy Morales, justificándose en el misterioso y no resuelto asesinato de tres soldados en la comunidad de Semuy II, ubicada al sur de El Estor.

Un ex trabajador de la mina que fue consultado, no niega que CGN siga trabajado y asegura que la justificación de la empresa es que la licencia de explotación es distinta a la de procesamiento. Sin embargo, a criterio de Rafael Maldonado, abogado de la gremial de pescadores, quien accionó el amparo contra la mina, la justificación de la empresa no tiene validez porque la licencia de procesamiento se llama Montúfar y está concedida en Los Amates, Izabal y no en El Estor. Los pobladores han denunciado que la planta de procesamiento trabaja cada noche y las góndolas salen cargadas de níquel rumbo al Puerto Santo Tomás de Castilla, además que se ha visto que las chimeneas de la planta procesadora siguen funcionando. 

Las calles de los barrios de El Estor lucen abandonadas, sin alumbrado, pavimento ni servicios básicos en las viviendas. Foto: David Toro

En los barrios de El Estor, donde habitan la mayoría de los pescadores las condiciones son precarias, las calles son de tierra, sin acceso a electricidad, agua potable, ni drenajes. Deben alimentar a sus familias de al menos 4 a 6 integrantes con los Q33.00 a Q40.00 ($4.50) que obtienen diariamente.

La mina se defiende de las críticas con el ya trillado discurso del desarrollo. En su sitio web, asegura que dan empleo a más de 1,900 personas, aunque el mismo alcalde municipal Rony Méndez, que ha mostrado su simpatía y apoyo a favor de la mina, aceptó en una entrevista el 24 de julio que solo 300 de los empleados son de El Estor.

Cuando el Lago de Izabal se tiñó de rojo en abril del 2017, los dirigentes de la gremial de pescadores encabezaron las manifestaciones contra la mina. En aquel entonces dos periodistas de Prensa Comunitaria documentaron la contaminación del agua, el 27 de mayo de ese año fue asesinato el pescador Carlos Maas durante una manifestación, cuando agentes de seguridad del Estado abrieron fuego contra un grupo de personas que manifestaban pacíficamente. Las autoridades negaron que haya habido un asesinato y no quisieron recoger el cadáver.

Las constantes protestas pusieron a los pescadores en la mira de la CGN de Solway. La empresa reaccionó, a través de sus abogados, entre ellos, Iván Roberto Camey, denunciando penalmente a 11 personas: un barbero, una persona que no es conocida por la gremial, siete pescadores y dos periodistas. Eduardo Bin es vicepresidente de la gremial de pescadores y presidente de la Asociación de pescadores artesanales Wacaxha “manatí“, que aglutina al menos a 250 pescadores, estuvo preso 11 meses 15 días y fue enviado a juicio acusado de los delitos: manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir, reuniones ilícitas y retenciones ilegales. Bin fue criminalizado por CGN, luego de estar en prisión desde el 29 de junio del 2018, en mayo de este año fue absuelto porque el ministerio público (MP), nunca pudo presentar pruebas en su contra. Otros tres pescadores entre ellos Cristóbal Pop presidente de la Gremial de pescadores quien estuvo preso 74 días, Tomás Che Cucul y Vicente Rax Pop siguen acusados junto al periodista Carlos Choc, aunque su caso está cerrado provisionalmente, el Ministerio Público seguirá investigándolos por acusaciones falsas de la empresa.

La prohibición pesquera, una nueva estrategia contra aquellos que se oponen a la mina

Del 15 de septiembre al 31 de octubre de este año, tuvo vigencia la veda pesquera decretada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) por medio del acuerdo ministerial número 57-2019. Se trata de una prohibición de pesca que las autoridades establecen anualmente con el objetivo de garantizar la reproducción de las especies que habitan el Lago de Izabal. A pesar de esto, este año la prohibición ha sido un problema severo para los pescadores que se oponen a la actividad minera.

El pescador Tomás Che durante una entrevista explicando cómo fueron excluidos del único programa alterno durante la veda pesquera. Foto: David Toro

Tomás Che y Eduardo Bin, dos pescadores experimentados, que han sido criminalizados por la CGN, entienden la importancia de la prohibición para garantizar que los peces se reproduzcan. Durante una entrevista en El Estor, ambos denuncian que solo existe un programa para sobrevivir durante el tiempo de veda patrocinado por la misma compañía de níquel y que este año no ha existido un subsidio estatal. Hasta el 2017 recibían 25 libras de maíz de parte del MAGA, para los 45 días sin trabajo, pero en agosto de 2018 en una reunión en Ranchón del Tino las autoridades dijeron a los pescadores que no tenían fondos para apoyarlos durante la veda, según asegura Tomás Che.

Eduardo Bin, pescador artesanal criminalizado por CGN. Foto: David Toro

Además, señalan que durante sus años como pescadores y según lo que cuentan los ancianos de su comunidad la veda siempre fue entre junio y agosto, no en septiembre, “en esta época no se reproducen los peces”, denunciaron.

Él único programa, que existe para paliar esta falta de empleo, está patrocinado por la CGN de Solway, consiste en la limpieza de las orillas del lago. A los pescadores que se han acogido a este programa de la empresa, se les paga Q100 diarios por este trabajo. Los pescadores que no están de acuerdo y se oponen a la mina son descartados. Según el ex trabajador de CGN a quien se ha consultado, solo entre 50 a 60 pescadores son los beneficiados, todos son parte de la asociación pesquera Bocas del Polochic, cuyo presidente es, Emilio Quinich, quien ha laborado como técnico en la mina, según un documento al que Prensa Comunitaria tuvo acceso.

El alcalde de El Estor, Rony Méndez, aceptó que el único programa durante la veda que existe, es el de limpieza del lago, patrocinado por CGN, “la municipalidad se encarga de brindar los camiones y el equipo de limpieza, antes les dábamos comida por limpiar, desde el año pasado gracias a la mina ya se les da pisto”, dijo Méndez durante una entrevista telefónica. Al ser cuestionado sobre por qué solo 50 pescadores están siendo beneficiados cuando la gremial de pescadores aglutina a 600 personas, respondió: “no vamos a coincidir usted y yo, en El Estor no existe una gremial, la municipalidad solo reconoce a dos asociaciones de pesca, Bocas del Polochic y el Comité Aj Kar, las demás no son reconocidas porque son lideradas por personas que no son pescadores”. El alcalde desconoce a dos asociaciones, la Asociación de Pescadores Artesanales con enfoque ambiental, social Wacaxha y la Asociación Güaritas (Asogua).

Además, Rony Méndez aceptó que la fecha de la veda fue cambiada desde el año pasado a petición de los pescadores (Bocas del Polochic, ligada a CGN), “los mismos pescadores nos pidieron el año pasado que la veda se cambiara de fecha y nosotros aceptamos”, declaró Méndez. Sobre el tema, la bióloga y consultora, Maria Fernanda Asturias, explicó que para fijar la fecha de una veda pesquera se debe rendir un informe técnico que justifique que en ese tiempo los peces se reproducen.

La Dirección de Pesca (Dipesca), aseguró que, sí existe un informe técnico que respalda que es viable una veda durante estos 45 días, sin embargo, antes de esta publicación, aún no ha sido entregado el informe y tampoco fue posible una entrevista con el director de Dipesca, el ingeniero Carlos Marín, pues según la entidad, no está en el país.

Doña María Caal, pescando mojarras a la orilla del lago para llevar la cena a su familia. Foto: David Toro

Mientras tanto en El Estor, muchos pescadores salían a pescar por las noches o madrugadas, para poder sobrevivir, ya que no fueron tomados en cuenta para el único programa que brinda un ingreso económico durante la veda, además pescar durante la prohibición y en pleno estado de sitio es un riesgo, porque el MAGA a través de la policía les puede imponer una multa de Q7,000.00, que les implica perder su equipo pesquero o incluso ser arrestados.

El pescador Eduardo Bin, cree que la veda ahora es una nueva estrategia para castigar a los que se oponen a la minería, “el alcalde y el Estado saben que los pescadores siempre hemos denunciado la contaminación”, dice Bin durante una entrevista a la orilla del Lago de Izabal el 17 de octubre de 2019.

El estado de sitio que fue decretado bajo el supuesto de dar con los culpables de la muerte de tres soldados, ha servido según los pescadores criminalizados para que la CGN de Solway, siga trabajando ignorando que la CC les ordenó detenerse.  Además, el estado de sitio mantiene a los pescadores sin poder denunciar que la veda pesquera a sido politizada, pues la mina que los ha criminalizado está financiando el único programa alterno a la pesca bajo el respaldo del alcalde saliente Rony Méndez.

A tres días de haber terminado el tiempo de veda, los pescadores ya salen a pescar, pero siguen sin poder reunirse y organizarse. El vicepresidente Jafeth Cabrera el 30 de octubre después de finalizada una reunión del Gabinete Específico de Desarrollo Social, dijo que no ampliarán el estado de sitio pero que “a futuro habrá una vigilancia constante para no recaer nuevamente en el problema”.[1]


[1] https://www.agn.com.gt/gobierno-de-guatemala-no-ampliara-de-estado-de-sitio-en-22-municipios-del-pais/

Juez Aníbal Arteaga lo hace de nuevo resuelve a favor de CGN

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Foto: Rony Morales

Por Nelton Rivera

4 de noviembre 2019

Edgar Aníbal Arteaga López, del Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, fuertemente cuestionado por su parcialidad con la empresa minera, sigue resolviendo en contra del periodista Carlos Choc y en contra de los pescadores de la Gremial de El Estor. El juzgador resolvió la clausura provisional, pero a criterio de los abogados de la defensa, en esta audiencia el juez debió clausurar de forma definitiva -cerrar completamente el caso- porque el Ministerio Público (MP) no pudo comprobar la participación del periodista y de los pescadores en los delitos que la compañía minera afirma cometieron en el 2017.

El juez de nuevo se negó a clausurar de forma definitiva

Los abogados de la defensa del periodista y de los pescadores pidieron el sobreseimiento del proceso penal – el cierre definitivo de la acusación-, porque el MP no logró acreditar ninguna prueba sobre la participación de los cuatro implicados en los hechos denunciados por la minera –por la supuesta retención de la maquinaria y transportes de la compañía el 3 de abril y el día 4 por la retención de 4 trabajadores rusos de Solway en 2017.

Foto: Rony Morales

Durante esta audiencia la fiscalKarla Yessenia Crooks Cruz, de la fiscalía del MP de Morales, Izabal, volvió a pedir dos meses para que la fiscalía termine de incorporar una serie de declaraciones de un grupo de mujeres extranjeras, de ciudadanía rusa y ucraniana –esposas de los operadores de la mina-. El juez Arteaga López accedió a la petición y ordenó dos meses más de investigación a pesar de que estos hechos no forman parte de la acusación penal. 

El MP deberá presentar el acto conclusivo el 30 de diciembre de 2019, el juez fijó una nueva fecha para la audiencia de etapa intermedia –ahora programada para el 16 de enero de 2020-negándose la petición de la defensa de cerrar totalmente este proceso penal.

Foto: Rony Morales

El abogado Rafael Maldonado, abogado de Cristóbal Pop, recusó al juez Arteaga, considerando que con esta resolución el juez no fue parcial, emitió una opinión personal sobre el caso y con esta resolución se está beneficiando de nuevo a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). 

A la recusación planteada por el abogado Maldonado, se adhirió el abogado Héctor Reyes Chiquín, defensor del periodista Carlos Ernesto Choc, también los abogados Santiago Choc Cu y Hugo Archila defensores de Vicente Rax Pop y Tomás Ché Cucul de la Gremial de Pescadores.

El juez Aníbal Arteaga rechazó los dos incidentes de recusación que presentaron los abogados de la defensa y finalizó con la audiencia. Los abogados presentarán una apelación de la resolución del juez, a partir de este punto, será la Sala de Apelaciones de Izabal la que resuelva si el juez debe apartarse del caso o no.

La audiencia del jueves 31 de octubre

En el juzgado de Puerto Barrios se realizó la audiencia de etapa intermedia para el periodista Carlos Ernesto Choc, acusado penalmente en 2017 por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), por el delito de detenciones ilegales junto a Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales, Eduardo Bin vicepresidente, Vicente Rax y Tomás Che pescadores de El Estor.

La audiencia comenzó a las 10 de la mañana del pasado jueves 31 de octubre. El juez nuevamente negó el ingreso a la prensa, simplemente ordenó que cerraran las puertas de la sala de audiencias bajo llave.

En lo que corre del año, el juez Arteaga López ha suspedido tres veces la audiencia con la excusa de la enfermedad de la abogada Cristina Alejandrina Soto Enríquez, representante legal de CGN quién un día antes de cada audiencia, para justificar su ausencia, presentó una excusa médica. 

Foto: Rony MOrales

Fueron acusados por denunciar la contaminación del lago

Desde el mes de agosto de 2017, 11 personas maya q’eqchi, en su mayoría de El Estor, Izabal, fueron acusadas penalmente por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), por denunciar la contaminación del lago de Izabal por la actividad minera de la compañía. De todos los acusados uno de ellos es barbero, otro es un vecino de Alta Verapaz que nadie conoce, dos son corresponsales de Prensa Comunitaria, dos más son directivos de la Gremial de Pescadores Artesanales –presidente y vicepresidente- y el resto son pescadores de esta organización.

Dos años con dos meses han pasado sin que se resuelva la situación legal del periodista Carlos Ernesto Choc Chub, quién tuvo que desplazarse de manera forzada de El Estor por la orden de detención emitida por el juez Arteaga López que duró un año y siete meses.

En el caso de Cristobal Pop y Eduardo Bin Pou, presidente y vicepresidente de la gremial respectivamente, fueron detenidos y encarcelados por varios meses en la penitenciaria de Puerto Barrios. Vicente Rax y Tomás Ché pescadores artesanales, también fueron afectados por la orden de detención hasta que en 2019, el juez Arteaga permitió que se realizara la audiencia de primera declaración.

CGN junto a la Compañía Procesadora de Níquel Pronico, subsidiarias de la empresa ruso-suiza Solway están operando desde 2011 las licencias mineras Fénix y Niquegua Montufar II. Aunque CGN aún posee las licencias activas  de Chichipate y Nabej ubicadas en El Estor.   El juez otorgó el cierre definitivo de la acusación penal a favor de tres pescadores, quienes quedaron fuera del caso en 2018, lo mismo ocurrió con Juan Eduardo Suram –barbero- y con el periodista Jerson Antonio Xitumul Morales, ambos estuvieron presos en la penitenciaria de Puerto Barrios.

Cristóbal Pop presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales:

#GreenBlood Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales solicitó en 2017, una investigación por la contaminación del lago de Izabal, además de la revisión del estudio de impacto ambiental de la licencia Fénix, por las operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel #CGN en Izabal.Hoy sigue siendo criminalizado por la empresa y continuará enfrentando un proceso penal acusado sin pruebas.

Posted by Prensa Comunitaria on Thursday, October 31, 2019

Abogado Aníbal Maquín

Continúa la criminalización a periodista y pescadores q´eqchi´de El Estor en el juzgado de Puerto Barrios: Aníbal Maquín abogado de Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, se encuentra presente en la audiencia de etapa intermedia.#GreenBlood #LibertadDeExpresion

Posted by Prensa Comunitaria on Thursday, October 31, 2019

#Alerta Trabajadores de Compañía de níquel intimidan y censuran a la periodista Rolanda García de Telesur en El Estor, Izabal

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Rolanda García. Foto: Nelton Rivera

Por Redacción Prensa Comunitaria

21 de noviembre 2019

Este 21 de noviembre del 2019, a eso de las 11:30 de la mañana, en la comunidad del Barrio Nuevo, El Estor Izabal, la periodista Rolanda de Jesús García corresponsal de TeleSUR, fue intimidada por al menos 20 hombres armados con machetes, quienes exigían que apagara su cámara y que se fuera de ahí porque según ellos, es propiedad privada. Ella se disponía a realizar un reportaje periodístico en el lugar.

García nos explicó que cuando llegó al lugar donde se encontraba trabajando, el personal de la CGN parecía que ya la estaba esperando, ya que había una gran cantidad de guardias de seguridad y personal de trabajo, “No me dejaron grabar, ni siquiera sacar el trípode y la cámara de video”.

Se le obstaculizó la posibilidad de realizar su trabajo, en contra su voluntad. Varios trabajadores de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) se encuentran con trabajos de excavación en el bosque donde nace el agua que abastece a todo el municipio.

Un miembro del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de la comunidad, quien le acompañaba dio a conocer que,  junto a sus compañeros decidieron decirle a la periodista que se retirara en una motocicleta de la comunidad y que ahí la resguardarían mientras ellos se quedarían mediando la situación que se estaba poniendo tensa.

Rolanda García siente temor “me encuentro resguardada junto a mi hija y la muchacha que me apoya a cuidarla” tuvo que dejar todo su equipo de trabajo en otro lugar.

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