Fotografía Nelton Rivera. Prensa Comunitaria Km. 169
Autoridades indígenas y organizaciones nacionales e internacionales denuncian los ataques y la difamación de la empresa minera suiza Solway Investment Group en Guatemala; instan a la Corte de Constitucionalidad a seguir el precedente y cerrar la mina.
La misma semana que Global Witness nombra al país centroamericano como el más mortífero del mundo para los activistas ambientales, aumentan las amenazas contra los defensores Maya Q’eqchi que se oponen a la minería ilegal en su territorio.
El 29 de julio, Global Witness publicó un informe que encontró a Guatemala entre los países más peligrosos del mundo para los activistas de la tierra y el medio ambiente. Dos días después, 15 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y las Autoridades Indígenas Mayas, Xinka y Garífunas de Guatemala publicaron una carta abierta denunciando un preocupante patrón de violencia cerca del proyecto de níquel Fénix en Guatemala. La mina es operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), actualmente una subsidiaria de Solway Investment Group de Suiza.
En febrero de 2018, más de 60 pescadores artesanales y autoridades indigenas Maya Q’eqchi de El Estor, Izabal y Panzos, Cahabon, y Senahu de Alta Verapaz presentaron un amparo alegando que los derechos de las comunidades indígenas no habían sido respetados en virtud del derecho nacional e internacional cuando el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (MEM) otorgó la licencia de explotación minera en 2006 a CGN, que en ese momento era propiedad de la empresa minera canadiense Skye Resources. En febrero de 2019, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el MEM había concedido ilegalmente la licencia y ordenado al estado que consultara con las comunidades afectadas.
“Desde que la licencia minera fue otorgada ilegalmente en 2006, el Proyecto Fénix ha estado plagado de acusaciones de violencia, incluyendo desalojos violentos, asesinatos y violaciones en grupo“, dice Barbara Klitzke de , señalando que la violencia relacionada con la minería también tiene impactos específicos de género, ya que afecta a las mujeres indígenas Q’eqchi de una manera particular. “Cuando los líderes de la comunidad y los periodistas denuncian esta represión y el daño ambiental causado por las actividades de la mina, son perseguidos con acciones judiciales maliciosas para silenciar a la oposición al proyecto minero”. Actualmente hay una causa penal abierta contra cuatro pescadores y un periodista, todos ellos Maya Q’eqchi, acusados por CGN/Solway tras las protestas pacíficas de 2017.
El 18 de julio, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó la suspensión provisional del Proyecto Fénix hasta que se emita un fallo definitivo sobre el amparo. Los peticionarios Maya Q’eqchi han pedido que se suspendan las operaciones de la mina hasta que se complete la consulta.
En un caso similar, en septiembre de 2018, la Corte de Constitucionalidad ordenó la suspensión de las licencias Escobal y Juan Bosco, operadas por Minera San Rafael, entonces propiedad de la minera canadiense/estadunidense Tahoe Resources, hasta que se consulte a las comunidades indígenas Xinka afectadas por las operaciones mineras.
“La Corte de Constitucionalidad ya se ha pronunciado sobre este asunto”, dice Lisa Rankin, coordinadora en Guatemala de la Red Rompiendo el Silencio Maritimo-Guatemalteca de Canadá, que ha estado acompañando ambos casos durante años. “No pueden dar un paso atrás ahora. El Proyecto Fénix debe ser suspendido a menos que haya una consulta significativa y se obtenga el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades mayas Q’eqchi afectadas”.
El 30 de julio, Pan American Silver, que adquirió Tahoe Resources en febrero de 2019, emitió una disculpa pública a los manifestantes pacíficos que fueron baleados fuera de la entrada de la mina después de que el MEM les concediera ilegalmente la licencia a MSR/Tahoe en abril de 2013. Antes del tiroteo, se habían hecho acusaciones falsas, campañas de difamación y enjuiciamientos maliciosos a las comunidades Xinka que se oponían a la minería en su territorio. Días después del ataque armado en contra de los manifestantes pacificos, el Estado guatemalteco implementó un Estado de Sitio en cuatro municipios afectados por las operaciones mineras, utilizando falsas acusaciones de narcotráfico para justificar la severa acción; esta acción suspendió el derecho de la comunidad a protestar contra el proyecto minero e instaló un sentimiento permanente de temor debido a las detenciones arbitrarias y a la creciente militarización que se produjo y cuyos efectos duraron después del asedio.
“Es hora de que Guatemala haga cambios estructurales profundos en la forma en que se otorgan las licencias de exploración y explotación para proyectos extractivistas”, dijo Jackie McVicar de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala con sede en Washington. “La violencia contra las comunidades indígenas que defienden legítimamente sus derechos debe cesar. Guatemala debe dar prioridad a los derechos de sus ciudadanos sobre los intereses mineros extranjeros”.
Contactos:
Jackie McVicar, Comisión de Derechos Humanos de Guatemala con sede en Washington
Lucía Caal, Carmelina Caal, Rosa Elvira, Elvira Choc, Irma Yolanda, Angelica Choc, Margarita Caal, Elena Choc, Olivia Asig, Irma Yolanda. Faltan: Amalia Cac y Luisa Caal. Foto: desinformemonos.org
Por
Grahame Russell
03
de agosto 2019
Cada cierto tiempo,
la lucha de una comunidad en defensa del medio ambiente, del territorio y de
los derechos humanos logra romper con las barreras complejas y fortificadas de
la criminalidad, impunidad, corrupción y el engaño de las corporaciones
multi-nacionales y los gobiernos que las apoyan.
Las demandas en contra de Hudbay Minerals/CGN (Compañía Guatemalteca de Níquel)
interpuestas en Canadá en 2010, y el juicio penal paralelo en contra de Mynor
Padilla que se lleva en Guatemala desde 2015, son un ejemplo de este tipo de
lucha.
Y aun si han pasado muchos años desde la comisión de estos crímenes vinculados
a la Hudbay Minerals y CGN, ambos luchas siguen avanzando.
Lo que está en cuestión en estas luchas – represión causada por la minería (un
asesinato, un atentado con disparos que causó parálisis, violaciones sexuales);
desalojos forzosos con amplia destrucción; corrupción y colusión con gobiernos,
fuerzas de seguridad privadas, policías y fuerzas armadas – son parecidos a
tantos otros casos de criminalidad, impunidad, corrupción y engaño corporativos
que se vienen produciendo en Guatemala y a través del mundo.
Por varios razones generales y particulares – desde el valor, la dignidad y la
fortaleza de las víctimas-querellantes Maya-Q’eqchi’, hasta la astucia, pasión
y compromiso de los abogados en Canadá y Guatemala –, estos juicios en Canadá y
Guatemala han superado, hasta ahora, todos los obstáculos legales, políticos y
tácticos, y se están llevando adelante.
Aunque podría demorar años más, un eventual juicio en Canadá y un eventual
nuevo juicio en Guatemala – si es que se llega a eso – estas demandas ya están
cambiando la realidad legal y política de la impunidad e inmunidad corporativas
de asumir responsabilidades legales.
Los procesos judiciales en Canada y Guatemala
Trece querellantes Q’eqchi’ están demandando a Hudbay Minerales y la CGN por
represión vinculada a la minería. Representados por los abogados Murray
Klippenstein y Cory Wanless, las tres demandas interrelacionadas fueron
interpuestas por:
Angélica Choc, viuda de Adolfo Ich, con cinco
hijos, un dirigente comunal y profesor que en un ataque dirigido el 27 de
setiembre de 2009 fue asesinado a machetazos y disparos realizados por
personal de seguridad de Hudbay;
German Chub, un joven padre, que fue víctima
de un ataque con disparos por parte de personal de seguridad de Hudbay que
lo dejó paralizado, el mismo día en que mataron a Adolfo Ich;
Margarita Caal, Rosa Elbira Ich Coc y otras
nueve mujeres de la aldea de Lote Ocho, quienes fueron violadas por las
fuerzas de seguridad de Hudbay Minerals (en ese entonces Skye Resources) y
CGN, y por miembros de la policía y de las fuerzas armadas en enero de
2007, durante un desalojo ilegal y violento y la destrucción de su pueblo.
German Chub Dos de estas víctimas (Angélica Choc y German Chub) son partes en el juicio penal que se lleva en Guatemala en contra de Mynor Padilla, el ex jefe de seguridad de Hudbay/CGN.
Dada la historia de
impunidad que las empresas mineras canadienses han gozado en Canadá, y dada la
impunidad, corrupción y represión endémicas en Guatemala (que las empresas
multi-nacionales conocen y del que se benefician), la pregunta sigue siendo,
¿será posible alcanzar la justicia en Canadá y/o Guatemala por la represión
vinculada a la minería de Hudbay Minerals/CGN?
******* La minería Canadiense en el territorio Q’eqchi’ desde los años 1960
Desde los años 1960, y sobre todo a partir de los años 1970, la población
Q’eqchi’ de El Estor, en el oriente de Guatemala, ha sufrido actos reiterados
de represión vinculados a una serie de empresas de extracción de níquel de
propiedad canadiense: INCO (Compañía Minera Internacional), 1964-2004; Skye
Resources, 2004-2008; y Hudbay Minerals, 2008-2011.
Dicha represión
recurrente incluye: desalojos ilegales y violentos y destrucción de
comunidades; atentados con disparos y ataques que causan discapacidad;
asesinatos selectivos de dirigentes comunitarios; violaciones sexuales;
criminalización de los defensores comunitarios, etc.
Aclaraciones sobre las empresas: EXMIBAL era la subsidiaria de INCO. Cuando
INCO vendió sus intereses a Skye Resources, cambiaron el nombre de EXMIBAL a
CGN. La CGN era propiedad de Skye Resources (2004-2008) y luego de Hudbay
Minerals (2008-2011). Skye Resources fue incorporado por ex funcionarios
de la empresa INCO, y la empresa INCO transfirió su empresa subsidiaria EXMIBAL
y la concesión minera que INCO había recibido del gobierno militar de turno
durante la década de 1960.
En 2008, Hudbay Minerales compró Skye, incluso todos sus activos (CGN) y sus
pasivos.
En 2011, Hudbay vendió la CGN al Solway Investment Group (de la Suiza), pero
sigue siendo responsable por los procesos judiciales en Canada.
Ni en Canada, ni en Guatemala, se hizo justicia por las violaciones y represión
cometidos por INCO/EXMIBAL, juntos con el ejército Guatemalteco, en los años 70
y entrando en los años 80. Varios de esos casos de represión minera son
documentados en el informe final (1999) de la “comisión de la verdad” de las
Naciones Unidas – la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
*******
Las demandas en Canadá son las primeras en la historia judicial canadiense.
Es la primera vez que un tribunal ha dictaminado que se juzgue a una
empresa canadiense ante un tribunal canadiense por los daños y violaciones
cometidos en otros países.
Aunque el juicio penal llevado adelante en Guatemala no sienta precedentes
legales de la misma manera que el de Canadá, es aún más riesgoso y valeroso en
lo político. Mynor Padilla, el ex-jefe de seguridad de Hudbay, es un ex
teniente coronel de las fuerzas armadas. Participó como miembro del
régimen militar respaldado por los EE.UU. desde el año 1981, durante algunos de
los peores años de desapariciones forzosas, tortura y violaciones, asesinatos,
masacres y genocidio auspiciados por las fuerzas del estado.
No es poca cosa cuando personas sin recursos económicos de origen Maya hacen
frente a y se enfrentan a un oficial de las fuerzas armadas en un tribunal, que
además es un oficial que está siendo representado por un equipo de conocidos
abogados guatemaltecos quienes, con toda probabilidad, están siendo pagados por
Hudbay desde Canadá. ******* Demandas contra Hudbay/CGN en Canadá: Cronología y temas relacionados *******
A continuación, presento un resumen detallado de varios aspectos claves de las
demandas en Canadá y el juicio penal en Guatemala. Hay que recordar que
estos procesos judiciales son independientes. Ninguno de los dos procesos
tiene un impacto directo en el otro en el terreno estrictamente legal, aunque
los dos abarcan muchos de los mismos hechos en relación al asesinato en contra
de Adolfo Ich y el ataque con disparos que dejó paralizado a German Chub.
Demandas interpuestas – 2010
Presentaron estas demandas en Toronto en el año 2010. Es de importancia
legal que se incluye la empresa guatemalteca CGN en el juicio en Canadá, no
solo por ser la ex empresa subsidiaria de Hudbay Minerals (y Skye Resources),
sino también, en el caso de Angélica Choc, al considerársele un co-inculpado.
Fallo que dejó precedentes – Julio 2013
Luego de tres años de una batalla legal contra los intentos de Hudbay Minerals
de desestimar las 3 demandas antes de llegar a juicio, en Julio 2013 un
tribunal de Ontario determinó que estas demandas deberían verse en un juicio en
Canadá. Dicho fallo constituyó un salto para adelante en el terreno
legal, una victoria largamente esperada para los derechos humanos y el inicio
de los esfuerzos de hacer que las corporaciones multi-nacionales asuman su
responsabilidad.
Desde que se abrió el camino con estas demandas, se han presentado otras
demandas similares en Canadá en contra de empresas canadienses que cometieron
violaciones de derechos humanos en el extranjero:
Caso de Nevsun Resources, en relación al
trabajo forzoso y esclavitud en una mina en Eritrea;
Caso de Tahoe Resources (ahora Pan American
Silver), en relación a atentados con disparos realizados por personal de
seguridad de la minera en Guatemala, que dejaron con discapacidad a las
víctimas;
Caso Loblaws/Joe Fresh en relación al colapso
de la fábrica de confecciones de Rana Plaza en Bangladesh, que provocó la
muerte de más de 1.000 personas.
Revelación de información Desde 2013, la ley requiere que las dos partes divulguen toda documentación e información relacionada a las demandas. Dada la práctica de Hudbay Minerals de demorar y obstruir las cosas, los abogados Klippenstein y Wanless tuvieron que ir ante un tribunal en 2015 para obtener una orden judicial exigiendo que Hudbay Minerals haga lo que está en la obligación de hacer – divulgar documentos internos y comunicaciones de la empresa que normalmente son confidenciales.
A partir de 2016 y 2017, Hudbay Minerals les entregó unos 19 mil documentos internos y otras informaciones de Hudbay Minerals/ Skye Resources/ CGN. Durante meses, los abogados revisaron cada página de esos documentos internos.
(Es posible que Wanless y Klippenstein tendrán que obtener una orden judicial del tribunal si descubren que Hudbay no ha entregado todos los documentos e información a los que tienen derecho los querellantes, o si los ejecutivos de Hudbay Minerals se nieguen a responder preguntas válidas en el transcurso de la interpelación.)
Declaraciones/ Interpelaciones A medida que el proceso de revelación de información viene llegando a su fin, el proceso entro en la fase de las declaraciones juradas. En Noviembre 2017 y Julio 2018, los trece querellantes viajaron a Toronto para responder – una por una – a las interrogaciones de los abogados de Hudbay. De igual manera, Klippenstein y Wanless interpelaron a varios ejecutivos de Hudbay Minerals/ Skye Resources/ CGN.
Aquí, vínculos a unos foto-essais (http://rightsaction.org/hudbay-minerals-lawsuits-media/) que prepare en base a los viajes a Toronto que realizaron las once mujeres de Lote 8 (Noviembre 2017) y German Chub y Angelica Choc (Julio 2018) a Toronto.
Próxima audiencia – Septiembre 17, 2019 El próximo paso en los casos en Canadá es una audiencia ante un tribunal en Toronto, el 17 de septiembre de 2019, para resolver una diferencia entre las posiciones de ambos partes. De repente, después de nueve años de litigación, Hudbay Minerals argumenta ahora – en referencia a las violaciones de las mujeres de Lote Ocho en 2007 – que Hudbay Minerals es responsable legalmente solamente por las acciones de sus agentes de seguridad, y no por las acciones de la policía y soldados.
La posición de los abogados de los demandantes es que Hudbay Minerals es responsable por las acciones de todos los agentes que participaron en los desalojos, incluyendo a las violaciones.
En preparación para esta audiencia, abogados Klippenstein y Wanless entregaron al expediente judicial varios de los documentos internos/confidenciales de Hudbay Minerals/ Skye Resources /CGN, que Hudbay había entregado como parte de la revelación de informaciones.
“Ropa socia” – Revelaciones desalentadoras Estos documentos corporativos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario revelan y ratifican verdades muy desalentadoras.
Pagos ilegítimos de cientos de miles de dólares Ahora se ha confirmado que Skye Resources /CGN habían realizado pagos ilegítimos de cientos de miles de dólares a personas para que sirvan de enlace entre la compañía y la policía y militares de Guatemala, quienes a su vez habrían entregado estos fondos a las fuerzas armadas y la policía por planificar y llevar a cabo los desalojos forzosos violentos (e incluso ilegales) de las poblaciones Q’eqchi’ en el año 2007, incluyendo los desalojos de fechas 9 y 17 de Enero en la comunidad Lote Ocho. Se realizaron dichos pagos sin que exista contrato de por medio, acuerdo escrito, ni recibo alguno.
Sobrevuelos para aterrorizar Ahora se ha confirmado que funcionarios de Skye Resources /CGN aprobaron la decisión de realizar sobrevuelos a baja altura sobre la comunidad de Lote Ocho, en helicópteros de la empresa, con la intención de aterrorizar e intimidar a los miembros de la comunidad, en vísperas de los dos desalojos forzosos violentos (e incluso ilegales) de Enero de 2007. Decidieron hacerlo porque habían conocido por personas allegadas a ellos que durante los años 1980, el régimen guatemalteco respaldado por EE.UU. había amenazado, atacado y aterrorizado a las comunidades mayas utilizando helicópteros durante los peores años de masacres y genocidio en Guatemala.
Asimismo, ahora sabemos que los funcionarios corporativos decidieron utilizar esta táctica con las personas de Lote Ocho procurando aterrorizarlos para que salgan huyendo de sus tierras.
“No negociar” tenencia de la tierra Ahora se ha confirmado que en vísperas de y durante los desalojos de Enero de 2007 – que incluye los desalojos de la comunidad Lote Ocho que resultaron en la violación sexual en grupo de 11 mujeres de dicha comunidad – Skye Resources /CGN había sostenido una postura de “no negociar” con los habitantes Q’eqchi’ originarios de dichas tierras. Sabemos que la compañía adoptó medidas para obstaculizar o bloquear cualquier proceso legal en respaldo a las demandas de la comunidad Q’eqchi’ de ser los dueños legítimos de las tierras en cuestión.
Asimismo sabemos que Skye Resources /CGN tomó medidas para impedir o bloquear cualquier esfuerzo que realizaban las agencias gubernamentales, la iglesia católica y/o organizaciones no gubernamentales para negociar una solución pacífica al problema de fondo: la disputa sobre las tierras entre los habitantes Q’eqchi’ y la empresa minera.
Segunda
posible audiencia
Después de que termine esta audiencia de Septiembre 2019, es posible que
nuestros abogados tendrán que volver a un tribunal para obtener una orden
judicial obligando a Hudbay Minerals a divulgar ciertos documentos internos que
faltan. Si se procede con esta segunda audiencia, nuestros abogados
entregaran al expediente judicial otro paquete de documentos internos de
Hudbay/Skye/CGN… a saber que nueva “ropa sucia” será divulgada?
¿Fecha para el juicio?
Luego de acabar con las fases de divulgación e interpelación, y estas
audiencias, los 13 querellantes y sus abogados tendrán que prepararse para el
juicio que se llevará a cabo delante un jurado, y que será prolongado, algo de
dos o más años. ******* Juicio penal contra Mynor Padilla en Guatemala: Cronología y temas relacionados *******
Recuerden: El juicio penal en Guatemala es por el asesinato de Adolfo Ich
y el atentado con disparos en contra de German Chub, pero no contempla la
violación en grupo sufrido por las mujeres del Lote Ocho
Aclaración legal: Abogados de CICIG y Angelica Choc (como querellante
adhesiva) están directamente involucrados en la prosecución, a la par de
fiscales del Ministerio Publico.
Absolución legal y criminalización de los victimas!
El 6 de abril de 2017, Mynor Padilla fue absuelto de los cargos de asesinato y
asalto agravado vinculados a la minería. La jueza ordenó la liberación
inmediata de Padilla y, en nombre del sistema judicial, se disculpó con él por
su detención.
Luego, para el colmo, como parte de la sentencia la jueza ordenó la apertura de
una investigación criminal por los cargos de obstrucción de la justicia,
perjurio y coerción de testigos en contra de: Angelica Choc (viuda de Adolfo
Ich) y sus hijos y hermana (testigos del asesinato de Adolfo); otras víctimas
de la violencia de las fuerzas de seguridad de Hudbay/CGN; contra los peritos
invitados; y en contra de los fiscales del MP.
Sí, lo ha leído bien. Después de liberar al asesino, la jueza buscó
convertir en inculpados a las víctimas de la represión minera de Hudbay/CGN.
Pero no hay que preocuparse todavía: se anuló el fallo atroz de la jueza en
setiembre de 2017 (vea a más abajo).
Represión mortífera – 27 de Septiembre de 2009
Ese día, las fuerzas de seguridad de Hudbay Minerals/CGN, bajo el mando de
Padilla, entraron de manera ilegal a la comunidad de La Unión en la
municipalidad de El Estor. Realizaron disparos que pasaron encima de las
cabezas de miembros de la comunidad. En un momento, Padilla miró por un
costado y vio a German Chub de pie, y le disparó con su pistola.
German había estado mirando el habitual partido de fútbol dominical en el campo
deportivo de La Unión. La bala le dejó a German paralizado de la cintura
para abajo y también perdió el uso de un pulmón.
Luego de dispararle a German, Padilla y sus guardias identificaron y agarraron
a Adolfo Ich, padre de cinco, además de ser dirigente comunal respetado y
profesor. Lo machetearon y luego le dispararon hasta matarlo.
Prófugo de la justicia – En la planilla de Hudbay Minerals/CGN!
A pesar de la orden de captura en su contra después del 27 de setiembre de
2009, Padilla continuó trabajando abiertamente como jefe de seguridad de la
Hudbay/CGN durante al menos un año.
Foto: desinformemonos.org
Preguntas pendientes: No se sabe por cuánto tiempo
mantuvieron a Padilla dentro de la planilla de Hudbay/CGN, ¿aún tendrán un
compromiso financiero con él hasta ahora?
Detención de Padilla –
Septiembre de 2012
En momentos de un mayor interés de activistas sobre el tema,
en parte debido a las demandas interpuestas en Canadá, finalmente capturaron a
Padilla, manteniéndolo detenido sin derecho a fianza ya que había estado
prófugo de la justicia durante 3 años.
Continúan los actos de
intimidación, amenazas y ataques
Desde el año 2013, Rights Action y, por separado, los
abogados Klippenstein y Wanless, han enviado cartas a Hudbay Minerals, la CGN y
funcionarios gubernamentales de Canadá y Guatemala, denunciando los actos de
amenazas y ataques sufridos por Angélica, German y las 11 mujeres y sus
familiares, por parte de personas con vínculos directos o que trabajan para la
empresa minera y los familiares de Padilla.
Dichas amenazas y ataques son ilegales, obviamente, pero en
el contexto de la represión e impunidad históricas y permanentes en Guatemala,
son también un mensaje ominoso.
“Historias inventadas”
Las personas que amenazan e intimidan a Angélica, German y
las 11 mujeres dicen que los demandantes han “inventado” las historias de
represión minera buscando alcanzar acuerdos lucrativos en las demandas en
Canadá – una versión que se asemeja mucho a las declaraciones que brindan los
abogados de Padilla en Guatemala y los abogados de Hudbay Minerals en Canadá.
Se inicia el juicio oral –
Abril de 2015
Tres años y medio después de la detención de Padilla (y seis
años y medio después de los crímenes), la fase oral del juicio penal se inició
en un tribunal de Puerto Barrios, presidido por la jueza Ana Leticia Peña Ayala.
¿Quién paga a los abogados de
Padilla? ¿Quién establece su estrategia legal?
Se sospecha que Hudbay Minerals financia el conocido equipo
de abogados que defiende a Padilla, aunque Hudbay se niega a decirlo
públicamente. Cuando el periódico el Toronto Star se le preguntó, Hudbay
divagó, “no vamos a realizar declaraciones que luego pueden ser distorsionadas
en el internet o usados para interferir con la presunción de inocencia del Sr.
Padilla, o su derecho a un juicio justo.” (Scott Brubacher, comunicaciones
corporativas de Hudbay,https://www.thestar.com/news/world/2016/06/20/how-a-guatemalan-murder-trial-could-forever-change-canadian-overseas-mining.html)
Preguntas pendientes: ¿Será que Hudbay Minerals costea
la defensa legal de Padilla? ¿Por qué interviene Hudbay en el juicio penal en
Guatemala cuando su resultado no tendría que tener implicación alguna para
Hudbay?
Abogado de Padilla asesinado
por sicarios – 3 de Junio de 2015
Al mediodía de este día en la Ciudad de Guatemala, uno de los
abogados de Padilla, Francisco José Palomo Tejada, fue disparado 12 veces.
Además de representar a Padilla, Palomo ejerció la defensa legal del
General Ríos Montt, a quien encontraron culpable del genocidio en contra del
pueblo Maya Ixil durante los peores años (1978-1983) de la represión y
genocidio, respaldados por los EE.UU.
Se dice que el asesinato de Palomo estaba vinculado a su
trabajo en defensa de una traficante de drogas guatemalteca (Marllory Chacón,
la “Reina del Sur” que hoy está encarcelada en los EE.UU. por cargos
relacionados al tráfico de drogas) que estaba involucrada en el lavado de
dinero para el cartel Sinaloa de México.
Hudbay Minerals interviene en
el juicio penal a Padilla – 1 de Septiembre de 2015
En esta fecha, John Terry – un socio principal de la oficina
jurídica “Torys” (http://www.torys.com/people/terry-john-a) – llegó a Puerto
Barrios para acudir al tribunal donde se realizaba el juicio, a fin de brindar
“testimonio como experto” por parte de Hudbay y Padilla, en lo referente a las
demandas contra Hudbay en Canadá. Tal como lo dijo en el tribunal en Puerto
Barrios, a Terry le pagaron por muchas horas de trabajo para comparecer en el
juicio en representación de Hudbay. El testimonio de Terry resultó ser
engañoso y selectivo, según las personas que conocen los procesos judiciales en
Guatemala y Canadá.
Preguntas pendientes: ¿Por qué intervino Hudbay Minerals
tan directamente y de esta manera en el juicio penal en Guatemala?
Petición para remoción de la
jueza – 20 de Enero de 2016
Las abogadas de Angélica presentaron una petición para la
remoción de la jueza Ana Leticia Peña Ayala por razones de discriminación
racial y parcialidad en contra de las víctimas/ testigos/ denunciantes Q’eqchi’.
Se
desestima la moción por cuestión técnica – 27 de Enero de 2016
Citando un aspecto técnico del procedimiento en la presentación de la petición
de remoción, y no en base en los méritos de los cargos, una corte de
apelaciones falló en contra de la petición de Angélica.
Juicio cerrado al público – 8 de Febrero de 2016
La jueza Peña determinó continuar el juicio tras puertas cerradas debido a
presuntas “amenazas contra la seguridad” de ella y la fiscalía! Angélica
y German, quienes en realidad han sido víctimas de muchas amenazas, nunca
habían solicitado esta medida y no concordaban con la “justificación” de la
jueza. El juicio prosiguió tras puertas cerradas hasta su conclusión en
Abril 2017.
Abogado de Padilla acusado de crímenes – 12 de Febrero de 2016
Otro abogado defensor de Padilla, Frank Manuel Trujillo Aldana, fue acusado por
crímenes de asociación ilícita, soborno, tráfico de influencias, obstrucción de
justicia y colusión, en relación a “la línea”, la red de crimen organizada que
había robado $120.000.000,00 en fondos públicos y estaba liderada por el ex
presidente Otto Pérez Molina y la vice presidenta Roxana Baldetti. Pérez Molina
y Baldetti se vieron obligados a renunciar a sus cargos y hoy se encuentran en
la cárcel.
Ataque contra Angélica Choc – 17 de Septiembre de 2016
Pasada la medianoche, hombres desconocidos abrieron fuego contra la vivienda
pequeña de Angélica, una casa hecha de bloques de cemento en El Estor, cuando
ella se hallaba durmiendo adentro junto con dos niños pequeños. A la mañana
siguiente, encontraron huellas de bala en las paredes y casquillos de bala 12 y
22 fueron encontrados en los alrededores.
Nadie sufrió daños físicos, pero nuevamente, luego de años de amenazas e
intimidaciones, el acto enviaba un mensaje claro. Aunque la policía
investigó el hecho en un inicio, nunca se le dio seguimiento.
Luego de este ataque, el abogado canadiense Murray Klippenstein comentó: “No es coincidencia que se dispare a la casa de Angélica justo cuando un
tribunal penal guatemalteco está por decidir si el ex jefe de seguridad de la
mina tiene responsabilidad criminal en el asesinato brutal de su esposo. Dicho
acto era un mensaje dirigido a todas las personas que son parte del proceso,
incluyéndole a la jueza que tiene que determinar si el Señor Padilla es
culpable.
“Me preocupa de sobremanera que la defensa irresponsable de Hudbay Minerals,
tanto en las demandas en Canadá como en el proceso criminal en Guatemala, no ha
hecho nada para evitar este tipo de ataque en Guatemala en contra de nuestros
patrocinados. De hecho, la falta de disposición de reconocer lo ocurrido
en el pasado y a tomar medidas para castigar a los responsables, hace más
probable no solo que vuelvan a ocurrir hechos similares, sino que quizá podrían
ocurrir cosas mucho peores.”
¿Hudbay colaboraba con las fuerzas especiales “Kaibil” del ejército? –
Diciembre de 2016
Durante el transcurso del juicio a Padilla, se abrió una nueva investigación
criminal acerca de la posibilidad que las fuerzas especiales “Kaibil” del
ejército habrían trabajado con los funcionarios y las fuerzas de seguridad de
Hudbay Minerals /CGN para planificar y montar una operación de inteligencia
militar y control de la población, durante y después del día de la represión
que resultó en el asesinato de Adolfo Ich, el ataque con disparos que dejó
paralizado a German y las lesiones contra de otros miembros de la comunidad (el
27 de Septiembre de 2009).
Al igual que muchos de los temas relacionados a las acciones y operaciones de
Hudbay Minerals en Guatemala, esto podría constituir un caso explosivo de
colusión ilícita, si existiera suficiente presión política y mediática para
asegurar una investigación adecuada.
Amenazas y actos intimidatorios – 7-8 de Marzo de 2017
Los alegatos finales de Angélica y German ante el tribunal fueron una
experiencia complicada en sí. Tuvieron que salir del tribunal de Puerto
Barrios con escolta policial luego de informar que personas desconocidas los
habían estado siguiendo. Angélica y German fueron acompañados por
abogados y observadores de derechos humanos. En su hotel, el grupo había
visto a un hombre que los observaba de modo inusual. Este hombre pasó la
noche en el hotel en una habitación contigua a las que ocupaban personas
allegadas a Angélica y German, y siguió observándoles la mañana siguiente.
Se pudo observar a dos hombres más que estaban observando al grupo frente
al tribunal, mientras que un vehículo Toyota Hilux – un modelo utilizado por la
seguridad de la empresa minera – estuvo dando vueltas por la cuadra por el
lugar donde esperaba la persona que trasladaba a German y Angélica.
A la policía se le entregó las fotos de los hombres y del vehículo con su
número de placa que había manejado el hombre del hotel. Al igual que los
otros casos en que no dieron seguimiento a los ataques, actos de intimidación y
amenazas, tampoco lo hubo en este caso.
El nombre verdadero de Padilla
En Junio de 2017, Luis Solano publicó un artículo exhaustivo sobre el juicio a
Padilla, en el que reveló que Mynor Ronaldo Padilla González (de la promoción
102 de las Fuerzas Armadas de Guatemala) había cambiado su nombre. En
1981, se había inscrito en el ejército con el nombre Jaime Rolando Padilla
González y cambió su nombre en 1982. (https://cmiguate.org/mp-y-cicig-accionan-contra-libertad-de-militar-vinculado-a-minera-en-el-estor/)
No es un crimen cambiar el nombre, pero provoca pensar ¿de qué se quisiera ocultar?
¿De qué se escondería?
Tribunal de apelaciones anula el fallo – Septiembre de 2017
En una decisión correcta, pero sorprendente (dada la corrupción, racismo e
impunidad arraigados en Guatemala), el 14 de Septiembre de 2017, un Tribunal de
Apelaciones de Guatemala anuló en su totalidad la absolución de Padilla, que
incluye ordenando que se vuelva a juzgar los hechos ante un nuevo tribunal con
3 jueces.
El juicio continua – 10 de septiembre de 2019
Padilla se enfrentara al segundo juzgamiento por el asesinato de Adolfo Ich y
el atentado con disparos en contra de German Chub. Está programado para
empezar el 10 de septiembre de 2019.
¡Estamos atentos! ******* ¿La justicia? *******
Cuando estas valientes víctimas Q’eqchi’ de la represión minera decidieron
buscar la justicia en Guatemala y Canadá, su máxima aspiración era que sus
luchas por alcanzar la justicia pudieran generar cambios políticos y legales
fundamentales en Guatemala y Canadá para que otras comunidades no tuvieran que
sufrir los mismos daños y violaciones, corrupción e impunidad.
Aún a pesar de los avances arrolladores alcanzados por los querellantes a lo
largo de los últimos siete años en Guatemala y Canadá, el hecho cierto es que
han pasado 12 años desde las violaciones sexuales y 10 años desde el asesinato
y ataque con disparos y no se ha logrado justicia, ni en Guatemala ni en
Canadá. Cualquiera de los dos juicios, sino ambos, podría demorar años en
resolverse, mientras que queda un riesgo latente e inminente de sufrir otros
actos de represión en su contra.
Sin embargo, con el corazón y la mente claros y mucha determinación, los
querellantes siguen adelante, poniendo los hechos de manifestó, y retando e
intentando romper las barreras históricas, complejas y fortificadas de la
criminalidad, impunidad, corrupción y engaño corporativos que goza Hudbay y le
da beneficios – al igual que otras empresas que operan en todo el mundo.
*******
Grahame Russell es un abogado canadiense retirado, profesor en la University of
Northern British Columbia, y desde 1995 director de Rights Action (Derechos en
Acción). Para mayor información sobre las luchas de los Q’eqchi’ en busca
de la justicia, o si desea apoyarlas, comuníquese con: grahame@rightsaction.org, www.rightsaction.org.
*******
Vista aérea de la planta procesadora de níquel en El Estor Izabal. Fotografía Forbidden Stories Francia.
La empresa
transnacional Solway de capital ruso-suizo no está dispuesta a acatar la
suspensión de operaciones del proyecto Fénix ordenada por la Corte de Constitucionalidad
(CC) el 18 de julio de 2019. La compañía sigue trabajando en El Estor, Izabal.
La empresa se dio por notificada de esta decisión y respondió a los magistrados
24 horas después de conocer la suspensión. A veintitrés días de lo resuelto por
la CC las operaciones continúan. La planta de procesamiento de níquel trabaja
todas las noches hasta el amanecer, el ruido de esta gigantesca planta se
escucha incluso en el pueblo y de nuevo retiró los filtros de las chimeneas
expulsando al aire una extensa nube roja con partículas que contaminan el
ambiente.
**
Los
problemas con la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y con la
Compañía Procesadora de Níquel (Pronico), administrada y operada por los
rusos y ucranianos en El Estor continúan. Las góndolas que transportan
toneladas de material entran y salen y la planta sigue funcionando.
A
350 kilómetros de distancia del proyecto minero, en ciudad de
Guatemala, la compañía mantiene actividad permanentemente. Según el
testimonio de algunas de las personas que han realizado el viaje, la
empresa organiza las manifestaciones con trabajadores y personas
particulares, les financia el transporte, hospedaje y alimentación.
El
24 de julio de 2019 durante la vista pública que se realizó en la CC,
la empresa afirmó que viajaron 800 personas –entre trabajadores,
familiares y simpatizantes-, que llegaron desde El Estor a la ciudad
capital en respaldo de la CGN. Las declaraciones fueron hechas en una
conferencia de prensa desde la sede de la Cámara de la Industria de
Guatemala (CIG).
Si
calculamos la cantidad de personas trasladadas por la compañía, para
mostrar apoyo en los alrededores de la CC, y hacemos un cálculo de los
gastos de transporte, alimentación, hospedaje y un pago que reciben por
el viaje, la empresa podría haber gastado unos Q800 mil quetzales,
únicamente el día 24 de julio en la protesta que realizó en la capital.
Si
tomamos en cuenta que, la compañía desde el día 18 de julio a la fecha
ha realizado 6 movilizaciones grandes en la CC, Congreso, Ministerio de
Energía y Minas (MEM), frente al edificio de la Procuraduría de los
Derechos Humanos (PDH), el gasto invertido estaría fácilmente arriba de
los 3 millones de quetzales.
En
respuesta al fallo de la corte, Solway publicamente respondió: “Las
actividades operativas de Solway siempre se realizan de conformidad con
la ley. Ciertamente seguiremos la decisión del tribunal constitucional.
Sin embargo, como empleador responsable de la vida de más de 2,000
miembros del personal y sus familias, tomaremos todas las medidas
posibles para no detener nuestras operaciones en la medida en que esto
sea posible dentro del marco legal ”. *
La planta procesadora que no detiene el trabajo
De nuevo fueron captadas varias imágenes de la planta procesadora de CGN trabajando. En una serie de fotografías se observan varias de las chimeneas expulsando columnas de humo que confirman que se sigue procesando el níquel. Una columna de humo rojo se extiende varios kilómetros a la redonda, esto ocurre cuando la compañía retira los filtros de las pipas, expulsando grandes cantidades de contaminantes al ambiente que el viento se encarga de empujar en dirección a las comunidades, ríos y lago.
Fotografía de vecino de El Estor Izabal, 9 de agosto 2019.
En la planta procesadora, se ve funcionando el molino, lugar en dónde se coloca el material que se traslada desde la cantera y pasa por una banda gigante que lo dirige a una segunda etapa del procesamiento.
Maquina Steyker en la planta procesadora de níquel en El Estor Izabal. Fotografía cortesía.
La seguridad privada de CGN
En
una notificación emitida esta semana, la compañía ordenó que todo el
personal vigile si se realiza algún sobrevuelo de avión o helicóptero
sobre las instalaciones de la planta, lo mismo si detectan el sobrevuelo
de drones. De confirmar alguno de estos, deben informar de inmediato a
la seguridad privada de la compañía.
En
la notificación también le recordaron al personal que tienen prohibido
el uso de cámaras o similares dentro de las instalaciones. Esta
notificación fue enviada en idioma español y ruso.
La compañía tiene personal de seguridad permanentemente desde la garita municipal, en el complejo habitacional de los mineros, la planta de procesamiento, las canteras y a lo largo de la carretera nacional que conduce desde El Estor hacia Panzos, Alta Verapaz. Dentro del monte, se ubican garitas de lámina con agentes de seguridad, que vigilan las 24 horas del día a lo largo de la extensión de las operaciones de la minera, también tiene una flotilla de picops agrícolas para movilizarse en toda el área.
La suspensión de operaciones
Para
el abogado Rafael Maldonado, en el momento que la CC ordenó que la
licencia minera Fénix se suspendiera, el procesos de exploración,
explotación y exportación regulados en la licencia debieron de
paralizarse. Esto quiere decir que en El Estor la compañía debe de parar
con el trabajo de remover la tierra en las áreas de las canteras, al
mismo tiempo suspender las operaciones en la planta de procesamiento, la
circulación de góndolas con costales de mena níquel, tierra o carbón.
La
suspensión del proyecto Fénix también incluye que en Santo Tomas de
Castilla, la CGN no podría exportar el mena níquel que tiene depositados
en varias bodegas, tampoco depositar en buques el material que acumuló
en montañas de tierra ubicadas en dos predios cerca del muelle.
Luego
de la suspensión de operaciones por la CC, es el turno del MEM para
garantizar la debida ejecutoria del amparo provisional y la suspensión
de las operaciones de la compañía, argumentó el abogado Maldonado.
La
CC ha sentado dos resoluciones como precedente en casos mineros. El
ejemplo claro está en la resolución sobre el proyecto minero El Escobal,
con la empresa Minera San Rafael. El segundo caso es el proyecto minero
El Tambor, con la empresa minera Exmingua. En ambos casos fueron
suspendidas las operaciones por violar el derecho de consulta libre,
previa e informada de las comunidades indígenas afectadas por la
licencia minera.
Mapa de extensión del proyecto minero Fénix en El Estor Izabal y los municipios de Panzos, Cahabon y Senahú Alta Verapaz
Mapa The Guardian (Inglaterra), proyecto Green Blood.
Área de trabajo de CGN en Santo Tomás de Castilla
Predio en dónde acumula grandes montículos de tierra roja trasladada desde el proyecto minero Fénix en El Estor Izabal a Santo Tomas de Castilla. Área de bodega en dónde se almacenan cientos de costales con mena níquel que se procesa en la planta de CGN en El Estor. Bodega en Santo Tomas de Castilla.
Tomás Che pescador de la Gremial. Foto: Nelton Rivera
Por Aj Ral Ch´och´
13 de agosto 2019
Integrantes de la Gremial de
Pescadores Artesanales (GPA) y líderes comunitarios del municipio de El Estor,
Izabal, viven bajo amenazas e intimidaciones. Tomás Che Cucul, integrante de la
gremial, manifestó su preocupación por la vigilancia constante de una camioneta
color blanco con un línea de color gris, la cual lleva más de tres días
rondando su casa.
Esta situación preocupó a los
vecinos del barrio el Zapotillo, por ello el sábado 10 de agosto por la tarde,
se reunieron a 50 metros de la casa del pescador Che para tratar de hablar con
el piloto del automóvil y preguntarle la razón de su presunta vigilancia. Sin
embargo, el condutor, a quien no se logró identificar, se desplazó rápidamente
y se negó a responder a los comunitarios.
“Se estacionó un vehículo en
frente de mi casa y cuando nos acercamos no quiso hablarnos y se desplazó
rápido a otro lugar. Ha venido varias veces y lo hace tres veces al día. Pasa
despacio por mi casa y nos preocupamos con mi familia”, relató Che.
La preocupación de los líderes
comunitarios q’eqchi’ y de la directiva de la Gremial de Pescadores radica en
las acciones que realiza la empresa minera CGN Pronico de Solway. Con ellas
busca infundir miedo y dividir a las comunidades. Otra de las estrategias
utilizadas por la minera consiste en convencer a algunos miembros de los Consejos
Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocodes) para que manifiesten su apoyo
a la empresa, sin el conocimiento de toda la comunidad.
Ante la vigilancia y amenazas al pescador Che, varias personas intentaron reunirse con el alcalde comunitario José Chiquín, para solicitar apoyo, pero no lograron hablar con él.
José Chiquín alcalde comunitario del barrio Zapotillo, El Estor. Foto: Aj Ral Ch’och’
Por otro lado, vecinos del barrio
el Zapotillo han manifestado su inconformidad con el alcalde Chiquín, porque el
25 de julio de 2019 en la ciudad de Guatemala, manifestó su apoyo a favor de la
empresa minera, en la vista pública realizada en la Corte de Constitucionalidad
(CC). Además, los comunitarios han denunciado que Chiquín tiene familiares
trabajando en la empresa minera CGN Pronico y esto es considerado por los
comunitarios como un interés personal con la minera.
Compra de voluntades
y firmas en El Estor.
Los pobladores viven bajo engaños.
Según manifestaron líderes comunitarios, algunas personas quienes se auto
nombran como representantes comunitarios y sin el consentimiento de la
población, realizan reuniones para solicitar las firmas de cada uno de los vecinos.
También lo hacen con miembros de los Cocodes, ofreciendo a cambio dinero en
efectivo. Por su lado, la compañía de níquel ha realizado actividades para que
los pobladores muestren su apoyo a la empresa, creando así confusión y división
en la población q´eqchi´. Estas acciones son motivo de preocupación para las
autoridades maya q´eqchi´.
La directiva de la Gremial de Pescadores Artesanales responsabiliza a la Empresa minera CGN PRONICO De Solway, de lo que pueda suceder con algunos de sus integrantes, ya que desde 2017 acusaron falsamente a 11 pescadores y al periodista de Prensa Comunitaria, Carlos Ernesto Choc.
Juan Francisco Yat Quinich, el segundo de izquierda a derecha sostiene unos documentos al junto a trabajadores mineros. Él es parte de la directiva de la asociación Aj Awinel. Foto: MiningWorksGT
Personal de la empresa Solway cerró desde la madrugada de este jueves 22 de agosto la carretera nacional del Atlántico, a la altura del kilómetro 245, en el entronque de caminos conocido como La Ruidosa, en el municipio de Morales, Izabal. La acción es en rechazo a la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), del 18 de julio de 2019, que ordenó la suspensión de todas las operaciones del proyecto minero Fénix por no haber realizado la consulta libre, previa e informada del pueblo q’eqchi´ de El Estor, Izabal y tres municipios más de Alta Verapaz en 2005.
Foto: Baudilio Choc
Son trabajadores de la
Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), de la Compañía Procesadora de Níquel
(Pronico) ambas subsidiarias de la ruso-suiza Solway Investment Group. La
compañía de níquel se negó a acatar dicha resolución y continuó con las
operaciones mineras, además realiza manifestaciones en la ciudad capital, en El
Estor y recientemente cerrando la carretera nacional del Atlántico.
Trabajadores de #CGNPronico rechazan la resolución de la @CC_Guatemala que ordena la suspensión de operaciones del proyecto minero Fénix en #ElEstor Izabal. A pesar de la suspensión la #CGN sigue operando, hoy cerraron la carretera del Atlántico en Morales.
La empresa argumenta
que son 3 mil los trabajadores a quienes emplea directamente, pero en las
manifestaciones aparecen más trabajadores a pesar que las operaciones no se han
detenido. El gerente de asuntos comunitarios de CGN, Maynor Álvarez,
constantemente aparece con los grupos organizados frente a la CC, el Ministerio
de Energía y Minas (MEM) o el Congreso.
La CGN desde el 18 de julio ha presentado más de tres Amicus Curiae a la CC en respaldo al proyecto minero Fénix y en El Estor se sabe de pagos realizados por firmas para acompañar estos documentos que van de Q40 a Q500 por firma, según vecinos de El Estor.
Foto: Baudilio Choc
En el cierre de la CC en la ciudad y el cierre de la carretera de este 22 de agosto, exigen que el pleno de magistrados de la corte los reciba, con el objetivo de tener una mesa de diálogo y que escuche las demandas de la compañía.
Foto: Baudilio Choc
Las personas que
permanecen en La Ruidosa solicitan que se escuche a quienes están frente a la
CC, argumentan que la CGN sí realizó la
consulta en 2005 y que reconsideren no cerrar temporalmente la actividad minera
en El Estor, afirmó uno de los trabajadores de la minera.
El miércoles 21 una jueza realizó un recurso de exhibición personal a favor del personal de la CC y un grupo de estudiantes que fueron retenidos durante 10 horas dentro del edificio de la corte, con la presencia de la jueza los trabajadores de la CGN decidieron retirarse.
Las acciones de la compañía de níquel de estos últimos días, se realizan coincidentemente, luego del anuncio de la Gremial de Pescadores Artesanales y las autoridades indígenas q’eqchi´ de El Estor y Alta Verapaz de viajar a la CC para presentar un nuevo memorial junto a los querellantes del amparo quienes demandaron ante la corte al MEM por incumplir con la consulta comunitaria.
Varias organizaciones suizas están en comunicación con Solway Investment Group en Suiza, dueña de la mina Fénix, de la Compañía Guatemalteca de Níquel S.A. (CGN) y su subsidiaria, la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (PRONICO) desde el asesinato de Carlos Maaz Coc el 27 de Mayo en 2017 en una protesta pacífica contra CGN en El Estor.
El 13 de Agosto las organizaciones Redes de Solidaridad con Guatemala en Berna y Zurich, Multi Watch y km207 le han escrito una carta a Solway Investment Group expresando nuestra profunda preocupación por la situación conflictiva que ha surgido por la suspensión provisional de las actividades de la mina Fénix en El Estor por la Corte Constitucional hasta que se lleve a cabo una consulta previa, informada y libre de acuerdo al Convenio 169 de la OIT.
En dicha carta expresamos nuestra preocupación por la integridad física de los amparistas y sus familias por las amenazas y actos intimidatorios en El Estor. Condenamos la propagación de violencia y el suscitar el miedo en las comunidades en las que opera la compañía minera CGN/Solway y que con estos hechos se pretenda romper los legítimos reclamos de las comunidades indígenas Q’eqchi’.
Recordamos a CGN/Solway que de acuerdo a las directrices de Derechos Humanos y Empresas de la ONU y las normas IFC tiene que hacerse responsable del cumplimiento y el respeto de los Derechos Humanos.
Recordamos a CGN/Solway que la empresa está en la obligación de la inmediata paralización de las actividades de la mina Fénix, en concordancia con lo decretado por la Corte Constitucional.
Reiteramos nuestra petición a CGN/Solway de detener la persecución judicial del periodista Carlos Ernesto Choc y los miembros de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor; Cristóbal Pop, Eduardo Bin, Vicente Rax y Tomas Che. CGN es querellante adhesivo en este proceso. El hecho de que la abogada de CGN pida licencia poco antes de las audiencias programadas y por este motivo se retrasa la continuación del juicio, da la impresión de que la CGN está tratando activamente de retrasar los procedimientos judiciales con el fin de desgastar la resistencia de los acusados.
En la edición impresa del
21 de agosto de Prensa Libre la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) publicó
un campo pagado titulado: “Presentan desistimiento en caso mina Fénix”, en él aseguran
que los querellantes desistieron continuar con la acción de amparo en contra
del proyecto minero Fénix ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
En el impreso no especifican
quienes son las personas que desisten, tampoco porque la compañía asume su
representación. En otro párrafo del escrito, la CGN reafirmó su postura y
respeto por la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), explicitando el
desacato formal a la resolución emitida por la CC el 18 de julio de 2019 en el
que ordenó suspender las operaciones del proyecto minero Fénix en El Estor,
Izabal.
Solway es una corporación transnacional ruso-suiza, CGN y Pronico son sus subsidiarias. En 2011 Solway adquirió los derechos del proyecto minero Fénix, Chichipate y Nabej, ubicadas en municipio de El Estor, Izabal; 3 municipios de Alta Verapaz; y Niquegua Montufar II en Los Amates, Izabal.
La compañía usa la
desinformación como herramienta. Con la confusión busca ocultar y tergiversar
la realidad a su favor, manipulando voluntades o buscando que los magistrados
de la CC caigan en el juego de hacerles creer que en El Estor la compañía tiene
apoyo, simpatía y respaldo de la gente.
Sumado a la fuerte
inversión de capital para la compra de campos pagados casi semanalmente, pauta
en televisión o segmentos noticiosos, conferencias de prensa, la movilización y
manutención de grupos de personas para permanecer y realizar manifestaciones en
la ciudad o en las carreteras. Integrantes
de la Gremial de Pescadores en El Estor bajo amenazas e intimidaciones
Campo pagado de CGN, publicado en Prensa Libre.
¿Porque
la CGN desacata lo ordenado por la CC?
La compañía se ha negado
a acatar la resolución, a pesar que desde el día 19 de julio entregó un
memorial a la CC, dándose por notificada y evacuando por escrito las 48 horas
de plazo fijadas por la corte.
En el momento que el MEM
haga la ejecución de la sentencia de la corte, prácticamente la compañía no
podrá seguir trabajando en el área de las canteras, tampoco podrá producir
ferro níquel en la planta de procesamiento, ni transportar material hacia el
puerto de Santo Tomas de Castilla, ni exportar, ni importar materiales hasta que se realice la
consulta comunitaria.
El 18 de julio de 2019,
el pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvió la apelación
de amparo, que 62 vecinos de El Estor Izabal, Cahabón, Panzós y Senahú de Alta
Verapaz presentaron en contra de resolución de la CSJ en el caso del proyecto
minero Fénix.
Los querellantes en
representación de la Gremial de Pescadores Artesanales, autoridades
ancestrales, indígenas y comunitarias demandaron al Ministerio de Energía y
Minas (MEM) en 2017 por el otorgamiento ilegal del proyecto minero Fénix a la
Compañía Guatemalteca de Níquel CGN en el año de 2005.
La CC en su resolución
provisional ordenó la suspensión de todas las operaciones de Fénix en El Estor,
al comprobar que el MEM, en 2005, no realizó la consulta libre, previa e
informada a todas las comunidades afectadas por el proyecto minero. Por ello,
ordenó que se realice la consulta a las comunidades, incluso la corte da un
paso adelante, mencionando el tema del daño ambiental que se puede estar
produciendo. CC
suspende licencia de explotación del proyecto Fénix que opera Solway en El Estor,
Izabal
Sin la consulta
comunitaria, la CGN y el MEM incumplieron con el Estudio de Impacto Ambiental (AEI),
ya que la consulta es uno de los requisitos para obtenerlo, sin este
requerimiento el ministerio de energía no tuvo que haberle entregado la licencia
de exploración y explotación minera de este proyecto.
Catorce años después, la
compañía de níquel opera sin licencia minera, la transnacional Solway exporta
grandes cantidades de minerales al extranjero y ambas desacatan la resolución
de la CC de suspender las operaciones. 35 días han pasado de lo ordenado por la
corte y la CGN continua operando el proyecto minero Fénix. La
minera de níquel se niega a acatar la suspensión del proyecto Fénix
A través de una acción de
amparo en la CC, los querellantes, hombres y mujeres q’eqchi reafirman su decisión
de continuar con la demanda en contra del MEM y esperan que las autoridades
estatales garanticen el cumplimiento de lo ordenado por la máxima corte y que
la compañía de níquel acate la suspensión de operaciones.
A los querellantes no los
mueve solamente el cumplimiento de la consulta libre, previa e informada, está
en juego la vida de las personas; el lago de Izabal está en riesgo por la
contaminación de la planta procesadora, el aire se sigue contaminando por las
expulsiones de gases y partículas tóxicas resultado del fundido de los
minerales, los ríos y nacimientos de agua están expuestos a estos contaminantes
diariamente. La
mancha roja en el lago que nadie quiso explicar
Al
mismo tiempo las montañas están siendo destruidas, grandes cantidades de bosque
y selva fueron deforestadas para el ingreso de maquinaria pesada en las áreas
de cantera de la compañía, a tal punto que los nacimientos de agua que
abastecen a las comunidades centro de El Estor están en riesgo de desaparecer.
Fotografía Nelton Rivera. Prensa Comunitaria Km. 169 año 2019
Las acciones fuera de contexto de la
CGN
El
abogado Aníbal Maquín, maya q’aqchi, y uno de los amparistas que demandaron al
MEM ante la CC sobre las acciones realizadas por la compañía de níquel sostiene:
“Los querellantes del amparo van a presentar un nuevo memorial ante la CC, expresando que la mayoría ratifican la denuncia. Esta acción se va a presentar ante la Corte, demostrando que se sigue de frente con esta primera acción de amparo, acudiendo a las vías en donde se va a resolver este amparo.
Es
evidente que se encuentran en un claro desacato a la resolución de la CC, por
eso vamos a accionar para que se confirme la ejecutoria de la corte.
La
compañía está haciendo uso de todos sus medios para desacreditarnos a nosotros
a los amparistas, también a las comunidades y además andan comprando
voluntades, desde hace unos quince días se identificó a dos personas en el
pueblo de El Estor que estaban pagando por firmas para adjuntarlas a esos
memoriales que la CGN anda presentando. La compra de firmas forma parte de la
campaña que la compañía está realizando para detener la resolución del amparo
ante la CC, porque ellos saben que los argumentos legales tienen bastante
sustento para que los magistrados resuelva
a favor el amparo en definitiva y eso hace que las acciones de la empresa estén
fuera de contexto, incluso que estén violando la ley.”
Abogados Aníbal Maquín y Rafael Maldonado junto a Alfredo Maquín querellantes en el proceso de amparo contra el MEM por la licencia minera Fénix. Foto Rony Morales Prensa Comunitaria Km.169 año 2019
Información falsa de la compañía de
níquel
Por
su parte, el abogado Rafael Maldonado, amparista en la demanda en contra del
MEM, sobre las acciones realizadas por
la compañía argumentó:
“Las recientes publicaciones de la empresa, no
hay que verlas solo como un hecho aislado, sino como un hecho concatenado con
todos los hechos violentos que la empresa ha estado realizando a partir del
campo pagado. Lo que pretende la empresa es infundir terror en la Corte de
Constitucionalidad, con tal de tener una resolución lo antes posible y eso es
constitutivo de delito.
La
CC hizo bien en llamar la atención del Ministerio de Gobernación y el
Ministerio Público (MP) ante las retenciones ilegales y la presión hacia el
sector justica. Luego se suma las toma de carreteras en la región de Petén y
Puerto Barios, esos son hechos concatenados y pretenden presionar a la más alta
corte del país en aras de obtener una sentencia favorable, pero queriendo
sorprender la buena fe de los magistrados de la CC.
En este momento están reunidos los amparistas y un grupo grande de personas ratificando a través de un memorial nuestra posición de continuar con la acción de amparo en contra del MEM. Esta nueva acción de los pescadores, autoridades indígenas y abogados nace a partir de la publicación en gran parte con información falsa que realizó en el campo pagado la empresa en Prensa Libre el día jueves.”
Abogado Rafael Maldonado, amparista por el caso de la licencia miera Fénix. Fotografía Nelton Rivera. Prensa Comunitaria Km. 169 año 2018Green Blood
El
gobernador departamental de Izabal es uno de los empresarios que salió en
defensa de la empresa Solway. Actualmente presta servicios como transportista
de góndolas para la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, en Izabal. Es primo de
Jimmy Morales y fue electo por este para ser gobernador en 2018, cinco
gobernadores han entrado y salido en Izabal durante este gobierno. El
gobernador es juez y parte en el problema social provocado por la CGN, se
adhirió como tercero interesado para rechazar el recurso de amparo en contra de
la licencia del proyecto minero Fénix, misma que suspendió la Corte de
Constitucionalidad (CC) desde el 18 de julio, el gobernador está en contra de
esta resolución. Prácticamente el gobierno actúa en función de los intereses de
la compañía y no de la población de El Estor.
Erick Bosbelli Martínez
Reyes tiene el cargo de gobernador departamento de Izabal. Fue nombrado por el
presidente Jimmy Morales el 25 de octubre de 2018, participó como aspirante a
la gobernación entre ex alcaldes municipales y diputados del Congreso, prácticamente
en medio de personas con mucho peso, poder económico y político en el
departamento. En ese momento el ahora gobernador, previo a su elección, afirmó
ser primo del presidente[1], paso siguiente fue electo
como gobernador.
Miriam Dallia Castañeda
Vargas, es la actual esposa de Erick Martínez, ella es coordinadora
departamental del Ministerio de Desarrollo (MIDES). Martínez no tiene ninguna
experiencia en la administración pública, a pesar de eso, fue nombrado
gobernador.[2]
Martínez es dueño de la
empresa mercantil TransGóndolas del Puerto –TGP, actualmente es contratista y
proveedor de servicios de la CGN y de la Compañía Procesadora de Níquel PRONICO,
subsidiarias de la transnacional ruso-suiza Solway.
El gobernador
departamental forma parte del gremio de trasportistas en Izabal quienes
presentaron un memorial a la Corte de Constitucionalidad (CC), solicitando ser terceros
interesados a favor de la compañía de níquel, por el recurso de amparo en
contra del Ministerio de Energía y Minas (MEM) presentado en 2017 por la
Gremial de Pescadores Artesanales (GPA) y las autoridades indígenas q’eqchi.
En este memorial el gobernador
departamental solicitó que se rechase el amparo provisional a favor de los
pescadores y autoridades indígenas, a través de otra acción constitucional del
amparo expediente No. 405-2018.
Fotografía expediente Recurso de Amparo en la Corte de Constitucionalidad. Fotografía expediente Recurso de Amparo en la Corte de Constitucionalidad.
El
gobernador y las góndolas
El 25 de julio una de las
góndolas de la compañía de níquel que transportaba material de la empresa atropelló
a dos personas en la salida hacia Panzós, Alta Verapaz, entre la garita
municipal de El Estor y la colonia minera de la compañía de níquel. Una de ellas murió inmediatamente en el lugar;
la segunda, un menor de edad fue trasladado en estado de gravedad al hospital
nacional de Puerto Barrios. Inmediatamente esto provocó el descontento de los
vecinos de El Estor, quienes saben que desde el 18 de julio la CGN no podía
seguir operando y lo mismo con las empresas de transporte de góndolas.
Esa noche fueron quemadas
12 góndolas de transporte que prestan servicios para la CGN, e inmediatamente
el gobernador condenó este hecho. El gobernador Martínez visitó el 25 de julio
el lugar en donde quedaron las estructuras de cabezales y góndolas quemadas,
expresando:
“…andamos revisando el área en donde fueron
ocasionados los daños a tanta inversión privada, para verla totalmente
destruida, no compartimos estos actos vandálicos que sucedieron. Reforzamos las
seguridad del municipio con fuerzas especiales, con una cuadrilla de lobos y
reforzamiento de las comisarías de Zacapa y Chiquimula”.
Luego amplio sus
declaraciones: “esperamos que el MP nos de la versión de lo que ocurrió,
existen diversas teorías, sin embargo no creo que sean los campesinos o el
mismo pueblo del El Estor quienes sean responsables de esto. Pedimos
sobrevuelos para que vengan a constatar lo que está ocurriendo en el área. Hay
más de 100 elementos de policía y vienen más, pedimos blindados J8 para
resguardar la seguridad”.
Unos minutos después a
preguntas de comunicadores que lo acompañaron afirmó que los hechos tienen
relación con las demandas de la gente, contradiciéndose diciendo que no sabía
quiénes eran los responsables: “No vamos a permitir más bloqueos. No
compartimos que por unos pocos, muchos tengan perdidas excesivas. Mesas de diálogo
son las que más existen en el Estor y en el departamento, hemos estado abiertos
al diálogo y sin embargo esto se sale de cualquier perspectiva, no vamos a
permitir que la gente transgreda la ley, la ley tiene que cumplirse”.
En sus declaraciones del
25 y 26 de julio no hizo referencia a la vida del campesino que falleció por el
impacto de la góndola, tampoco del herido un joven menor de edad. Para el
gobernador lo importante fue verificar el daño a la propiedad privada,
especialmente de las góndolas.
Más de 100
estudiantes egresados de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) firmaron
una serie de exigencias que fueron entregadas a la rectoría, entre ellas que se
elimine cualquier convenio suscrito con la Compañía Guatemalteca de Níquel
(CGN), en cuyas instalaciones en el 2012, fallecieron los estudiantes de
biología Ángel De León, Nahomy Lara y Juan Carlos Velásquez durante una
práctica universitaria.
La mañana del 26 de agosto un grupo de egresados de la UVG
entregaron una carta a la vicerrectora Mónica Stein, esta carta contiene una
serie de exigencias dirigidas a la universidad.
El descontento y las exigencias surgen debido a que según este grupo de
estudiantes organizado de forma independiente, la UVG trató de forma pasiva el caso de la
muerte de tres estudiantes de biología, Ángel, Nahomy y Juan Carlos el 31 de
marzo del 2012 en el canal acuático de la CGN en El Estor, Izabal cuando
realizaban un monitoreo de cocodrilos bajo la supervisión del biólogo Lemuel
Valle, quien en ese entonces trabajaba para la minera y fue condenado por
homicidio culposo en junio de este año.
En la carta que las estudiantes leyeron, hicieron ver a las
autoridades de la Universidad que consideran irresponsable e insuficiente que
la UVG para prevenir que sucedieran situaciones similares, se hayan limitado a
elaborar un contrato de liberación de toda responsabilidad que todo nuevo estudiante
debe firmar al inscribirse.
Las estudiantes dijeron a la vicerrectora Mónica Stein, que consideran mediocre que la Universidad se haya quedado al margen de los procesos que las familias de los tres estudiantes han tenido que llevar para obtener verdad y justicia.
Las
exigencias de los estudiantes
Las estudiantes exigen que la UVG tome una postura clara en
pro de la búsqueda de la verdad en el caso de Ángel, Nahomy y Juan Carlos,
además piden que existan procesos de socialización y que se abran espacios de
diálogo en la Universidad para hablar sobre el tema, porque durante los 7 años
posteriores a la tragedia dentro de las aulas se ha guardado silencio.
Otra de las peticiones es que se eliminen los convenios que
existan con empresas privadas que abiertamente han sido señaladas de violar
derechos humanos, como es el caso de la CGN, la cual tiene su licencia minera
suspendida, debido a que comunitarios de El Estor obtuvieron un amparo
provisional de la Corte de Constitucionalidad (CC), pues la mina no realizó la
consulta comunitaria previa bajo los estándares establecidos por el convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Las estudiantes acordaron seguir reuniéndose con la
vicerrectora, para darle seguimiento a sus demandas.
#JusticiaEstudiantesUVG:Estudiantes de la Universidad del Valle (UVG) que no están conformes con la postura que la universidad tomó ante muerte de los estudiantes Ángel De León, Juan Carlos Velásquez y Nahomy Lara en el 2012 en la Compañia Guatemalteca de Niquel (CGN), presentaron una carta de peticiones a la vicerectora Mónica Stein. Video. David Toro
La vicerrectora Mónica Stein, dijo a las estudiantes que
presentaron la carta, que la muerte de los estudiantes fue la tragedia más
grande que ha tenido la UVG. “Para nosotros es muy importante lo que nuestros
egresados y las familias sienten (…) me comprometo con ustedes a que vamos a
tomar esto en consideración” aseguró Stein.
Las familias siguen en busca de justicia
después del juicio
“Es una sentencia que consideramos pusilánime y distante de
la grave dimensión de los sucesos” dice la carta de los estudiantes al
referirse al fallo que dictó el Tribunal de Sentencia de Puerto Barrios el pasado
mes de junio, donde la UVG quedó absuelta de toda responsabilidad porque el
juez Felícito Mazariegos consideró que no existía un vínculo jurídico entre
Lemuel Valle y la Universidad.
Sin embargo, los estudiantes exigen a esta casa de estudios
velar por que este hecho no sea olvidado y brindar formar de reparación a las
familias.
Actualmente las familias de Nahomy, Ángel y Juan Carlos se
encuentran a la espera de que la sala de apelaciones de Puerto Barrios les de
una fecha para una audiencia donde se discutirán todas las apelaciones y puntos
de vista de las partes del proceso que no están de acuerdo con la sentencia.
“Creemos que la Universidad tiene responsabilidad directa en la actividad donde
murieron los estudiantes, porque era una actividad oficial, reconocida por su
rector Roberto Moreno y por consecuencia tienen responsabilidad, sobre eso está
dirigida nuestra apelación”, declaró Luis González, abogado defensor de las
familias.
El
1 de septiembre, el padre Ernesto Rueda Moreno, de origen mexicano, ofició su
última misa frente a cientos de sus feligreses, en la parroquia San Pedro
Apóstol, en el Estor, Izabal.
El sacerdote Moreno fue nombrado por el Vicariato Apostólico como sacerdote principal de municipio. Se va después de tres años de acompañar al pueblo q’eqchi’ en su lucha contra la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico) que ahora es propiedad de la empresa transnacional ruso suiza Solway Investment Group dirigida por rusos.
Ernesto Rueda acompañó durante tres años a las comunidades. Aportó a las personas del municipio del Estor para la concientización de la conservación y cuidado del ecosistema. Fue partícipe de su sufrimiento humano, acompaño a los pescadores en su búsqueda de justicia por la muerte de Carlos Maas asesinado el 27 de mayo 2017.
“La Gremial de Pescadores, me hizo partícipe
de un proceso de convicción que exigían el respeto a los bienes naturales y
nacionales por supuesto, de protección hacia el lago, hacia la montaña, me
invitaron a caminar con ellos y yo aprendí mucho de ellos”, comentó Rueda.
La población desposeída y sin recursos de El Estor ha sufrido discriminación, el desprestigio y el olvido del Estado de Guatemala, que en un principio se mostraron muy abiertas a apoyar la lucha de los pescadores y después quizá no entendieron el proceso y se retiraron sin mediar palabra. Ese fue un retroceso para la defensa de la flora y fauna del territorio.
Para
el sacerdote existe el temor que no haya quien hable por las montañas, que se
siguen deforestando, que las personas sigan pescando en un lago contaminado y que
los organismos gubernamentales sigan haciendo caso omiso a las denuncias de los
pescadores queriendo opacar el reclamo desesperado de la población por la
defensa de los recursos naturales.
El
padre Ernesto, regresa a su país de origen, México. Regresará a la diócesis de
Colima en Guadalajara para colaborar en el seminario mayor. Especialmente, en
apoyo al proceso de formación de la última etapa de los muchachos que se
preparan para el ejercicio del sacerdocio.
Uno
continúa por convicción, dijo, el padre Rueda a lo que agregó: “gracias a Dios
no tengo intereses por la empresa. Ni soy portavoz de la gremial, pero sí soy
participe del sufrimiento de este grupo de personas, que optaron por un camino
complicado, a causa de un grito de alarma”.
Marcha popular contra la dictadura, ciudad de Guatemala 1978. Fotografía Mauro Calanchina.
Por Nelton Rivera
El gobierno decretó, sin ningún argumento, un nuevo Estado de Sitio. A 4 meses de que termine el desgobierno de Jimmy Morales, un confuso incidente armado en una comunidad de El Estor, Izabal, que presuntamente provocado por una patrulla de la marina del ejército el 3 de septiembre, con el saldo de varios vecinos heridos y tres militares muertos, abrió las puertas de una nueva escalada de criminalización y represión de Estado.
Esto ocurre a un día de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) terminó su mandato en el país. Mientras los sectores económicos declarados abiertamente en contra del comisionado Iván Velásquez y la Comisión celebraban el final del mandato de esta en Guatemala, Jimmy Morales en la conferencia de prensa en donde anunció la restricción de garantías lanzó ataques contra la prensa, las organizaciones campesinas y defensores de derechos humanos, criminalizando al pueblo q’eqchi para justificar una de las medidas más desproporcionadas de su gobierno, con el falso discurso de combatir al narcotráfico.
De
nuevo el Estado hace uso del recurso del terror y el uso excesivo de la fuerza
a través de militarizar 22 municipios del país en función de recuperar el
control absoluto de los territorios, los bienes naturales y la vida de las
personas, su instrumento es el Estado de Sitio. El recurso del miedo como lo
plantea Carlos Figueroa Ibarra lo hace a través de acciones represivas asumidas
o no, con fines políticos, debidamente planificados que responden a la protección
del status quo, modelo político, económico e ideológico. Haciéndose valer de las fuerzas de seguridad
del estado; ejército o policía, o fuerzas paraestatales para controlar,
desarticular, castigar o eliminar todas aquellas acciones que considere
contrarias a sus intereses o los intereses de los grupos de poder.
El
escenario de confusión y el argumento de la lucha antidrogas
Una patrulla del ejército
de Guatemala con sede en la base naval en El Estor incursionó en la comunidad q’eqchi
de Semuy II. Según los testigos, vecinos de la comunidad, el oficial al mando,
al verse ofuscado por el cuestionamiento de las mujeres, niños y ancianos sobre
el porqué de su presencia en la comunidad decidió utilizar su fusil de asalto,
abrió fuego y dos personas de la comunidad resultaron gravemente heridas[1], el ataque armado tuvo un
trágico desenlace, tres de los militares murieron minutos después.
Los medios de comunicación corporativos salieron al paso y afirmaron que la patrulla del ejército había sido emboscada por un grupo armado[2], a continuación publicaron que los responsables del ataque habían sido narcotraficantes que operan en el territorio[3]. El ejército argumentó que la patrulla perseguía a pie a una avioneta con posible droga abordo. Doce horas después, el 4 de septiembre desde el Palacio Nacional los ministros de la Defensa, Luis Miguel Ralda; y Enrique Degenhart, de Gobernación y el propio Jimmy Morales eliminaron de la versión anterior a narcos y crimen organizado e incluyeron a los pobladores.
En sus declaraciones a
los medios, en su redes oficiales y en la conferencia de prensa que dieron por
la mañana y luego a las 3 de la tarde, dirigieron todos sus ataques en contra
de los q’eqchis de Semuy II, contra las organizaciones de derechos humanos y
campesinas, como una muestra de reconfiguración del enemigo interno.
Las versiones entre
funcionarios públicos son contradictorias. Las versiones en los medios también
lo son. Los testimonios de los comunitarios afectados desmienten y contradicen
todas las anteriores. El Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil
(PNC) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) estuvieron en la
comunidad un día después, llegaron a la comunidad y la investigación recién
comenzó.
Lo ocurrido en Semuy II,
se haya esclarecido o no para el gobierno fue la excusa perfecta, sin mayor
información, sin investigación del MP, sin escuchar los testimonios de las
familias que vivieron la incursión militar, para decretar, en menos de 24 horas,
un Estado de Sitio.
A las 3 de la tarde, el
presidente Morales anunció que en 22 municipios de seis departamentos sus pobladores
perderán las garantías constitucionales de: libertad de acción, detención
legal, interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de
reunión y manifestación, entre otras.
No es la primera vez que este gobierno lo hace. En septiembre de 2016 intentó imponer un Estado de Sitio en todo el país, para evitar las movilizaciones populares en rechazo a los casos de corrupción, impunidad y despojo de bienes naturales, incluyendo el juicio de la propia familia presidencial. En esa ocasión, Jimmy Morales quiso usar la medida justificando el ingreso de una tormenta al país.
Posteriormente lo hizo durante
la crisis humanitaria provocada por la erupción del volcán de Fuego, en 2017. Decretaron
Estado de Prevención, en esta ocasión las acciones del gobierno estuvieron en
la línea de no beneficiar a los sobrevivientes y comunidades afectadas, se
ocultó la información y el uso de los recursos dejó más dudas que transparencia
y ayuda a los damnificados.
Por lo ocurrido en El
Estor, la embajada de los Estados Unidos en su cuenta de twitter se solidarizaría
con las familias de los tres soldados muertos por “narcotraficantes”,
reproduciendo la versión confusa de los hechos con el supuesto de apoyar al
gobierno con el combate al narcotráfico y desdibujando a la comunidad como la
víctima principal del hecho.[4]
¿Estado
de Sitio y militarización para qué?
Jimmy Morales a las 3 de
la tarde anunció la instauración del Estado de Sitio, y con ello afectando a
cientos de comunidades de seis departamentos del país. Ahora, le corresponde al
Congreso de la República conocer el decreto, aprobarlo o no. Morales justificando
la supuesta lucha contra el narcotráfico lanzó acusaciones y castiga a las miles
de personas que serán afectadas en Zacapa, El Progreso, Alta y Baja Verapaz,
Izabal y Petén. Así el gobierno justificó la medida desproporcionada con un
hecho de violencia protagonizado por el ejército –que no fue aislado, porque
cada acción de la tropa responde a la cadena de mando militar-, ocurrido en una comunidad q’eqchi.
Todo ocurre mientras la Cicig finalizaba su mandato, desde el Palacio Nacional de la Cultura se anunciaba el Estado de Sitio a las 3 de la tarde, Carlos Martínez secretario general de la presidencia leyó el contenido del decreto gubernativo, acompañado de Jafeth Cabrera vicepresidente a su izquierda y Jimmy Morales del otro lado. Atrás el resto de ministros avalando el acto después de firmar el decreto gubernativo 1-2019.
Abogado Ramón Cadena de CIJ. Fotografía Nelton Rivera.
Para comprender los
impactos antidemocráticos de las acciones del gobierno entrevistamos al abogado
Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).
¿De
nuevo se hace un uso desmedido de la ley de orden público, sigue siendo vigente
esta ley?
“La ley de orden público
aún no ha sido derogada, a pesar que los Acuerdos de Paz en 1996 establecieron
que esta ley debe de reformarse o crearse una nueva ley, de eso ya pasaron 22
años sin cumplirse. El Estado de Sitio debe de aprobarlo el Congreso de la
República, luego que el Ejecutivo emita un acuerdo gubernativo en consejo de
ministros y lo envíe al Congreso solicitando se limiten determinados derechos y
garantías constitucionales.
La ley de orden público
es una ley obsoleta, en el Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil se
estableció que hay que crear y aprobar una nueva ley. Entonces ante ese vacío siguen
aplicando esta ley porque a conveniencia de los gobernantes esta sigue siendo
una ley muy permisiva y represiva.
¿Qué objetivo persigue el gobierno con este Estado de Sitio?
El Gobierno tuvo que
evaluar de mejor manera lo sucedido, investigar qué fue lo que en realidad
sucedió y aclararlo para poder tomar las medidas que fueran necesarias, lo que
el gobierno hizo hoy se entiende que fue crear una situación de violencia para
aprobar el Estado de Sitio, esto nos indica que pueda ir esta medida en la
línea de atacar la sentencia en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de atacar
la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que tienen que ver con el caso de la
suspensión del proyecto minero Fénix de la empresa CGN-Pronico.
Todos los elementos nos
dan a entender que se trata de una situación ya preestablecida y previamente
planificada con el objetivo de afectar a las comunidades indígenas. Y es
lamentable que otra vez el Estado venga a reaccionar de esta forma en contra de
las poblaciones.
¿Por
qué usar el discurso de la lucha antidroga?
Lo que realmente ocurre
es que sin averiguar si se trató de crimen organizado o no, que grupos de crimen
organizado son responsables, si la patrulla cometió un grave error, ni de cómo
fueron los hechos para poder tomar medidas, ahora se acusa a las comunidades,
al establecer el Estado de Sitio se les va a afectar directamente fueran estas
inocentes o no. Todo apunta que eso es lo que finalmente quiere el gobierno
para militarizar toda la zona.
La ruta correcta para
luchar contra el narcotráfico es a través del derecho penal, pero si aquí lo
que están tratando de hacer es resolverle el problema que tiene la CGN Pronico
con la suspensión de operaciones, lo que hacen es criminalizar aún más a la
gente. De todas formas nunca es recomendable que se establezca un estado de
excepción para resolver un asunto de derecho penal.
La limitación de los derechos debe de ser el último recurso de un estado democrático, finalmente todo indica que se dio esta situación para que se decretara el Estado de Excepción para perjudicar a las comunidades, organizaciones sociales y resistencia. No con el objetivo de combatir al crimen organizado o al narcotráfico.
….
Cuál ha sido la dinámica para imponer Estados de prevención y de Sitio
En Guatemala implementar
Estados de Sitio o de Prevención para limitar las garantías constitucionales ha
sido una medida utilizada con la finalidad de contener, desarticular, controlar
y reprimir a la población. Fue una práctica común durante las dictaduras
dirigidas por militares en los años de la guerra y se retoma con gobiernos de
derecha con participación de empresarios.
La narrativa violenta a
la que hemos asistido en los últimos años en Guatemala han sido de
implementación del modelo neoliberal y extractivista, conocido como
“acumulación por desposesión” (Harvey, 2,004) que basa la necesidad de explotar
la naturaleza a costa de lo que sea, principalmente del uso de la violencia.
Esto ha quedado claro en diferentes lugares donde se han tratado de implementar
megaproyectos como los monocultivos para la agroindustria, las hidroeléctricas,
la minería a cielo abierto, plantas cementeras, petroleras entre otras.
En estos casos ha habido
tres actores fundamentales en tensión: el Estado, las empresas y las
comunidades. Aunque también han participado otro tipo de actores no estatales
con actividades clandestinas y criminales, que no siempre ha quedado claro su
papel.
El papel del Estado en
esta etapa ha sido crear las condiciones para la implementación del modelo a
beneficio de las grandes empresas, incluso en detrimento de sí mismo, de la
naturaleza y de la población. Se ha hecho uso de la fuerza pública para
reprimir y crear terror a la población organizada que se niega al modelo por
considerarlo nocivo. Para lograrlo han llegado al extremo de imponer Estado de
sitio y/o de prevención.
Desde la firma de los
Acuerdos de Paz en 1996, distintos pueblos indígenas, mestizos, xinkas y
garífunas han vivido los daños directos e indirectos de la utilización de los
Estados de Sitio como una extensión del aparato represor del Estado.
De esa cuenta las doce
comunidades maya kaqchikel de San Juan Sacatepéquez fueron golpeadas por el
gobierno de Álvaro Colom en 2008, la oposición a la construcción de la Planta
San Gabriel de la empresa Cementos Progreso y la construcción de la carretera
privada Anillo Regional fueron la razón del Estado de Sitio.
En 2010, Álvaro Colom
decretó un Estado de Sitio en Alta Verapaz con el supuesto de combatir células
del cartel mexicano de Los Zetas.
En 2012, fue el turno de
las comunidades q’anjob’al de Barillas Huehuetenango durante el gobierno de
Otto Pérez Molina, detrás estuvo la empresa española Ecoener Hidralia Energía
con tres proyectos hidroeléctricos de Hidro Santa Cruz.
En 2013, se repetiría la
misma historia en San Rafael Las Flores y Casillas Santa Rosa, Jalapa y
Mataquescuintla, detrás estuvo la empresa canadiense Radius Gold Inc. con el
proyecto Minero El Escobal de la empresa Minera San Rafael.
En 2014, un segundo
Estado de Sitio en el territorio de las doce comunidades maya kaqchikel de San
Juan Sacatepéquez durante el gobierno de Otto Pérez Molina, que permitió el
avance de la construcción de la planta cementera y el avance del Anillo
Regional.
En 2017, los intentos
frustrados de la transnacional ruso suiza Solway y la Compañía Guatemalteca de
Níquel CGN no habían logrado hacer eco en el gobierno de Guatemala, desde El
Estor, la CGN, gobernadores y el alcalde municipal exigieron con insistencia un
Estado de Sitio, el argumento era la problemática que se desarrolló alrededor
de la actividad extractiva.
Dos años después y con la
presión que la empresa tiene por la resolución de la Corte de
Constitucionalidad con la suspensión de las operaciones del principal proyecto
minero de níquel con la licencia Fénix en ese municipio se genera un confuso
incidente que le permite al gobierno justificar la desmedida acción de un nuevo
Estado de Sitio, desproporcionada a tal punto que afecta a 21 municipios de 5
departamentos que se extienden en el corredor de la Franja Transversal del
Norte casi en su totalidad.
Pescadores en el Lago de Izabal frente a la planta procesadora de níquel de la empresa ruso suiza Solway en El Estor, Izabal. Foto: Nelton Rivera
“El gobierno municipal está haciendo de las suyas
desde el momento en que se propuso lo del Estado de Sitio. Atrás de esto, lo
que quieren es criminalizar y neutralizar el acompañamiento que las
instituciones estamos haciendo en el área. Hay señalamientos directos. Y se nos
señala de ser responsables de la conflictividad, cuando es lo contrario”.
Por
Andina Ayala
6 de septiembre 2019
El pasado 4 de septiembre, corrió por todas las redes sociales y redes oficiales la intención por parte del gobierno central de declarar estado de Sitio en 6 departamentos (Norte y Oriente) del país. La versión oficial basa esta disposición en el asesinato de 3 miembros del ejército en la comunidad Semuy II de El Estor, Izabal. Este municipio, se ha mantenido bajo acaloradas disputas territoriales y ambientales contra distintas empresas extractivas, desde las que producen aceite, hasta las que extraen níquel.
El
Estor volverá a estar en el ojo del huracán si el Congreso de la República ratifica el estado de Sitio el próximo sábado
7 de septiembre. Esta vez en total desventaja y desprotección para los
defensores de la naturaleza tanto de Izabal como de los otros 5 departamentos.
Hace
menos de un mes se discutió en la Corte de Constitucionalidad (CC), la
pertinencia y legalidad del proyecto minero Fénix otorgado por el Ministerio de
Energía y Minas (MEM) a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), a la cual se
le ordenó detener sus actividades de minería por no haber realizado la consulta
libre previa e informada, uno de los requisitos de la ley de minería. Como
resultado de esta suspensión, se reiteraron afinidades y aversiones. Entre
estas, nos llama la atención las del Alcalde Rony Méndez, quien anteriormente
se ha manifestado en contra de la mina y desde el 18 de julio de 2019 se
expresa a favor de la empresa.
El
alcalde estoreño no se hizo esperar para congraciarse con los servidores
públicos que impulsan el estado de Sitio y volcarse en contra de organizaciones
de derechos humanos y vecinos, publicando en sus redes personales lo siguiente:
“FUNDACIONES Y ONG’S de ideología Izquierdista tienen cobertura y control social de las comunidades y líderes violentos en El Estor, Izabal. Se aprovechan de la ausencia del ESTADO y manipulan a sus bases para no respetar a la autoridad municipal y del Estado en su conjunto. Por eso existe ingobernabilidad y violencia generalizada. Ellos se creen tener el poder social porque los defienden en hechos ilícitos y los concienten con programas asistencialistas que el Estado no puede dar y los incitan a invadir tierras y a bloquear carreteras hasta ignorar la ley y a las mismas autoridades de turno.
En El Estor Izabal se les ha llamado la atención a las organizaciones civiles ONGs por parte del Concejo Municipal y no les ha gustado y por eso hablan mal del Alcalde y del honorable Concejo y apoyan las movilizaciones que terminan en violencia y muertes…”.
Un discurso cuestionable
Surgen
varias preguntas en relación a los señalamientos que hizo el 4 de septiembre el
jefe municipal Rony Méndez, ¿Cómo prueba el señor alcalde que las fundaciones y
ong´s son de “ideología izquierdista”? Según él ¿Qué es una ideología
izquierdista? ¿Tiene pruebas de la manipulación de la que habla? ¿Tiene pruebas
de la incitación a la que hace referencia? ¿Son numerosas esas fundaciones y
ong’s como para rebasar el orden del cual él es responsable? ¿Qué ha hecho él
por evitar el supuesto abandono del Estado? ¿Acaso no es él parte del Estado? Y
por último, que detalle la forma en que el Concejo Municipal le ha llamado la
atención a las organizaciones civiles, ¿Cuál es el puesto o quienes son los
encargados de hacer esto?
Nos
hemos comunicado con organizaciones de derechos humanos en El Estor quienes
respondieron:
“Es preocupante porque nos están privando de toda
libertad, a la gente y las comunidades. Es una forma de poder justificar la
captura de los líderes y las lideresas que han venido siendo criminalizados por
la lucha por la tierra, que, con este estado de Sitio tienen los brazos
abiertos para poder capturarlos. Que la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) asuma
el papel y que verifique por qué han estado actuando de manera muy violenta”.
Las autoridades son un lastre cuando emiten
opiniones paternalistas
Este
discurso fétido que intenta generalizar y etiquetar a los ciudadanos como masas
manipulables, o como borregos tontos que no saben lo que hacen cuando defienden
sus derechos, que se les aplaude ¡sí! si son ovejas a la hora de votar, aparentemente
la manipulación no está mal cuando es de parte de los políticos.
Señoras
y señores, es un discurso superado, piénselo, nadie se metería a los problemas
que devienen de defender los territorios, nadie quiere ir a la cárcel, nadie
quiere perder su tiempo en audiencias, nadie quiere ser perseguido. La lucha es
por convicción, una oposición nace de la realidad, porque los problemas se
viven en carne propia, porque el calor mata, porque el agua enferma, porque el
aire intoxica, porque la siembra no crece, porque los peces escasean, por mil y
un motivos.
Amable
lector le invito a rechazar el Decreto Gubernativo 1-2019, a no ser cómplice de
montajes políticos, le invito a cuestionar a sus autoridades.
CONDENAMOS EL ESTADO DE SITIO IMPUESTO POR EL
GOBIERNO
La
imposición del Estado de sitio en 21 municipios de los cinco departamentos del
país obedece a una táctica de desmantelar la resistencia de las comunidades que
han venido enfrentando a empresas nacionales y transnacionales interesados en
explotar los bienes de la Madre Tierra en esta región.
Los Estados de sitio que han
venido implementando los diferentes gobiernos es muestra de la debilidad de
este sistema neoliberal que tiene como único mecanismo la violencia, división y
muerte en las diferentes regiones, el Estado de sitio que se impuso en contra
de las comunidades de Huehuetenango, en el oriente y San Juan Sacatepéquez en
el gobierno de Otto Pérez Molina, provocó violaciones a los derechos humanos,
acoso y violación a mujeres por parte de la tropa castrense.
Rechazamos
la versión del gobierno que fue una acción de emboscada al ejército, por narcotraficantes,
ya que los narcos están enquistados en el Estado, por lo que no pueden
combatirse entre ellos mismos o seria pensar que el perro muerde su propia
cola.
¿Cómo se explica que existe población civil heridos en
esta situación?, entre ellos un anciano; en una emboscada losque salen heridos o muertos son los participantes
en una acción bélica, con estas aseveraciones irresponsables del gobierno, no
es creíble y más cuando él ha ganado la fama de ser manipulador de la
información para sus propios intereses.
Nos
preocupa enormemente que este caso haya sido planificado para responder
intereses oligárquicos y transnacionales, ya que para el sistema neoliberal
sacrificar la vida de soldados rasos no tienen importancia, al fin son hijos de
campesinos e indígenas, ya que así fue durante el conflicto armado la tropa que
murió son hijos de la población pobre, mientras los altos mandos del ejército
viven bien del presupuesto nacional.
Hoy el congreso no ha
logrado aprobar de urgencia nacional en primera lectura el Estado de sitio
impuesto por el ejecutivo durante 30 días, por ello hacemos un llamado a las
organizaciones sociales e individuales a estar pendientes porque el presidente
del congreso Álvaro Enrique Arzú Escobar ha señalado que debido a falta de
cuórum, la aprobación se realizaría en tres debates ordinarios. La Junta
Directiva dio lectura al Decreto Gubernativo 1-2019 que autoriza las medidas de
excepción anunciadas ayer por el gobernante Jimmy Morales.
Por tal razón
Proponemos
que exista una comisión internacional que investigue el caso que es gravedad
desde toda índole para aclarar a fondo la situación.
No
permitamos que se militaricen las regiones ya que la presencia del ejército y
la policía es la presencia del terror en las comunidades, porque no han sido
educados para convivir con las comunidades.
Combatir el
narcotráfico desde las estructuras del Estado, las comunidades son trabajadores
honrados que viven del trabajo cotidiano, la corrupción es aliado del
narcotráfico y del crimen organizado y eso sólo lo encontramos en las
estructuras estatales, para que este gobierno no nos engañe.
Asociación Maya Uk’ux B’e
Miembro activo de la Convergencia Nacional Waqib’
Kej
Pobladores y
organizaciones de derechos humanos reportan presencia militar y limitaciones
para ejercer sus actividades cotidianas debido al estado de sitio que se
encuentra vigente de forma provisional hasta que el Congreso decida ratificarlo
o rechazarlo.
El 5 de septiembre el gobierno de Jimmy Morales publicó en
el Diario de Centro América (DCA) el decreto 01-2019 con el que cobró vigencia
el estado de sitio en 22 municipios de seis departamentos, como respuesta a la
confusa muerte de tres soldados en Semuy II, El Estor, Izabal, la tarde del
tres de septiembre.
Antes de su publicación en el DCA, el gobierno publicó en su
cuenta de Twitter una versión del acuerdo donde no se mencionaba al municipio
de San Luis Petén y en la versión impresa si estaba incluido. Para el abogado
Ramón Cadena esto es muestra de irresponsabilidad por parte del gobierno.
Según el diputado Enrique Álvarez el estado de sitio está vigente,
pero de manera provisional, ya que el Congreso aún no lo ha ratificado y el
presidente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar convocó a sesión extraordinaria
el sábado siete a las 11:00 a.m., para conocer el acuerdo en tercera lectura. Para
ser ratificado necesita del voto de 85 diputados.
Organizaciones
y pobladores ven limitadas sus actividades y derechos
En Purulhá, pobladores han informado que
existe un notable incremento del número de agentes de la Policía Nacional Civil
(PNC). En el mercado de este municipio, los vendedores acostumbran a extender
su actividad comercial hasta las 11:00 p.m., sin embargo, la PNC les exigió que
se retiraran a sus casas a las 6:00 PM. Una comerciante se opuso a la exigencia
de las autoridades y les permitieron cerrar a las 9:00 PM.
En la región donde se declaró estado
de sitio, la cual abarca una extensión de 17 mil kilómetros, organizaciones de
derechos humanos como como la Fundación Guillermo Toriello, la Unión de Mujeres
de Guatemala (Unamg) y el Comité de Unidad Campesina (Cuc) realizan trabajo en
distintas comunidades. Durante la conferencia de prensa del cuatro de
septiembre el presidente Jimmy Morales les llamó “pseudo defensores”. Estas
organizaciones manifiestan que debido al estado de sitio se han visto obligados
a paralizar sus actividades, y restituirlas hasta que existan garantías Constitucionales.
Uno de los trabajadores de estas
organizaciones situadas en comunidades del Valle Del Polochic, que pidió omitir
su nombre, declaró su preocupación porque las comunidades podrían ser atacadas
y desalojadas ya que el estado de sitio limita derechos fundamentales. “La oligarquía y los finqueros tienen la
intención de ejecutar acciones para despojar a las personas de sus tierras con
el apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado”, agregó.
La situación de las mujeres del área
es preocupante. Ada Valenzuela, directora de Unamg, declaró que tuvieron que
tomar acciones para proteger al equipo, y agregó “estamos preocupadas por las
mujeres de Sepur Zarco quienes tendrán que volver a ver a los militares en las
calles. Nos sentimos inmovilizadas porque las restricciones limitan la libre
locomoción, esto impide el acompañamiento. Tememos por las compañeras”.
Mientras tanto en El Estor, vecinos documentaron
el paso de camiones militares y Jeeps J-8 que se dirigían a la comunidad de
Pataxte en El Estor, la cual limita con el municipio de Panzós, Alta Verapaz.
El ministro de defensa Enrique Degenhart, citado por el medio Prensa Libre declaró que se reuniría el 5
de septiembre con agencias de inteligencia federal de Estados Unidos para
pedirles apoyo para el estado de sitio y dijo “todas las agencias de
inteligencia federales de Estados Unidos van a tener conocimiento de nuestros planes”.
También hay retenes militares en varios puntos.
Al final de este día, organizaciones
sociales han reaccionado ante el estado de sitio, convocado a una manifestación
mañana desde las 10:00 horas frente al Congreso, al mismo tiempo que los
diputados estarán discutiendo la tercera lectura para poder ratificar esta
disposición del gobierno de Jimmy Morales.
Ocupación militar de la Comunidad Semuy II en El Estor Izabal. Fotografía Rony Morales
Grupo de derechos humanos pide al gobierno de Morales que ponga fin al estado de sitio de 30 días que afecta a las comunidades indígenas
El Servicio Mundial Judío Estadounidense (AJWS), la principal organización mundial de derechos humanos judía, denuncia enérgicamente la decisión de Guatemala de imponer un estado de sitio de 30 días en 22 municipios en cinco provincias en respuesta a los asesinatos de tres oficiales militares guatemaltecos. Hacemos un llamado al presidente Jimmy Morales y al Congreso de Guatemala para que reconsideren esta decisión drástica.
Condenamos el asesinato de tres oficiales militares y creemos que el gobierno guatemalteco debería investigar a fondo estos asesinatos. Sin embargo, el estado de sitio no abordará la causa de los asesinatos y, de hecho, tendrá graves repercusiones en las libertades civiles de todos los ciudadanos guatemaltecos. Gran parte del área bajo este estado de sitio es el hogar de comunidades indígenas que luchan por los derechos sobre la tierra y contra proyectos y actividades destructivas, incluidas las plantaciones de aceite de palma, la minería y las represas hidroeléctricas.
Creemos firmemente que los principios democráticos de Guatemala y su vibrante sociedad civil deben ser respetados y protegidos. Junto con otras organizaciones de derechos humanos, hemos trabajado durante años para promover el respeto por los derechos humanos en Guatemala. Junto con la comunidad internacional, estamos observando de cerca este período mientras Guatemala hace la transición a un nuevo presidente para comprender cómo se ven afectados los derechos humanos de los guatemaltecos.
Como judíos, sabemos muy bien por nuestra propia historia que la comunidad internacional debe ponerse de pie para defender los derechos humanos de todas las personas, especialmente las comunidades vulnerables como los pueblos indígenas de Guatemala. Continuaremos apoyando vigorosamente a nuestros socios en Guatemala, que incluyen a los defensores de los derechos humanos y los pueblos indígenas, en sus demandas por el respeto de sus derechos fundamentales.
La imposición del estado de sitio en 22
municipios de los seis departamentos del país obedece a una táctica para
desmantelar la resistencia de las comunidades que han venido enfrentando a
empresas nacionales y transnacionales, interesados en explotar los bienes en
esta región.
Los estados de sitio que han
implementando los diferentes gobiernos son la muestra que este modelo neoliberal
y extractivo tiene como único mecanismo la violencia, división y muerte en las
diferentes regiones. La restricción de garantías constitucionales que se impuso
en contra de las comunidades de Santa
Rosa, Jalapa, Huehuetenango y San Juan Sacatepéquez entre 2012 a 2014, en el
gobierno del ex presidente y general acusado de corrupción Otto Pérez Molina,
provocó violaciones a los derechos humanos, detenciones de opositores a los
megaproyectos, acoso y violación a mujeres por parte de la tropa militar.
Ante estos riesgos, miles de personas
en los 22 municipios de Izabal, Alta y Baja Verapaz, Petén, El Progreso y
Zacapa están nuevamente expuestos, pero con mayor riesgo el pueblo q’eqchi en
los municipios en donde hay oposición a proyectos extractivos.
Pasadas las dos de la tarde del 3 de
septiembre en las redes sociales se filtró información sobre un enfrentamiento
armado con el ejército frente a la colonia minera de la Compañía Guatemalteca
de Níquel CGN en El Estor Izabal. Ese mismo día el ejército afirmó a las 16:36
de la tarde que fueron emboscados, iban persiguiendo a pie un avión con droga
que aterrizaría en una pista clandestina en este municipio.[1]
El ministro de defensa Luis Ralda, en
conferencia de prensa a las 10:00 de la mañana, un día después le dio un giro
de 180 grados a la versión oficial de lo ocurrido. El ministro afirmó que los
soldados fueron asesinados en la comunidad Semuy II el día anterior, que la
patrulla de 9 soldados de marina perseguía una traza de un jet de
narcotraficantes, los soldados fueron desarmados en la comunidad y asesinados
con sus propias armas –fusiles de asalto israelitas Galil- . No fueron
emboscados, no fueron narcotraficantes y que los vecinos de la comunidad son los
responsables del ataque.[2]
En Guatemala las autoridades indígenas
en las comunidades todo los coordinan con las autoridades estatales,
municipales, policía u otra institución, cualquier acción que se busque
realizar en la comunidad, desde la seguridad, educación, salud,
infraestructura, agua, etcétera. El 3 de septiembre esto no ocurrió en Semuy
II, el ejército entró a la comunidad, las mujeres y niños realizaban una
jornada de vacunación y los hombres estaban trabajando en sus cultivos.[3]
A siete días del estado de sitio la comunidad está ocupada militarmente, tienen
restricciones de todo tipo, fueron criminalizados y no puede salir ni trabajar.
Para conocer y comprender lo ocurrido
viajamos a El Estor, específicamente entramos a Semuy II, el sábado 7
entrevistamos a uno de los comunitarios –autoridad indígena- sobre los hechos
ocurridos el 3 de septiembre, razón que uso el gobierno de Jimmy Morales para
justificar y decretar un desmedido estado de sitio que durará 30 días, aquí
está la entrevista:
Rony Morales Tot, Prensa Comunitaria Km.169
“Mi nombre es Domingo Mucu Seb,
autoridad de la comunidad Semuy II, en el municipio de El Estor, Izabal. Quiero
hablar con ustedes, primero les doy un cordial saludo, quiero hablar de los
problemas que están sucediendo, quiero que nos apoyen, ya que estamos viendo
cientos de militares en nuestro territorio.”
PC ¿Qué paso el 3 de
septiembre?
DM: esto es una tragedia, lo estoy
expresando con toda la verdad. Me encontraba
sembrando cardamomo maíz y frijol. Eran las 3 de la tarde cuando regresaba
a la casa, ahí me informaron lo que estaba sucediendo, me dijeron que estaba
convocada una reunión de la comunidad.
Ese día, desde las 9 de la mañana,
según estaba en nuestra planificación, habría una jornada de vacunación para
mujeres y niños, ese día llegaba la enfermera, que viene de la aldea Chineval, ella es la que le
da tratamiento a las señoras. Fue a esa hora cuando llegaron los militares e
ingresaron a los terrenos de la comunidad, subieron 300 metros en dirección a
la montaña, no sé qué estaban buscando, y cómo decimos, no sabíamos lo que
querían en la comunidad.
En la reunión comunitaria las señoras y
ancianos dieron a conocer que a las 9:00 de la mañana los militares se fueron a
la montaña, a la una de la tarde regresaron. Las personas presentes les
preguntaron que buscaban, uno de ellos,
un oficial a quien no conozco, yo sólo sé que ellos son los poderosos,
se enojó disparo en el aire, después de
ahí empezó a disparar a un 1 metro de altura de la tierra. Después le disparó a
una señora en la pierna del lado izquierdo, y otro señor le disparó en el pecho,
lo que yo digo que vi fue a las personas heridas. Esa es la verdad que no
quieren que se diga. “Los militares son los que dispararon en la comunidad, por
eso digo que me dio miedo”.
Sabemos que las autoridades de gobierno
quieren encontrar a la persona responsable del asesinato de los soldados, pero
como les digo, no puedo decir quién es la persona porque yo no la vi, las
autoridades comunitarias están aquí y tienen miedo. “Las señoras, los señores, niños y niñas
están muy asustados”.
PC: ¿Cuál es el mayor
temor luego de lo que ocurrió?
DM: tenemos miedo, los militares vinieron sin ningún
permiso y nunca notificaron a que vendrían. Si hubieran notificado o coordinado,
los hubiéramos recibido como autoridad comunitaria, los hubiera esperado junto
a la directiva comunitaria. En cambio, esto pasó de un momento a otro cuando me
fui a trabajar, no lo esperaba, no estábamos reunidos como autoridad. A las tres
de la tarde cuando regresé, me sorprendí cuando vi a la comunidad con mucho
terror.
Nosotros preguntamos ¿por qué será que ahora
tienen autorización de ley para entrar a las comunidades, sin el conocimiento
de la autoridad comunitaria? ¿Por qué no investigaron primero? por qué no
pidieron permiso? Se les hubiera recibido. Ahora pasó esta tragedia, que duele ¿por
qué no nos apoya la ley? Nos están tratando a todos los vecinos como si
fuéramos criminales.
PC: ¿Les preocupa la
presencia de los militares?
DM: Como les dije, sí hay paz, yo sé que
hay paz, ¿o ya no hay?, ¿O será que
llegamos a los años 80 nuevamente?. En el acta comunitaria expuse que son momentos
difíciles en la comunidad de Semuy II, son muy fuertes y dolorosos, de mucho
temor y angustia. Necesitamos a los medios de comunicación para que nos ayuden
a difundir, necesitamos apoyo para los niños. Nos preocupa el suicidó de personas de la
comunidad.
Nos preocupa el resentimiento de parte
del ejército, por el problema que ocurrió en la comunidad, duele lo que hacen
los militares porque están diciendo que van a seguir buscando y que tienen que
encontrar al responsable de los asesinatos.
Con la junta directiva nos hemos
reunido para conocer lo que sucedió. A mí me están presionando porque soy la
autoridad en la comunidad, sabemos que aquí no hay ningún conflicto, pero ellos
nos están presionando porque salieron publicaciones en las redes sociales de
Facebook señalando a varias personas de la comunidad.
PC: El gobierno dice
que hay una pista de aterrizaje, ¿usted qué responde?
DM: no existe ninguna pista de aterrizaje,
eso es lo que están buscando, aquí hay montañas y en sus faldas una patrulla
fue desplegada para buscar la aeronave, pero no era aquí. Las únicas dos pistas
que conocemos son las de la empresa de palma de Naturaceites.
PC:¿Qué
paso con los heridos de Semuy II?
DM: a las 9:00 de la noche los heridos fueron
llevados en una ambulancia de la aldea Chinebal al hospital, luego supimos que
están en La Tinta. El bombero nos explicó que la tragedia era muy grave, lo que sucedió se empezó a difundir en
Facebook y todo el mundo nos estaba diciendo asesinos y no sabemos qué es lo
que pasó.
Las autoridades militares dijeron que
la pista de aviones era el campo de futbol que está frente a la escuela y aquí
no hay nada. Les dije que fueran a buscar a las montañas, les di permiso para
pasar y por eso nos está pasando esto, y por eso pido que nos apoyen. Como
también digo que estamos trabajando en la palma, ahí cada cuatro meses nos dan
trabajo.
Tengo que decir la verdad, los
militares me están presionando: que si yo no hablo a todos nos van a castigar, insisten
que hable, que diga quién fue. Pero yo
no estaba cuando ocurrió todo lo que pasó, ahora nos están diciendo que no sólo
van a encontrar a los responsables de los asesinatos de los militares y que si
no decimos la responsabilidad caerá en contra de todos nosotros.
Además, nos han dicho que de no decir
quién fue, no vamos a ser escuchados, que cuando vayamos a un hospital no seremos
atendidos. Eso es lo que nos dijeron las autoridades militares aquí en Semuy II,
también nos están diciendo de que lo que ocurrió lo vamos a pagar nosotros.
Fotografía Rony Morales. Comunidad Semuy II durante ocupación militar. El Estor Izabal. Rony Morales Tot, Prensa Comunitaria Km.169Campo de fútbol de la comunidad Semuy II, aquí insiste el ejército en afirmar que aterrizan aviones. Fotografía Rony Morales Tot, Prensa Comunitaria Km.169Ocupación militar de la comunidad Semuy II en El Estor Izabal. Rony Morales Tot, Prensa Comunitaria Km.169Los Jeeps J8 que dio la embajada de los Estados Unidos para el combate al narcotráfico en Guatemala son usados para ocupar militarmente la comunidad q’eqchi de Semuy II en El Estor. Fotografía Rony Morales Tot, Prensa Comunitaria Km.169
La
imposición del estado de sitio en 22 municipios de seis departamentos del país criminaliza
a las personas de las comunidades en resistencia que han venido enfrentando a
empresas nacionales y transnacionales, interesados en explotar los bienes en la
región nororiente del país, especialmente en el Valle del Polochic.
Para
conocer y comprender lo ocurrido viajamos a El Estor, específicamente a la comunidad
Semuy II, el sábado 7 de septiembre. Durante nuestra estadía entrevistamos a
Joel Juc, de 26 años, agricultor, enfermero comunitario y una las pocas
personas que hablan español en el lugar. Nos contó su versión de los hechos
ocurridos el 3 de septiembre. A continuación trasncribimos la conversación:
PC. ¿En dónde se encontraba el 3 de septiembre?
JJ: desde ese día
nos están acusando del asesinato de los militares, no estuvimos ahí. Sin pruebas
nos están tratando como asesinos. Es doloroso porque nosotros vivimos en constante
miedo y no vamos a huir, porque no cometimos ningún crimen.
Yo no estaba en ese momento. Ante Dios y como creyente les digo que no miento. Durante la tarde los militares nos pidieron y recogieron el DPI, me dijeron que yo asesiné a los militares y quieren que aceptemos la culpa, nos obligan a que diga la verdad, le pido al Ministerio Público (MP) que investigue quienes son los asesinos de los tres militares.
Foto: Rony Morales
PC: ¿Han respetado a la autoridad comunitaria para
entrar a la comunidad?
JJ:
no respetaron al alcalde auxiliar, él tiene una bara en las manos, tienen que
respetar a la autoridad comunitaria que fue nombrada por el alcalde municipal de
El Estor, la comunidad q’eqchi´ siempre ha sido discriminada por los militares,
somos pobres y nos duele mucho lo que nos hacen sólo porque somos de las
comunidades.
Le
pido a las autoridades del estado investigar bien, están aquí los militares,
las personas casi no se mantienen en sus casas, algunos están huyendo, otros
están durmiendo con sus familiares en otras comunidades No sabemos qué pecado
estamos haciendo o que delitos estamos
cometiendo ante las autoridades, solo sabemos qué hay un Dios.
PC. ¿Qué les pide a las autoridades?
JJ: pido al MP que
investigue bien, también le pido que nos muestre quién es el que nos está
denunciando y quién vió cuando yo asesiné a los militares, esto es lo que pido,
que investiguen bien. Asesinar a una persona es un delito grande, la biblia
dice el que mata con arma con arma tiene que morir.
Nosotros
estamos en la comunidad de Semuy II y todas las personas están con temor, porque nunca los hemos visto en el tiempo que
llevamos viviendo en la comunidad. Ellos violaron la ley, no sé en qué parte de
la ley dice que se puede entrar en la
comunidad sin ninguna notificación u orden.
No
tengo miedo para decir la verdad, vamos a decir la verdad en los tribunales de
justicia, nos miraremos cara a cara con la persona que me acusó, eso es lo que
pido ante las autoridades solo necesito que lleven a la persona que me está
acusando de asesinar.
Ante Dios, digo que
no tengo porque asesinar a mi compañero, porque no tengo por qué. Sólo Dios
juzga, estas son mis palab
Este 12 de septiembre miembros de la Procuraduría de Derechos Humanos de (PDH) visitaron la comunidad Semuy II en El Estor, Izabal. Durante su recorrido pudieron verificar que la situación de derechos humanos en educación, salud y libertad de religión están siendo vulnerados por miembros del ejército de Guatemala.
Por medio de una
publicación en Twitter los miembros de la PDH dieron a conocer que los derechos
de la población de Semuy II están siendo
vulnerados, personas de la comunidad fueron señalados y expuestos en redes
sociales, a consecuencia de esto, uno está gravemente enfermo ya que es
diabético. La presencia de cientos de miembros del ejército ocupando la
comunidad tiene atemorizada a todas las personas.
Los pobladores
relataron que los maestros se encuentran
confundidos, con miedo, no quieren presentarse a la escuela ya que sienten temor
por la presencia de militares. El estado de sitio no garantiza las clases ni
los procesos de salud que se llevan en la comunidad normalmente, varios padres
de familia dieron a conocer que por miedo no dejarán que sus hijos vayan a
estudiar. El Presidente del Consejo
Comunitaria de Desarrollo (Cocode) conversó con los maestros para ver cómo seguirá la
planificación de los procesos escolares.
En El Estor se viven dos realidad
paralelas, en una se decreta un estado de sitio, se ocupan militarmente las
calles del centro de El Estor, se militarizan las carreteras, montañas, lago y
la comunidad q’eqchi de Semuy II, que ahora está ocupada por 400 soldados del
ejército.
En la otra realidad, la Corte de
Constitucionalidad (CC) desde el 18 de julio, ordenó la suspensión provisional
de todas las operaciones del proyecto minero Fénix propiedad de la empresa ruso
suiza Solway, operado por la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN que abarca el
municipio de El Estor en Izabal, Cahabón, Senahú y Panzós de Alta Verapaz,
también ocupados por el estado de sitio.
El gobierno restringió las garantías constitucionales de las personas en 22 municipios del país desde el 4 de septiembre durante 30 días, en El Estor esas garantías también fueron restringidas, a pesar del estado de sitio y de la resolución de la CC, la CGN opera sin ningún inconveniente.
Foto: Baudilio Choc
Lo de todos
los días
Los camiones de volteo están moviéndose
desde la zona de las canteras del proyecto minero en la Sierra Santa Cruz en El
Estor, ahí la maquinaria trabaja sin parar, cargan los camiones y estos
descienden desde lo alto de la montaña e ingresan a la planta procesadora de
níquel. Descargan y regresan montaña adentro por más material repitiendo el
ciclo todo el día.
Sobre la carretera nacional de El Estor hacia Panzos, se ve el movimiento de trabajadores de la compañía de níquel, van y vienen en moto, los buses escolares que los trasladan de ida y de vuelta, también los picops agrícolas de la seguridad privada, las góndolas cargadas que llegan desde Los Amates, otras góndolas salen cargadas con mena níquel desde la planta de CGN rumbo a Puerto San Tomás de Castilla.
Foto: Baudilio Choc
Rusos y ucranianos circulan en vehículos
que van rumbo a la planta procesadora, regresan a la colonia minera o van en
dirección al pueblo. Con el estado de sitio se ven los vehículos tipo picop de
los militares con soldados en la palangana que van y vienen. A pesar de los puestos
de control y registro de personas, la dinámica del proyecto minero no se ve
alterada.
En el área sur de El Estor hay tensión y preocupación por el estado de sitio, los comerciantes tienen que cerrar antes de tiempo los negocios, los pescadores y lancheros trabajan de manera irregular y el turismo dejó de viajar al municipio, pero a partir de la garita municipal al final de la calzada de concreto, en donde empieza la carretera nacional –de terracería- ruta a Panzós, la compañía de níquel opera sin ninguna novedad, el estado de sitio para la minería no existe.
Ni la resolución de la
CC ni la presencia de militares, detienen la extracción ilegal de minerales en
las montañas cercanas al casco urbano de El Estor. Familias de Barrio Nuevo observaron
maquinarias depredando el bosque y los nacimientos de agua que pertenecen a su
comunidad.
Por Baudilio Choc y Andina
Ayala
18 de septiembre 2019
Barrio Nuevo denuncia que la compañía sigue trabajando
El casco
urbano de El Estor Izabal está organizado por barrios, a pesar de las
precariedades económicas, típicas de los todos los lugares abandonados por el
Estado, estos son espacios de diálogo, convivencia y organización social, de
esta cuenta, existe una junta directiva para cada uno.
Una diferencia entre un barrio de El Estor y uno de la capital, es que el último frecuentemente está sitiado por muros grises y adornado por montones de basura, mientras que Barrio Nuevo por ejemplo, es deleitado por las tonalidades forestales, por el sonido de los pájaros y por las quebradas de los ríos. Otra, es que los barrios de El Estor, tienen una relación viva, no solo de apreciación, sino de protección de la naturaleza, la tierra y los mantos acuíferos.
Foto: Baudilio Choc
Barrio Nuevo se localiza dentro de la micro región VII, área urbana central del municipio, pero su reserva boscosa es fronteriza con el territorio concesionado a CGN-Pronico. Toma una hora subir y bajar de la montaña que abraza al yacimiento hasta llegar al centro de Barrio Nuevo. El manto acuífero es tan preciado porque provee a este y a por lo menos, seis barrios más del casco urbano.
Foto: Baudilio Choc
La discordia por el agua
Esas máquinas son para la destrucción en
las áreas verdes y el yacimiento del río que por 16 años venimos cuidando, pero
desde hace 5 apenas llega el agua a nuestras casas. Indicaron en un acta, autoridades de Barrio Nuevo.
El
pasado 12 de septiembre directivos de Barrio Nuevo observaron la presencia de
10 máquinas excavando dentro de su territorio. La intromisión por parte de la
empresa pone en alerta a más de 100 familias que se abastecen del vital líquido,
por lo que ese mismo día se reunieron autoridades y vecinos en el salón comunal.
Minutos después, apareció un grupo de 26 personas de barrios vecinos que se
encontraban vigilando el trabajo de las máquinas. Entraron al salón con una actitud
desafiante, se presentaron como trabajadores de CGN, y les advirtieron que no
se interpusieran a los trabajos de la empresa.
“Ellos
llegaron a querer intimidarme y amenazarme. También llegó la PNC a preguntar
cuál era el problema, pero solo se dirigía a los 26. La policía preguntó ¿a
quién quieren golpear? contesté: aquí
no estamos peleando. Estamos hablando de lo que está sucediendo en nuestra
comunidad. La policía respondió que había un estado de sitio y que están
prohibidas las reuniones. Entonces, la suspendimos “, explicó el alcalde
auxiliar de Barrio Nuevo.
Esta
mañana nuestro corresponsal en El Estor, se trasladó al lugar, con algunas
dificultades porque la empresa (CGN-Pronico) no permite que periodistas o
defensores ingresen por el área de Chichipate que es carretera nacional. Las
comunidades brindaron apoyo para que el periodista pueda verificar el área
donde se llevan a cabo las operaciones, durante el recorrido el alcalde comunitario,
comentó que la empresa planea llegar hasta el cerro “doña Tomasa” traspasando
el territorio destinado para la comunidad como recurso hídrico.
Suspensión las actividades mineras
Con un
amparo otorgado a la Gremial de Pescadores de El Estor, la Corte de
Constitucionalidad (CC) resolvió suspender de manera provisional la licencia de
derecho de explotación Fénix de la compañía CGN. La resolución fue publicada el 19 de julio de
2019 en el diario oficial de Centro América y tiene vigencia hasta que se emita
una resolución definitiva lo cual no ha sucedido.
El 15
de septiembre de 2019 la oficina de la defensoría q´eqchi´ entregó una carta a
la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Izabal, en la que se solicitó una
reunión de urgencia con distintas autoridades, “para tratar el tema de los
trabajos de CGN en la reserva natural de nacimientos de agua de Barrio Nuevo“.
Preguntamos
al representante de la PDH Izabal, si habían verificado la denuncia de los
comunitarios. Respondieron que no podían hacerla, sin que antes se consolide la
mesa interinstitucional, que debería ser convocada por el gobernador del
departamento. Mientras esto sucede hemos podido documentar con fotos y vídeos que
hasta el momento ni la resolución de la CC ni la presencia de militares y
policías pueden detener a la mina.
El estado de sitio no afecta los trabajos
mineros
El estado de sitio supuso incrementar el
número de agentes policiales y puestos de vigilancia por parte del ejército. Una de sus premisas era
su implementación para la defensa del territorio de actividades ilícitas, esto
no parece estar sucediendo con pertinencia en áreas como Barrio Nuevo, donde
claramente se están realizando trabajos fuera de las disposiciones de la máxima
Corte del país.
En la reunión comunitaria del jueves 12 de septiembre, 5 patrullas con
un total de 20 agentes de la PNC se presentaron en el salón comunal, pero lejos
de asistir o como mínimo explicar a los comunitarios que aún no tienen la
dimensión sobre qué es un estado de sitio, disolvió la reunión y no atendió las
intimidaciones que recibió del alcalde auxiliar por parte de los que dijeron
ser empleados de la mina y mucho menos puso atención al asunto de las
excavaciones.
