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Petición internacional para que cierren operaciones de la minería de níquel

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Fotografía Nelton Rivera. Prensa Comunitaria Km. 169

Autoridades indígenas y organizaciones nacionales e internacionales denuncian los ataques y la difamación de la empresa minera suiza Solway Investment Group en Guatemala; instan a la Corte de Constitucionalidad a seguir el precedente y cerrar la mina.

La misma semana que Global Witness nombra al país centroamericano como el más mortífero del mundo para los activistas ambientales, aumentan las amenazas contra los defensores Maya Q’eqchi que se oponen a la minería ilegal en su territorio.

Zúrich/Berna/Washington/Berkley/Tatamagouche/Guatemala 

2 de agosto de 2019

El 29 de julio, Global Witness publicó un informe que encontró a Guatemala entre los países más peligrosos del mundo para los activistas de la tierra y el medio ambiente. Dos días después, 15 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y las Autoridades Indígenas Mayas, Xinka y Garífunas de Guatemala publicaron una carta abierta  denunciando un preocupante patrón de violencia cerca del proyecto de níquel Fénix en Guatemala. La mina es operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), actualmente una subsidiaria de Solway Investment Group de Suiza. 

En febrero de 2018, más de 60 pescadores artesanales y autoridades indigenas Maya Q’eqchi de El Estor, Izabal y Panzos, Cahabon, y Senahu de Alta Verapaz presentaron un amparo alegando que los derechos de las comunidades indígenas no habían sido respetados en virtud del derecho nacional e internacional cuando el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (MEM) otorgó la licencia de explotación minera en 2006 a CGN, que en ese momento era propiedad de la empresa minera canadiense Skye Resources. En febrero de 2019, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el MEM había concedido ilegalmente la licencia y ordenado al estado que consultara con las comunidades afectadas.

“Desde que la licencia minera fue otorgada ilegalmente en 2006, el Proyecto Fénix ha estado plagado de acusaciones de violencia, incluyendo desalojos violentos, asesinatos y violaciones en grupo“, dice Barbara Klitzke de , señalando que la violencia relacionada con la minería también tiene impactos específicos de género, ya que afecta a las mujeres indígenas Q’eqchi de una manera particular. “Cuando los líderes de la comunidad y los periodistas denuncian esta represión y el daño ambiental causado por las actividades de la mina, son perseguidos con acciones judiciales maliciosas para silenciar a la oposición al proyecto minero”. Actualmente hay una causa penal abierta contra cuatro pescadores y un periodista, todos ellos Maya Q’eqchi, acusados por CGN/Solway tras las protestas pacíficas de 2017. 

El 18 de julio, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó la suspensión provisional del Proyecto Fénix hasta que se emita un fallo definitivo sobre el amparo. Los peticionarios Maya Q’eqchi han pedido que se suspendan las operaciones de la mina hasta que se complete la consulta. 

En un caso similar, en septiembre de 2018, la Corte de Constitucionalidad ordenó la suspensión de las licencias Escobal y Juan Bosco, operadas por Minera San Rafael, entonces propiedad de la minera canadiense/estadunidense Tahoe Resources, hasta que se consulte a las comunidades indígenas Xinka afectadas por las operaciones mineras. 

“La Corte de Constitucionalidad ya se ha pronunciado sobre este asunto”, dice Lisa Rankin, coordinadora en Guatemala de la Red Rompiendo el Silencio Maritimo-Guatemalteca de Canadá, que ha estado acompañando ambos casos durante años. “No pueden dar un paso atrás ahora. El Proyecto Fénix debe ser suspendido a menos que haya una consulta significativa y se obtenga el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades mayas Q’eqchi afectadas”.

El 30 de julio, Pan American Silver, que adquirió Tahoe Resources en febrero de 2019, emitió una disculpa pública a los manifestantes pacíficos que fueron baleados fuera de la entrada de la mina después de que el MEM les concediera ilegalmente la licencia a MSR/Tahoe en abril de 2013. Antes del tiroteo, se habían hecho acusaciones falsas, campañas de difamación y enjuiciamientos maliciosos a las comunidades Xinka que se oponían a la minería en su territorio. Días después del ataque armado en contra de los manifestantes pacificos, el Estado guatemalteco implementó un Estado de Sitio en cuatro municipios afectados por las operaciones mineras, utilizando falsas acusaciones de narcotráfico para justificar la severa acción; esta acción suspendió el derecho de la comunidad a protestar contra el proyecto minero e instaló un sentimiento permanente de temor debido a las detenciones arbitrarias y a la creciente militarización que se produjo y cuyos efectos duraron después del asedio. 

“Es hora de que Guatemala haga cambios estructurales profundos en la forma en que se otorgan las licencias de exploración y explotación para proyectos extractivistas”, dijo Jackie McVicar de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala con sede en Washington. “La violencia contra las comunidades indígenas que defienden legítimamente sus derechos debe cesar. Guatemala debe dar prioridad a los derechos de sus ciudadanos sobre los intereses mineros extranjeros”. 

Contactos:

Jackie McVicar, Comisión de Derechos Humanos de Guatemala con sede en Washington 

WhatsApp +1 902 324 2584 Correo: jackie@ghrc-usa.org

Lisa Rankin, Red Rompiendo el Silencio Maritimo-Guatemalteca – Canadá

WhatsApp +502 4906 5626 Correo: btscoordinator@gmail.com 

Barbara Klitzke, Guatemala-Netz Zürich – Schweiz, Suiza

Tel. +41 76 435 69 93 Correo: contact@guatemalanetz-zuerich.ch 

Michael Bakal, Voces y Manos – EEUU

Tel. +1 510 708 5085 Correo: michaelbakal@gmail.com 


¿Es posible alcanzar la justicia en Canadá o en Guatemala por la represión vinculada a la minería de Hudbay Minerals/CGN?

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Lucía Caal, Carmelina Caal, Rosa Elvira, Elvira Choc, Irma Yolanda, Angelica Choc, Margarita Caal, Elena Choc, Olivia Asig, Irma Yolanda. Faltan: Amalia Cac y Luisa Caal. Foto: desinformemonos.org

Por Grahame Russell

03 de agosto 2019

Cada cierto tiempo, la lucha de una comunidad en defensa del medio ambiente, del territorio y de los derechos humanos logra romper con las barreras complejas y fortificadas de la criminalidad, impunidad, corrupción y el engaño de las corporaciones multi-nacionales y los gobiernos que las apoyan.

Las demandas en contra de Hudbay Minerals/CGN (Compañía Guatemalteca de Níquel) interpuestas en Canadá en 2010, y el juicio penal paralelo en contra de Mynor Padilla que se lleva en Guatemala desde 2015, son un ejemplo de este tipo de lucha.

Y aun si han pasado muchos años desde la comisión de estos crímenes vinculados a la Hudbay Minerals y CGN, ambos luchas siguen avanzando.

Lo que está en cuestión en estas luchas – represión causada por la minería (un asesinato, un atentado con disparos que causó parálisis, violaciones sexuales); desalojos forzosos con amplia destrucción; corrupción y colusión con gobiernos, fuerzas de seguridad privadas, policías y fuerzas armadas – son parecidos a tantos otros casos de criminalidad, impunidad, corrupción y engaño corporativos que se vienen produciendo en Guatemala y a través del mundo.

Por varios razones generales y particulares – desde el valor, la dignidad y la fortaleza de las víctimas-querellantes Maya-Q’eqchi’, hasta la astucia, pasión y compromiso de los abogados en Canadá y Guatemala –, estos juicios en Canadá y Guatemala han superado, hasta ahora, todos los obstáculos legales, políticos y tácticos, y se están llevando adelante.

Aunque podría demorar años más, un eventual juicio en Canadá y un eventual nuevo juicio en Guatemala – si es que se llega a eso – estas demandas ya están cambiando la realidad legal y política de la impunidad e inmunidad corporativas de asumir responsabilidades legales.

Los procesos judiciales en Canada y Guatemala
Trece querellantes Q’eqchi’ están demandando a Hudbay Minerales y la CGN por represión vinculada a la minería.  Representados por los abogados Murray Klippenstein y Cory Wanless, las tres demandas interrelacionadas fueron interpuestas por:

  • Angélica Choc, viuda de Adolfo Ich, con cinco hijos, un dirigente comunal y profesor que en un ataque dirigido el 27 de setiembre de 2009 fue asesinado a machetazos y disparos realizados por personal de seguridad de Hudbay;
  • German Chub, un joven padre, que fue víctima de un ataque con disparos por parte de personal de seguridad de Hudbay que lo dejó paralizado, el mismo día en que mataron a Adolfo Ich;
  • Margarita Caal, Rosa Elbira Ich Coc y otras nueve mujeres de la aldea de Lote Ocho, quienes fueron violadas por las fuerzas de seguridad de Hudbay Minerals (en ese entonces Skye Resources) y CGN, y por miembros de la policía y de las fuerzas armadas en enero de 2007, durante un desalojo ilegal y violento y la destrucción de su pueblo.

German Chub
 Dos de estas víctimas (Angélica Choc y German Chub) son partes en el juicio penal que se lleva en Guatemala en contra de Mynor Padilla, el ex jefe de seguridad de Hudbay/CGN.

Dada la historia de impunidad que las empresas mineras canadienses han gozado en Canadá, y dada la impunidad, corrupción y represión endémicas en Guatemala (que las empresas multi-nacionales conocen y del que se benefician), la pregunta sigue siendo, ¿será posible alcanzar la justicia en Canadá y/o Guatemala por la represión vinculada a la minería de Hudbay Minerals/CGN?
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La minería Canadiense en el territorio Q’eqchi’ desde los años 1960
Desde los años 1960, y sobre todo a partir de los años 1970, la población Q’eqchi’ de El Estor, en el oriente de Guatemala, ha sufrido actos reiterados de represión vinculados a una serie de empresas de extracción de níquel de propiedad canadiense: INCO (Compañía Minera Internacional), 1964-2004; Skye Resources, 2004-2008; y Hudbay Minerals, 2008-2011. 

Dicha represión recurrente incluye: desalojos ilegales y violentos y destrucción de comunidades; atentados con disparos y ataques que causan discapacidad; asesinatos selectivos de dirigentes comunitarios; violaciones sexuales; criminalización de los defensores comunitarios, etc.

Aclaraciones sobre las empresas: EXMIBAL era la subsidiaria de INCO. Cuando INCO vendió sus intereses a Skye Resources, cambiaron el nombre de EXMIBAL a CGN.  La CGN era propiedad de Skye Resources (2004-2008) y luego de Hudbay Minerals (2008-2011).  Skye Resources fue incorporado por ex funcionarios de la empresa INCO, y la empresa INCO transfirió su empresa subsidiaria EXMIBAL y la concesión minera que INCO había recibido del gobierno militar de turno durante la década de 1960.

En 2008, Hudbay Minerales compró Skye, incluso todos sus activos (CGN) y sus pasivos.

En 2011, Hudbay vendió la CGN al Solway Investment Group (de la Suiza), pero sigue siendo responsable por los procesos judiciales en Canada.

Ni en Canada, ni en Guatemala, se hizo justicia por las violaciones y represión cometidos por INCO/EXMIBAL, juntos con el ejército Guatemalteco, en los años 70 y entrando en los años 80.  Varios de esos casos de represión minera son documentados en el informe final (1999) de la “comisión de la verdad” de las Naciones Unidas – la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
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Las demandas en Canadá son las primeras en la historia judicial canadiense.  Es la primera vez que un tribunal ha dictaminado que se juzgue a una empresa canadiense ante un tribunal canadiense por los daños y violaciones cometidos en otros países.

Aunque el juicio penal llevado adelante en Guatemala no sienta precedentes legales de la misma manera que el de Canadá, es aún más riesgoso y valeroso en lo político.  Mynor Padilla, el ex-jefe de seguridad de Hudbay, es un ex teniente coronel de las fuerzas armadas.  Participó como miembro del régimen militar respaldado por los EE.UU. desde el año 1981, durante algunos de los peores años de desapariciones forzosas, tortura y violaciones, asesinatos, masacres y genocidio auspiciados por las fuerzas del estado.

No es poca cosa cuando personas sin recursos económicos de origen Maya hacen frente a y se enfrentan a un oficial de las fuerzas armadas en un tribunal, que además es un oficial que está siendo representado por un equipo de conocidos abogados guatemaltecos quienes, con toda probabilidad, están siendo pagados por Hudbay desde Canadá.
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Demandas contra Hudbay/CGN en Canadá: 
Cronología y temas relacionados
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A continuación, presento un resumen detallado de varios aspectos claves de las demandas en Canadá y el juicio penal en Guatemala.  Hay que recordar que estos procesos judiciales son independientes.  Ninguno de los dos procesos tiene un impacto directo en el otro en el terreno estrictamente legal, aunque los dos abarcan muchos de los mismos hechos en relación al asesinato en contra de Adolfo Ich y el ataque con disparos que dejó paralizado a German Chub.

Demandas interpuestas – 2010
Presentaron estas demandas en Toronto en el año 2010.  Es de importancia legal que se incluye la empresa guatemalteca CGN en el juicio en Canadá, no solo por ser la ex empresa subsidiaria de Hudbay Minerals (y Skye Resources), sino también, en el caso de Angélica Choc, al considerársele un co-inculpado.

Fallo que dejó precedentes – Julio 2013
Luego de tres años de una batalla legal contra los intentos de Hudbay Minerals de desestimar las 3 demandas antes de llegar a juicio, en Julio 2013 un tribunal de Ontario determinó que estas demandas deberían verse en un juicio en Canadá.  Dicho fallo constituyó un salto para adelante en el terreno legal, una victoria largamente esperada para los derechos humanos y el inicio de los esfuerzos de hacer que las corporaciones multi-nacionales asuman su responsabilidad.

Desde que se abrió el camino con estas demandas, se han presentado otras demandas similares en Canadá en contra de empresas canadienses que cometieron violaciones de derechos humanos en el extranjero:

  • Caso de Nevsun Resources, en relación al trabajo forzoso y esclavitud en una mina en Eritrea;
  • Caso de Tahoe Resources (ahora Pan American Silver), en relación a atentados con disparos realizados por personal de seguridad de la minera en Guatemala, que dejaron con discapacidad a las víctimas;
  • Caso Loblaws/Joe Fresh en relación al colapso de la fábrica de confecciones de Rana Plaza en Bangladesh, que provocó la muerte de más de 1.000 personas.

Reacciones corporativas
Un abogado de la oficina jurídica canadiense Gowling WLG advierte a la industria minera que si el litigio de Hudbay es exitoso “entonces tendremos una nueva y muy importante ley y es explosiva.” (http://business.financialpost.com/legal-post/canadian-mining-companies-face-lawsuits-over-foreign-activities)

Otras oficinas jurídicas notan que “Hudbay sirve como una advertencia importante para las corporaciones canadienses que operan en otros países, que podrían tener responsabilidades civiles en Canadá por las malas acciones cometidas en otros países.” (https://www.bennettjones.com/Publications/Updates/A_Warning_for_Canadian_Corporations_with_Foreign_Subsidiaries/)

Y, “Choc v. Hudbay puede traer consigo el aumento de riesgos y responsabilidades para las corporaciones canadienses trabajando en el exterior, no solo en el sector de recursos naturales pero también para otros sectores tales como la banca, la manufactura, la venta minorista y las telecomunicaciones.” (https://www.osler.com/en/resources/cross-border/2013/ontario-court-gives-green-light-to-international-h)

Revelación de información
Desde 2013, la ley requiere que las dos partes divulguen toda documentación e información relacionada a las demandas.  Dada la práctica de Hudbay Minerals de demorar y obstruir las cosas, los abogados Klippenstein y Wanless tuvieron que ir ante un tribunal en 2015 para obtener una orden judicial exigiendo que Hudbay Minerals haga lo que está en la obligación de hacer – divulgar documentos internos y comunicaciones de la empresa que normalmente son confidenciales.

A partir de 2016 y 2017, Hudbay Minerals les entregó unos 19 mil documentos internos y otras informaciones de Hudbay Minerals/ Skye Resources/ CGN.  Durante meses, los abogados revisaron cada página de esos documentos internos.

(Es posible que Wanless y Klippenstein tendrán que obtener una orden judicial del tribunal si descubren que Hudbay no ha entregado todos los documentos e información a los que tienen derecho los querellantes, o si los ejecutivos de Hudbay Minerals se nieguen a responder preguntas válidas en el transcurso de la interpelación.)

Declaraciones/ Interpelaciones
A medida que el proceso de revelación de información viene llegando a su fin, el proceso entro en la fase de las declaraciones juradas.  En Noviembre 2017 y Julio 2018, los trece querellantes viajaron a Toronto para responder – una por una – a las interrogaciones de los abogados de Hudbay. De igual manera, Klippenstein y Wanless interpelaron a varios ejecutivos de Hudbay Minerals/ Skye Resources/ CGN.

Aquí, vínculos a unos foto-essais (http://rightsaction.org/hudbay-minerals-lawsuits-media/) que prepare en base a los viajes a Toronto que realizaron las once mujeres de Lote 8 (Noviembre 2017) y German Chub y Angelica Choc (Julio 2018) a Toronto.

Próxima audiencia – Septiembre 17, 2019
El próximo paso en los casos en Canadá es una audiencia ante un tribunal en Toronto, el 17 de septiembre de 2019, para resolver una diferencia entre las posiciones de ambos partes. De repente, después de nueve años de litigación, Hudbay Minerals argumenta ahora – en referencia a las violaciones de las mujeres de Lote Ocho en 2007 – que Hudbay Minerals es responsable legalmente solamente por las acciones de sus agentes de seguridad, y no por las acciones de la policía y soldados.

La posición de los abogados de los demandantes es que Hudbay Minerals es responsable por las acciones de todos los agentes que participaron en los desalojos, incluyendo a las violaciones.

En preparación para esta audiencia, abogados Klippenstein y Wanless entregaron al expediente judicial varios de los documentos internos/confidenciales de Hudbay Minerals/ Skye Resources /CGN, que Hudbay había entregado como parte de la revelación de informaciones.

“Ropa socia” – Revelaciones desalentadoras
Estos documentos corporativos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario revelan y ratifican verdades muy desalentadoras.

Pagos ilegítimos de cientos de miles de dólares
Ahora se ha confirmado que Skye Resources /CGN habían realizado pagos ilegítimos de cientos de miles de dólares a personas para que sirvan de enlace entre la compañía y la policía y militares de Guatemala, quienes a su vez habrían entregado estos fondos a las fuerzas armadas y la policía por planificar y llevar a cabo los desalojos forzosos violentos (e incluso ilegales) de las poblaciones Q’eqchi’ en el año 2007, incluyendo los desalojos de fechas 9 y 17 de Enero en la comunidad Lote Ocho.  Se realizaron dichos pagos sin que exista contrato de por medio, acuerdo escrito, ni recibo alguno.

Sobrevuelos para aterrorizar
Ahora se ha confirmado que funcionarios de Skye Resources /CGN aprobaron la decisión de realizar sobrevuelos a baja altura sobre la comunidad de Lote Ocho, en helicópteros de la empresa, con la intención de aterrorizar e intimidar a los miembros de la comunidad, en vísperas de los dos desalojos forzosos violentos (e incluso ilegales) de Enero de 2007. Decidieron hacerlo porque habían conocido por personas allegadas a ellos que durante los años 1980, el régimen guatemalteco respaldado por EE.UU. había amenazado, atacado y aterrorizado a las comunidades mayas utilizando helicópteros durante los peores años de masacres y genocidio en Guatemala.

Asimismo, ahora sabemos que los funcionarios corporativos decidieron utilizar esta táctica con las personas de Lote Ocho procurando aterrorizarlos para que salgan huyendo de sus tierras.

“No negociar” tenencia de la tierra
Ahora se ha confirmado que en vísperas de y durante los desalojos de Enero de 2007 – que incluye los desalojos de la comunidad Lote Ocho que resultaron en la violación sexual en grupo de 11 mujeres de dicha comunidad – Skye Resources /CGN había sostenido una postura de “no negociar” con los habitantes Q’eqchi’ originarios de dichas tierras.  Sabemos que la compañía adoptó medidas para obstaculizar o bloquear cualquier proceso legal en respaldo a las demandas de la comunidad Q’eqchi’ de ser los dueños legítimos de las tierras en cuestión.

Asimismo sabemos que Skye Resources /CGN tomó medidas para impedir o bloquear cualquier esfuerzo que realizaban las agencias gubernamentales, la iglesia católica y/o organizaciones no gubernamentales para negociar una solución pacífica al problema de fondo: la disputa sobre las tierras entre los habitantes Q’eqchi’ y la empresa minera. 

Segunda posible audiencia
Después de que termine esta audiencia de Septiembre 2019, es posible que nuestros abogados tendrán que volver a un tribunal para obtener una orden judicial obligando a Hudbay Minerals a divulgar ciertos documentos internos que faltan.  Si se procede con esta segunda audiencia, nuestros abogados entregaran al expediente judicial otro paquete de documentos internos de Hudbay/Skye/CGN… a saber que nueva “ropa sucia” será divulgada?

¿Fecha para el juicio?
Luego de acabar con las fases de divulgación e interpelación, y estas audiencias, los 13 querellantes y sus abogados tendrán que prepararse para el juicio que se llevará a cabo delante un jurado, y que será prolongado, algo de dos o más años.
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Juicio penal contra Mynor Padilla en Guatemala: 
Cronología y temas relacionados
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Recuerden: El juicio penal en Guatemala es por el asesinato de Adolfo Ich y el atentado con disparos en contra de German Chub, pero no contempla la violación en grupo sufrido por las mujeres del Lote Ocho

Aclaración legal: Abogados de CICIG y Angelica Choc (como querellante adhesiva) están directamente involucrados en la prosecución, a la par de fiscales del Ministerio Publico.

Absolución legal y criminalización de los victimas!
El 6 de abril de 2017, Mynor Padilla fue absuelto de los cargos de asesinato y asalto agravado vinculados a la minería.  La jueza ordenó la liberación inmediata de Padilla y, en nombre del sistema judicial, se disculpó con él por su detención.

Luego, para el colmo, como parte de la sentencia la jueza ordenó la apertura de una investigación criminal por los cargos de obstrucción de la justicia, perjurio y coerción de testigos en contra de: Angelica Choc (viuda de Adolfo Ich) y sus hijos y hermana (testigos del asesinato de Adolfo); otras víctimas de la violencia de las fuerzas de seguridad de Hudbay/CGN; contra los peritos invitados; y en contra de los fiscales del MP.

Sí, lo ha leído bien.  Después de liberar al asesino, la jueza buscó convertir en inculpados a las víctimas de la represión minera de Hudbay/CGN.

Pero no hay que preocuparse todavía: se anuló el fallo atroz de la jueza en setiembre de 2017 (vea a más abajo).

Represión mortífera – 27 de Septiembre de 2009
Ese día, las fuerzas de seguridad de Hudbay Minerals/CGN, bajo el mando de Padilla, entraron de manera ilegal a la comunidad de La Unión en la municipalidad de El Estor.  Realizaron disparos que pasaron encima de las cabezas de miembros de la comunidad.  En un momento, Padilla miró por un costado y vio a German Chub de pie, y le disparó con su pistola.

German había estado mirando el habitual partido de fútbol dominical en el campo deportivo de La Unión.  La bala le dejó a German paralizado de la cintura para abajo y también perdió el uso de un pulmón.

Luego de dispararle a German, Padilla y sus guardias identificaron y agarraron a Adolfo Ich, padre de cinco, además de ser dirigente comunal respetado y profesor.  Lo machetearon y luego le dispararon hasta matarlo.

Prófugo de la justicia – En la planilla de Hudbay Minerals/CGN!
A pesar de la orden de captura en su contra después del 27 de setiembre de 2009, Padilla continuó trabajando abiertamente como jefe de seguridad de la Hudbay/CGN durante al menos un año.

Foto: desinformemonos.org

Preguntas pendientes: No se sabe por cuánto tiempo mantuvieron a Padilla dentro de la planilla de Hudbay/CGN, ¿aún tendrán un compromiso financiero con él hasta ahora?

Detención de Padilla – Septiembre de 2012
En momentos de un mayor interés de activistas sobre el tema, en parte debido a las demandas interpuestas en Canadá, finalmente capturaron a Padilla, manteniéndolo detenido sin derecho a fianza ya que había estado prófugo de la justicia durante 3 años.

Continúan los actos de intimidación, amenazas y ataques 
Desde el año 2013, Rights Action y, por separado, los abogados Klippenstein y Wanless, han enviado cartas a Hudbay Minerals, la CGN y funcionarios gubernamentales de Canadá y Guatemala, denunciando los actos de amenazas y ataques sufridos por Angélica, German y las 11 mujeres y sus familiares, por parte de personas con vínculos directos o que trabajan para la empresa minera y los familiares de Padilla.

Dichas amenazas y ataques son ilegales, obviamente, pero en el contexto de la represión e impunidad históricas y permanentes en Guatemala, son también un mensaje ominoso.

“Historias inventadas”
Las personas que amenazan e intimidan a Angélica, German y las 11 mujeres dicen que los demandantes han “inventado” las historias de represión minera buscando alcanzar acuerdos lucrativos en las demandas en Canadá – una versión que se asemeja mucho a las declaraciones que brindan los abogados de Padilla en Guatemala y los abogados de Hudbay Minerals en Canadá.

Se inicia el juicio oral – Abril de 2015
Tres años y medio después de la detención de Padilla (y seis años y medio después de los crímenes), la fase oral del juicio penal se inició en un tribunal de Puerto Barrios, presidido por la jueza Ana Leticia Peña Ayala.

¿Quién paga a los abogados de Padilla? ¿Quién establece su estrategia legal?
Se sospecha que Hudbay Minerals financia el conocido equipo de abogados que defiende a Padilla, aunque Hudbay se niega a decirlo públicamente. Cuando el periódico el Toronto Star se le preguntó, Hudbay divagó, “no vamos a realizar declaraciones que luego pueden ser distorsionadas en el internet o usados para interferir con la presunción de inocencia del Sr. Padilla, o su derecho a un juicio justo.” (Scott Brubacher, comunicaciones corporativas de Hudbay,https://www.thestar.com/news/world/2016/06/20/how-a-guatemalan-murder-trial-could-forever-change-canadian-overseas-mining.html)

Preguntas pendientes: ¿Será que Hudbay Minerals costea la defensa legal de Padilla? ¿Por qué interviene Hudbay en el juicio penal en Guatemala cuando su resultado no tendría que tener implicación alguna para Hudbay?

Abogado de Padilla asesinado por sicarios – 3 de Junio de 2015
Al mediodía de este día en la Ciudad de Guatemala, uno de los abogados de Padilla, Francisco José Palomo Tejada, fue disparado 12 veces.  Además de representar a Padilla, Palomo ejerció la defensa legal del General Ríos Montt, a quien encontraron culpable del genocidio en contra del pueblo Maya Ixil durante los peores años (1978-1983) de la represión y genocidio, respaldados por los EE.UU.

Se dice que el asesinato de Palomo estaba vinculado a su trabajo en defensa de una traficante de drogas guatemalteca (Marllory Chacón, la “Reina del Sur” que hoy está encarcelada en los EE.UU. por cargos relacionados al tráfico de drogas) que estaba involucrada en el lavado de dinero para el cartel Sinaloa de México.

Hudbay Minerals interviene en el juicio penal a Padilla – 1 de Septiembre de 2015
En esta fecha, John Terry – un socio principal de la oficina jurídica “Torys” (http://www.torys.com/people/terry-john-a) – llegó a Puerto Barrios para acudir al tribunal donde se realizaba el juicio, a fin de brindar “testimonio como experto” por parte de Hudbay y Padilla, en lo referente a las demandas contra Hudbay en Canadá. Tal como lo dijo en el tribunal en Puerto Barrios, a Terry le pagaron por muchas horas de trabajo para comparecer en el juicio en representación de Hudbay.  El testimonio de Terry resultó ser engañoso y selectivo, según las personas que conocen los procesos judiciales en Guatemala y Canadá.

Preguntas pendientes: ¿Por qué intervino Hudbay Minerals tan directamente y de esta manera en el juicio penal en Guatemala?

Petición para remoción de la jueza – 20 de Enero de 2016
Las abogadas de Angélica presentaron una petición para la remoción de la jueza Ana Leticia Peña Ayala por razones de discriminación racial y parcialidad en contra de las víctimas/ testigos/ denunciantes Q’eqchi’.

Se desestima la moción por cuestión técnica – 27 de Enero de 2016 
Citando un aspecto técnico del procedimiento en la presentación de la petición de remoción, y no en base en los méritos de los cargos, una corte de apelaciones falló en contra de la petición de Angélica.

Juicio cerrado al público – 8 de Febrero de 2016 
La jueza Peña determinó continuar el juicio tras puertas cerradas debido a presuntas “amenazas contra la seguridad” de ella y la fiscalía!  Angélica y German, quienes en realidad han sido víctimas de muchas amenazas, nunca habían solicitado esta medida y no concordaban con la “justificación” de la jueza.  El juicio prosiguió tras puertas cerradas hasta su conclusión en Abril 2017.

Abogado de Padilla acusado de crímenes – 12 de Febrero de 2016
Otro abogado defensor de Padilla, Frank Manuel Trujillo Aldana, fue acusado por crímenes de asociación ilícita, soborno, tráfico de influencias, obstrucción de justicia y colusión, en relación a “la línea”, la red de crimen organizada que había robado $120.000.000,00 en fondos públicos y estaba liderada por el ex presidente Otto Pérez Molina y la vice presidenta Roxana Baldetti. Pérez Molina y Baldetti se vieron obligados a renunciar a sus cargos y hoy se encuentran en la cárcel.

Ataque contra Angélica Choc – 17 de Septiembre de 2016
Pasada la medianoche, hombres desconocidos abrieron fuego contra la vivienda pequeña de Angélica, una casa hecha de bloques de cemento en El Estor, cuando ella se hallaba durmiendo adentro junto con dos niños pequeños.  A la mañana siguiente, encontraron huellas de bala en las paredes y casquillos de bala 12 y 22 fueron encontrados en los alrededores.

Nadie sufrió daños físicos, pero nuevamente, luego de años de amenazas e intimidaciones, el acto enviaba un mensaje claro.  Aunque la policía investigó el hecho en un inicio, nunca se le dio seguimiento.

Luego de este ataque, el abogado canadiense Murray Klippenstein comentó:
“No es coincidencia que se dispare a la casa de Angélica justo cuando un tribunal penal guatemalteco está por decidir si el ex jefe de seguridad de la mina tiene responsabilidad criminal en el asesinato brutal de su esposo. Dicho acto era un mensaje dirigido a todas las personas que son parte del proceso, incluyéndole a la jueza que tiene que determinar si el Señor Padilla es culpable.

“Me preocupa de sobremanera que la defensa irresponsable de Hudbay Minerals, tanto en las demandas en Canadá como en el proceso criminal en Guatemala, no ha hecho nada para evitar este tipo de ataque en Guatemala en contra de nuestros patrocinados.  De hecho, la falta de disposición de reconocer lo ocurrido en el pasado y a tomar medidas para castigar a los responsables, hace más probable no solo que vuelvan a ocurrir hechos similares, sino que quizá podrían ocurrir cosas mucho peores.”

¿Hudbay colaboraba con las fuerzas especiales “Kaibil” del ejército? – Diciembre de 2016
Durante el transcurso del juicio a Padilla, se abrió una nueva investigación criminal acerca de la posibilidad que las fuerzas especiales “Kaibil” del ejército habrían trabajado con los funcionarios y las fuerzas de seguridad de Hudbay Minerals /CGN para planificar y montar una operación de inteligencia militar y control de la población, durante y después del día de la represión que resultó en el asesinato de Adolfo Ich, el ataque con disparos que dejó paralizado a German y las lesiones contra de otros miembros de la comunidad (el 27 de Septiembre de 2009).

Al igual que muchos de los temas relacionados a las acciones y operaciones de Hudbay Minerals en Guatemala, esto podría constituir un caso explosivo de colusión ilícita, si existiera suficiente presión política y mediática para asegurar una investigación adecuada.

Amenazas y actos intimidatorios – 7-8 de Marzo de 2017
Los alegatos finales de Angélica y German ante el tribunal fueron una experiencia complicada en sí.  Tuvieron que salir del tribunal de Puerto Barrios con escolta policial luego de informar que personas desconocidas los habían estado siguiendo.  Angélica y German fueron acompañados por abogados y observadores de derechos humanos.  En su hotel, el grupo había visto a un hombre que los observaba de modo inusual.  Este hombre pasó la noche en el hotel en una habitación contigua a las que ocupaban personas allegadas a Angélica y German, y siguió observándoles la mañana siguiente.  Se pudo observar a dos hombres más que estaban observando al grupo frente al tribunal, mientras que un vehículo Toyota Hilux – un modelo utilizado por la seguridad de la empresa minera – estuvo dando vueltas por la cuadra por el lugar donde esperaba la persona que trasladaba a German y Angélica.

A la policía se le entregó las fotos de los hombres y del vehículo con su número de placa que había manejado el hombre del hotel.  Al igual que los otros casos en que no dieron seguimiento a los ataques, actos de intimidación y amenazas, tampoco lo hubo en este caso.

El nombre verdadero de Padilla
En Junio de 2017, Luis Solano publicó un artículo exhaustivo sobre el juicio a Padilla, en el que reveló que Mynor Ronaldo Padilla González (de la promoción 102 de las Fuerzas Armadas de Guatemala) había cambiado su nombre.  En 1981, se había inscrito en el ejército con el nombre Jaime Rolando Padilla González y cambió su nombre en 1982. (https://cmiguate.org/mp-y-cicig-accionan-contra-libertad-de-militar-vinculado-a-minera-en-el-estor/)

No es un crimen cambiar el nombre, pero provoca pensar ¿de qué se quisiera ocultar? ¿De qué se escondería?

Tribunal de apelaciones anula el fallo – Septiembre de 2017
En una decisión correcta, pero sorprendente (dada la corrupción, racismo e impunidad arraigados en Guatemala), el 14 de Septiembre de 2017, un Tribunal de Apelaciones de Guatemala anuló en su totalidad la absolución de Padilla, que incluye ordenando que se vuelva a juzgar los hechos ante un nuevo tribunal con 3 jueces.

El juicio continua – 10 de septiembre de 2019
Padilla se enfrentara al segundo juzgamiento por el asesinato de Adolfo Ich y el atentado con disparos en contra de German Chub.  Está programado para empezar el 10 de septiembre de 2019.

¡Estamos atentos!
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¿La justicia?
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Cuando estas valientes víctimas Q’eqchi’ de la represión minera decidieron buscar la justicia en Guatemala y Canadá, su máxima aspiración era que sus luchas por alcanzar la justicia pudieran generar cambios políticos y legales fundamentales en Guatemala y Canadá para que otras comunidades no tuvieran que sufrir los mismos daños y violaciones, corrupción e impunidad.

Aún a pesar de los avances arrolladores alcanzados por los querellantes a lo largo de los últimos siete años en Guatemala y Canadá, el hecho cierto es que han pasado 12 años desde las violaciones sexuales y 10 años desde el asesinato y ataque con disparos y no se ha logrado justicia, ni en Guatemala ni en Canadá.  Cualquiera de los dos juicios, sino ambos, podría demorar años en resolverse, mientras que queda un riesgo latente e inminente de sufrir otros actos de represión en su contra.

Sin embargo, con el corazón y la mente claros y mucha determinación, los querellantes siguen adelante, poniendo los hechos de manifestó, y retando e intentando romper las barreras históricas, complejas y fortificadas de la criminalidad, impunidad, corrupción y engaño corporativos que goza Hudbay y le da beneficios – al igual que otras empresas que operan en todo el mundo.
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Grahame Russell es un abogado canadiense retirado, profesor en la University of Northern British Columbia, y desde 1995 director de Rights Action (Derechos en Acción).  Para mayor información sobre las luchas de los Q’eqchi’ en busca de la justicia, o si desea apoyarlas, comuníquese con:  grahame@rightsaction.orgwww.rightsaction.org.
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Publicado originalmente en Rights Action

Fuente: https://desinformemonos.org/es-posible-alcanzar-la-justicia-en-canada-o-en-guatemala-por-la-represion-vinculada-a-la-mineria-de-hudbay-minerals-cgn/

La minera de níquel se niega a acatar la suspensión del proyecto Fénix

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Vista aérea de la planta procesadora de níquel en El Estor Izabal. Fotografía Forbidden Stories Francia.

La empresa transnacional Solway de capital ruso-suizo no está dispuesta a acatar la suspensión de operaciones del proyecto Fénix ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC) el 18 de julio de 2019. La compañía sigue trabajando en El Estor, Izabal. La empresa se dio por notificada de esta decisión y respondió a los magistrados 24 horas después de conocer la suspensión. A veintitrés días de lo resuelto por la CC las operaciones continúan. La planta de procesamiento de níquel trabaja todas las noches hasta el amanecer, el ruido de esta gigantesca planta se escucha incluso en el pueblo y de nuevo retiró los filtros de las chimeneas expulsando al aire una extensa nube roja con partículas que contaminan el ambiente.

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Los problemas con la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y con la Compañía Procesadora de Níquel (Pronico), administrada y operada por los rusos y ucranianos en El Estor continúan. Las góndolas que transportan toneladas de material entran y salen y la planta sigue funcionando.

A 350 kilómetros de distancia del proyecto minero, en ciudad de Guatemala, la compañía mantiene actividad permanentemente. Según el testimonio de algunas de las personas que han realizado el viaje, la empresa organiza las manifestaciones con trabajadores y personas particulares, les financia el transporte, hospedaje y alimentación.

El 24 de julio de 2019 durante la vista pública que se realizó en la CC, la empresa afirmó que viajaron 800 personas –entre trabajadores, familiares y simpatizantes-, que llegaron desde El Estor a la ciudad capital en respaldo de la CGN. Las declaraciones fueron hechas en una conferencia de prensa desde la sede de la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG).

Si calculamos la cantidad de personas trasladadas por la compañía, para mostrar apoyo en los alrededores de la CC, y hacemos un cálculo de los gastos de transporte, alimentación, hospedaje y un pago que reciben por el viaje, la empresa podría haber gastado unos Q800 mil quetzales, únicamente el día 24 de julio en la protesta que realizó en la capital.

Si tomamos en cuenta que, la compañía desde el día 18 de julio a la fecha ha realizado 6 movilizaciones grandes en la CC, Congreso, Ministerio de Energía y Minas (MEM), frente al edificio de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el gasto invertido estaría fácilmente arriba de los 3 millones de quetzales.

En respuesta al fallo de la corte, Solway publicamente respondió: “Las actividades operativas de Solway siempre se realizan de conformidad con la ley. Ciertamente seguiremos la decisión del tribunal constitucional. Sin embargo, como empleador responsable de la vida de más de 2,000 miembros del personal y sus familias, tomaremos todas las medidas posibles para no detener nuestras operaciones en la medida en que esto sea posible dentro del marco legal ”. *

La planta procesadora que no detiene el trabajo

De nuevo fueron captadas varias imágenes de la planta procesadora de CGN trabajando. En una serie de fotografías se observan varias de las chimeneas expulsando columnas de humo que confirman que se sigue procesando el níquel. Una columna de humo rojo se extiende varios kilómetros a la redonda, esto ocurre cuando la compañía retira los filtros de las pipas, expulsando grandes cantidades de contaminantes al ambiente que el viento se encarga de empujar en dirección a las comunidades, ríos y lago.

Fotografía de vecino de El Estor Izabal, 9 de agosto 2019.

En la planta procesadora, se ve funcionando el molino, lugar en dónde se coloca el material que se traslada desde la cantera y pasa por una banda gigante que lo dirige a una segunda etapa del procesamiento.

Maquina Steyker en la planta procesadora de níquel en El Estor Izabal. Fotografía cortesía.

La seguridad privada de CGN

En una notificación emitida esta semana, la compañía ordenó que todo el personal vigile si se realiza algún sobrevuelo de avión o helicóptero sobre las instalaciones de la planta, lo mismo si detectan el sobrevuelo de drones. De confirmar alguno de estos, deben informar de inmediato a la seguridad privada de la compañía.

En la notificación también le recordaron al personal que tienen prohibido el uso de cámaras o similares dentro de las instalaciones. Esta notificación fue enviada en idioma español y ruso.

La compañía tiene personal de seguridad permanentemente desde la garita municipal, en el complejo habitacional de los mineros, la planta de procesamiento, las canteras y a lo largo de la carretera nacional que conduce desde El Estor hacia Panzos, Alta Verapaz. Dentro del monte, se ubican garitas de lámina con agentes de seguridad, que vigilan las 24 horas del día a lo largo de la extensión de las operaciones de la minera, también tiene una flotilla de picops agrícolas para movilizarse en toda el área.

La suspensión de operaciones

Para el abogado Rafael Maldonado, en el momento que la CC ordenó que la licencia minera Fénix se suspendiera, el procesos de exploración, explotación y exportación regulados en la licencia debieron de paralizarse. Esto quiere decir que en El Estor la compañía debe de parar con el trabajo de remover la tierra en las áreas de las canteras, al mismo tiempo suspender las operaciones en la planta de procesamiento, la circulación de góndolas con costales de mena níquel, tierra o carbón.

La suspensión del proyecto Fénix también incluye que en Santo Tomas de Castilla, la CGN no podría exportar el mena níquel que tiene depositados en varias bodegas, tampoco depositar en buques el material que acumuló en montañas de tierra ubicadas en dos predios cerca del muelle.

Luego de la suspensión de operaciones por la CC, es el turno del MEM para garantizar la debida ejecutoria del amparo provisional y la suspensión de las operaciones de la compañía, argumentó el abogado Maldonado.

La CC ha sentado dos resoluciones como precedente en casos mineros. El ejemplo claro está en la resolución sobre el proyecto minero El Escobal, con la empresa Minera San Rafael. El segundo caso es el proyecto minero El Tambor, con la empresa minera Exmingua. En ambos casos fueron suspendidas las operaciones por violar el derecho de consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas afectadas por la licencia minera.

Mapa de extensión del proyecto minero Fénix en El Estor Izabal y los municipios de Panzos, Cahabon y Senahú Alta Verapaz

Mapa The Guardian (Inglaterra), proyecto Green Blood.

Área de trabajo de CGN en Santo Tomás de Castilla

Predio en dónde acumula grandes montículos de tierra roja trasladada desde el proyecto minero Fénix en El Estor Izabal a Santo Tomas de Castilla.
Área de bodega en dónde se almacenan cientos de costales con mena níquel que se procesa en la planta de CGN en El Estor. Bodega en Santo Tomas de Castilla.

* The Guardian. Guatemala court upholds request to suspend work at huge nickel mine. Juliette Garside. 19 de julio de 2019. Green Blood Proyect. https://www.theguardian.com/world/2019/jul/19/guatemala-fenix-nickel-mine-consultation-solway-group?CMP=Share_iOSApp_Other

Integrantes de la Gremial de Pescadores en El Estor bajo amenazas e intimidaciones

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Tomás Che pescador de la Gremial. Foto: Nelton Rivera

Por Aj Ral Ch´och´        

13 de agosto 2019

Integrantes de la Gremial de Pescadores Artesanales (GPA) y líderes comunitarios del municipio de El Estor, Izabal, viven bajo amenazas e intimidaciones. Tomás Che Cucul, integrante de la gremial, manifestó su preocupación por la vigilancia constante de una camioneta color blanco con un línea de color gris, la cual lleva más de tres días rondando su casa.

Esta situación preocupó a los vecinos del barrio el Zapotillo, por ello el sábado 10 de agosto por la tarde, se reunieron a 50 metros de la casa del pescador Che para tratar de hablar con el piloto del automóvil y preguntarle la razón de su presunta vigilancia. Sin embargo, el condutor, a quien no se logró identificar, se desplazó rápidamente y se negó a responder a los comunitarios.

“Se estacionó un vehículo en frente de mi casa y cuando nos acercamos no quiso hablarnos y se desplazó rápido a otro lugar. Ha venido varias veces y lo hace tres veces al día. Pasa despacio por mi casa y nos preocupamos con mi familia”, relató Che.

La preocupación de los líderes comunitarios q’eqchi’ y de la directiva de la Gremial de Pescadores radica en las acciones que realiza la empresa minera CGN Pronico de Solway. Con ellas busca infundir miedo y dividir a las comunidades. Otra de las estrategias utilizadas por la minera consiste en convencer a algunos miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocodes) para que manifiesten su apoyo a la empresa, sin el conocimiento de toda la comunidad.

Ante la vigilancia y amenazas al pescador Che, varias personas intentaron reunirse con el  alcalde comunitario José Chiquín, para solicitar apoyo, pero no lograron hablar con él.

José Chiquín alcalde comunitario del barrio Zapotillo, El Estor. Foto: Aj Ral Ch’och’

Por otro lado, vecinos del barrio el Zapotillo han manifestado su inconformidad con el alcalde Chiquín, porque el 25 de julio de 2019 en la ciudad de Guatemala, manifestó su apoyo a favor de la empresa minera, en la vista pública realizada en la Corte de Constitucionalidad (CC). Además, los comunitarios han denunciado que Chiquín tiene familiares trabajando en la empresa minera CGN Pronico y esto es considerado por los comunitarios como un interés personal con la minera.

Compra de voluntades y firmas en El Estor.

Los pobladores viven bajo engaños. Según manifestaron líderes comunitarios, algunas personas quienes se auto nombran como representantes comunitarios y sin el consentimiento de la población, realizan reuniones para solicitar las firmas de cada uno de los vecinos. También lo hacen con miembros de los Cocodes, ofreciendo a cambio dinero en efectivo. Por su lado, la compañía de níquel ha realizado actividades para que los pobladores muestren su apoyo a la empresa, creando así confusión y división en la población q´eqchi´. Estas acciones son motivo de preocupación para las autoridades maya q´eqchi´.

La directiva de la Gremial de Pescadores Artesanales responsabiliza a la Empresa minera CGN PRONICO De Solway, de lo que pueda suceder con algunos de sus integrantes, ya que desde 2017 acusaron falsamente a 11 pescadores y al periodista de Prensa Comunitaria, Carlos Ernesto Choc.

Juan Francisco Yat Quinich, el segundo de izquierda a derecha sostiene unos documentos al junto a trabajadores mineros. Él es parte de la directiva de la asociación Aj Awinel. Foto: MiningWorksGT

Empresa Solway organiza la toma de carreteras en Guatemala

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Foto: Baudilio Choc

Por Carlos Ernesto Choc y Baudilio Choc

22 de agosto 2019

Personal de la empresa Solway cerró desde la madrugada de este jueves 22 de agosto la carretera nacional del Atlántico, a la altura del kilómetro 245, en el entronque de caminos conocido como La Ruidosa, en el municipio de Morales, Izabal. La acción es en rechazo a la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), del 18 de julio de 2019, que ordenó la suspensión de todas las operaciones del proyecto minero Fénix por no haber realizado la consulta libre, previa e informada del pueblo q’eqchi´ de El Estor, Izabal y tres municipios más de Alta Verapaz en 2005.

Foto: Baudilio Choc

Son trabajadores de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), de la Compañía Procesadora de Níquel (Pronico) ambas subsidiarias de la ruso-suiza Solway Investment Group. La compañía de níquel se negó a acatar dicha resolución y continuó con las operaciones mineras, además realiza manifestaciones en la ciudad capital, en El Estor y recientemente cerrando la carretera nacional del Atlántico.  

La empresa argumenta que son 3 mil los trabajadores a quienes emplea directamente, pero en las manifestaciones aparecen más trabajadores a pesar que las operaciones no se han detenido. El gerente de asuntos comunitarios de CGN, Maynor Álvarez, constantemente aparece con los grupos organizados frente a la CC, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) o el Congreso.

La CGN desde el 18 de julio ha presentado más de tres Amicus Curiae a la CC en respaldo al proyecto minero Fénix y en El Estor se sabe de pagos realizados por firmas para acompañar estos documentos que van de Q40 a Q500 por firma, según vecinos de El Estor.

Foto: Baudilio Choc

En el cierre de la CC en la ciudad y el cierre de la carretera de este 22 de agosto, exigen que el pleno de magistrados de la corte los reciba, con el objetivo de tener una mesa de diálogo y que escuche las demandas de la compañía.

Foto: Baudilio Choc

Las personas que permanecen en La Ruidosa solicitan que se escuche a quienes están frente a la CC,  argumentan que la CGN sí realizó la consulta en 2005 y que reconsideren no cerrar temporalmente la actividad minera en El Estor, afirmó uno de los trabajadores de la minera.

El miércoles 21 una jueza realizó un recurso de exhibición personal a favor del personal de la CC y un grupo de estudiantes que fueron retenidos durante 10 horas dentro del edificio de la corte, con la presencia de la jueza los trabajadores de la CGN decidieron retirarse.

Las acciones de la compañía de níquel de estos últimos días, se realizan coincidentemente, luego del anuncio de la Gremial de Pescadores Artesanales y las autoridades indígenas q’eqchi´ de El Estor y Alta Verapaz de viajar a la CC para presentar un nuevo memorial junto a los querellantes del amparo quienes demandaron ante la corte al MEM por incumplir con la consulta comunitaria. 

Organizaciones suizas recuerdan a CGN/Pronico que deben suspender operaciones de la mina Fénix

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Foto: Prensa Comunitaria

Comunicado de prensa

Varias organizaciones suizas están en comunicación con Solway Investment Group en Suiza, dueña de la mina Fénix, de la Compañía Guatemalteca de Níquel S.A. (CGN) y su subsidiaria, la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (PRONICO) desde el asesinato de Carlos Maaz Coc el 27 de Mayo en 2017 en una protesta pacífica contra CGN en El Estor.

El 13 de Agosto las organizaciones Redes de Solidaridad con Guatemala en Berna y Zurich, Multi Watch y km207 le han escrito una carta a Solway Investment Group expresando nuestra profunda preocupación por la situación conflictiva que ha surgido por la suspensión provisional de las actividades de la mina Fénix en El Estor por la Corte Constitucional hasta que se lleve a cabo una consulta previa, informada y libre de acuerdo al Convenio 169 de la OIT.

En dicha carta expresamos nuestra preocupación por la integridad física de los amparistas y sus familias por las amenazas y actos intimidatorios en El Estor. Condenamos la propagación de violencia y el suscitar el miedo en las comunidades en las que opera la compañía minera CGN/Solway y que con estos hechos se pretenda romper los legítimos reclamos de las comunidades indígenas Q’eqchi’.

Recordamos a CGN/Solway que de acuerdo a las directrices de Derechos Humanos y Empresas de la ONU y las normas IFC tiene que hacerse responsable del cumplimiento y el respeto de los Derechos Humanos.

Recordamos a CGN/Solway que la empresa está en la obligación de la inmediata paralización de las actividades de la mina Fénix, en concordancia con lo decretado por la Corte Constitucional.

Reiteramos nuestra petición a CGN/Solway de detener la persecución judicial del periodista Carlos Ernesto Choc y los miembros de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor; Cristóbal Pop, Eduardo Bin, Vicente Rax y Tomas Che. CGN es querellante adhesivo en este proceso. El hecho de que la abogada de CGN pida licencia poco antes de las audiencias programadas y por este motivo se retrasa la continuación del juicio, da la impresión de que la CGN está tratando activamente de retrasar los procedimientos judiciales con el fin de desgastar la resistencia de los acusados.

Red de Solidaridad con Guatemala Zurich, Suiza

Red de Solidaridad con Guatemala Berna, Suiza

Multiwatch

Km 207 Guatemala-Suiza, Ginebra

Desinformación otra de las formas violentas de las operaciones mineras de Solway

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Fotografía Forbbiden Stories Francia.

Por Nelton Rivera

En la edición impresa del 21 de agosto de Prensa Libre la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) publicó un campo pagado titulado: “Presentan desistimiento en caso mina Fénix”, en él aseguran que los querellantes desistieron continuar con la acción de amparo en contra del proyecto minero Fénix ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

En el impreso no especifican quienes son las personas que desisten, tampoco porque la compañía asume su representación. En otro párrafo del escrito, la CGN reafirmó su postura y respeto por la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), explicitando el desacato formal a la resolución emitida por la CC el 18 de julio de 2019 en el que ordenó suspender las operaciones del proyecto minero Fénix en El Estor, Izabal.

Solway es una corporación transnacional ruso-suiza, CGN y Pronico son sus subsidiarias. En 2011 Solway adquirió los derechos del proyecto minero Fénix, Chichipate y Nabej, ubicadas en municipio de El Estor, Izabal; 3 municipios de Alta Verapaz; y Niquegua Montufar II en Los Amates, Izabal.

La compañía usa la desinformación como herramienta. Con la confusión busca ocultar y tergiversar la realidad a su favor, manipulando voluntades o buscando que los magistrados de la CC caigan en el juego de hacerles creer que en El Estor la compañía tiene apoyo, simpatía y respaldo de la gente.

Sumado a la fuerte inversión de capital para la compra de campos pagados casi semanalmente, pauta en televisión o segmentos noticiosos, conferencias de prensa, la movilización y manutención de grupos de personas para permanecer y realizar manifestaciones en la ciudad o en las carreteras. Integrantes de la Gremial de Pescadores en El Estor bajo amenazas e intimidaciones

Campo pagado de CGN, publicado en Prensa Libre.

¿Porque la CGN desacata lo ordenado por la CC?

La compañía se ha negado a acatar la resolución, a pesar que desde el día 19 de julio entregó un memorial a la CC, dándose por notificada y evacuando por escrito las 48 horas de plazo fijadas por la corte.  

En el momento que el MEM haga la ejecución de la sentencia de la corte, prácticamente la compañía no podrá seguir trabajando en el área de las canteras, tampoco podrá producir ferro níquel en la planta de procesamiento, ni transportar material hacia el puerto de Santo Tomas de Castilla, ni exportar,  ni importar materiales hasta que se realice la consulta comunitaria.

El 18 de julio de 2019, el pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvió la apelación de amparo, que 62 vecinos de El Estor Izabal, Cahabón, Panzós y Senahú de Alta Verapaz presentaron en contra de resolución de la CSJ en el caso del proyecto minero Fénix.

Los querellantes en representación de la Gremial de Pescadores Artesanales, autoridades ancestrales, indígenas y comunitarias demandaron al Ministerio de Energía y Minas (MEM) en 2017 por el otorgamiento ilegal del proyecto minero Fénix a la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN en el año de 2005.

La CC en su resolución provisional ordenó la suspensión de todas las operaciones de Fénix en El Estor, al comprobar que el MEM, en 2005, no realizó la consulta libre, previa e informada a todas las comunidades afectadas por el proyecto minero. Por ello, ordenó que se realice la consulta a las comunidades, incluso la corte da un paso adelante, mencionando el tema del daño ambiental que se puede estar produciendo. CC suspende licencia de explotación del proyecto Fénix que opera Solway en El Estor, Izabal

Sin la consulta comunitaria, la CGN y el MEM incumplieron con el Estudio de Impacto Ambiental (AEI), ya que la consulta es uno de los requisitos para obtenerlo, sin este requerimiento el ministerio de energía no tuvo que haberle entregado la licencia de exploración y explotación minera de este proyecto.

Catorce años después, la compañía de níquel opera sin licencia minera, la transnacional Solway exporta grandes cantidades de minerales al extranjero y ambas desacatan la resolución de la CC de suspender las operaciones. 35 días han pasado de lo ordenado por la corte y la CGN continua operando el proyecto minero Fénix. La minera de níquel se niega a acatar la suspensión del proyecto Fénix

Las operaciones continúan, también sus acciones con trabajadores frente a la CC y en la ciudad capital, la inversión en campos pagados, anuncias televisivos, elaboración de Amicus Curaes, compra de firmas de vecinos y la movilización de gente sigue siendo millonaria. La Compañía de níquel CGN retuvo por 10 horas a magistrados, trabajadores y estudiantes dentro de la CC

Reafirman demanda ante la CC

A través de una acción de amparo en la CC, los querellantes, hombres y mujeres q’eqchi reafirman su decisión de continuar con la demanda en contra del MEM y esperan que las autoridades estatales garanticen el cumplimiento de lo ordenado por la máxima corte y que la compañía de níquel acate la suspensión de operaciones.

A los querellantes no los mueve solamente el cumplimiento de la consulta libre, previa e informada, está en juego la vida de las personas; el lago de Izabal está en riesgo por la contaminación de la planta procesadora, el aire se sigue contaminando por las expulsiones de gases y partículas tóxicas resultado del fundido de los minerales, los ríos y nacimientos de agua están expuestos a estos contaminantes diariamente. La mancha roja en el lago que nadie quiso explicar

Al mismo tiempo las montañas están siendo destruidas, grandes cantidades de bosque y selva fueron deforestadas para el ingreso de maquinaria pesada en las áreas de cantera de la compañía, a tal punto que los nacimientos de agua que abastecen a las comunidades centro de El Estor están en riesgo de desaparecer.

Fotografía Nelton Rivera. Prensa Comunitaria Km. 169 año 2019

Las acciones fuera de contexto de la CGN

El abogado Aníbal Maquín, maya q’aqchi, y uno de los amparistas que demandaron al MEM ante la CC sobre las acciones realizadas por la compañía de níquel sostiene:

“Los querellantes del amparo van a presentar un nuevo memorial ante la CC, expresando que la mayoría ratifican la denuncia. Esta acción se va a presentar ante la Corte, demostrando que se sigue de frente con esta primera acción de amparo, acudiendo a las vías en donde se va a resolver este amparo.

Es evidente que se encuentran en un claro desacato a la resolución de la CC, por eso vamos a accionar para que se confirme la ejecutoria de la corte. 

La compañía está haciendo uso de todos sus medios para desacreditarnos a nosotros a los amparistas, también a las comunidades y además andan comprando voluntades, desde hace unos quince días se identificó a dos personas en el pueblo de El Estor que estaban pagando por firmas para adjuntarlas a esos memoriales que la CGN anda presentando. La compra de firmas forma parte de la campaña que la compañía está realizando para detener la resolución del amparo ante la CC, porque ellos saben que los argumentos legales tienen bastante sustento  para que los magistrados resuelva a favor el amparo en definitiva y eso hace que las acciones de la empresa estén fuera de contexto, incluso que estén violando la ley.”

Abogados Aníbal Maquín y Rafael Maldonado junto a Alfredo Maquín querellantes en el proceso de amparo contra el MEM por la licencia minera Fénix. Foto Rony Morales Prensa Comunitaria Km.169 año 2019

Información falsa de la compañía de níquel

Por su parte, el abogado Rafael Maldonado, amparista en la demanda en contra del MEM,  sobre las acciones realizadas por la compañía argumentó:

 “Las recientes publicaciones de la empresa, no hay que verlas solo como un hecho aislado, sino como un hecho concatenado con todos los hechos violentos que la empresa ha estado realizando a partir del campo pagado. Lo que pretende la empresa es infundir terror en la Corte de Constitucionalidad, con tal de tener una resolución lo antes posible y eso es constitutivo de delito.

La CC hizo bien en llamar la atención del Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público (MP) ante las retenciones ilegales y la presión hacia el sector justica. Luego se suma las toma de carreteras en la región de Petén y Puerto Barios, esos son hechos concatenados y pretenden presionar a la más alta corte del país en aras de obtener una sentencia favorable, pero queriendo sorprender la buena fe de los magistrados de la CC.

En este momento están reunidos los amparistas y un grupo grande de personas ratificando a través de un memorial nuestra posición de continuar con la acción de amparo en contra del MEM. Esta nueva acción de los pescadores, autoridades indígenas y abogados nace a partir de la publicación en gran parte con información falsa que realizó en el campo pagado la empresa en Prensa Libre el día jueves.”

Abogado Rafael Maldonado, amparista por el caso de la licencia miera Fénix. Fotografía Nelton Rivera. Prensa Comunitaria Km. 169 año 2018
Green Blood

El gobernador departamental que trabaja para la compañía de níquel

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Foto Gobernación Izabal

Por Aj Ral Ch’och y Nelton Rivera

El gobernador departamental de Izabal es uno de los empresarios que salió en defensa de la empresa Solway. Actualmente presta servicios como transportista de góndolas para la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, en Izabal. Es primo de Jimmy Morales y fue electo por este para ser gobernador en 2018, cinco gobernadores han entrado y salido en Izabal durante este gobierno. El gobernador es juez y parte en el problema social provocado por la CGN, se adhirió como tercero interesado para rechazar el recurso de amparo en contra de la licencia del proyecto minero Fénix, misma que suspendió la Corte de Constitucionalidad (CC) desde el 18 de julio, el gobernador está en contra de esta resolución. Prácticamente el gobierno actúa en función de los intereses de la compañía y no de la población de El Estor.

Erick Bosbelli Martínez Reyes tiene el cargo de gobernador departamento de Izabal. Fue nombrado por el presidente Jimmy Morales el 25 de octubre de 2018, participó como aspirante a la gobernación entre ex alcaldes municipales y diputados del Congreso, prácticamente en medio de personas con mucho peso, poder económico y político en el departamento. En ese momento el ahora gobernador, previo a su elección, afirmó ser primo del presidente[1], paso siguiente fue electo como gobernador. 

Miriam Dallia Castañeda Vargas, es la actual esposa de Erick Martínez, ella es coordinadora departamental del Ministerio de Desarrollo (MIDES). Martínez no tiene ninguna experiencia en la administración pública, a pesar de eso, fue nombrado gobernador.[2]

Martínez es dueño de la empresa mercantil TransGóndolas del Puerto –TGP, actualmente es contratista y proveedor de servicios de la CGN y de la Compañía Procesadora de Níquel PRONICO, subsidiarias de la transnacional ruso-suiza Solway.  

El gobernador departamental forma parte del gremio de trasportistas en Izabal quienes presentaron un memorial a la Corte de Constitucionalidad (CC), solicitando ser terceros interesados a favor de la compañía de níquel, por el recurso de amparo en contra del Ministerio de Energía y Minas (MEM) presentado en 2017 por la Gremial de Pescadores Artesanales (GPA) y las autoridades indígenas q’eqchi.

En este memorial el gobernador departamental solicitó que se rechase el amparo provisional a favor de los pescadores y autoridades indígenas, a través de otra acción constitucional del amparo expediente No. 405-2018.

Fotografía expediente Recurso de Amparo en la Corte de Constitucionalidad.
Fotografía expediente Recurso de Amparo en la Corte de Constitucionalidad.

El gobernador y las góndolas

El 25 de julio una de las góndolas de la compañía de níquel que transportaba material de la empresa atropelló a dos personas en la salida hacia Panzós, Alta Verapaz, entre la garita municipal de El Estor y la colonia minera de la compañía de níquel.  Una de ellas murió inmediatamente en el lugar; la segunda, un menor de edad fue trasladado en estado de gravedad al hospital nacional de Puerto Barrios. Inmediatamente esto provocó el descontento de los vecinos de El Estor, quienes saben que desde el 18 de julio la CGN no podía seguir operando y lo mismo con las empresas de transporte de góndolas.

Esa noche fueron quemadas 12 góndolas de transporte que prestan servicios para la CGN, e inmediatamente el gobernador condenó este hecho. El gobernador Martínez visitó el 25 de julio el lugar en donde quedaron las estructuras de cabezales y góndolas quemadas, expresando:

 “…andamos revisando el área en donde fueron ocasionados los daños a tanta inversión privada, para verla totalmente destruida, no compartimos estos actos vandálicos que sucedieron. Reforzamos las seguridad del municipio con fuerzas especiales, con una cuadrilla de lobos y reforzamiento de las comisarías de Zacapa y Chiquimula”.  

Luego amplio sus declaraciones: “esperamos que el MP nos de la versión de lo que ocurrió, existen diversas teorías, sin embargo no creo que sean los campesinos o el mismo pueblo del El Estor quienes sean responsables de esto. Pedimos sobrevuelos para que vengan a constatar lo que está ocurriendo en el área. Hay más de 100 elementos de policía y vienen más, pedimos blindados J8 para resguardar la seguridad”.

Unos minutos después a preguntas de comunicadores que lo acompañaron afirmó que los hechos tienen relación con las demandas de la gente, contradiciéndose diciendo que no sabía quiénes eran los responsables: “No vamos a permitir más bloqueos. No compartimos que por unos pocos, muchos tengan perdidas excesivas. Mesas de diálogo son las que más existen en el Estor y en el departamento, hemos estado abiertos al diálogo y sin embargo esto se sale de cualquier perspectiva, no vamos a permitir que la gente transgreda la ley, la ley tiene que cumplirse”.

En sus declaraciones del 25 y 26 de julio no hizo referencia a la vida del campesino que falleció por el impacto de la góndola, tampoco del herido un joven menor de edad. Para el gobernador lo importante fue verificar el daño a la propiedad privada, especialmente de las góndolas.


Gobernador desde el Estor, Izabal.

Posted by Exclusiva Noticias on Friday, July 26, 2019

[1] El Periódico. Gobernadora de Izabal renuncia por razones profesionales. Redacción. 18 de octubre de 2018. https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/10/18/gobernadora-de-izabal-renuncia-por-razones-profesionales/  

[2] Alva Batres. Erick Bosbelí Martínez, nuevo gobernador de Izabal. Ojo con mi pisto. 27 de octubre de 2018. http://ojoconmipisto.com/erick-bosbeli-martinez-nuevo-gobernador-de-izabal/


Estudiantes exigen a la UVG justicia por los tres estudiantes muertos en las instalaciones de CGN en 2012

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Foto: David Toro

Por David Toro

26 de agosto 2019

Más de 100 estudiantes egresados de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) firmaron una serie de exigencias que fueron entregadas a la rectoría, entre ellas que se elimine cualquier convenio suscrito con la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), en cuyas instalaciones en el 2012, fallecieron los estudiantes de biología Ángel De León, Nahomy Lara y Juan Carlos Velásquez durante una práctica universitaria.

La mañana del 26 de agosto un grupo de egresados de la UVG entregaron una carta a la vicerrectora Mónica Stein, esta carta contiene una serie de exigencias dirigidas a la universidad.

El descontento y las exigencias  surgen debido a que según este grupo de estudiantes organizado de forma independiente, la  UVG trató de forma pasiva el caso de la muerte de tres estudiantes de biología, Ángel, Nahomy y Juan Carlos el 31 de marzo del 2012 en el canal acuático de la CGN en El Estor, Izabal cuando realizaban un monitoreo de cocodrilos bajo la supervisión del biólogo Lemuel Valle, quien en ese entonces trabajaba para la minera y fue condenado por homicidio culposo en junio de este año.  

En la carta que las estudiantes leyeron, hicieron ver a las autoridades de la Universidad que consideran irresponsable e insuficiente que la UVG para prevenir que sucedieran situaciones similares, se hayan limitado a elaborar un contrato de liberación de toda responsabilidad que todo nuevo estudiante debe firmar al inscribirse.

Las estudiantes dijeron a la vicerrectora Mónica Stein, que consideran mediocre que la Universidad se haya quedado al margen de los procesos que las familias de los tres estudiantes han tenido que llevar para obtener verdad y justicia.

Las exigencias de los estudiantes

Las estudiantes exigen que la UVG tome una postura clara en pro de la búsqueda de la verdad en el caso de Ángel, Nahomy y Juan Carlos, además piden que existan procesos de socialización y que se abran espacios de diálogo en la Universidad para hablar sobre el tema, porque durante los 7 años posteriores a la tragedia dentro de las aulas se ha guardado silencio.

Otra de las peticiones es que se eliminen los convenios que existan con empresas privadas que abiertamente han sido señaladas de violar derechos humanos, como es el caso de la CGN, la cual tiene su licencia minera suspendida, debido a que comunitarios de El Estor obtuvieron un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad (CC), pues la mina no realizó la consulta comunitaria previa bajo los estándares establecidos por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las estudiantes acordaron seguir reuniéndose con la vicerrectora, para darle seguimiento a sus demandas.

Estudiantes UVG

#JusticiaEstudiantesUVG:Estudiantes de la Universidad del Valle (UVG) que no están conformes con la postura que la universidad tomó ante muerte de los estudiantes Ángel De León, Juan Carlos Velásquez y Nahomy Lara en el 2012 en la Compañia Guatemalteca de Niquel (CGN), presentaron una carta de peticiones a la vicerectora Mónica Stein. Video. David Toro

Posted by Prensa Comunitaria on Monday, August 26, 2019

La vicerrectora Mónica Stein, dijo a las estudiantes que presentaron la carta, que la muerte de los estudiantes fue la tragedia más grande que ha tenido la UVG. “Para nosotros es muy importante lo que nuestros egresados y las familias sienten (…) me comprometo con ustedes a que vamos a tomar esto en consideración” aseguró Stein.

 Las familias siguen en busca de justicia después del juicio

“Es una sentencia que consideramos pusilánime y distante de la grave dimensión de los sucesos” dice la carta de los estudiantes al referirse al fallo que dictó el Tribunal de Sentencia de Puerto Barrios el pasado mes de junio, donde la UVG quedó absuelta de toda responsabilidad porque el juez Felícito Mazariegos consideró que no existía un vínculo jurídico entre Lemuel Valle y la Universidad.

Sin embargo, los estudiantes exigen a esta casa de estudios velar por que este hecho no sea olvidado y brindar formar de reparación a las familias.

Actualmente las familias de Nahomy, Ángel y Juan Carlos se encuentran a la espera de que la sala de apelaciones de Puerto Barrios les de una fecha para una audiencia donde se discutirán todas las apelaciones y puntos de vista de las partes del proceso que no están de acuerdo con la sentencia. “Creemos que la Universidad tiene responsabilidad directa en la actividad donde murieron los estudiantes, porque era una actividad oficial, reconocida por su rector Roberto Moreno y por consecuencia tienen responsabilidad, sobre eso está dirigida nuestra apelación”, declaró Luis González, abogado defensor de las familias.

El Estor se despide del sacerdote que estuvo del lado de los más necesitados

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Padre Ernesto Rueda Moreno

Por Rony Morales y Aj Ral Ch’och’

3 de septiembre 2019

El 1 de septiembre, el padre Ernesto Rueda Moreno, de origen mexicano, ofició su última misa frente a cientos de sus feligreses, en la parroquia San Pedro Apóstol, en el Estor, Izabal.

El sacerdote Moreno fue nombrado por el Vicariato Apostólico como sacerdote principal de municipio. Se va después de tres años de acompañar al pueblo q’eqchi’ en su lucha contra la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico) que ahora es propiedad de la empresa transnacional ruso suiza Solway Investment Group dirigida por rusos.

Ernesto Rueda acompañó durante tres años a las comunidades. Aportó a las personas del municipio del Estor para la concientización de la conservación y cuidado del ecosistema. Fue partícipe de su sufrimiento humano, acompaño a los pescadores en su búsqueda de justicia por la muerte de Carlos Maas asesinado el 27 de mayo 2017.

 “La Gremial de Pescadores, me hizo partícipe de un proceso de convicción que exigían el respeto a los bienes naturales y nacionales por supuesto, de protección hacia el lago, hacia la montaña, me invitaron a caminar con ellos y yo aprendí mucho de ellos”, comentó Rueda.  

La población desposeída y sin recursos de El Estor ha sufrido discriminación, el desprestigio y el olvido del Estado de Guatemala, que en un principio se mostraron muy abiertas a apoyar la lucha de los pescadores y después quizá no entendieron el proceso y se retiraron sin mediar palabra. Ese fue un retroceso para la defensa de la flora y fauna del territorio.

Para el sacerdote existe el temor que no haya quien hable por las montañas, que se siguen deforestando, que las personas sigan pescando en un lago contaminado y que los organismos gubernamentales sigan haciendo caso omiso a las denuncias de los pescadores queriendo opacar el reclamo desesperado de la población por la defensa de los recursos naturales.

El padre Ernesto, regresa a su país de origen, México. Regresará a la diócesis de Colima en Guadalajara para colaborar en el seminario mayor. Especialmente, en apoyo al proceso de formación de la última etapa de los muchachos que se preparan para el ejercicio del sacerdocio.

Uno continúa por convicción, dijo, el padre Rueda a lo que agregó: “gracias a Dios no tengo intereses por la empresa. Ni soy portavoz de la gremial, pero sí soy participe del sufrimiento de este grupo de personas, que optaron por un camino complicado, a causa de un grito de alarma”.

El Estado de Sitio como una extensión del terrorismo de Estado

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Marcha popular contra la dictadura, ciudad de Guatemala 1978. Fotografía Mauro Calanchina.

Por Nelton Rivera

El gobierno decretó, sin ningún argumento, un nuevo Estado de Sitio. A 4 meses de que termine el desgobierno de Jimmy Morales, un confuso incidente armado en una comunidad de El Estor, Izabal, que presuntamente provocado por una patrulla de la marina del ejército el 3 de septiembre, con el saldo de varios vecinos heridos y tres militares muertos, abrió las puertas de una nueva escalada de criminalización y represión de Estado.

Esto ocurre a un día de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) terminó su mandato en el país. Mientras los sectores económicos declarados abiertamente en contra del comisionado Iván Velásquez y la Comisión celebraban el final del mandato de esta en Guatemala, Jimmy Morales en la conferencia de prensa en donde anunció la restricción de garantías lanzó ataques contra la prensa, las organizaciones campesinas y defensores de derechos humanos, criminalizando al pueblo q’eqchi para justificar una de las medidas más desproporcionadas de su gobierno, con el falso discurso de combatir al narcotráfico.

De nuevo el Estado hace uso del recurso del terror y el uso excesivo de la fuerza a través de militarizar 22 municipios del país en función de recuperar el control absoluto de los territorios, los bienes naturales y la vida de las personas, su instrumento es el Estado de Sitio. El recurso del miedo como lo plantea Carlos Figueroa Ibarra lo hace a través de acciones represivas asumidas o no, con fines políticos, debidamente planificados que responden a la protección del status quo, modelo político, económico e ideológico.  Haciéndose valer de las fuerzas de seguridad del estado; ejército o policía, o fuerzas paraestatales para controlar, desarticular, castigar o eliminar todas aquellas acciones que considere contrarias a sus intereses o los intereses de los grupos de poder.

El escenario de confusión y el argumento de la lucha antidrogas

Una patrulla del ejército de Guatemala con sede en la base naval en El Estor incursionó en la comunidad q’eqchi de Semuy II. Según los testigos, vecinos de la comunidad, el oficial al mando, al verse ofuscado por el cuestionamiento de las mujeres, niños y ancianos sobre el porqué de su presencia en la comunidad decidió utilizar su fusil de asalto, abrió fuego y dos personas de la comunidad resultaron gravemente heridas[1], el ataque armado tuvo un trágico desenlace, tres de los militares murieron minutos después.

Los medios de comunicación corporativos salieron al paso y afirmaron que la patrulla del ejército había sido emboscada por un grupo armado[2], a continuación publicaron que los responsables del ataque habían sido narcotraficantes que operan en el territorio[3]. El ejército argumentó que la patrulla perseguía a pie a una avioneta con posible droga abordo. Doce horas después, el 4 de septiembre desde el Palacio Nacional los ministros de la Defensa, Luis Miguel Ralda; y Enrique Degenhart, de Gobernación y el propio Jimmy Morales eliminaron de la versión anterior a narcos y crimen organizado e incluyeron a los pobladores.

En sus declaraciones a los medios, en su redes oficiales y en la conferencia de prensa que dieron por la mañana y luego a las 3 de la tarde, dirigieron todos sus ataques en contra de los q’eqchis de Semuy II, contra las organizaciones de derechos humanos y campesinas, como una muestra de reconfiguración del enemigo interno.

Las versiones entre funcionarios públicos son contradictorias. Las versiones en los medios también lo son. Los testimonios de los comunitarios afectados desmienten y contradicen todas las anteriores. El Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) estuvieron en la comunidad un día después, llegaron a la comunidad y la investigación recién comenzó.

Lo ocurrido en Semuy II, se haya esclarecido o no para el gobierno fue la excusa perfecta, sin mayor información, sin investigación del MP, sin escuchar los testimonios de las familias que vivieron la incursión militar, para decretar, en menos de 24 horas, un Estado de Sitio.

A las 3 de la tarde, el presidente Morales anunció que en 22 municipios de seis departamentos sus pobladores perderán las garantías constitucionales de: libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de reunión y manifestación, entre otras.

No es la primera vez que este gobierno lo hace. En septiembre de 2016 intentó imponer un Estado de Sitio en todo el país, para evitar las movilizaciones populares en rechazo a los casos de corrupción, impunidad y despojo de bienes naturales, incluyendo el juicio de la propia familia presidencial. En esa ocasión, Jimmy Morales quiso usar la medida justificando el ingreso de una tormenta al país.

Posteriormente lo hizo durante la crisis humanitaria provocada por la erupción del volcán de Fuego, en 2017. Decretaron Estado de Prevención, en esta ocasión las acciones del gobierno estuvieron en la línea de no beneficiar a los sobrevivientes y comunidades afectadas, se ocultó la información y el uso de los recursos dejó más dudas que transparencia y ayuda a los damnificados.

Por lo ocurrido en El Estor, la embajada de los Estados Unidos en su cuenta de twitter se solidarizaría con las familias de los tres soldados muertos por “narcotraficantes”, reproduciendo la versión confusa de los hechos con el supuesto de apoyar al gobierno con el combate al narcotráfico y desdibujando a la comunidad como la víctima principal del hecho.[4]

¿Estado de Sitio y militarización para qué?

Jimmy Morales a las 3 de la tarde anunció la instauración del Estado de Sitio, y con ello afectando a cientos de comunidades de seis departamentos del país. Ahora, le corresponde al Congreso de la República conocer el decreto, aprobarlo o no. Morales justificando la supuesta lucha contra el narcotráfico lanzó acusaciones y castiga a las miles de personas que serán afectadas en Zacapa, El Progreso, Alta y Baja Verapaz, Izabal y Petén. Así el gobierno justificó la medida desproporcionada con un hecho de violencia protagonizado por el ejército –que no fue aislado, porque cada acción de la tropa responde a la cadena de mando militar-,  ocurrido en una comunidad q’eqchi.

Todo ocurre mientras la Cicig finalizaba su mandato, desde el Palacio Nacional de la Cultura se anunciaba el Estado de Sitio a las 3 de la tarde, Carlos Martínez secretario general de la presidencia leyó el contenido del decreto gubernativo, acompañado de Jafeth Cabrera vicepresidente a su izquierda y Jimmy Morales del otro lado. Atrás el resto de ministros avalando el acto después de firmar el decreto gubernativo 1-2019.

Abogado Ramón Cadena de CIJ. Fotografía Nelton Rivera.

Para comprender los impactos antidemocráticos de las acciones del gobierno entrevistamos al abogado Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).

¿De nuevo se hace un uso desmedido de la ley de orden público, sigue siendo vigente esta ley?

“La ley de orden público aún no ha sido derogada, a pesar que los Acuerdos de Paz en 1996 establecieron que esta ley debe de reformarse o crearse una nueva ley, de eso ya pasaron 22 años sin cumplirse. El Estado de Sitio debe de aprobarlo el Congreso de la República, luego que el Ejecutivo emita un acuerdo gubernativo en consejo de ministros y lo envíe al Congreso solicitando se limiten determinados derechos y garantías constitucionales.

La ley de orden público es una ley obsoleta, en el Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil se estableció que hay que crear y aprobar una nueva ley. Entonces ante ese vacío siguen aplicando esta ley porque a conveniencia de los gobernantes esta sigue siendo una ley muy permisiva y represiva.

¿Qué  objetivo persigue el gobierno con este Estado de Sitio?

El Gobierno tuvo que evaluar de mejor manera lo sucedido, investigar qué fue lo que en realidad sucedió y aclararlo para poder tomar las medidas que fueran necesarias, lo que el gobierno hizo hoy se entiende que fue crear una situación de violencia para aprobar el Estado de Sitio, esto nos indica que pueda ir esta medida en la línea de atacar la sentencia en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de atacar la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC),  que tienen que ver con el caso de la suspensión del proyecto minero Fénix de la empresa CGN-Pronico.

Todos los elementos nos dan a entender que se trata de una situación ya preestablecida y previamente planificada con el objetivo de afectar a las comunidades indígenas. Y es lamentable que otra vez el Estado venga a reaccionar de esta forma en contra de las poblaciones.

¿Por qué usar el discurso de la lucha antidroga?

Lo que realmente ocurre es que sin averiguar si se trató de crimen organizado o no, que grupos de crimen organizado son responsables, si la patrulla cometió un grave error, ni de cómo fueron los hechos para poder tomar medidas, ahora se acusa a las comunidades, al establecer el Estado de Sitio se les va a afectar directamente fueran estas inocentes o no. Todo apunta que eso es lo que finalmente quiere el gobierno para militarizar toda la zona.

La ruta correcta para luchar contra el narcotráfico es a través del derecho penal, pero si aquí lo que están tratando de hacer es resolverle el problema que tiene la CGN Pronico con la suspensión de operaciones, lo que hacen es criminalizar aún más a la gente. De todas formas nunca es recomendable que se establezca un estado de excepción para resolver un asunto de derecho penal.

La limitación de los derechos debe de ser el último recurso de un estado democrático, finalmente todo indica que se dio esta situación para que se decretara el Estado de Excepción para perjudicar a las comunidades, organizaciones sociales y resistencia. No con el objetivo de combatir al crimen organizado o al narcotráfico.

….

Cuál ha sido la dinámica para imponer Estados de prevención y de Sitio

En Guatemala implementar Estados de Sitio o de Prevención para limitar las garantías constitucionales ha sido una medida utilizada con la finalidad de contener, desarticular, controlar y reprimir a la población. Fue una práctica común durante las dictaduras dirigidas por militares en los años de la guerra y se retoma con gobiernos de derecha con participación de empresarios.

La narrativa violenta a la que hemos asistido en los últimos años en Guatemala han sido de implementación del modelo neoliberal y extractivista, conocido como “acumulación por desposesión” (Harvey, 2,004) que basa la necesidad de explotar la naturaleza a costa de lo que sea, principalmente del uso de la violencia. Esto ha quedado claro en diferentes lugares donde se han tratado de implementar megaproyectos como los monocultivos para la agroindustria, las hidroeléctricas, la minería a cielo abierto, plantas cementeras, petroleras entre otras.

En estos casos ha habido tres actores fundamentales en tensión: el Estado, las empresas y las comunidades. Aunque también han participado otro tipo de actores no estatales con actividades clandestinas y criminales, que no siempre ha quedado claro su papel.

El papel del Estado en esta etapa ha sido crear las condiciones para la implementación del modelo a beneficio de las grandes empresas, incluso en detrimento de sí mismo, de la naturaleza y de la población. Se ha hecho uso de la fuerza pública para reprimir y crear terror a la población organizada que se niega al modelo por considerarlo nocivo. Para lograrlo han llegado al extremo de imponer Estado de sitio y/o de prevención.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, distintos pueblos indígenas, mestizos, xinkas y garífunas han vivido los daños directos e indirectos de la utilización de los Estados de Sitio como una extensión del aparato represor del Estado.

De esa cuenta las doce comunidades maya kaqchikel de San Juan Sacatepéquez fueron golpeadas por el gobierno de Álvaro Colom en 2008, la oposición a la construcción de la Planta San Gabriel de la empresa Cementos Progreso y la construcción de la carretera privada Anillo Regional fueron la razón del Estado de Sitio.

En 2010, Álvaro Colom decretó un Estado de Sitio en Alta Verapaz con el supuesto de combatir células del cartel mexicano de Los Zetas.

En 2012, fue el turno de las comunidades q’anjob’al de Barillas Huehuetenango durante el gobierno de Otto Pérez Molina, detrás estuvo la empresa española Ecoener Hidralia Energía con tres proyectos hidroeléctricos de Hidro Santa Cruz.

En 2013, se repetiría la misma historia en San Rafael Las Flores y Casillas Santa Rosa, Jalapa y Mataquescuintla, detrás estuvo la empresa canadiense Radius Gold Inc. con el proyecto Minero El Escobal de la empresa Minera San Rafael.  

En 2014, un segundo Estado de Sitio en el territorio de las doce comunidades maya kaqchikel de San Juan Sacatepéquez durante el gobierno de Otto Pérez Molina, que permitió el avance de la construcción de la planta cementera y el avance del Anillo Regional.

En 2017, los intentos frustrados de la transnacional ruso suiza Solway y la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN no habían logrado hacer eco en el gobierno de Guatemala, desde El Estor, la CGN, gobernadores y el alcalde municipal exigieron con insistencia un Estado de Sitio, el argumento era la problemática que se desarrolló alrededor de la actividad extractiva.

Dos años después y con la presión que la empresa tiene por la resolución de la Corte de Constitucionalidad con la suspensión de las operaciones del principal proyecto minero de níquel con la licencia Fénix en ese municipio se genera un confuso incidente que le permite al gobierno justificar la desmedida acción de un nuevo Estado de Sitio, desproporcionada a tal punto que afecta a 21 municipios de 5 departamentos que se extienden en el corredor de la Franja Transversal del Norte casi en su totalidad.


[1] Prensa Comunitaria. Versión comunitaria desmiente a Ministro de Defensa en caso #ElEstor. 4 de septiembre 2019. https://soundcloud.com/prensa-comunitaria/version-comunitaria-desmiente-a-ministro-de-defensa-en-caso-elestor?fbclid=IwAR0QGna-RVq9PY5qRue2sU0oU_76AzCAwUYLmp0HMGB5yxquY3U6q2onCrI

[2] Prensa Libre. Tres muertos en emboscada de narcos a patrulla del Ejército en El Estor. Oscar García. 3 de septiembre 2019. https://www.prensalibre.com/guatemala/sucesos/supuestos-narcos-emboscan-patrulla-del-ejercito-en-el-estor-y-hay-desaparecidos/

[3] Guateivision. Narcotraficantes matan a tres soldados y mantienen retenidos a dos en Izabal. Oscar García. https://www.guatevision.com/noticias/nacional/narcotraficantes-habrian-emboscado-a-patrulla-del-ejercito-en-el-estor/

[4] Twitter. Embajada de los Estados Unidos. 4 de septiembre de 2019. https://twitter.com/usembassyguate/status/1169346926082441217?s=19

La municipalidad de El Estor y las mineras, un problema comunitario

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Pescadores en el Lago de Izabal frente a la planta procesadora de níquel de la empresa ruso suiza Solway en El Estor, Izabal. Foto: Nelton Rivera

“El gobierno municipal está haciendo de las suyas desde el momento en que se propuso lo del Estado de Sitio. Atrás de esto, lo que quieren es criminalizar y neutralizar el acompañamiento que las instituciones estamos haciendo en el área. Hay señalamientos directos. Y se nos señala de ser responsables de la conflictividad, cuando es lo contrario”.

Por Andina Ayala

6 de septiembre 2019

El pasado 4 de septiembre, corrió por todas las redes sociales y redes oficiales la intención por parte del gobierno central de declarar estado de Sitio en 6 departamentos (Norte y Oriente) del país. La versión oficial basa esta disposición en el asesinato de 3 miembros del ejército en la comunidad Semuy II de El Estor, Izabal. Este municipio, se ha mantenido bajo acaloradas disputas territoriales y ambientales contra distintas empresas extractivas, desde las que producen aceite, hasta las que extraen níquel.

El Estor volverá a estar en el ojo del huracán si el Congreso de la República  ratifica el estado de Sitio el próximo sábado 7 de septiembre. Esta vez en total desventaja y desprotección para los defensores de la naturaleza tanto de Izabal como de los otros 5 departamentos.

Hace menos de un mes se discutió en la Corte de Constitucionalidad (CC), la pertinencia y legalidad del proyecto minero Fénix otorgado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), a la cual se le ordenó detener sus actividades de minería por no haber realizado la consulta libre previa e informada, uno de los requisitos de la ley de minería. Como resultado de esta suspensión, se reiteraron afinidades y aversiones. Entre estas, nos llama la atención las del Alcalde Rony Méndez, quien anteriormente se ha manifestado en contra de la mina y desde el 18 de julio de 2019 se expresa a favor de la empresa.

El alcalde estoreño no se hizo esperar para congraciarse con los servidores públicos que impulsan el estado de Sitio y volcarse en contra de organizaciones de derechos humanos y vecinos, publicando en sus redes personales lo siguiente:

  • FUNDACIONES Y ONG’S de ideología Izquierdista tienen cobertura y control social de las comunidades y líderes violentos en El Estor, Izabal. Se aprovechan de la ausencia del ESTADO y manipulan a sus bases para no respetar a la autoridad municipal y del Estado en su conjunto. Por eso existe ingobernabilidad y violencia generalizada. Ellos se creen tener el poder social porque los defienden en hechos ilícitos y los concienten con programas asistencialistas que el Estado no puede dar y los incitan a invadir tierras y a bloquear carreteras hasta ignorar la ley y a las mismas autoridades de turno.
  • En El Estor Izabal se les ha llamado la atención a las organizaciones civiles ONGs por parte del Concejo Municipal y no les ha gustado y por eso hablan mal del Alcalde y del honorable Concejo y apoyan las movilizaciones que terminan en violencia y muertes…”.

Un discurso cuestionable

Surgen varias preguntas en relación a los señalamientos que hizo el 4 de septiembre el jefe municipal Rony Méndez, ¿Cómo prueba el señor alcalde que las fundaciones y ong´s son de “ideología izquierdista”? Según él ¿Qué es una ideología izquierdista? ¿Tiene pruebas de la manipulación de la que habla? ¿Tiene pruebas de la incitación a la que hace referencia? ¿Son numerosas esas fundaciones y ong’s como para rebasar el orden del cual él es responsable? ¿Qué ha hecho él por evitar el supuesto abandono del Estado? ¿Acaso no es él parte del Estado? Y por último, que detalle la forma en que el Concejo Municipal le ha llamado la atención a las organizaciones civiles, ¿Cuál es el puesto o quienes son los encargados de hacer esto?

Nos hemos comunicado con organizaciones de derechos humanos en El Estor quienes respondieron:

“Es preocupante porque nos están privando de toda libertad, a la gente y las comunidades. Es una forma de poder justificar la captura de los líderes y las lideresas que han venido siendo criminalizados por la lucha por la tierra, que, con este estado de Sitio tienen los brazos abiertos para poder capturarlos. Que la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) asuma el papel y que verifique por qué han estado actuando de manera muy violenta”.

Las autoridades son un lastre cuando emiten opiniones paternalistas

Este discurso fétido que intenta generalizar y etiquetar a los ciudadanos como masas manipulables, o como borregos tontos que no saben lo que hacen cuando defienden sus derechos, que se les aplaude ¡sí! si son ovejas a la hora de votar, aparentemente la manipulación no está mal cuando es de parte de los políticos.

Señoras y señores, es un discurso superado, piénselo, nadie se metería a los problemas que devienen de defender los territorios, nadie quiere ir a la cárcel, nadie quiere perder su tiempo en audiencias, nadie quiere ser perseguido. La lucha es por convicción, una oposición nace de la realidad, porque los problemas se viven en carne propia, porque el calor mata, porque el agua enferma, porque el aire intoxica, porque la siembra no crece, porque los peces escasean, por mil y un motivos.

Amable lector le invito a rechazar el Decreto Gubernativo 1-2019, a no ser cómplice de montajes políticos, le invito a cuestionar a sus autoridades.

Asociación Maya UK´Ux B´E condena la imposición del estado de Sitio

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CONDENAMOS EL ESTADO DE SITIO IMPUESTO POR EL GOBIERNO

La imposición del Estado de sitio en 21 municipios de los cinco departamentos del país obedece a una táctica de desmantelar la resistencia de las comunidades que han venido enfrentando a empresas nacionales y transnacionales interesados en explotar los bienes de la Madre Tierra en esta región.

Los Estados de sitio que han venido implementando los diferentes gobiernos es muestra de la debilidad de este sistema neoliberal que tiene como único mecanismo la violencia, división y muerte en las diferentes regiones, el Estado de sitio que se impuso en contra de las comunidades de Huehuetenango, en el oriente y San Juan Sacatepéquez en el gobierno de Otto Pérez Molina, provocó violaciones a los derechos humanos, acoso y violación a mujeres por parte de la tropa castrense.

Rechazamos la versión del gobierno que fue una acción de emboscada al ejército, por narcotraficantes, ya que los narcos están enquistados en el Estado, por lo que no pueden combatirse entre ellos mismos o seria pensar que el perro muerde su propia cola.

¿Cómo se explica que existe población civil heridos en esta situación?, entre ellos un anciano; en una emboscada losque salen heridos o muertos son los participantes en una acción bélica, con estas aseveraciones irresponsables del gobierno, no es creíble y más cuando él ha ganado la fama de ser manipulador de la información para sus propios intereses.

Nos preocupa enormemente que este caso haya sido planificado para responder intereses oligárquicos y transnacionales, ya que para el sistema neoliberal sacrificar la vida de soldados rasos no tienen importancia, al fin son hijos de campesinos e indígenas, ya que así fue durante el conflicto armado la tropa que murió son hijos de la población pobre, mientras los altos mandos del ejército viven bien del presupuesto nacional.

Hoy el congreso no ha logrado aprobar de urgencia nacional en primera lectura el Estado de sitio impuesto por el ejecutivo durante 30 días, por ello hacemos un llamado a las organizaciones sociales e individuales a estar pendientes porque el presidente del congreso Álvaro Enrique Arzú Escobar ha señalado que debido a falta de cuórum, la aprobación se realizaría en tres debates ordinarios. La Junta Directiva dio lectura al Decreto Gubernativo 1-2019 que autoriza las medidas de excepción anunciadas ayer por el gobernante Jimmy Morales.

Por tal razón

Proponemos que exista una comisión internacional que investigue el caso que es gravedad desde toda índole para aclarar a fondo la situación.

No permitamos que se militaricen las regiones ya que la presencia del ejército y la policía es la presencia del terror en las comunidades, porque no han sido educados para convivir con las comunidades.

Combatir el narcotráfico desde las estructuras del Estado, las comunidades son trabajadores honrados que viven del trabajo cotidiano, la corrupción es aliado del narcotráfico y del crimen organizado y eso sólo lo encontramos en las estructuras estatales, para que este gobierno no nos engañe.

Asociación Maya Uk’ux B’e

Miembro activo de la Convergencia Nacional Waqib’ Kej

B’oko’, B’eleje Toj

05 de septiembre 2019

Primeros efectos del estado sitio repercuten en organizaciones y comunidades

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Fotografìa Nelton Rivera

Por Andina Ayala y David Toro

Pobladores y organizaciones de derechos humanos reportan presencia militar y limitaciones para ejercer sus actividades cotidianas debido al estado de sitio que se encuentra vigente de forma provisional hasta que el Congreso decida ratificarlo o rechazarlo.

El 5 de septiembre el gobierno de Jimmy Morales publicó en el Diario de Centro América (DCA) el decreto 01-2019 con el que cobró vigencia el estado de sitio en 22 municipios de seis departamentos, como respuesta a la confusa muerte de tres soldados en Semuy II, El Estor, Izabal, la tarde del tres de septiembre.

Antes de su publicación en el DCA, el gobierno publicó en su cuenta de Twitter una versión del acuerdo donde no se mencionaba al municipio de San Luis Petén y en la versión impresa si estaba incluido. Para el abogado Ramón Cadena esto es muestra de irresponsabilidad por parte del gobierno.

Según el diputado Enrique Álvarez el estado de sitio está vigente, pero de manera provisional, ya que el Congreso aún no lo ha ratificado y el presidente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar convocó a sesión extraordinaria el sábado siete a las 11:00 a.m., para conocer el acuerdo en tercera lectura. Para ser ratificado necesita del voto de 85 diputados.

Organizaciones y pobladores ven limitadas sus actividades y derechos

 En Purulhá, pobladores han informado que existe un notable incremento del número de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). En el mercado de este municipio, los vendedores acostumbran a extender su actividad comercial hasta las 11:00 p.m., sin embargo, la PNC les exigió que se retiraran a sus casas a las 6:00 PM. Una comerciante se opuso a la exigencia de las autoridades y les permitieron cerrar a las 9:00 PM.

En la región donde se declaró estado de sitio, la cual abarca una extensión de 17 mil kilómetros, organizaciones de derechos humanos como como la Fundación Guillermo Toriello, la Unión de Mujeres de Guatemala (Unamg) y el Comité de Unidad Campesina (Cuc) realizan trabajo en distintas comunidades. Durante la conferencia de prensa del cuatro de septiembre el presidente Jimmy Morales les llamó “pseudo defensores”. Estas organizaciones manifiestan que debido al estado de sitio se han visto obligados a paralizar sus actividades, y restituirlas hasta que existan garantías Constitucionales.

Uno de los trabajadores de estas organizaciones situadas en comunidades del Valle Del Polochic, que pidió omitir su nombre, declaró su preocupación porque las comunidades podrían ser atacadas y desalojadas ya que el estado de sitio limita derechos fundamentales.  “La oligarquía y los finqueros tienen la intención de ejecutar acciones para despojar a las personas de sus tierras con el apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado”, agregó.

La situación de las mujeres del área es preocupante. Ada Valenzuela, directora de Unamg, declaró que tuvieron que tomar acciones para proteger al equipo, y agregó “estamos preocupadas por las mujeres de Sepur Zarco quienes tendrán que volver a ver a los militares en las calles. Nos sentimos inmovilizadas porque las restricciones limitan la libre locomoción, esto impide el acompañamiento. Tememos por las compañeras”.

Mientras tanto en El Estor, vecinos documentaron el paso de camiones militares y Jeeps J-8 que se dirigían a la comunidad de Pataxte en El Estor, la cual limita con el municipio de Panzós, Alta Verapaz. El ministro de defensa Enrique Degenhart, citado por el medio Prensa Libre declaró que se reuniría el 5 de septiembre con agencias de inteligencia federal de Estados Unidos para pedirles apoyo para el estado de sitio y dijo “todas las agencias de inteligencia federales de Estados Unidos van a tener conocimiento de nuestros planes”. También hay retenes militares en varios puntos.

Al final de este día, organizaciones sociales han reaccionado ante el estado de sitio, convocado a una manifestación mañana desde las 10:00 horas frente al Congreso, al mismo tiempo que los diputados estarán discutiendo la tercera lectura para poder ratificar esta disposición del gobierno de Jimmy Morales.

El Servicio Mundial Judío Estadounidense (AJWS) denunció el estado de sitio desde los Estados Unidos

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Ocupación militar de la Comunidad Semuy II en El Estor Izabal. Fotografía Rony Morales

Grupo de derechos humanos pide al gobierno de Morales que ponga fin al estado de sitio de 30 días que afecta a las comunidades indígenas

El Servicio Mundial Judío Estadounidense (AJWS), la principal organización mundial de derechos humanos judía, denuncia enérgicamente la decisión de Guatemala de imponer un estado de sitio de 30 días en 22 municipios en cinco provincias en respuesta a los asesinatos de tres oficiales militares guatemaltecos. Hacemos un llamado al presidente Jimmy Morales y al Congreso de Guatemala para que reconsideren esta decisión drástica.

Condenamos el asesinato de tres oficiales militares y creemos que el gobierno guatemalteco debería investigar a fondo estos asesinatos. Sin embargo, el estado de sitio no abordará la causa de los asesinatos y, de hecho, tendrá graves repercusiones en las libertades civiles de todos los ciudadanos guatemaltecos. Gran parte del área bajo este estado de sitio es el hogar de comunidades indígenas que luchan por los derechos sobre la tierra y contra proyectos y actividades destructivas, incluidas las plantaciones de aceite de palma, la minería y las represas hidroeléctricas.

Creemos firmemente que los principios democráticos de Guatemala y su vibrante sociedad civil deben ser respetados y protegidos. Junto con otras organizaciones de derechos humanos, hemos trabajado durante años para promover el respeto por los derechos humanos en Guatemala. Junto con la comunidad internacional, estamos observando de cerca este período mientras Guatemala hace la transición a un nuevo presidente para comprender cómo se ven afectados los derechos humanos de los guatemaltecos.

Como judíos, sabemos muy bien por nuestra propia historia que la comunidad internacional debe ponerse de pie para defender los derechos humanos de todas las personas, especialmente las comunidades vulnerables como los pueblos indígenas de Guatemala. Continuaremos apoyando vigorosamente a nuestros socios en Guatemala, que incluyen a los defensores de los derechos humanos y los pueblos indígenas, en sus demandas por el respeto de sus derechos fundamentales.


Autoridad comunitaria: “aquí en Semuy II no existe ninguna pista de aterrizaje”

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Rony Morales Tot, Prensa Comunitaria Km.169

Por Rony Morales, Baudilio Choc y Nelton Rivera

La imposición del estado de sitio en 22 municipios de los seis departamentos del país obedece a una táctica para desmantelar la resistencia de las comunidades que han venido enfrentando a empresas nacionales y transnacionales, interesados en explotar los bienes en esta región.

Los estados de sitio que han implementando los diferentes gobiernos son la muestra que este modelo neoliberal y extractivo tiene como único mecanismo la violencia, división y muerte en las diferentes regiones. La restricción de garantías constitucionales que se impuso en  contra de las comunidades de Santa Rosa, Jalapa, Huehuetenango y San Juan Sacatepéquez entre 2012 a 2014, en el gobierno del ex presidente y general acusado de corrupción Otto Pérez Molina, provocó violaciones a los derechos humanos, detenciones de opositores a los megaproyectos, acoso y violación a mujeres por parte de la tropa militar.

Ante estos riesgos, miles de personas en los 22 municipios de Izabal, Alta y Baja Verapaz, Petén, El Progreso y Zacapa están nuevamente expuestos, pero con mayor riesgo el pueblo q’eqchi en los municipios en donde hay oposición a proyectos extractivos.

Pasadas las dos de la tarde del 3 de septiembre en las redes sociales se filtró información sobre un enfrentamiento armado con el ejército frente a la colonia minera de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN en El Estor Izabal. Ese mismo día el ejército afirmó a las 16:36 de la tarde que fueron emboscados, iban persiguiendo a pie un avión con droga que aterrizaría en una pista clandestina en este municipio.[1]

El ministro de defensa Luis Ralda, en conferencia de prensa a las 10:00 de la mañana, un día después le dio un giro de 180 grados a la versión oficial de lo ocurrido. El ministro afirmó que los soldados fueron asesinados en la comunidad Semuy II el día anterior, que la patrulla de 9 soldados de marina perseguía una traza de un jet de narcotraficantes, los soldados fueron desarmados en la comunidad y asesinados con sus propias armas –fusiles de asalto israelitas Galil- . No fueron emboscados, no fueron narcotraficantes y que los vecinos de la comunidad son los responsables del ataque.[2] 

En Guatemala las autoridades indígenas en las comunidades todo los coordinan con las autoridades estatales, municipales, policía u otra institución, cualquier acción que se busque realizar en la comunidad, desde la seguridad, educación, salud, infraestructura, agua, etcétera. El 3 de septiembre esto no ocurrió en Semuy II, el ejército entró a la comunidad, las mujeres y niños realizaban una jornada de vacunación y los hombres estaban trabajando en sus cultivos.[3] A siete días del estado de sitio la comunidad está ocupada militarmente, tienen restricciones de todo tipo, fueron criminalizados y no puede salir ni trabajar.

Para conocer y comprender lo ocurrido viajamos a El Estor, específicamente entramos a Semuy II, el sábado 7 entrevistamos a uno de los comunitarios –autoridad indígena- sobre los hechos ocurridos el 3 de septiembre, razón que uso el gobierno de Jimmy Morales para justificar y decretar un desmedido estado de sitio que durará 30 días, aquí está la entrevista:

Rony Morales Tot, Prensa Comunitaria Km.169

“Mi nombre es Domingo Mucu Seb, autoridad de la comunidad Semuy II, en el municipio de El Estor, Izabal. Quiero hablar con ustedes, primero les doy un cordial saludo, quiero hablar de los problemas que están sucediendo, quiero que nos apoyen, ya que estamos viendo cientos de militares en nuestro territorio.”

PC ¿Qué paso el 3 de septiembre?

DM: esto es una tragedia, lo estoy expresando con toda la verdad. Me encontraba  sembrando cardamomo maíz y frijol. Eran las 3 de la tarde cuando regresaba a la casa, ahí me informaron lo que estaba sucediendo, me dijeron que estaba convocada una reunión de la comunidad.

Ese día, desde las 9 de la mañana, según estaba en nuestra planificación, habría una jornada de vacunación para mujeres y niños, ese día llegaba la enfermera, que  viene de la aldea Chineval, ella es la que le da tratamiento a las señoras. Fue a esa hora cuando llegaron los militares e ingresaron a los terrenos de la comunidad, subieron 300 metros en dirección a la montaña, no sé qué estaban buscando, y cómo decimos, no sabíamos lo que querían en la comunidad.

En la reunión comunitaria las señoras y ancianos dieron a conocer que a las 9:00 de la mañana los militares se fueron a la montaña, a la una de la tarde regresaron. Las personas presentes les preguntaron que buscaban, uno de ellos,  un oficial a quien no conozco, yo sólo sé que ellos son los poderosos, se enojó  disparo en el aire, después de ahí empezó a disparar a un 1 metro de altura de la tierra. Después le disparó a una señora en la pierna del lado izquierdo, y otro señor le disparó en el pecho, lo que yo digo que vi fue a las personas heridas. Esa es la verdad que no quieren que se diga. “Los militares son los que dispararon en la comunidad, por eso digo que me dio miedo”.

Sabemos que las autoridades de gobierno quieren encontrar a la persona responsable del asesinato de los soldados, pero como les digo, no puedo decir quién es la persona porque yo no la vi, las autoridades comunitarias están aquí y tienen miedo.  “Las señoras, los señores, niños y niñas están muy asustados”.

PC: ¿Cuál es el mayor temor luego de lo que ocurrió?

DM: tenemos  miedo, los militares vinieron sin ningún permiso y nunca notificaron a que vendrían. Si hubieran notificado o coordinado, los hubiéramos recibido como autoridad comunitaria, los hubiera esperado junto a la directiva comunitaria. En cambio, esto pasó de un momento a otro cuando me fui a trabajar, no lo esperaba, no estábamos reunidos como autoridad. A las tres de la tarde cuando regresé, me sorprendí cuando vi a la comunidad con mucho terror.

Nosotros preguntamos ¿por qué será que ahora tienen autorización de ley para entrar a las comunidades, sin el conocimiento de la autoridad comunitaria? ¿Por qué no investigaron primero? por qué no pidieron permiso? Se les hubiera recibido. Ahora pasó esta tragedia, que duele ¿por qué no nos apoya la ley? Nos están tratando a todos los vecinos como si fuéramos criminales.

PC: ¿Les preocupa la presencia de los militares?

DM: Como les dije, sí hay paz, yo sé que hay paz, ¿o ya no hay?,  ¿O será que llegamos a los años 80 nuevamente?. En el acta comunitaria expuse que son momentos difíciles en la comunidad de Semuy II, son muy fuertes y dolorosos, de mucho temor y angustia. Necesitamos a los medios de comunicación para que nos ayuden a difundir, necesitamos apoyo para los niños.  Nos preocupa el suicidó de personas de la comunidad.

Nos preocupa el resentimiento de parte del ejército, por el problema que ocurrió en la comunidad, duele lo que hacen los militares porque están diciendo que van a seguir buscando y que tienen que encontrar al responsable de los asesinatos.

Con la junta directiva nos hemos reunido para conocer lo que sucedió. A mí me están presionando porque soy la autoridad en la comunidad, sabemos que aquí no hay ningún conflicto, pero ellos nos están presionando porque salieron publicaciones en las redes sociales de Facebook señalando a varias personas de la comunidad.

PC: El gobierno dice que hay una pista de aterrizaje, ¿usted qué responde?

DM: no existe ninguna pista de aterrizaje, eso es lo que están buscando, aquí hay montañas y en sus faldas una patrulla fue desplegada para buscar la aeronave, pero no era aquí. Las únicas dos pistas que conocemos son las de la empresa de palma de Naturaceites. 

PC: ¿Qué paso con los heridos de Semuy II?

DM: a las 9:00 de la noche los heridos fueron llevados en una ambulancia de la aldea Chinebal al hospital, luego supimos que están en La Tinta. El bombero nos explicó que la tragedia era muy grave,  lo que sucedió se empezó a difundir en Facebook y todo el mundo nos estaba diciendo asesinos y no sabemos qué es lo que pasó.

Las autoridades militares dijeron que la pista de aviones era el campo de futbol que está frente a la escuela y aquí no hay nada. Les dije que fueran a buscar a las montañas, les di permiso para pasar y por eso nos está pasando esto, y por eso pido que nos apoyen. Como también digo que estamos trabajando en la palma, ahí cada cuatro meses nos dan trabajo.  

Tengo que decir la verdad, los militares me están presionando: que si yo no hablo a todos nos van a castigar, insisten que hable, que diga quién fue.  Pero yo no estaba cuando ocurrió todo lo que pasó, ahora nos están diciendo que no sólo van a encontrar a los responsables de los asesinatos de los militares y que si no decimos la responsabilidad caerá en contra de todos nosotros.

Además, nos han dicho que de no decir quién fue, no vamos a ser escuchados, que cuando vayamos a un hospital no seremos atendidos. Eso es lo que nos dijeron las autoridades militares aquí en Semuy II, también nos están diciendo de que lo que ocurrió lo vamos a pagar nosotros.

Fotografía Rony Morales. Comunidad Semuy II durante ocupación militar. El Estor Izabal.
Rony Morales Tot, Prensa Comunitaria Km.169

Campo de fútbol de la comunidad Semuy II, aquí insiste el ejército en afirmar que aterrizan aviones. Fotografía Rony Morales Tot, Prensa Comunitaria Km.169
Ocupación militar de la comunidad Semuy II en El Estor Izabal. Rony Morales Tot, Prensa Comunitaria Km.169
Los Jeeps J8 que dio la embajada de los Estados Unidos para el combate al narcotráfico en Guatemala son usados para ocupar militarmente la comunidad q’eqchi de Semuy II en El Estor. Fotografía Rony Morales Tot, Prensa Comunitaria Km.169

[1] Ejército de Guatemala. https://twitter.com/Ejercito_GT/status/1169016442253189126

[2] Gobierno de Guatemala. Conferencia de Prensa. Luis Ralda ministro de la defensa. 4 de septiembre 2019. https://twitter.com/GuatemalaGob/status/1169282367002824706

[3] Entrevista a autoridad comunitaria de Semuy II. El Estor Izabal. 7 de septiembre de 2019.

Terror y miedo desde redes sociales a Semuy II

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Foto: Rony Morales

Por Rony Morales

12 de septiembre 2019

La imposición del estado de sitio en 22 municipios de seis departamentos del país criminaliza a las personas de las comunidades en resistencia que han venido enfrentando a empresas nacionales y transnacionales, interesados en explotar los bienes en la región nororiente del país, especialmente en el Valle del Polochic.

Para conocer y comprender lo ocurrido viajamos a El Estor, específicamente a la comunidad Semuy II, el sábado 7 de septiembre. Durante nuestra estadía entrevistamos a Joel Juc, de 26 años, agricultor, enfermero comunitario y una las pocas personas que hablan español en el lugar. Nos contó su versión de los hechos ocurridos el 3 de septiembre. A continuación trasncribimos la conversación:

PC. ¿En dónde se encontraba el 3 de septiembre?

JJ: desde ese día nos están acusando del asesinato de los militares, no estuvimos ahí. Sin pruebas nos están tratando como asesinos. Es doloroso porque nosotros vivimos en constante miedo y no vamos a huir, porque no cometimos ningún crimen.

Yo no estaba en ese momento. Ante Dios y como creyente les digo que no miento. Durante la tarde los militares nos pidieron y recogieron el DPI, me dijeron que yo asesiné a los militares y quieren que aceptemos la culpa, nos obligan a que diga la verdad, le  pido al Ministerio Público (MP) que investigue quienes son los asesinos de los tres militares.

Foto: Rony Morales

PC: ¿Han respetado a la autoridad comunitaria para entrar a la comunidad?

JJ: no respetaron al alcalde auxiliar, él tiene una bara en las manos, tienen que respetar a la autoridad comunitaria que fue nombrada por el alcalde municipal de El Estor, la comunidad q’eqchi´ siempre ha sido discriminada por los militares, somos pobres y nos duele mucho lo que nos hacen sólo porque somos de las comunidades.

Le pido a las autoridades del estado investigar bien, están aquí los militares, las personas casi no se mantienen en sus casas, algunos están huyendo, otros están durmiendo con sus familiares en otras comunidades No sabemos qué pecado estamos haciendo o que delitos  estamos cometiendo ante las autoridades, solo sabemos qué hay un Dios.

PC. ¿Qué les pide a las autoridades?

JJ: pido al MP que investigue bien, también le pido que nos muestre quién es el que nos está denunciando y quién vió cuando yo asesiné a los militares, esto es lo que pido, que investiguen bien. Asesinar a una persona es un delito grande, la biblia dice el que mata con arma con arma tiene que morir.

Nosotros estamos en la comunidad de Semuy II y todas las personas están con temor,  porque nunca los hemos visto en el tiempo que llevamos viviendo en la comunidad. Ellos violaron la ley, no sé en qué parte de la ley  dice que se puede entrar en la comunidad sin ninguna notificación u orden.

No tengo miedo para decir la verdad, vamos a decir la verdad en los tribunales de justicia, nos miraremos cara a cara con la persona que me acusó, eso es lo que pido ante las autoridades solo necesito que lleven a la persona que me está acusando de asesinar. Ante Dios, digo que no tengo porque asesinar a mi compañero, porque no tengo por qué. Sólo Dios juzga, estas son mis palab

PDH verifica situación de derechos humanos en Semuy II

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Foto: PDH

Por Rony Morales

13 de septiembre 2019

Este 12 de septiembre miembros de la Procuraduría de Derechos Humanos de (PDH) visitaron la comunidad Semuy II en El Estor, Izabal. Durante su recorrido pudieron verificar que la situación de derechos humanos en educación, salud y libertad de religión están siendo vulnerados por miembros del ejército de Guatemala.

Por medio de una publicación en Twitter los miembros de la PDH dieron a conocer que los derechos de la  población de Semuy II están siendo vulnerados, personas de la comunidad fueron señalados y expuestos en redes sociales, a consecuencia de esto, uno está gravemente enfermo ya que es diabético. La presencia de cientos de miembros del ejército ocupando la comunidad tiene atemorizada a todas las personas.

Los pobladores relataron que los  maestros se encuentran confundidos, con miedo, no quieren presentarse a la escuela ya que sienten temor por la presencia de militares. El estado de sitio no garantiza las clases ni los procesos de salud que se llevan en la comunidad normalmente, varios padres de familia dieron a conocer que por miedo no dejarán que sus hijos vayan a estudiar. El Presidente del  Consejo Comunitaria de Desarrollo (Cocode) conversó  con los maestros para ver cómo seguirá la planificación de los procesos escolares.

El estado de sitio que no afecta a la minería en El Estor

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Foto: Baudilio Choc

Por Baudilio Choc y Aj Ral Ch’och’

14 de septiembre 2019

En El Estor se viven dos realidad paralelas, en una se decreta un estado de sitio, se ocupan militarmente las calles del centro de El Estor, se militarizan las carreteras, montañas, lago y la comunidad q’eqchi de Semuy II, que ahora está ocupada por 400 soldados del ejército.

En la otra realidad, la Corte de Constitucionalidad (CC) desde el 18 de julio, ordenó la suspensión provisional de todas las operaciones del proyecto minero Fénix propiedad de la empresa ruso suiza Solway, operado por la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN que abarca el municipio de El Estor en Izabal, Cahabón, Senahú y Panzós de Alta Verapaz, también ocupados por el estado de sitio.

El gobierno restringió las garantías constitucionales de las personas en 22 municipios del país desde el 4 de septiembre durante 30 días, en El Estor esas garantías también fueron restringidas, a pesar del estado de sitio y de la resolución de la CC, la CGN opera sin ningún inconveniente.

Foto: Baudilio Choc

Lo de todos los días

Los camiones de volteo están moviéndose desde la zona de las canteras del proyecto minero en la Sierra Santa Cruz en El Estor, ahí la maquinaria trabaja sin parar, cargan los camiones y estos descienden desde lo alto de la montaña e ingresan a la planta procesadora de níquel. Descargan y regresan montaña adentro por más material repitiendo el ciclo  todo el día.

Sobre la carretera nacional de El Estor hacia Panzos, se ve el movimiento de trabajadores de la compañía de níquel, van y vienen en moto, los buses escolares que los trasladan de ida y de vuelta, también los picops agrícolas de la seguridad privada, las góndolas cargadas que llegan desde Los Amates, otras góndolas salen cargadas con mena níquel desde la planta de CGN rumbo a Puerto San Tomás de Castilla.

Foto: Baudilio Choc

Rusos y ucranianos circulan en vehículos que van rumbo a la planta procesadora, regresan a la colonia minera o van en dirección al pueblo. Con el estado de sitio se ven los vehículos tipo picop de los militares con soldados en la palangana que van y vienen. A pesar de los puestos de control y registro de personas, la dinámica del proyecto minero no se ve alterada.

En el área sur de El Estor hay tensión y preocupación por el estado de sitio, los comerciantes tienen que cerrar antes de tiempo los negocios, los pescadores y lancheros trabajan de manera irregular y el turismo dejó de viajar al municipio, pero a partir de la garita municipal al final de la calzada de concreto, en donde empieza la carretera nacional –de terracería- ruta a Panzós, la compañía de níquel opera sin ninguna novedad, el estado de sitio para la minería no existe.

Foto: Baudilio Choc

¿Nadie está por encima de CGN-Pronico?

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Foto: Baudilio Choc

Ni la resolución de la CC ni la presencia de militares, detienen la extracción ilegal de minerales en las montañas cercanas al casco urbano de El Estor. Familias de Barrio Nuevo observaron maquinarias depredando el bosque y los nacimientos de agua que pertenecen a su comunidad.

Por Baudilio Choc y Andina Ayala

18 de septiembre 2019

Barrio Nuevo denuncia que la compañía sigue trabajando

El casco urbano de El Estor Izabal está organizado por barrios, a pesar de las precariedades económicas, típicas de los todos los lugares abandonados por el Estado, estos son espacios de diálogo, convivencia y organización social, de esta cuenta, existe una junta directiva para cada uno.

Una diferencia entre un barrio de El Estor y uno de la capital, es que el último frecuentemente está sitiado por muros grises y adornado por montones de basura, mientras que Barrio Nuevo por ejemplo, es deleitado por las tonalidades forestales, por el sonido de los pájaros y por las quebradas de los ríos. Otra, es que los barrios de El Estor, tienen una relación viva, no solo de apreciación, sino de protección de la naturaleza, la tierra y los mantos acuíferos.

Foto: Baudilio Choc

Barrio Nuevo se localiza dentro de la micro región VII, área urbana central del municipio, pero su reserva boscosa es fronteriza con el territorio concesionado a CGN-Pronico. Toma una hora subir y bajar de la montaña que abraza al yacimiento hasta llegar al centro de Barrio Nuevo. El manto acuífero es tan preciado porque provee a este y a por lo menos, seis barrios más del casco urbano.

Foto: Baudilio Choc

La discordia por el agua

Esas máquinas son para la destrucción en las áreas verdes y el yacimiento del río que por 16 años venimos cuidando, pero desde hace 5 apenas llega el agua a nuestras casas. Indicaron en un acta, autoridades de Barrio Nuevo.

El pasado 12 de septiembre directivos de Barrio Nuevo observaron la presencia de 10 máquinas excavando dentro de su territorio. La intromisión por parte de la empresa pone en alerta a más de 100 familias que se abastecen del vital líquido, por lo que ese mismo día se reunieron autoridades y vecinos en el salón comunal. Minutos después, apareció un grupo de 26 personas de barrios vecinos que se encontraban vigilando el trabajo de las máquinas. Entraron al salón con una actitud desafiante, se presentaron como trabajadores de CGN, y les advirtieron que no se interpusieran a los trabajos de la empresa.

“Ellos llegaron a querer intimidarme y amenazarme. También llegó la PNC a preguntar cuál era el problema, pero solo se dirigía a los 26. La policía preguntó ¿a quién quieren golpear? contesté: aquí no estamos peleando. Estamos hablando de lo que está sucediendo en nuestra comunidad. La policía respondió que había un estado de sitio y que están prohibidas las reuniones. Entonces, la suspendimos “, explicó el alcalde auxiliar de Barrio Nuevo.

Esta mañana nuestro corresponsal en El Estor, se trasladó al lugar, con algunas dificultades porque la empresa (CGN-Pronico) no permite que periodistas o defensores ingresen por el área de Chichipate que es carretera nacional. Las comunidades brindaron apoyo para que el periodista pueda verificar el área donde se llevan a cabo las operaciones, durante el recorrido el alcalde comunitario, comentó que la empresa planea llegar hasta el cerro “doña Tomasa” traspasando el territorio destinado para la comunidad como recurso hídrico.

Suspensión las actividades mineras

Con un amparo otorgado a la Gremial de Pescadores de El Estor, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió suspender de manera provisional la licencia de derecho de explotación Fénix de la compañía CGN. La resolución fue publicada el 19 de julio de 2019 en el diario oficial de Centro América y tiene vigencia hasta que se emita una resolución definitiva lo cual no ha sucedido.

El 15 de septiembre de 2019 la oficina de la defensoría q´eqchi´ entregó una carta a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Izabal, en la que se solicitó una reunión de urgencia con distintas autoridades, “para tratar el tema de los trabajos de CGN en la reserva natural de nacimientos de agua de Barrio Nuevo“.

Preguntamos al representante de la PDH Izabal, si habían verificado la denuncia de los comunitarios. Respondieron que no podían hacerla, sin que antes se consolide la mesa interinstitucional, que debería ser convocada por el gobernador del departamento. Mientras esto sucede hemos podido documentar con fotos y vídeos que hasta el momento ni la resolución de la CC ni la presencia de militares y policías pueden detener a la mina.

El estado de sitio no afecta los trabajos mineros

El estado de sitio supuso incrementar el número de agentes policiales y puestos de vigilancia por parte del ejército. Una de sus premisas era su implementación para la defensa del territorio de actividades ilícitas, esto no parece estar sucediendo con pertinencia en áreas como Barrio Nuevo, donde claramente se están realizando trabajos fuera de las disposiciones de la máxima Corte del país.

En la reunión comunitaria del jueves 12 de septiembre, 5 patrullas con un total de 20 agentes de la PNC se presentaron en el salón comunal, pero lejos de asistir o como mínimo explicar a los comunitarios que aún no tienen la dimensión sobre qué es un estado de sitio, disolvió la reunión y no atendió las intimidaciones que recibió del alcalde auxiliar por parte de los que dijeron ser empleados de la mina y mucho menos puso atención al asunto de las excavaciones.

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