Por Nelton Rivera

En la televisión nacional de Francia se estrenó, este 2 de marzo de 2020, el primero de dos capítulos de una serie de largometrajes en el que se muestra el caso de la minera de níquel en El Estor, Izabal, un proyecto de investigación de Green Blood.

En Guatemala se investigó la opacidad de las operaciones de la empresa ruso-suiza Solway Investment Group en alianza con la Compañía Guatemalteca de Níquel –CGN- y la Compañía Procesadora de Níquel -Pronico- en El Estor. Las investigaciones involucraron a 40 periodistas del mundo.

Además, la televisión galesa presentará dos episodios más: uno de los casos corresponde a Tanzania y el otro a India. La historia, con la particularidad de cada país, se centra en tres casos de cesura y opacidad de las empresas extractivas mineras en el mundo.

El equipo de Forbidden Stories, Francia (Historias prohibidas), los medios de comunicación The Guardian (Inglaterra), Le Monde (Francia), Expresso (Portugal), El País (España) y Prensa Comunitaria (Guatemala), trabajaron durante ocho meses en sobre el municipio del atlántico guatemalteco.

Este trabajo, bajo la dirección de Jules Giraudat y Arthur Bouvart, inició en noviembre de 2018 a junio de 2019 y finalizó con la publicación de los trabajos periodisticos de todos los medios de comunicación en simultáneo, en un ejercicio de periodismo colaborativo.

Forbidden Stories

Cuarenta periodistas internacionales, de una treintena de medios, deciden colaborar para reanudar las investigaciones que sus colegas asesinados, amenazados y encarcelados dejaron sin terminar porque estaban investigando escándalos ambientales relacionados con el sector minero. Se reúnen en París para una reunión confidencial que marca el inicio del Proyecto Green Blood. La serie será visible solamente en Europa.  

Por Aj Ral Cho’ch’

52 familias de la comunidad Rub’el Pek Abajo llevan tres años intentando resolver un conflicto de tierra con un grupo de personas de la comunidad de Marcaj II, quienes construyeron 15 casas en la tierra de los cultivos de los comunitarios. Desde entonces, denuncian los vecinos, han sufrido amenazas, agresiones, robo de sus cultivos e intimidaciones. El resultado de este conflicto dejó la muerte de dos personas y dos heridos el pasado miércoles 4 de marzo.

Las comunidades de Marcajam II y Rub’el Pek Abajo, del sector norte del municipio de El Estor, Izabal, tuvieron un enfrentamiento, el líder comunitario, de la comunidad Rubel Pec Abajo, narró los hechos,  “nosotros llegamos a nuestras siembras, fuimos a ver nuestros cultivos y las personas de Marcajam II, nos recibieron con machetes y palos, ahí perdieron la vida Juan José Xol, de 20 años, y Carlos Xol Tiul, de 17. Ese mismo día estábamos esperando la visita de las autoridades y no llegaron, no sabemos por qué”.

El miércoles 26 de febrero esta dos comunidades fueron citadas a una reunión en el salón municipal, estuvieron presentes Erick Bosbely Martínez, gobernador departamental; Joel Lorezno, alcalde municipal de el Estor, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Policía Nacional Civil (PNC), y la Secretaria de Asuntos Agrarios (SAA).  

Ese mismo día los líderes comunitarios de Rub’el Pek solicitaron a las autoridades que se movilizaran a la comunidad para verificar los hechos denunciados y dialogar con los comunitarios de Marcajam II, pero, según la fuente consultada, no fueron escuchados y atendidas sus peticiones, ahora se lamenta la perdida de dos personas y también algunos heridos.

Según un comunicado emitido por la Coordinadora para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del lago de Izabal Sa’ Komonil, fechado el 5 de marzo de 2020, en 2010, el Registro de Información Catastral (RIC) midió la tierra de la comunidad Rub’el Pek, y años antes el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) también había realizado la medición, en total este proceso les ha llevado 40 años de gestión para solicitarle al Gobierno las certeza sobre la propiedad de la tierra.                                                                                                      

En el comunicado también se publicó que en marzo 2019 los comunitarios de Rub’el Pek Abajo interpusieron un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC), en contra del Registrador General de la Propiedad, por haber inscrito la finca en propiedad de Inversiones María Magdalena Sociedad Anónima. Según los comunitarios esto fue una ilegalidad porque anteriormente el INTA les había otorgado la posesión sobre las tierras.  

Según una lideresa, quien pidió omitir su nombre por su seguridad, en la comunidad de Rub’el Pek Abajo han tenido acompañamiento de instituciones del Estado y en la última reunión de 2019, con la presencia del gobernador departamental, se levantó un libro de actas, para que los pobladores de Marcajam II formaran parte de la aldea, pero rechazaron la propuesta.

Según Caal, los vecinos de Marcajam II sostienen que cuentan con un título de  propiedad de la tierra y ser los legítimos dueños, “nosotros llevamos muchos años de solicitar las escrituras de estas tierras pero no hemos tenido una buena respuesta del Estado.

Robín Macloni, de la Defensoría Q’eqchi’, opinó que “en 2017 se quemaron algunas casas, han tenido una mesa de alto nivel, nosotros intervenimos en su momento, había una cuestión política departe de Rony Méndez porque no se le daba la calidad de comunidad de Marcajam II, porque es una ocupación reciente. Entonces, como Rony Méndez en su campaña política les ofreció convertir y reconocer en una comunidad y eso ha ido agravando”.  

Para las familias q’eqchi’ es muy preocupante el tema de la tierra, especialmente porque existe interés en los terrenos de parte de empresas mineras, de monocultivos, y de terratenientes. Varias comunidades llevan más de 40 años y otros 35 años solicitando al Estado la certeza de la propiedad de la tierra pero no han tenido respuesta positiva de Gobierno.

Por la Redacción #GreenBlood

En El Estor Izabal varios trabajadores de empresa minera Compañía Guatemalteca de Níquel –CGN- intentaron trasladarse a la planta procesadora este 22 de marzo en el horario de la tarde, cuando ya había entrado en vigencia el “toque de queda” decretado por el ejecutivo, por lo que la misma población por prevención del #COVID-19 les impidió el paso.

Los gerentes de esta empresa no quieren suspender sus operaciones y les exigen que deben de presentarse a trabajar, afirmó uno de los trabajadores quién prefirió no revelar su identidad. Otro trabajador denunció que les enviaron un mensaje diciendo que “nuestra planta pertenece al campo de la energía, por lo que todos los equipos continúan trabajando como de costumbre.”

Sobre el toque de queda les informaron que “si por algún motivo somos cuestionados por la policía u otra autoridad mostrar el gafete de empleado y hascerles saber que trabajamos por turno.”

Mensaje enviado por la empresa el día 21 de marzo a todos los trabajadores:

Ucraniano:

“наш завод относится к энергетической облости, поэтому все бригады продолжают работать в обычном режиме.

Для тех, кто интересуется новыми правилами комендантского часа, которые начинаются завтра с 4 до 4. Если по какой-либо причине нас допросят полиция или другой орган, покажите значок сотрудника и сообщите им, что мы работаем в смену.”

Castellano:

“nuestra planta pertenece al campo de energía, por lo que todas las tripulaciones continúan operando normalmente.

Para aquellos interesados ​​en las nuevas reglas de toque de queda, que comienzan mañana de 4 a 4. Si por algún motivo, la policía u otra autoridad nos interroga, muestre el ícono del empleado y hágales saber que estamos trabajando en turno.”

Sobre la afirmación realizada por la compañía a sus trabajadores, el Gobierno de Guatemala publicó el 22 de marzo en el Diario Oficial –Diario de Centroamérica- las disposiciones presidenciales en caso de estado de calamidad pública y órdenes para el estricto cumplimiento, (Modificaciones y ampliación a las disposiciones emitidas el 16 de marzo de 2020).

En este documento en la quinta disposición: Ampliaciones o modificaciones, define en el inciso B: “Con relación a industria energética no se establece ninguna restricción en la generación, transmisión y distribución de energía y de la importación, transporte y comercialización de combustibles, derivados y gas propano…”.

La actividad de la industria extractiva a cielo abierto no fue considerada dentro de las excepciones y disposiciones del gobierno, la extracción y procesamiento de níquel en El Estor no encaja en esta disposición.

Malestar y manifestación en El Estor a pesar del toque de queda

La ruta que comunica al municipio con las instalaciones de la CGN está cerrada por los mismos vecinos de El Estor, por prevención debido al Estado de calamidad y la amenaza de contagio de coronavirus COVID-19, por esta razón los trabajadores decidieron viajar por lancha rumbo a la CGN, pero al llegar al muelle, un grupo de personas no les dejaron pasar.

Las comunidades están organizadas para no dejar pasar a nadie, ya que trabajadores independientes, comerciantes y vecinos se encuentran molestos porque la empresa simplemente no acata las medidas de salud. Creen que no es justo con la población, que las autoridades sí permitan que los trabajadores de CGN sigan trabajando y circulen libremente a pesar de las prohibiciones.

En la salida del municipio rumbo a Cobán Alta Verapaz, además se realizó una manifestación para que la compañía de níquel detenga sus operaciones y que los trabajadores ubicados en el interior de la planta procesadora y en el área de cantera a cielo abierto dejen de trabajar.

Para los vecinos de El Estor es preocupante la crisis de salud y contaminación que se genera todos los días por la minería, aún más, con la presencia del Coronavirus en Guatemala y el riesgo de contagio, manifestaron algunos de los inconformes. Con la CGN, también operan extranjeros provenientes de Rusia, Ucrania y otros países, estos forman parte de la empresa ruso-suiza Solway Investment Group y de la Compañía Procesadora de Níquel -Pronico-, quienes viajan constantemente a estos países o se mueven ida y vuelta desde el municipio hacia la capital, Puerto Barrios y a Santo Tomás de Castilla.

La Corte de Constitucionalidad –CC- desde julio del 2019, ordenó de manera provisional que la CGN suspendiera todas sus operaciones vinculadas al proyecto minero Fénix en El Estor, proyecto propiedad de Solway, pero la empresa siguió operando en desacato a esta resolución.

Las condiciones laborales dentro de la planta procesadora no son seguras, varios trabajadores desde lo interno de CGN denunciaron por redes sociales que tienen temor de contagiarse con Coronavirus y que el Estado no está haciendo nada para garantizar que la empresa suspenda las operaciones.

Postura de la Municipalidad de El Estor, Izabal:

El alcalde municipal Jose Lorenzo Flores y el Concejo Municipal de El Estor emitió un comunicado de prensa, exigiendo a la CGN que detenga sus operaciones, lo mismo con la empresa Mayaníquel, Naturaceites, Finca El Murciélago y las demás empresas ubicadas en el municipio como parte de las medidas ordenadas por el gobierno central.

Por Nelton Rivera y Aj Ral Ch’och’

Abelardo Seb Coc, junto al Consejo de Indígenas Maya Q’eqchi’ y representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode), brindaron el 27 de abril una entrevista a este medio. En esa ocasión expresaron su rechazo a un comunicado que fue publicado el 24 de abril en el que un grupo de personas utilizaron el nombre del Consejo de Comunidades Indígenas Maya Q’eqchi’ , para difundir lo que ellos consideran un mensaje falso.

Un día después de la entrevista, a la autoridad comunitaria iniciaron una campaña de difamación en redes sociales; en un segmento de noticias de una radio local se le acusó de liderar las manifestaciones constantes en el municipio y agregaron que aún tiene problemas legales con el accidente que sufrió en mayo de 2016.

“No pueden tratarme así porque no soy ningún delincuente y he enfrentado la justicia”, manifestó Seb ante las acusaciones falsas hechas en páginas digitales. Los líderes comunitarios de los 14 barrios realizaron una manifestación pacífica el 23 de marzo que culminó el 24 de marzo, en la que pedían que las personas de otros municipios no pudieran ingresar al municipio, y que las góndolas dejaran de circular por el temor de contagiar a la población por la COVID-19.

El último día de manifestación las autoridades comunitarias junto a Seb, fueron citadas por el personal de la compañía de níquel CGN Pronico de Solway, a través de su representante Marbin Méndez, durante la cita, el trabajador de la mina les preguntó a los líderes comunitarios las razones de la manifestación.

Los líderes comunitarios pedían la suspensión de la circulación de los camiones, y así evitar la propagación de la COVID-19. “Luego de esta reunión con el representante de la compañía de níquel, se llegó a un acuerdo que sólo entrarían las góndolas, para abastecer la planta minera de la compañía, y que desde ese momento no volveríamos a manifestar”, relató Seb.

La criminalización a los líderes comunitarios y autoridades maya Q’eqchi’ continúa en el municipio de El Estor, Izabal. Todo aquel que se pronuncia en contra de la contaminación o de la actividad minera CGN Pronico de Solway Investment Group, ha sido acusado por la compañía de níquel. En este caso la gente solo ha querido protegerse del COVID-19, expresan las comunidades.

Seb Coc es originario del municipio de El Estor, Izabal, tiene 49 años, es padre de de siete hijos, maestro de profesión y alcalde comunitario del Barrio Sinaí.

En el año 2018 y 2019 fue nombrado por la asamblea de su barrio como alguacil 1. Así fue como empezó el servicio a su comunidad.

En una asamblea realizada en enero de 2020 fue elegido alcalde comunitario, y posteriormente fue nombrado como titular del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de segundo nivel para participar en el Consejo Municipal de Desarrollo (Comude), y representar a la micro región 12, conformado por 14 barrios del municipio.

En enero de 1996 comenzó a laborar como maestro en la escuela oficial rural mixta de la aldea Jalaute en El Estor. Actualmente es catedrático en la escuela de la comunidad de El Boquerón, atiende a los niños de tercero y cuarto primaria.

El 25 de mayo de 2016 sufrió un accidente cuando conducía un camión. El transporte en el que se conducía tuvo fallas mecánicas, en el lugar conocido como Sierra Santa Cruz, en esa ocasión perdieron la vida 10 personas. En el accidente Seb resultó herido, junto a 30 personas, siendo trasladado al IGSS de la ciudad de Puerto Barrios.

Después de un mes del accidente, fue citado al juzgado de Primera Instancia penal de Narco Actividad y Delitos Contra el Ambiente, a una audiencia en la que el juez Edgar Aníbal Arteaga López le dictó una medida de coerción solicitada por el Ministerio Público (MP) del municipio de Morales.

Según consta en el expediente 18005–2016- 00363, con fecha del 22 de septiembre de 2016, luego de estar bajo investigación y arresto domiciliario, Seb estuvo dos años bajo medida sustitutiva, teniendo que firmar el libro de actas en el Juzgado de Paz del municipio de El Estor.

Posteriormente, le fueron devueltos los documentos del vehículo y otros objetos consignados. El 22 de septiembre de 2016 se realizó la audiencia de acto conclusivo, por lo que el juez Arteaga resolvió la suspensión condicional de la persecución penal a favor de Abelardo Seb Coc, por el delito de homicidio culposo.

A pesar de las restricciones sanitarias declaradas por el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei de suspender la circulación de transporte por la propagación del coronavirus, la compañía de níquel continúa trabajando sin respetar estas medidas sanitarias, a pesar de que las operaciones del proyecto minero Fénix también fueron suspendida provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad (CC) en julio de 2019.

Por Carlos Ernesto Choc

Autoridades comunitarias y la Gremial de Pescadores Artesanales Maya Q’eqchi’, solicitaron el 13 de mayo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), por medio de un documento llamado asistencia para la debida ejecutoria del amparo provisional, que se realice una supervisión en el área de la Compañía de Níquel CGN Pronico de Solway Investment Group, debido a que no ha querido suspender sus operaciones y que ordene al Ministerio de Energía y Minas que se cumpla lo resuelto por la misma Corte en el mes de julio 2019.

Al consultar al abogado Rafael Maldonado, representante legal de los líderes comunitarios y los pescadores, respondió “la solicitud está basada en un documento firmado por la directora general de minería, en el que establece que no han desarrollado ningún tipo de inspección o de monitoreo en la zona, esto a pesar que la licencia se encuentra suspendida por la CC, por lo que se evidencia el incumplimiento del Ministerio de Energía y Minas para verificar que el amparo provisional fuese cumplido”.

La actividad minera en El Estor ha creado conflictos de tierra, asesinatos, como el caso de Adolfo Ich Chamán, en 2009; la contaminación del Lago de Izabal en 2017, violaciones a mujeres de la comunidad Lote 8, en el 2007; encarcelamiento a defensores de derechos humanos, y el caso de los periodistas Jerson Antonio Xitumul y la persecución penal que vive Carlos Ernesto Choc.

Según Maldonado, ahora la CC deberá emitir una resolución en la que se espera que ordene al Ministro de Energía y Mina (MEM), Alberto Pimentel Mata, que suspenda las operaciones de la planta minera de la Compañía de Níquel CGN-Pronico de Solway Investment Group.

En la entrevista vía telefónica, Maldonado resaltó que se deberá esperar esta nueva petición de la población ante la CC. “Es aventurado dar un tiempo por la pandemia, la corte está saturada, muchos están trabajando desde su casa y se espera que en término de un mes pudiera haber una respuesta de la Corte de Constitucionalidad a favor de la población maya Q’eqchi’ de Izabal y Alta Verapaz”.

Los acontecimientos ocurridos el ocho de mayo en la planta minera de CGN-Pronico de Solway Investment Group, en el que un grupo de trabajadores denunció explotación laboral y mejores condiciones labores, se suma a la serie de conflictos creados por la explotación minera en Izabal. Al respecto, Maldonado considera que el aumento de producción de la compañía de níquel es una flagrante violación y podría ser un delito penal por la ilegalidad de la explotación de los recursos naturales y por lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad en 2019.

#Comunicado AEPDI-Defensoría Q’eqchi’ y Radio Comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a, denuncian ante la opinión pública nacional e internacional esta nueva ola de ataques, intimidaciones y amenazas, que se han materializado a través de una manifestación violenta frente a nuestras instalaciones, protagonizada por trabajadores de la empresa minera CGN-PRONICO, donde hubieron amenazas de muerte, intimidaciones y expresiones racistas contra los trabajadores de AEPDI- y voluntarios de la Radio Comunitaria, todo esto ocurrió el viernes 12 de junio 2020, en horario de 10:00 a 11:00 horas, por la pronta respuesta de la Policía Nacional Civil, el hostigamiento no pasó a más.

Como parte de la sociedad civil, en El Estor, Izabal y en toda la zona norte de Guatemala, hemos trabajado por la defensa de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas, además de articular procesos para promover la libre emisión del pensamiento y la libertad de expresión, conjuntamente con las comunidades indígenas Maya Q’eqchi’, para promover un desarrollo rural integral.

Reiteramos que el hostigamiento también está en medios y redes sociales de internet, mediante campañas de desinformación promovida por personas plenamente identificadas, los cuales no detendrán nuestras prácticas de trabajo institucional en la defensa de los Derechos Humanos, la promoción de la libertad de expresión y la democratización de la palabra, seguiremos denunciando la violación de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas que ocurran en la región.

También reiteramos que la empresa minera CGN-PRONICO, debe tomar la seriedad del caso, en la protección de sus trabajadores y proveer información sobre su situación contractual y salvaguardando los Derechos Laborales vigentes en la legislación nacional, pactos y convenios internacionales firmados por el Estado de Guatemala.

Aprovechamos para aclarar que no promovemos los bloqueos de carreteras tal como han informado medios sociales malintencionados, somos una entidad seria y respetuosa de la ley, con más de 20 años de trayectoria trabajando en coordinación con la institucionalidad agraria del Estado de Guatemala en la búsqueda de soluciones a la conflictividad agraria en la región.

Solicitamos el acompañamiento y vigilancia por parte de las comunidades y autoridades indígenas, organizaciones indígenas, entidades de sociedad civil, Procuraduría de Derechos Humanos PDH, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH y Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, para que verifiquen el incumplimiento de los protocolos internacionales de actuación en casos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, libertad de expresión y restricción de derechos de los pueblos indígenas de Guatemala.

Demandamos al Estado de Guatemala, se garantice nuestra labor en la Defensa de los Derechos Humanos, a las autoridades de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público la atención a esta agresión y que se inicie las investigaciones relativas al caso.

El Estor, Izabal, Guatemala, junio de 2020.

Por Nelton Rivera

En medio de la pandemia del coronavirus en Guatemala, con un alza considerable de los contagios a nivel nacional que suman 23,248, de esos corresponden al departamento de Izabal (197) y con el colapso de los principales hospitales nacionales que atienden estos casos, los gerentes de una de las empresas mineras de níquel realizan actividades sociales, convocan a varias comunidades y se reúnen sin ninguna protección ni medida de prevención.

Los gerentes de la Compañía Procesadora de Níquel (Pronico) decidieron realizar varias actividades el fin de semana en las que participaron unas 300 personas Maya Q’eqchi de las comunidades, esto ocurrió el día sábado 4 de julio a pesar de las disposiciones presidenciales que lo prohíben. La minera realizó un campeonato de fútbol en medio de la pandemia, una actividad multitudinaria, que incluyó la presencia de niños y niñas de la comunidad de Las Nubes y otras comunidades en El Estor Izabal.

Según uno de los trabajadores de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), que prefirió el anonimato, estuvieron presentes Sergey Nosachev (ruso), director general de Pronico, a quien se le ve con un uniforme de fútbol y quien participo de las actividades deportivas, lo acompañó Humberto Mateus, director administrativo de la CGN-Pronico, ambas empresas son subsidiarias de la transnacional ruso-suiza Solway. A Las Nubes llegaron comunitarios de la Aldea Bo, El Chupón, Aldea El Chichipate, convocados por la minera. Por parte de la empresa estuvieron presentes Crisanto Reyes May Cuz –coordinador de proyectos- y Marvin Méndez, afirmó el trabajador minero.

En las fotos se ve a distintas personas q’eqchi reunidas sin guardar el distanciamiento social, tampoco hacen uso de mascarillas, los niños estuvieron presentes sin ninguna protección frente al riesgo de contagio del covid-19. Guatemala se encuentra bajo Estado de Calamidad, emitido por el Gobierno central desde marzo de 2020, este incluye una seria de disposiciones que prohíben la movilización en cualquier tipo de transporte urbano o extraurbano y la concentración de personas, también la realización de actividades de todo tipo, incluidas las deportivas y además ordena el uso obligatorio de la mascarilla, entre otras medidas como el distanciamiento social publicadas el 17 de marzo en el Diario Oficial.

Violando el Estado de Calamidad y las disposiciones presidenciales

Solway no es la primera vez que desacata las disposiciones del Estado de Calamidad durante la pandemia, no ha suspendido sus operaciones mineras en El Estor, Los Amates y Puerto Barrios, tampoco ha suspendido las operaciones de la licencia minera Fénix, suspensión ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC) desde julio de 2019, por no contar con la licencia minera desde el 2005. Todas estas disposiciones presidenciales fueron decretadas por Alejandro Giammattei para contener y prevenir el avance del covid-19 en el país, violarlas les podría significar varias sanciones:

“Giammattei advirtió de que la propagación de enfermedad (artículo 301 del Código Penal, quien, de propósito, propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas) será sancionado con prisión de uno a seis años, la contravención de medidas sanitarias (artículo 305, quien, infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos) será sancionado con prisión de seis meses a dos años…”[1]

El país alcanzó al día 5 de julio los 23 mil 248 casos positivos de covid-19, 947 fallecimientos por esta enfermedad, con registros diarios de más de 1 mil 200 casos según el Ministerio de Salud, para el departamento de Izabal se han registrado 197 casos positivos al 5 de julio. Con información del área de salud de Izabal, son 100 casos en Puerto Barrios, 22 en Morales, 7 en Los Amates y 6 en El Estor, dato registrado hasta el 1 de julio. Estos son los municipios en los que de forma directa o indirecta la empresa minera mantiene constante movilidad, actividad y operaciones.

Además que sus gerentes y personal viajan constantemente de la ciudad capital de Guatemala (12 mil 473 casos positivos a final de junio), al Puerto Santo Tomas de Castilla, Puerto Barrios, a Los Amates al proyecto Montufar II o a la planta procesadora en El Estor, Izabal. Lo que aumenta el riesgo de trasladar el virus de un lugar a otro.

#GreenBlood

[1] Prensa Libre. Coronavirus: Giammattei suspende actividades de sector público y privado. Irving Escobar. 16 de marzo 2020. https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/coronavirus-giammattei-suspende-actividades-de-sector-publico-y-privado/

Awineleb es un grupo artístico maya Q’eqchi’ que desde 2014 apoya a la comunidad de Sepur Zarco, pero debido a las restricciones nacionales para contener la pandemia de coronavirus, recientemente no han podido realizar presentaciones o gestionar fondos para las familias más vulnerables.

“Durante estos meses no hemos podido realizar presentaciones, por eso hacemos un llamado urgente para que se pueda gestionar apoyo para las familias más necesitadas de las comunidades que enfrentan la crisis por la covid-19, a donde no ha llegado ningún apoyo del Gobierno municipal o central”, expresó Carlos Alejandro Chub Tiul, presidente del grupo de jóvenes artistas.

Las comunidades del área sur del municipio de El Estor, Izabal, son afectadas cada año por los desechos que generan las plantaciones de palma africana, que en invierno generan altos niveles de contaminación en los campos de cultivo, en los ríos y en el lago de Izabal, según denuncias de la población.

En la actualidad, la pandemia del coronavirus y el abandono institucional provocan estragos para las 36 comunidades maya Q’eqchi’ de El Estor y para cuatro comunidades que se encuentran en proceso de recuperación de tierras, según Mario Caal, dirigente local.  

Acompañamiento en caso histórico

El grupo artístico Awineleb se conformó en 2014 para apoyar a las mujeres indígenas que sobrevivieron a la violencia sexual y esclavitud por parte de militares en la comunidad Sepur Zarco, en el valle del Polochic, conocidas como “las abuelas de Sepur Zarco”.

La sentencia judicial del 26 de febrero de 2016 sobre este caso, se convirtió en un referente histórico para el país.

Las y los artistas, son nietos de varias personas que fueron desaparecidas por el Ejército de Guatemala en la decada del 70 y 80, según expresó Hugo Walter Mes Ba, integrante del grupo.

A las personas o instituciones interesadas en canalizar el apoyo a través del grupo de artistas, pueden comunicarse al teléfono 4994-2374, con el artista Hugo Walter Mez Ba.

Por Nelton Rivera

Con el estado de calamidad implementado por la pandemia provocada por la covid-19, el Gobierno de Guatemala prohibió todo tipo de reuniones, manifestaciones o actividades culturales. Estas medidas se establecieron para la prevención y contención del coronavirus. La violación de las disposiciones presidenciales podrían significar sanciones económicas o penales. 

Es una mañana calurosa en El Estor, Izabal, fácilmente se podrían haber alcanzado los 29 grados centígrados el lunes 6 de julio. El alcalde Joel Lorenzo y los trabajadores municipales realizaron una reunión a la orilla del malecón, a pocos metros de la Municipalidad, juntos le dieron la bienvenida a Allisson Geovanna Valdez Muralles de Izabal, reportera del programa matutino “Viva la mañana”, que se transmite a través de del canal de televisión abierta Guatevisión; además fue electa como señorita Izabal y en reina nacional de las fiestas de independencia 2017 y reina redes sociales 2018.

Instalaron toldos, mesas y mostraron parte de la cultura tradicional de la cocina local. El alcalde acompañó a la presentadora de televisión por un recorrido sobre el malecón con el lago de Izabal de fondo. En la actividad participaron unas 50 personas, entre personal municipal, cocineros, edecanes, expectadores y Aliisson Valdez.

En las fotografías publicadas por la municipalidad de El Estor se ve a varias de las personas reunidas o apuñuscadas, sin mantener el distanciamiento físico entre ellas. Algunas no utilizaban la mascarilla que es obligatoria, tampoco se colocaron dispensadores de alcohol en gel o jabón para manos. Hubo abrazos y saludo de manos.

Frente a la Parroquia de San Pedro Apóstol estuvo la marimba “Regalo Rabin Ajaw”, la actividad fue amenizada por un torito y bailes, entre los músicos, 11 en total, incluidos dos niños, tampoco se respetaron las disposiciones presidenciales.

En el municipio se registraron 6 casos positivos de covid-19 y medio centenar de personas permanecen en cuarentena, de ese número, unos 20 casos registraron síntomas de la enfermedad, según el área de salud del municipio el día 3 de julio, con información de la doctora Gilda Castañera, de la Cruz Roja; y el doctor Pablo Mejía, del Centro de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI).

Durante los 116 días de pandemia, los contagios van en aumento. En el departamento de Izabal se detectaron 197 casos positivos, a nivel nacional, hasta el 7 de julio, se alcanzaron 24 mil 788 casos positivos y 1006 fallecidos.

Por Baudilio Choc

En la madrugada de este viernes 10 de julio, varios guías espirituales realizaron una ceremonia maya en el barrio Los Cerritos, en El Estor, Izabal, para dar la bienvenida y presentar su saludo al día Waqib’ Tijax o 6 Tijax, según el calendario maya.

“La velada”, como se nombra a las actividades previas a la celebración de la ceremonia maya, comenzaron desde ayer a las ocho de la noche en esa comunidad.

“Este día es especial para nuestras abuelas y abuelos, quienes conocen y nos enseñaron de los significados del nahual maya, que pueden ser sufrimiento, dolor, cuchillo de doble filo, el poder del trueno, el rayo y un día no favorable para la siembra”, comentó uno de los guías espirituales.

Asimismo, añadió que “este día también es especial porque es un recordatorio del corazón del cielo y el corazón de la tierra, día de la creación y la revelación hacía el cosmos. Es el nahual de los Aj Ilonel, curanderos y de los médicos mayas”.

La ceremonía se presentó como una ofrenda para la purificación y balance de las acciones personales y colectivas, porque en el día Tijax se puede pedir para prevenir y evitar enfermedades físicas y mentales, además, para la protección y curación de las enfermedades que pudieran afectar a las sociedad.

Por: Lourdes Alvarez

Hoy se realizó el foro virtual “La minería del níquel en Guatemala: una larga historia de despojo, impunidad y violencia en el territorio Q’eqchí de El Estor”, con la participación de Graham Ruseell, Rafael Maldonado, Robin Macloni, Jovita Tzul, Simona Yagenova y Annabella Sibrián.

En la actividad se hizo un breve repaso por los acontecimientos violentos, de represión y criminalización que han marcado la historia de las comunidades, de su población organizada y de las y los defensores de derechos humanos en El Estor, que han denunciado la contaminación ambiental por la explotación minera de níquel en el lago de Izabal.

Además, se abordaron las diversas estrategias que esos grupos de población han implementado para lograr sentencias emblemáticas, como la que fue notificada el pasado 8 de julio por la Corte de Constitucionalidad (CC) a la Asociación de Pescadores Artesanales de El Estor, donde se consigna la suspensión total del proyecto minero Fénix, de la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (PRONICO), una subsidiaria de Solway Investment Group que compró a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) en el 2011.

Simona Yagenova, investigadora especialista en movimientos sociales, comentó que “existe y persistirá una profunda disputa geoestratégica global por parte de los grandes capitales internacionales para mantener el control sobre el níquel, porque independientemente de la fluctuación de precios, la producción de las baterías de los vehículos eléctricos a partir de ese material representa un buen negocio”.

Por su parte, Grahame Russell, director de Rights Action, una organización internacional con trabajo activo en el acompañamiento legal a las comunidades de El Estor comentó que durante seis décadas las mineras canadienses que operan en Guatemala han recibido el apoyo total del Gobierno de Canadá.

“Ese Gobierno tiene mucho qué responder por los años de desalojos ilegales, asesinatos y violaciones a los derechos humanos relacionados con la actividad minera”, comentó Russell.

Añadió que de momento, solo se han podido llevar casos civiles y no penales en las cortes de canadienses. “Buscamos justicia en Canadá porque en Guatemala es muy difícil. Pero la compañía tiene muchos recursos económicos y retrasa los procesos con amparos, pero también saben que aquí nadie se va a rendir”, aclaró.

Robin Macloni, de la Defensoría Q’eqchí de El Estor, indicó que es alarmante el nivel de violencia contra los defensores de derechos humanos en esa región del país. “Muchos estuvieron en la cárcel, otros sufren persecución y son criminalizados, y ahora hasta se están dando casos de compra de liderazgos para dividir la opinión de la población. Eso nos ha llevado a entender la magnitud de la presencia de la empresa minera en diversos espacios”, señaló.

Asimismo, Macloni recordó que en 2002, cuando se otorgó una resolución sobre las comunidades Lote 8 y Lote 9, donde el Estado reconoció su territorio, se descubrió que varios folios de las escrituras fueron mutilados. “Ahí vimos otro de los tentáculos de la empresa minera en los juzgados, en el Registro de la Propiedad, en el Ministerio de Ambiente y en Energía y Minas”, puntualizó.

Resolución histórica que suspende proyecto

Sobre la resolución que ordena suspender las actividades del proyecto minero Fénix, el abogado Rafael Maldonado, representante de la Asociación de Pescadores Artesanales indicó que existe preocupación porque tienen información que la empresa PRONICO no ha dejado de operar.

“La CC emitió la sentencia definitiva y no solo confirma que se debe hacer el proceso de consulta según el convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo (OIT), si no que además deja en evidencia que la empresa nunca obtuvo un estudio de impacto ambiental para operar en todo el espacio”, acotó el abogado.

La licencia número 1208 otorgada el 17 de abril de 2016, presenta graves inconsistencias. Una de las más relevantes fue el registro y concesión de 250 kilómetros cuadrados de extensión, la más grande de toda la región mesoamericana, cuando la ley de Guatemala estipula que no debe ser mayor a 20 kilómetros cuadrados.

“La ley deja una excepción abierta y esa fue la que aprovecharon para meter los 250 kilómetros cuadrados. Según la ley contra la corrupción los funcionarios implicados en esto también deben responder”, finalizó Maldonado.

Al respecto, Jovita Tzul, abogada especialista en Pueblos Indígenas, también compartió la opinión de Maldonado, al asegurar que la sentencia sobre ese proyecto minero es histórica porque: “es un reconocimiento importante al sujeto de derecho, en este caso a los pescadores y los pueblos indígenas”.

Añadió que esa resolución de la máxima corte del país también permite realizar la consulta a la población de acuerdo con los estándares internacionales, que obligan a que lleve el proceso más allá de un requisito o un trámite administrativo, porque debe existir información previa, con pertenencia cultural y de contexto actual.

“El estándar del derecho de consulta también se relaciona con el derecho de participación, pero esa participación debe ser libre e informada. No existe la consulta reparadora, por eso la consulta previa debe realizarse de manera adecuada para que responda al idioma del pueblo Q’eqchí, a su estructura y dinámicas de organización cultural”, agregó Tzul.

La abogada reflexionó sobre otro aspecto importante de la sentencia: “recordemos que no solo se enmarca dentro de la protección del territorio, también abarca los derechos ambientales que son generacionales. Aquí no solo se protege al pueblo Q’eqchí y el lugar donde viven, se está protegiendo a las futuras generaciones y a todo el territorio de Guatemala.

Mesa redonda

Por Aj Ral Ch’och’ y Nelton Rivera

La familia del profesor Adolfo Ich Chamán se sorprendió cuando escucharon el ruido de un helicóptero que sobrevolaba el techo de su casa, en seguida un helicóptero del Ejército de Guatemala aterrizó en el centro del estadio que lleva el nombre del profesor.

Los vecinos de El Estor, Izabal, denunciaron que el helicóptero militar (151 | Bell 407GX) aterrizó el viernes 17 de julio sin el permiso de las autoridades comunitarias de uno de los barrios de El Estor.

La aeronave aterrizó a un costado de la casa de Angélica Choc, quien fue esposa del profesor Ich Chaman, lo que causó inmediatamente la preocupación de las familias q’eqchis del barrio.

“A uno de los oficiales del Ejército lo recogieron en un vehículo militar y salió del lugar, otro oficial afirmó que se trataba de un aterrizaje forzoso y no dieron mayores explicaciones”, expresó un vecino.

La comunidad les pidió que se retiraran del lugar, porque no coordinaron su llegada con ninguna de las autoridades comunitarias del barrio y afirman que el helicóptero no mostró ningún desperfecto, porque unos minutos después el helicóptero se retiró. Detrás del estadio de esta comunidad se ubica la colonia de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN-Pronico.

La comunidad rechaza las violaciones a los derechos humanos

En 2019 la comunidad q’eqchi de Semuy II en el sur de El Estor fue militarizada luego de un incidente armado provocado por una patrulla militar. El gobierno del expresidente Jimmy Morales respondió con militarizar la comunidad y establecer un toque de queda en 6 departamentos, varios comunitarios fueron acusados por el asesinato de un oficial y dos soldados, pero aún no se investiga la agresión militar. Los primeros días de Estado de Sitio en Semuy II , cuatro muertes sospechosas y terror

La incursión de un helicóptero militar sin ninguna razón, genera preocupación en la población, los vecinos del barrio La Unión sufrieron de varios desalojos violentos en 2008, por intereses de la compañía de níquel, varias personas resultaron heridas, el profesor Ich Chamán asesinado y varias mujeres de Lote 8 violadas durante los desalojos. Amnistía Internacional: sobre el juicio por la muerte de Adolfo Ich Chamán

El estadio de futbol “Adolfo Ich”, fue nombrado con su nombre en memoria de uno de los dirigentes campesinos q’eqchi asesinados por defender la tierra comunal frente a la amenaza de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN en 2009. Por eso caso, el Ministerio Público (MP) acusó al teniente coronel Maynor Padilla. Padilla ocupaba la gerencia de seguridad de la empresa minera, subsidiaria en ese momento de la empresa canadiense Hudbay Minerals.

Por: Aj Ral Ch’och’

El director del Centro de Atención Integral Materno Infantil (Caimi) de El Estor, Pablo Mejía, informó que durante la última semana se detectaron 23 nuevos casos de covid-19 en el municipio. El anuncio fue hecho durante una conferencia de prensa ofrecida la mañana de este viernes 7 de julio.

Según la información proporcionada por el director del Caimi, ante el aumento de casos positivos y personas fallecidas el municipio se encuentra en alerta roja en la tabla de monitoreo del Ministerio de Salud.

Esto significa, según Mejía, que en este momento hay 54 casos positivos y 28 activos, 527 personas en cuarentena y 201 activos, cinco personas fallecidas y tres durante la última semana y 151 casos sospechosos. También hizo mención que el personal de salud está afectado por el aumento de casos positivos, “desafortunadamente contamos con personal de salud afectado. Ya se han tomado las medidas respectivas, pueden contar con la seguridad de que estamos trabajando de manera segura”, concluyó.

Asimismo, el director del Caimi dijo que no existe ningún otro centro certificado por el Ministerio de Salud para realizar las pruebas de la covid-19, porque en el departamento solo el laboratorio del Carmen, ubicado en el kilómetro 292 ruta al Atlántico, Izabal, está avalado por el Ministerio de Salud para realizar pruebas. También hizo un llamado a la población: “si usted sabe que es positivo o tiene síntomas acérquese al centro de salud”.

“Las medidas de prevención que ha pedido el Ministerio de Salud a la población y a las instituciones y empresas deben de respetarse y ser responsables en este momento debido al aumento de casos positivos”, agregó Mejía.

Por su parte, la municipalidad publicó el 7 de agosto un comunicado donde pidió a la población continuar con las medidas de prevención e informó que del 10 al 14 de agosto, no se habrá atención por el aumento de casos positivos

Además de El Estor, los municipios de Livingston, Morales y Puertos Barrios están, desde el 27 de julio, en alerta roja, según las autoridades de Salud. El único que se encuetra en alerta naranja es Los Amates.

La población maya q’eqchi’ y garífuna se enfrenta al aumento de casos en esa región. A nivel nacional, los hospitales nacionales se encuentran colapsados. Al respecto, la doctora Griselda López, del Hospital Nacional de Puerto Barrios “Amistad Japón-Guatemala, informó el 5 de agosto que se han detectado de 20 a 30 casos positivos diarios y el área de salud ya no tiene capacidad y el hospital temporal en Estanzuela, Zacapa, tampoco tiene capacidad para apoyar los casos criticos de la covid-19.

Por: Carlos Ernesto Choc

Con la llegada de la temporada de lluvias a la región del valle del Polochic, se incrementa el deterioro de la carretera que comunica a Panzós, Alta Verapaz, con El Estor, Izabal, según denuncias de los vecinos, que cada invierno deben enfrentar los mismos problemas para poder movilizarse.

Al deterioro de esa carretera y del puente Cahaboncito, que se encuentra en esa ruta, también se suma la constante movilización del  transporte pesado de la empresa minera Mayaníquel, que rompen algunos tramos o generan lodazales que hacen imposible la circulación para vehículos pequeños o motocicletas, según los comunitarios.

El 12 de septiembre, Roberto Erazo, viceministro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), llegó a esa región para evaluar el estado de la carretera y del puente Cahaboncito e informó en un comunicado, dirigido al alcalde municipal de Panzós, Ernesto Ramírez, que el martes 15 de septiembre comenzaría el trabajo de reparación del puente y que culminaría cinco días después, pero los trabajos comenzaron hasta el miércoles 16.

El puente ha recibido dos reparaciones durante este año, durante ese periodo, las personas de las comunidades aledañas han tenido que pagar Q5 por cada una para poder atravesar el río en lancha.

Los transportistas públicos locales que reactivaron el servicio de manera paulatina debido a las restricciones implementadas durante la pandemia de covid-19, también denunciaron que se ven afectados para trabajar y circular en esa ruta del Polochic y de El Estor.

Según las autoridades del ministerio de comunicación, se deberá esperar más de cinco días para que el puente quede habilitado para el uso de todas las comunidades que habitan en la región.

Por Baudilio Choc y Nelton Rivera

Los recientes bloqueos y manifestaciones en el municipio de El Estor se dan como una forma de presión de algunos vecinos, de distintas comunidades, para ser recontratados en la compañía de níquel o en la Municipalidad. Las autoridades instalaron una mesa de diálogo con algunas de las personas y luego no respetaron los acuerdos alcanzados. Dos meses después estos vecinos dan un plazo de 24 horas a la empresa minera y a la comuna para cumplirles o volverán a las manifestaciones.

Un grupo de vecinos de la comunidad Renacer realizaron una manifestación en El Estor el 17 de septiembre en demanda del cumplimiento de los acuerdos que alcanzaron en la localidad de Río Dulce, el 2 de julio. Exigen al alcalde municipal Joel Lorenzo Flores que cumpla con uno de los compromisos de darles trabajo.

Los vecinos responsabilizaron a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y a la Compañía Procesadora de Níquel (Pronico) de incumplir con los puestos de trabajo para los vecinos de la comunidad Renacer, luego de comprometerse con ellos, los gerentes no responden, según los comunitarios. Los vecinos agregan que en El Estor hay varias empresas pero que ninguna genera trabajo.

Uno de los pobladores, quien solicitó el anonimato, declaró que “no es la primera vez que nos han engañado, siempre nos han dicho aquí les vamos a cumplir con lo prometido, pero nada. Fuimos a un diálogo en Río Dulce, con todas las instituciones del gobierno, dijeron que nos iban resolver, incluso el alcalde municipal dijo que nos daría trabajo y que los contratos serian rotativos”. “No es justo que a nosotros los estoreños nos den contratos de tres meses, eso no es justo, no es justo que esta empresa nos venga a pisotear de esa manera”.

Para resolver el descontento social de varias comunidades en el municipio de El Estor, las nuevas autoridades municipales en el mes de julio realizaron una reunión a la que llamaron “mesa de diálogo”.

La convocatoria se giró el 1 de julio a cuatro meses de la pandemia,  la reunión la realizaron en el hotel Nana Juana, en Río Dulce, a 44 kilómetros de distancia de El Estor. Fueron convocados funcionarios públicos de Gobernación, Policía Nacional Civil (PNC), auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Ministerio de Trabajo, Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh), la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce (Amasurli), Ministerio de Energía y Minas, las comunidades Río Zarco, Doña Tomasa, Renacer, incluso se convocó a un coronel de la Brigada de Infantería de Marina de Puerto Barrios.

La mesa de diálogo con estas tres comunidades tuvo su origen por los constantes bloqueos de carreteras, incluso el alcalde municipal insistió en solicitar un estado de sitio que no tuvo eco en las autoridades de gobierno.

“Joel Lorenzo, alcalde de El Estor, Izabal, solicitó al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que dirige la Gobernación Departamental gestionar ante el Ejecutivo la instalación de un estado de Sitio para este municipio debido a que “grupos de vecinos causan zozobra en la población”.

“Estas acciones vandálicas afectan la economía del municipio, fomentan el desabasto en estos tiempos de coronavirus. El estado de Sitio limita garantías, pero tenemos confianza que dé una solución a la problemática”, afirmó Lorenzo a Prensa Libre el 15 de junio.

Mientras tanto el alcalde de El Estor participó en una reunión con el vicepresidente junto a otros alcaldes de la mancomunidad de Izabal.

Por Aj Ral Ch’och’

“Ya no más mentiras don Joel Lorenzo: tenemos hijos que mantener nosotras las mujeres tenemos derecho de pelear nuestros trabajos.”

Vecinos q’eqchi de la comunidad Renacer emplazaron el 18 de septiembre a la Municipalidad de El Estor y a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Compañía Procesadora de Níquel (Pronico), con un plazo de 24 horas para cumplir con los compromisos que asumieron con ellos dos meses y medio atrás. El Estor: pobladores demandan ser recontratados en la compañía de níquel o en la Municipalidad

Desde el día 21 de septiembre los vecinos volvieron a presionar cerrando la carretera principal que comunica a El Estor con Río Dulce y con Cahabón en el otro extremo. Esta vez hay mujeres q’eqchi que demandan que el alcalde municipal Joel Lorenzo Flores atienda sus peticiones y cumpla con renovarles las plazas de trabajo, le recordaron al alcalde que él mismo se comprometió el pasado 30 de junio en la reunión que la misma municipalidad llamó “mesa de diálogo”. “Nosotros queremos trabajo tenemos necesidad” cita uno de las pancartas en medio de la carretera.

Desde las primeras horas de la mañana del 22 de septiembre un grupo de 25 mujeres q’eqchi de la comunidad Renacer cerraron el paso de la carretera, cualquier tipo de vehículo puede circular sin ningún problema, la manifestación solo detuvo a los camiones tipo góndola de las dos empresas mineras que tienen presencia en el territorio, no están realizando ningún cobro a las personas como algunas cuentas en redes sociales afirmaron.  “El alcalde nos iba a ayudar, ahora nos rechazó. Tenemos necesidad, esperamos respuesta ahora”, cita otro cartel.

La compañía de níquel continúa operando el proyecto minero Fénix, la planta procesadora sigue trabajando a pesar de la suspensión que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó en julio del 2019 por no contar con la licencia minera, muestra de esto son las góndolas cargadas que se encuentran detenidas en la carretera de El Estor por el bloqueo de los vecinos.

Ayer alcanzaron un nuevo acuerdo

Algunas de las personas que forman parte del grupo que estuvo protestando expresaron que la Municipalidad y la CGN aceptaron el 21 de septiembre que vuelvan a realizar trabajos menores, uno de los grupos mantuvo la tarea de limpiar la playa del lago de Izabal, otros asumen tareas similares con la compañía de níquel.

Algunos han recurrido a cerrarle el paso a la minera como una forma de presión para que se les renueve los trabajos cortos que les dan, lo mismo con la Municipalidad, que durante tres meses les dio trabajo y luego no se los renovó.

Fotografías: Aj Ral Ch’och’

Por Baudilio Choc

En El Estor, Cristóbal Pop es presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales, en 2017 iniciaron una batalla social y legal en contra del proyecto minero Fénix, por la contaminación del agua del lago de Izabal, desde julio de 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la suspensión de este proyecto minero, las dos empresas que lo operan siguen en desacato de esta resolución legal.

Video Baudilio Choc / Prensa Comunitaria

Por Francisco Simón Francisco

En el municipio de El Estor todas aquellas personas que ejercen su ciudadanía, defendiendo los bienes naturales, derechos humanos, fiscalizando a los gobiernos municipales o investigando los delitos medioambientales se encuentran en riesgo.

La presencia de empresas mineras y de palma africana han agudizado la problemática social del pueblo q’eqchi´ en El Estor, Izabal. Comunidades campesinas han sido desalojadas por intereses de terratenientes y empresas, especialmente aquellas vinculadas al monocultivo de la palma de aceite que ocupan grandes extensiones de tierra en este municipio y en el resto del Valle del Polochic. 

Recientemente, el periodista Carlos Ernesto Choc y corresponsal de Prensa Comunitaria vivió una serie de incidentes que se investigan por el Ministerio Público (MP). Además, Choc ha enfrentado una campaña de desinformación en su contra a través de las redes sociales.

Los ataques y las agresiones en su contra giran en torno a su labor como periodista. En febrero de 2018, sujetos desconocidos llegaron a disparar con arma de fuego frente a su casa mientras se encontraba con su hija e hijo. En 2019 enfrentó un caso penal por el que actualmente goza de medidas sustitutivas; en 2020 las agresiones en su contra fueron aumentando, fue sujeto de vigilancia y control. Personas a fines a la empresa llegaban en vehículos desconocidos de manera sospechosa a su lugar de residencia. Además le robaron su equipo de trabajo. A principios de 2021, la empresa minera utilizó un caso personal de Carlos Choc para desprestigiar y desacreditar su trabajo. Mecanismos que han utilizado las empresas corporativas y transnacionales en contra de quienes ejercen el periodismo independiente.

El volumen de las agresiones y respuestas en su contra fue mayor en 2020. Estas están relacionadas directamente con las investigaciones y publicaciones que realizaba sobre las acciones de la empresa minera en el lugar, además de haber sido uno de los que denunció la contaminación del lago de Izabal junto a medios de otros países en el ámbito internacional a través del proyecto Green Blood. 

Por otro lado, en 2017 los pescadores de la Gremial Artesanal de Pescadores, luego de denunciar la contaminación del lago de Izabal y las operaciones de varias empresas vinculadas a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), han sido objeto de acusaciones penales, criminalización, persecución, control y estigmatización de quienes dirigen las empresas, gobiernos municipales y gente vinculada a los intereses de la extracción de níquel en este municipio.

Lea más: La mancha roja en el lago que nadie quiso explicar

En ese contexto, en 2019 la comunidad de Semuy II fue militarizada durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales a partir de un confuso hecho en el que murieron tres soldados de la marina del ejército y por el cual están acusadas ocho personas.

Para saber más: Estado de sitio: entre la militarización y el recuerdo de la represión

Durante 2020 y febrero de 2021, los directivos de la gremial de pescadores fueron objeto de campañas de difamación, acoso, intimidaciones y amenazas; además han tenido que enfrentar la continuidad de un proceso penal en los tribunales de Puerto Barrios, promovido por la compañía de níquel; también los efectos de la pandemia y el asesinato de un familiar de uno de los pescadores.

Lea más: El Estor: los pescadores y la defensa del lago de Izabal

Este mismo año la Policía Nacional Civil realizó un desalojo de la comunidad Chinebal.

Para saber más visite el siguiente enlace: El Estor: fuerzas de seguridad realizan desalojo de la comunidad Chinebal

Acciones legales de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor

Según el registro que ha realizado el periodista comunitario Carlos Ernesto Choc, el 16 de mayo de 2017 fue el punto de partida penal que emprendió el Gremial de Pescadores Artesanales en contra de las dos empresas mineras subsidiadas por la transnacional ruso-suiza Solway Investment Group. Ese día, presentaron la denuncia contra la empresa en la Fiscalía de Delitos Contra el Medio Ambiente del Ministerio Público en la ciudad de Puerto Barrios, por la contaminación del lago de Izabal.

El 22 de febrero de 2018, la gremial planteó una acción de amparo en contra del Ministerio de Energía y Minas (MEM) en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que argumentaba irregularidades en el otorgamiento de la licencia del Proyecto Fénix a la empresa CGN.

El 12 de febrero de 2019, la CSJ notificó a la Gremial de Pescadores Artesanales que se ordenaba al MEM realizar la consulta comunitaria, pero al mismo tiempo permitía que la empresa continuara con sus operaciones de extracción de níquel.

Un día después, el 13 de febrero, la gremial presentó un amparo de apelación contra la sentencia de la CSJ ante la Corte de la Constitucionalidad (CC) para que se suspendiera definitivamente las operaciones de la compañía CGC y el proyecto Fénix.

Formalmente el 19 de junio de 2020, la CC emitió una sentencia definitiva que argumentaba que la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) había violado los derechos de los pueblo indígenas por no haber consultado a la población previo a otorgar la licencia y ordenaba que las operaciones de la minera Fénix se mantuviera suspendida hasta que se realizara la consulta comunitaria en el área de incidencia del proyecto, es decir a los municipios de Panzós, Senahú, Cahabón, Alta Verapaz y El Estor, Izabal, lugares poblados por el pueblo q´eqchi´, en un plazo no mayor de 18 meses.

Asimismo, la CC señaló que el terreno de operaciones de la mina debía ser delimitado antes de continuar con sus operaciones. Actualmente la mina de capital ruso tiene adjudicados a su favor 247.997 kilómetros cuadrados, pero la ley de minería indica que el espacio máximo de licencia de explotación para una mina a cielo abierto debe ser de 6.29 kilómetros cuadrados.

A pesar del amparo provisional otorgado por el máximo tribunal de Guatemala, la CGN nunca detuvo sus operaciones. Incluso en tiempo de pandemia continuó operando en el territorio y realizó varios despidos a trabajadores que habían denunciado las precarias condiciones de trabajo, contrario a eso, aumentaron sus producciones y justificaban que no habían detenido la producción porque la suspensión era sobre la extracción de tierra y no para el procesamiento de minerales.

Es notorio que en las acciones de PRONICO y CGN existen elementos que manifiestan actitudes de violencia en el Estor en contra de los que se organizan de manera contraria a sus intereses, que incluyen a periodistas comunitarias.

Estas actitudes se evidencian en campañas de desprestigio contra los líderes de esa región y se intensifican más ahora que los líderes comunitarios de los cuatro municipios afectados por el proyecto Fénix se organizan con el objetivo de establecer la ruta para realizar la consulta comunitaria para determinar si la población acepta o no, que las empresas mineras en mención continúen sus operaciones en El Estor.

En los desalojos judiciales que se han realizado en El Estor, las comunidades han notado la presencia de elementos de seguridad privada de las empresas conjuntamente con agentes de antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC), situación que muestra indicios de una vinculación de las empresas mineras con jueces y agentes del Ministerio Público en el lugar. Además de algunos actos de violencia sexual forzada en los que están señalados agentes de su seguridad contra las mujeres q´eqchi´es, según lo ha registrado el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

Elementos que evidencian el control de los grupos de poder en Izabal y se constituye en la impunidad y la cooptación del sistema de justicia en ese departamento, dejando sin opción a los comunitarios y defensores de derechos humanos, quienes son posicionados en el imaginario público como enemigo y causante de los problemas que afectan su idea de desarrollo y también a periodistas comunitarios que informan sobre la realidad en el territorio. En el caso de los periodistas, la empresa ha desarrollado acciones de censura y persecución, incluso, llegando a la judicialización de la labor periodística, limitando el esclarecimiento de una verdad histórica de parte de los que informan en el lugar.

Fotos: Carlos Choc y Baudilio Choc.

Por Carlos Ernesto Choc

En la comunidad El Renacer desde 2020 se inició con la construcción de una escuela de seis aulas. El pasado domingo 21, terminaron de construir el piso, más de 100 hombres trabajaron ese día.  Según narra la autoridad comunal cada aspecto del nuevo centro educativo se hizo sin el apoyo de la municipalidad de El Estor, ni de otra institución del Estado, todo el esfuerzo fue de una comunidad formada por unas de 200 familias maya q´eqchi´ y de algunas instituciones privadas.

“Los niños que viven en nuestra comunidad es necesario que estudien. Un alcalde su trabajo es por toda la población y ayudarnos, pero aquí no hemos visto ningún apoyo de él”, dijo Mariano Quib, de 76 años de edad, además agregó que para la comunidad es un gran logro tener una escuela donde la niñez pueda estudiar y no tener que ir a otra comunidad.

Según la comunidad en años anteriores la niñez tuvo que improvisar el salón comunal para recibir clases. Esa fue una de las razones por las que trabajaron varios fines de semanas y buscaron ayuda económica de instituciones privadas para la construcción de una escuela. Según don Esteban Choc, padre de familia y miembro de la comunidad, para este año se tiene prevista la inauguración de la nueva escuela para que la niñez  inicie sus estudios.

Don Esteban dijo que la comunidad también tuvo que trabajar para instalar el servicio de agua potable. Para lograrlo cada familia aportó lo que pudo; en este proyecto tampoco se contó con el apoyo de autoridades locales y nacionales.  Los niños crecen muy rápido y para nosotros es importante que los niños y niñas estudien y se preparen”, agregó Esteban.

Según el alcalde comunitario Rigoberto Pop, este mismo año estarán inaugurando varios proyectos en la comunidad El Renacer todo con el mismo esfuerzo de los comunitarios y de instituciones privadas.

Por Nelton Rivera y Andina Ayala

El 17 de febrero de 2021, el Ministerio de Energía y Minas anunció la suspensión “temporal” de la licencia Fénix, de explotación de níquel en El Estor, obedeciendo la resolución que la Corte de Constitucionalidad emitió en julio de 2019, por el incumplimiento de la licencia y por no haber realizado la Consulta Comunitaria, requisito para del Estudio de Impacto Ambiental.

La Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) supo operar durante 61 años, convirtiéndose en la minera más antigua del país. Empezaremos por por explicar que CGN tiene bajo su propiedad y control cuatro licencias de explotación de metales: la licencia Nabej, en Alta Verapaz; Fénix LEX-049-05 y Chichipate, en El Estor; y Niquegua Montufar II, en Los Amates, Izabal, todas de minería metálica activas.

La empresa hermana de CGN, la Compañía Procesadora de Níquel (ProNiCo) es la encargada de las operaciones en la planta de procesamiento de ferroníquel en El Estor y de operar las otras licencias mineras, ambas empresas son subsidiarias de la transnacional ruso-suiza Solway, una mega corporación y la principal beneficiaria y encargada de todas las operaciones fuera del país.

Desde la resolución de la CC sobre el amparo presentado contra el Proyecto Fénix, tanto CGN como ProNiCo no acataron durante 19 meses la suspensión de las operaciones mineras, fue hasta el 17 de febrero y por anuncio del Ministerio de Energía y Minas (MEM) que fue realizada una suspensión. CGN, Pronico y Solway continúan operando. 

Falso: el proyecto Fénix no es el último activo de minería metálica

Prensa Libre publicó una nota firmada por Rosa María Bolaños, de fecha 23 de febrero, en la sección de Actualidad / Inversiones, que titula “Suspenden el último proyecto activo de minería metálica”, una afirmación que está alejada de la verdad.

CGN posee tres licencias mineras más, de las cuales Chichipate, Nabej y Montufar II  están en etapa de extracción de níquel, por lo tanto están activas, al igual que Fénix. ProNiCo la responsable de operar todas las licencias mineras de CGN en Izabal y Alta Verapaz no se ha detenido en ningún momento.

Mayaníquel es otra empresa rusa, que opera la licencia minera Sechol en dos municipios de Alta Verapaz. Al igual que CGN-ProNiCo, su capital es transnacional y es subsidiaria de la empresa rusa Telf AG. Ambas exportan ferroníquel y tierras raras a través del Puerto de Santo Tomás de Castilla, en el caribe guatemalteco.  

El MEM no notificó de la suspensión a todas las partes

Prensa Libre citó la versión del actual ministro del MEM, Alberto Pimentel, quien confirma que el 17 de febrero del 2021 fue suspendida la licencia Fénix -de 249.99 kilómetros cuadrados, tomando en cuenta lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC).

¿En qué consiste lo resuelto por la CC? La suspensión de la licencia minera se da al comprobar que la empresa no tiene el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), sin ese diagnóstico, no puede tener la licencia de explotación, y además ordena que sea realizada la consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas por este proyecto.

El abogado Rafael Maldonado, ponente del amparo que promovió la resolución de la CC, fue consultado por teléfono sobre la suspensión que anunció Pimentel, Maldonado no fue notificado por el MEM, tampoco los amparistas: 60 personas en total, entre autoridades indígenas q’eqchi’, miembros de la Gremial de Pescadores Artesanales y otros afectados por el proyecto minero en cuestión.

A los vecinos en El Estor, hablar de suspensión de la mina les suena extraño, hasta el día 24 de febrero, las góndolas, camiones de carga de CGN-Pronico, siguen entrando al municipio con material que extraen desde Los Amates. Llegan a la planta procesadora, que ha mantenido su actividad sin pausa. Eso sí, la publicación del medio escrito generó el malestar de un grupo de trabajadores mineros que usando las redes sociales lanzaron ataques en contra de quienes consideran oposición a la mina.

Maynor Álvarez, gerente de CGN-ProNiCo, al ser consultado sobre la suspensión citada por Prensa Libre, comentó que solamente Fénix se detuvo y con esta CGN, las otras licencias y procesos como la planta procesadora de níquel y la exportación continúan. Esto, a pesar que la planta procesadora está ubicada en el interior de licencia minera Fénix.

Existen 290 licencias mineras activas

En la publicación de la periodista Rosa María Bolaños, Alfredo Gálvez vocero de la Gremial de Industrias Extractivas, aseguró que el proyecto Fénix era el último de minería metálica que estaba operando. Según el listado del MEM, 37 licencias mineras extraen metales en la actualidad.

Este ministerio en marzo del año pasado, publicó un listado de licencias mineras a nivel nacional, con 304 en total y solamente una aparece suspendida. Para febrero de 2021 aparecen 290 licencias mineras activas.

Falso: CGN no acató la suspensión de Fénix al día siguiente de ser notificada

Bolaños citó al gerente de Relaciones Públicas de CGN-ProNiCo, David Orellana, quien afirma  que la resolución de la CC del 2019 no surtió efecto, porque lo reclamado fue resuelto de forma definitiva por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Orellana afirmó que al día siguiente de recibir la notificación de la suspensión, dejaron de producir 120 mil toneladas al mes.

Ahora bien, el MEM asegura que la suspensión la realizó el 17 de febrero de este año, 19 meses después de que la empresa fue notificada por la CC. El abogado Rafael Maldonado considera que la reciente suspensión realizada por el MEM, es una decisión unilateral, “una acción temporal”, para dejarlos seguir trabajando.

La suspensión que tuvo que hacerse es la ordenada por la CC desde julio de 2019, prácticamente han estado en desacato, lo que implica que se han cometido una serie de delitos medioambientales, la fiscal general Consuelo Porras y la fiscalía de delitos contra el ambiente del Ministerio Público (MP) no han querido investigar. 

Trayectoria de impunidad

CGN fue fundada por capital mixto, en 1950, el gobierno en ese entonces, otorgó una concesión de 40 años para la explotación del níquel, a la empresa Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal, S.A. (EXMIBAL), subsidiaria de la compañía canadiense International Nickel Company (INCO).

En 2006 otra transnacional canadiense tomó el mando de la minera, EXMIBAL, ahora conocida como Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), fue subsidiaria local de la empresa minera canadiense HudBay Minerales Inc.

En 2009 el teniente coronel Maynor Padilla, gerente de seguridad de dicha compañía, asesino al maestro y defensor Adolfo Ich, este caso les elevó una denuncia en las altas cortes canadienses.

En 2012 tres estudiantes universitarios murieron de forma extraña en las instalaciones de CGN, la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), casa de estudios de los tres jóvenes les dio la espalda a las familias. Dos años después entre 2011 y 2014, HudBay traspasó la licencia a Solway, la empresa rusa-suiza que opera a través de la Procesadora de Níquel de Guatemala ProNiCo.

El recambio de representantes legales ha sido clave para que CGN, en su versión ruso-suiza, siga operando. La postura de la empresa es que al tener licencias diferenciadas y operaciones diferenciadas la Corte de Constitucionalidad no ha sido específica sobre cuál actividad suspender.

Tienen amplia experiencia evadiendo dictámenes: en 2016 el MEM suspendió la licencia Niquegua Montufar II. En 2017 varias asociaciones de pescadores de El Estor, comenzaron a demandar el cierre definitivo de CGN-Pronico, luego de haber descubierto que la empresa, aparte de derrumbar los cerros, estaba contaminando el lago de Izabal. Este mismo año, otra persona fue asesinada, Carlos Maaz, un pescador que estuvo presente en una manifestación en oposición a la mina.

El asesinato, sigue impune hasta la fecha a manos de la Policía Nacional Civil. La población organizada consiguió en 2019 que la CC de Guatemala, dictaminara la suspensión de Fénix, misma suspensión que fue reconocida el 17 de febrero por el MEM.

Compran juzgados, municipalidades, ejercen presión e intimidación social. Los ministerios de ambiente y minas, parecen escuálidos ante esta longeva e intocable máquina come montañas. 

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