Representantes de las comunidades indígenas maya q’eqchi’ del municipio de El Estor, Izabal, e integrantes de la Gremial de Pescadores Artesanales se presentaron el 19 de febrero en las instalaciones del edificio municipal para entregar un memorial y solicitar al alcalde municipal Joel Lorenzo Flores y miembros de su consejo, el registro e inscripción de cuatro consejos ancestrales elegidos en una asamblea por la población.
En el memorial entregado a las autoridades municipales se detalla el proceso legal que realizaron para ser conformados como representates legales de las comunidades y las leyes de la Constitución Política de la República bajo las que se amparan, como en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Según Aníbal Maquín, representante legal de las comunidades, las autoridades municipales tienen un plazo de 30 días para darle trámite a la solicitud. Maquín agregó que “una vez inscrito se solicitara la certificación de los 13 o 14 representantes legales de cada consejo”. También dijo que la organización comunal es un derecho que tienenen los pueblos indígenas, establecido en el Código Municipal y fundamentada en la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 28.
Foto: Carlos Ernesto Choc.
Para completar el proceso, se llevaron a cabo varias reuniones, que según las autoridades comunitarias, la última fue realizada el 30 de enero de 2021. En la reunión participaron todos los representantes de las microrregiones y celebraron una asamblea general para elegir a los representantes legales y formaron los cuatro consejos ancestrales maya q’eqchi’.
Los nombres de los cuatro Consejos que representarán a la población son Kawa Siyab’, San Baals, Oxlaju Aj, y Qana Tomasa, cada consejo estará integrado por un máximo de 14 personas.
En opinión de Abelino Chub, defensor de derechos humanos que estuvo presente en la actividad, las mujeres de cada región fueron incluidas para integrarar cada consejo ancestral ya que anteriormente eran invisibilizadas. También dijo que las autoridades municipales deben de respetar los derechos de las comunidades y que no puedan atrasar el trámite de la solicitud recibida por el secretario municipal, Alan Buena Fe.
Según declaraciones del secretario municipal, la solicitud tiene que ser revisada por Romel Reyes, de la oficina de comunidades de desarrollo. Reyes ha sido señalado de haber influido en la designación de autoridades comunales vinculadas a la minera que opera en El Estor.
Adelso Romel Reyes es el asesor del Consejo de Comunidades Indígenas maya Q´eqchi´ y es empleado de la municipalidad del Estor. Fue el fundador de la Asociación Sa´ Komonil y socio fundador de la Asociación Nacional para el Desarrollo (ANADE) agrupaciones que se presume respaldan el trabajo de la compañía de níquel CGN-Pronico.
A las 22:00 horas del lunes 1 de marzo, la Corte de Constitucionalidad (CC), emitió un comunicado reafirmando que el Estado de Guatemala debe realizar la Consulta Comunitaria de las comunidades indígenas afectadas por el Proyecto Minero Fénix, otorgado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) en 2005 y reduce el área de la mina que abarcaba cuatro municipios en los departamentos de Izabal y Alta Verapaz.
La CC rechazó la solicitud de ampliación y aclaración solicitada por varios sujetos procesales o amparistas, sobre la ampliación basada en que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en 2018 realizó a la CGN como titular de la licencia minera, sobre los 17.0504 kilómetros cuadrados de extensión de proyecto Fénix.
“En su fallo, esta Corte reafirmó la orden de realizar el proceso de consulta previsto en el Convenio 169 de la OIT, con los pueblos indígenas asentados en el área de influencia del proyecto minero.”
La CC ordena que los gastos de la Consulta Comunitaria sean asumidos por el Estado de Guatemala, y el único Magistrado disidente en la votación fue Roberto Molina Barreto.
Para el abogado Rafael Maldonado, ponente y representante de los 60 amparistas en contra del MEM y CGN, “sí la empresa minera quiere ampliar a la totalidad de los 17 kilómetros cuadrados que había obtenido en la ampliación del ministerio, deberá solicitar nuevas licencias mineras. La Corte reafirma que CGN no tiene 17 kilómetros cuadrados de licencia minera sino solamente los 6.29 kilómetros de 2005.”
Para el abogado ambientalista, en este momento la preocupación principal son los ataques a los pescadores de la Gremial y a los defensores del territorio y los derechos humanos, los ataques en redes sociales y amenazas van en aumento y con la presión de la consulta, ese ambiente de hostilidades y agresiones pondrán en riesgo a las personas que se oponen a la minería, expresó Maldonado.
Desde julio de 2019, CGN, Compañía Procesadora de Níquel Pronico y la empresa ruso -suiza Solway, desacataron la suspensión de todas las operaciones mineras del proyecto Fénix, suspensión que fue ordenada por la CC, resolución que incluyó la consulta comunitaria.
Este miércoles se realizó una vista pública ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones y Extinción de Dominio para pedir que se otorgue un amparo para detener la orden de desalojo en contra de la aldea Plan Grande, emitida en 2016 por el Juzgado de Primera Instancia de Puerto Barrios Izabal, porque supuestamente estaba invadiendo las fincas de las empresas CXI e Inversiones Cobra.
En 2019, en el contexto de las audiencias de Abelino Chub, la jueza Claudette Domínguez, del Juzgado de Mayor Riesgo A, conminó al Ministerio Público (MP) para realizar el desalojo en Plan Grande, donde habitan 46 familias q’eqchi’.
La abogada Wendy López, del Bufete de Pueblos Indígenas, señaló que mientras no se declare sin lugar la orden de desalojo, las familias están en riesgo de ser desalojadas de la comunidad.
Los amparistas plantearon ante los magistrados ¿por qué se ordena el desalojo si la comunidad de Plan Grande está habitando el territorio que histórica y ancestralmente les pertenece?, mencionó.
Hay una deuda histórica del Estado de Guatemala con los pueblos indígenas, no reconocer esa tenencia especial de la tierra a pesar de que está reconocida en la Constitución, señaló la abogada.
Esperamos que los magistrados otorguen el amparo con lugar y se deje sin efecto la orden de desalojo contra esas 46 familias, concluyó López.
Desde 2016, 46 familias de la aldea Plan Grande, de El Estor, Izabal, corren el riesgo de ser desalojadas de su territorio, que habitan desde 1831. En una vista pública realizada hoy, los comunitarios pidieron a la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones y Extinción de Dominio, otorgar un amparo solicitado en 2019 y dejar sin efecto la orden de desalojo.
La abogada Wendy Geraldina López, del Bufete para Pueblos Indígenas, dijo que la orden de desalojo fue emitida en 2016, por el Juzgado de Primera Instancia de Puerto Barrios Izabal, porque supuestamente los comunitarios estaban invadiendo las fincas de las empresas CXI e Inversiones Cobra.
En 2019, el Bufete de Pueblos Indígenas interpuso una acción de amparo ante la Sala Segunda para pedir que se deje sin efecto dicha orden. La vista pública por el caso se realizó hasta este miércoles.
Tras la orden de desalojo de 2016, también se giró una de captura en contra de cuatro personas, entre ellas Abelino Chub Caal, quien enfrentó un proceso penal, acusado de haber instigado a pobladores a ingresar a Plan Grande. Chub Caal también estuvo presente en esta vista pública en donde solicitó a los magistrados que dejen sin efecto la orden de desalojo, “porque es una comunidad reconocida de manera histórica”, así como las órdenes de captura contra los tres comunitarios.
Estoy aquí porque en la orden de desalojo también se giró una orden de captura en mi contra y estaba señalado como dirigente de la comunidad, aunque yo era un interlocutor en los conflictos y medié en el desalojo, dijo.
Es lamentable que la investigación del MP inventara varios delitos, como usurpación agravada en Plan Grande, que está reconocida históricamente en su tierra, indicó.
El defensor estuvo encarcelado por dos años y fue declarado inocente en 2019. En el marco de las audiencias contra Chub, la jueza Claudette Domínguez, del Juzgado de Mayor Riesgo A, conminó al Ministerio Público (MP) para llevar a cabo la orden de desalojo de Plan Grande.
La abogada López dijo que en este caso han identificado la vulneración de derechos fundamentales por el Estado de Guatemala, que tiene una deuda ancestral con los pueblos originarios.
La misma Constitución regula formas de tenencia especial de la tierra para los pueblos originarios, indicó. La abogada señaló que se han violado los derechos del debido proceso, de defensa, de vivienda, entre otros, por lo que consideran que procedía la acción constitucional de amparo.
López detalló ante los magistrados que las familias de Plan Grande han habitado ese territorio desde hace más de 100 años años, en tanto en 1919 se tituló la finca a favor de una persona que jamás tuvo posesión y nunca trabajó la tierra. A raíz de esto, decimos, ¿Quién es el legítimo propietario de la tierra, la comunidad Plan Grande que desde hace más de 100 ha habitado ese territorio o una persona que se le adjudica un bien sabiendo que había personas viviendo ahí, en 1919?, señaló la abogada.
Óscar Rax Coc, representante de la comunidad, expuso ante los magistrados que llevan más de 66 años viviendo en esa comunidad pero que sus abuelos han vivido ahí por mucho más tiempo y que han sembrado en esas tierras.
Regina Pérez. Prensa Comunitaria
Rax Coc pidió que no se envíe antimotines o militares a la aldea, porque temen por sus vidas. El comunitario dijo que no quieren que vuelva a pasar lo que ocurrió durante el conflicto armado, en 1982, cuando dos personas fueron asesinadas por miembros del ejército.
El representante de Plan Grande indicó que como familias q’eqchi’ tienen derecho de habitar en ese lugar, donde ya se ha derramado sangre. El comunitario indicó que esas tierras no pertenecen a las empresas que ahora las reclaman.
En entrevista, Chub lamentó que el Estado se preste para eso (para el desalojo), porque miran que la comunidad es indígena y la consideran inferior y aplican sus leyes. Está claro que la posición del MP es darle seguimiento a la orden de desalojo, el sistema de justicia siempre va a estar a favor del poder económico y de las grandes empresas porque están reclamando un derecho de la propiedad interpretado desde esa legalidad que llega a amenazar a la comunidad, concluyó.
Entre la última semana de abril y la primera de mayo, María Magdalena Cuc Choc ha llegado otras dos veces, de varias que ha realizado, a diversas instituciones de justicia en Izabal, por un largo proceso que inició con la denuncia de la empresa Lisbal, S.A. acusada de usurpación agravada, amenazas y detención Ilegal, junto a comunitarios de la comunidad Chabil’ Ch’och’, porque supuestamente habrían ocupado una propiedad privada de la empresa.
El jueves 29 de abril acudió junto a sus abogados y un grupo de especialistas en antropología, historia, comunicación y psicología a la sede del Ministerio Público (MP) en Río Dulce, para que se pudieran admitir nuevos elementos de prueba en su caso, entre ellos varios peritajes.
El 6 de mayo, también llegó al Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios donde se suspendió la audiencia que se tenía programada para su caso, porque el juez Edgar Aníbal Arteaga argumentó que celebrar esa audiencia implicaría un riesgo, pues se coordinaría la fecha de debate en contra de Cuc Choc. La nueva audiencia donde se decidirá si se admiten los nuevos elementos de prueba fue reprogramada para el próximo 3 de agosto.
No es la primera romería que María realiza en búsqueda de una resolución a su situación. Ella es una lideresa, traductora, defensora del territorio y del medio ambiente, que desde el 2018 ha enfrentado una serie de retrasos en los procesos judiciales, persecución por vehículos desconocidos, difamación y problemas a su salud derivados de ese caso, en el que se ha cansado de decir que es inocente y sus abogados de reiterar que se trata de un caso de criminalización a lideres indígenas en esa área del país.
Aunque el 22 de abril, en conmemoración del Día de la Tierra, se celebró en diversas regiones del mundo la entrada en vigencia del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, que permite nuevas garantías para las personas defensoras de derechos humanos y del territorio, para María y para otros guatemaltecos el panorama se vislumbra cuesta arriba, debido a que Guatemala no lo ha ratificado.
Al ritmo de cumbia y bachata
María tiene 42 años, es maya Q’eqchi’ y disfruta improvisar pasos de baile libre, volteretas y aplausos al ritmo de la cumbia y la bachata. Su rostro se ilumina con una sonrisa cuando habla de uno de sus pasatiempos favoritos. También le gusta cantar.
Además, comenta que le entusiasma descubrir nueva literatura y pasar tiempo ordenando las cosas de su casa. “Si algo no me gusta como se ve, en mi tiempo libre ordeno mi casa, pongo un adorno por aquí y otro por allá”.
Cuando habla sobre las flores y que también le gusta mucho cultivarlas, recuerda a su mamá. María es la hija menor y siempre tuvo la posibilidad de poder acompañarla a vender flores. “Siempre le decía, mamá llevemos esta planta o aquella para sembrar en la casa, ella siempre me decía sembrá mija porque tenés buena mano. Eso me hace pensar que, si nosotros sembramos, algún día van a servir para algo”.
En el terreno donde está la casa de María hay muchas piedras y eso hace difícil la tarea de cultivar sus apreciadas flores, porque le debe dedicar tiempo y paciencia primero a quitar cada una de las rocas y así lograr un bonito trabajo, como a ella le gusta.
“Cuando pienso en mis flores es porque las tengo que ver llenas de colores, porque me gustan los colores encendidos, todos los colores, pero hay una parte de lo encendido que también es verde y eso me llena de mucha energía. Me gustan las flores porque llegan las mariposas, los pajarillos y los colibríes, y eso me da paz porque pienso que estoy construyendo la vida de mi entorno de mi medio ambiente natural y la vida de las aves que no tienen un hogar, pero que son libres de ir a vivir ahí”.
María asegura que la conexión que tiene con la tierra proviene de su cultura maya que a lo largo de muchos siglos propició el cuidado, el respeto y el equilibrio entre las actividades humanas y la naturaleza.
“Nosotros como maya Q’eqchi’ desde nuestra cultura milenaria vemos que es necesario, como muchas abuelas y abuelos lo dicen, defender la tierra y el derecho al territorio, como parte de una gran sabiduría ancestral, que viene desde la sangre y desde el pensamiento, como cuando una madre desde el ombligo y desde el vientre se conecta con sus hijos”.
Pero hablar de la tierra y su defensa también pasa por la actual distribución y la situación de acaparamiento por parte de empresas e industrias que han modificado drásticamente el paisaje. Donde antes había ríos, ahora hay charcos, donde antes había montañas ahora hay grandes agujeros y donde antes había cientos de árboles de diversas especies ahora hay largas filas de palma africana, una situación que las comunidades han denunciado porque les afecta como nunca.
El pacto de corruptos reacciona y le ponen una orden de captura a uno
Desde el 2018 María vive una situación de criminalización desde que fue ligada a un proceso penal acusada de los delitos de usurpación agravada, amenazas y detención Ilegal. Desde esa fecha se le otorgó una medida de arraigo que le impide salir de Izabal. Su mirada se pierde y su sonrisa se desdibuja cuando habla de ese tema.
“Desde que era una niña he realizado trabajos comunitarios y conforme crecí también me acerqué a apoyar a las comunidades sin que ninguna institución y organización me lo pidiera. Cuando uno hace eso, uno alza la voz de todas las injusticias que ve por parte de empresas extractivas extranjeras, hidroeléctricas, petroleras y no digamos de la palma africana o los megaproyectos. Todo esto trae injusticias y violaciones a nuestros derechos, despojos de tierra, asesinatos, encarcelamiento, entonces uno no puede ser indiferente, alza la voz y se cuestiona y eso también tiene un impacto en la vida de uno”.
Hablar del caso no es fácil, porque María asegura que la vida diaria en ese tiempo le ha pasado la factura a su cuerpo, porque nadie nunca se puede imaginar lo que le vendrá al estar ejerciendo su labor de defensa del territorio o como conocedora de los derechos de las mujeres, de manera particular de las mujeres indígenas.
Foto: Lourdes Álvarez
María enfatiza que los Pueblos Indígenas de Guatemala tienen derecho de estar en sus territorios, donde antes estuvieron sus padres y sus abuelos, “pero el pacto de corruptos reacciona y le ponen a uno una orden de captura sin saber la razón. Esto ha pasado conmigo fui encarcelada en el 2018, y ando con un arresto domiciliario desde hace 3 años buscando transparencia y justicia”.
La profunda conexión de María con su entorno y con su cuerpo le trajo consecuencias inmediatas a su salud debido a lo que reiteradamente ha llamado una injusticia en su contra.
“De inmediato se viene una debilidad mental y un cansancio económico, porque el trayecto de ir a las audiencias y que luego las cancelan y no presten atención al caso de los Pueblos Indígenas, a los líderes y lideresas, finalmente cansa y el cuerpo no está apto para enfrentar todo esto porque uno no sabe lo que le va a pasar, uno tiene susto, miedo o temor”.
Durante el tiempo del arresto domiciliario que le impusieron a María también ha vivido persecución e intimidaciones. Cuenta que frecuentemente ha visto vehículos lujosos que la han seguido o controlan si ella se encuentra o no en su casa. Con esa vigilancia y acoso pretenden que trate de esconderse y salga de su caminar, asegura.
“Caí en una diabetes, caí con ácido úrico y con una anemia por mi caminar en la búsqueda de la transparencia y de justicia hacia los pueblos y a las mujeres indígenas, que somos violentadas por el machismo y la discriminación, desde nuestro hogar y no digamos en la sociedad”.
Pero además de las afecciones a su salud, María también ha enfrentado burlas, desprestigio y difamación. “Uno es lideresa y muchos te tildan por eso. Siempre andan controlando qué es lo que haces y te difaman”.
Como a cualquier persona, a María esto le provoca una profunda tristeza y enojo, pero asegura que es fuerte y que ha recibido el apoyo de un psicólogo que le ha ayudado mucho a poder desahogarse y retomar fuerzas.
“Yo a veces digo que soy fuerte y demuestro que lo soy, pero a veces entra la tristeza y el miedo porque nadie sabe qué pasa en el interior de uno. He hablado con mi psicólogo y él me ha apoyado mucho, me he desahogado con él llorando porque todo esto duele, porque las consecuencias no son solo para mí, están en mi hogar y las veo en mis hijos”.
La fuerza que viene del fuego sagrado
María está consciente que todos los días existen nuevas injusticias en su comunidad, en el país y en el resto del mundo, por eso a veces ha tomado la decisión de desconectarse de las redes sociales, dejar de ver publicaciones y enfocarse en recibir buenas energías, en hacer ceremonias mayas.
“Las mujeres nos hemos conectado con el fuego sagrado, esa conexión energética transmite las buenas energías, o las buenas vibras como le dicen, es algo muy valioso y se siente muy espiritual y sagrado recibir todo eso en el río, en la selva, porque uno encuentra sanación”.
Esa sanación y esa carga energética que María comenta es la que la impulsa a defender sus derechos y asegura que todo lo que vemos a nuestro alrededor sería un desierto sin la defensa que hombres y mujeres realizan por el territorio en los cuatro puntos cardinales.
“Los médicos han dicho que tengo que estar tomando medicamentos farmacéuticos, pero mi padre también es diabético desde hace 30 años, pero se lo controla con plantas medicinales y yo veo que le han funcionado, por eso prefiero los baños, las bebidas calientes y las plantas. Cuando entro a las comunidades encuentro diversas plantas comestibles y siento sanación. Cuando estoy en la comunidad me siento bien, cuando estoy en el pueblo, tengo desanimo y como berrinche”.
María ha cumplido al pie de la letra las recomendaciones de sus médicos y aunque enfatiza que es de las que come y come, con orgullo asegura que cumplió cuatro meses en dieta y eso ayudó a su recuperación de la diabetes.
“Cumplí pero me daban ganas de pollo asado, churrasco, no digamos el marisco”.
El Pachay y los pollos criollos
El Pachay es la comida predilecta de María. El platillo se prepara con pescado o camarones que son condimentados con especias y envuelto en hojas de plátano como simulando un tamal, pero se cocina sobre las brasas o la ceniza. “Solo se le echa pepita, chile al gusto, cebolla y tomate”, indica María a quien nuevamente le vuelve la sonrisa.
Debido a la situación de arraigo que vive, María también se ha quedado sin fuentes de trabajo, sus cuentas bancarias donde recibía su sueldo como traductora de Q’eqchi’ y castellano en el Organismo Judicial de Puerto Barrios también fueron bloqueadas, desde que fue detenida en el 2018. Por eso también se dedica a vender comida porque a veces se ha quedado sin un centavo.
“Como mi familia es tan grande, dentro de mi propia familia la vendo. Hago Kaqik’ y Pachay, a veces hago antojitos pero naturales, como el ayote, camote, plátanos asados con crema. En las tardes a veces no tengo ganas de hacer nada, pero me dan antojos y aprovecho para vender y de una vez saco un poquito para ver qué hago el otro día”.
Hace algunos años María también tenía una pequeña granja, “tenía variedad de animales, como gallinas, pavos, coches y hasta unos perros, pero como mis hijos dijeron que se iban a ir a un internado, entonces trasladamos a los animalitos para una comunidad y ya no están en mi casa. También vendía huevos criollos o si la gente quería comer un su pollo criollo, llegaban allá conmigo a pedírmelo”.
Foto: Lourdes Álvarez
A veces, María todavía logra vender algunos pollos criollos y hay fines de semana donde vende cuatro o cinco, pero la situación judicial que vive le ha perjudicado porque ya no se puede a poner atención a ese negocio.
“Los gallos ya grandes también los vendo en 150 quetzales, una gallina se puede dar a 100 o 125, pero ahorita ya tengo poquitos, porque todo este proceso trajo cambios y uno ya no se siente libre, ya no puedo estar al pendiente de todo, a veces ya no estoy en mi casa e incluso se me han perdido cosas adentro de la casa”.
“Cuando yo era libre”
Para María existe un antes y un después. “Cuando yo era libre, antes, me gustaba andar con las mujeres en las comunidades porque muchas mujeres, niñas, ancianos no conocen sus derechos o algunos señores que no saben qué significa alguna palabra y yo podía darle a conocer”.
También le gustaba visitar las comunidades para aprender cómo hacer el cacao, cómo sembrar sin químicos y las comidas sin condimentos químicos. “Pero cuando caí presa me entró el miedo y pienso que alguien me sigue”.
Foto: Lourdes Álvarez
María asegura que “al vivir la criminalización, ha sido como un encierro, porque también uno pasa pidiendo posada y también empieza a desconfiar de la gente”.
Pese a todo lo que le ha tocado vivir, María asegura que la vida de las mujeres con hijos es similar a la de la tierra. “La vida de una mujer es como la de la madre tierra, porque trae seres al mundo por eso pienso que tenemos que engendrar y heredar buenas cosas, buenas culturas, buenas costumbres y esto lo hago desde la sabiduría ancestral de los abuelos”.
Es importante difundir el trabajo de las mujeres
María se siente consternada al señalar que “la lucha de las mujeres es muy poco visible. Veo que a los hombres no les importa y hay una mayoría de lucha de mujeres, pero en las redes dicen que nosotras somos las culpables de las cosas que nos pasan y los que dicen eso en su mayoría son hombres”.
El racismo también se evidencia cuando los hombres se refieren a la vida o las decisiones de las mujeres indígenas. “Siempre nos culpan, nos tildan, pero si cambiáramos la forma en que nos ve eso haría que el mundo cambie y que la sociedad cambie”.
Para María, ese cambio también se propiciará al difundir el trabajo que hacen las mujeres, las comadronas, las defensoras de derechos humanos y del territorio; “difundir que nosotros tenemos una gran sabiduría y esto tiene que ver con la conexión desde lo ancestral, hará un gran cambio”.
Mientras llega su próxima romería por las instituciones de justicia de Izabal, María que estaba entretenida con algunos papeles que sostenía en sus manos, levanta la mirada y posa cuando se le pide una fotografía. Las carcajadas y la sonrisa vuelven a iluminar su rostro cuando se le reitera que sus ojos color miel son muy bonitos y destacan con sus aretes amarillos. “Ya les contaré la historia del color de mis ojos y de mi papá”, promete.
Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales, de El Estor, Izabal, considera históricas las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad (CC), que suspendieron el proyecto minero Fénix y obligaron al Estado a realizar una consulta comunitaria, además de reducir el área de la licencia minera, de 247.9 kilómetros cuadrados a 6.29, pero el gobierno retrasa el proceso.
En 2017 una mancha roja tiñó el lago de Izabal, lo que preocupó a toda la población, en especial a los pescadores, que viven de la pesca y de inmediato se organizaron junto a las autoridades comunitarias, para exigir al Estado un análisis de las aguas y un estudio de impacto ambiental.
Foto: Carlos Ernesto Choc.
Sin embargo, como no fueron escuchados, realizaron una manifestación que duró 11 días, concentrándose a un costado de la garita municipal, en la salida a la ruta de Cobán, Alta Verapaz, impidiendo el paso de camiones pesados, conocidos como góndolas, de la compañía de níquel CGN-Pronico de Solway. El gobierno se vio obligado a acercarse a la población, de manera que el 10 de mayo de 2017, el viceministro de Ambiente, Alfonso Alonzo, visitó el municipio.
Las autoridades del gobierno central programaron para el 13 de mayo, una siguiente reunión, pero fuera del municipio. En esa ocasión, según el pescador Juan Xol Pop, ofrecieron proyectos, pero no respuesta a sus peticiones. A raíz de esta situación se reprogramó un nuevo encuentro, para el 27 de mayo, pero la representación gubernamental ya no estuvo presente; en su lugar enviaron a las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
Fue entonces que empezó la represión: atacaron a algunas de las personas, mujeres, niños y adultos mayores con gases lacrimógenos, luego con disparos de armas de fuego, hiriendo a una persona y asesinando a Carlos Maaz, hecho que el Estado intentó ocultar. Hasta la fecha la Gremial de Pescadores sigue buscando justicia.
Foto: Carlos Ernesto Choc.
La directiva de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor está conformada por cuatro asociaciones que llevan un proceso jurídico iniciado en 2017, que permitió una sentencia de amparo emitida por la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2019, a favor de la población maya Q’eqchi’ y ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) la realización de una consulta sobre el proyecto minero Fénix, que opera en la región de Izabal y parte de Alta Verapaz.
En junio de 2020 la Corte de Constitucionalidad dictó sentencia sobre el proyecto minero Fénix y ordenó al MEM delimitar el espacio territorial de la licencia de explotación minera, a 6.29 kilómetros cuadrados; además, instruyó realizar el proceso de preconsulta y consulta a la población Q’eqchi’, en un plazo de 18 meses.
A decir de los integrantes de la junta directiva de la Gremial de Pescadores y las autoridades maya Q’eqchi’, hasta el momento no han sido convocados por el Estado o informados de cómo se prepara el proceso, debido a que forman parte de los amparos interpuestos ante la CSJ y la CC y son conocidos como amparistas. Por ello las comunidades se organizaron en un Consejo de Autoridades Ancestrales, para que el Estado los escuche y respete su decisión.
La defensora María Choc informó que en el municipio de El Estor hay un Consejo de Comunidades Indígenas maya Q’eqchi’, que han participado en distintos espacios con instituciones privadas y del Estado, sin consultar a las comunidades. Luego de analizar esta situación se percataron que habían sido cooptadas por la empresa, al punto de convertirse en sus representante, puntualizó Choc.
En el área sur de El Estor se encuentra la empresa de palma africana Naturaceite, que mantiene una disputa de tierras con las familias de la zona, por lo que las comunidades han denunciado una serie de violaciones a los derechos humanos y desalojos de forma violenta por parte de autoridades del Estado. Un ejemplo de esto fue lo sucedido el 31 de octubre de 2020, cerca de la comunidad de Chineval, donde fue asesinado José Choc Chaman.
El pueblo indígena maya Q’eqchi’ tiene que sufrir persecución penal y cárcel, por defender la tierra y el lago de Izabal. Once integrantes de la Gremial de Pescadores fueron acusados por la empresa minera CGN-Pronico de Solway, y cinco continúan bajo medidas sustitutivas, entre ellos una periodista, por investigar e informar sobre la contaminación en este cuerpo acuífero.
Otros casos: El defensor Abelino Chub fue declarado inocente por el juzgado de Mayor Riesgo A, el 26 de abril de 2019, después de permanecer varios años en prisión preventiva. La defensora María Choc vive bajo medidas sustitutivas y en más de ocho ocasiones han sido suspendidas las audiencias para revisar su situación; la más reciente fue el 6 de mayo de 2021.
Las empresas de palma y las mineras han intentado dividir a la población e incluso a sus autoridades comunitarias o representantes. Un ejemplo de ello fue el Amicus Curiae que presentaron ante la Corte de Constitucionalidad a favor del proyecto minero Fénix el 24 de abril de 2020, los miembros del Consejo de Comunidades Indígenas, Miguel Tox Sagui, Maximiliano Suchite Caal y Lorenzo Ical Chocoj, quienes actuaron como representantes legales, según indica el documento.
Esta situación motivó que las comunidades se reorganizaran en noviembre de 2020, para conformar un nuevo Consejo de Autoridades Ancestrales, con el apoyo de la Gremial de Pescadores, de las y los defensores, como Abelino Chub, María Choc y Luis Adolfo Ich Chaman, hijo de Angélica Choc, con la asesoría del abogado Aníbal Maquín.
Según el abogado Maquín, la inscripción del nuevo consejo no fue posible en la municipalidad. El asesor jurídico de la municipalidad de El Estor, Jorge Ricardo Rivas Sarceño, dijo que “no se puede proceder al registro e inscripción solicitado toda vez que no se cumple presentar toda la documentación legal y necesaria, y la documentación presentada no reúnen los requisitos legales”.
Al respecto, el abogado Aníbal Maquín destacó que nadie puede rechazar ni calificar quién es o no autoridad ancestral. Hay una clara violación al derecho de las comunidades indígenas, que han realizado todo con transparencia, con sus libros de actas de cada asamblea y actas notariales en orden, indicó.
La mayor parte de la población en El Estor, Izabal, se dedica a la agricultura y a la pesca. El 91 por ciento es maya Q’eqchi’, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), realizado en 2018. Actualmente se espera la consulta sobre el proyecto minero Fénix y las autoridades comunitarias piden que se respete el debido proceso, que sean tomados en cuenta por el Estado y que la población sea informada en el idioma maya, informó María Choc.
El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, expresó en una reunión con la bancada Winaq, el pasado 17 de mayo, que la ejecutoria sobre la sentencia del proyecto minero Fénix se recibió el 23 de abril y que desde esa fecha el MEM comenzó a cumplir con las actividades previas, como la reducción del área de explotación minera.
Nuestra intención es que podamos durante junio iniciar el proceso de consulta del derecho minero Fénix, declaró el ministro Pimentel, aunque también señaló que no hay una fecha clara.
Este 25 de mayo el diputado Aldo Dávila solicitó una reunión con el ministro Pimentel, en la ciudad capital, para que rindiera un informe a las autoridades comunitarias de la región de El Estor, Izabal; Panzós, Cahabón y Senahú, Alta Verapaz, acompañados por la Gremial de Pescadores Artesanales, sin embargo el funcionario no se hizo presente y solo se conectó de forma virtual. A decir del parlamentario, fue a última hora que el titular de la cartera de Energía y Minas informó de su ausencia presencial.
Con estas acciones el Estado muestra dónde está su interés y qué representa el pueblo Q’eqchi’ para ellos. Desde el gobierno de Jimmy Morales y ahora durante la gestión de Alejandro Giammattei han sido decretados Estados de Sitio y de Prevención, en varias ocasiones, en el municipio de El Estor y otros departamentos.
Un contingente policial de unos 3 mil agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), procedentes de catorce departamentos del país, participaron en el desalojo de unas 35 familias campesinas Maya Q’eqchi’, de la Finca agropecuaria Canaán Sociedad Anónima, en El Estor, Izabal. Durante el operativo se pudo observar que la movilización de los agentes violaba las disposiciones sanitarias obligatorias por la pandemia.
Desde las 7 de la mañana los habitantes de El Estor expresaron su preocupación a través de redes sociales, por la fuerte presencia de radiopatrullas, buses de la PNC, vehículos artillados Jeep J8, donados por la embajada de los Estados Unidos, y particulares tipo agrícola que se reunieron sobre la calzada principal del municipio.
En una circular emitida por la PNC, se lee la solicitud de “talento humano para apoyar diligencias”, para que comisarías enviaran agentes a participar en el desalojo. En el documento 1255-2021, Adelso Leonidas Reyna Temá, jefe interino del departamento de Operaciones de la Inspección General de la PNC, indica que se trata del desalojo de la Finca mencionada.
Para una de las defensoras de derechos humanos en ese municipio, el desalojo podría ampliarse a dos comunidades Q’eqchi’. A las 11:30 de la mañana se confirmó el inicio del desalojo de la comunidad en la Finca Cinco o Canaán y la posibilidad de continuar con el desalojo de la comunidad Cadenas Sebol y una tercera comunidad, en total serían desalojadas unas 50 familias campesinas. “El uso de la fuerza es totalmente desmedida”, afirmó.
Tres casas de una sola familia que formaban parte de la aldea San Juan, dentro de la Finca Canaán ya fueron desalojadas, informó un vecino cercano a la aldea Chichipate. “Dos comunitarios pidieron información al contingente policial sobre el desalojo, la jueza presente amenazó con detenerlos.
A la 1 de la tarde encontraron en un pantano a dos ancianos, la señora de nombre Juana de unos 68 años, con padecimientos de diabetes, estaba desmayada. Su esposo, de 62 años, se encontraba con ella y con tres niños de 5, 7 y 1 año y medio. Se sabe de otras familias que fueron perseguidas dentro la plantación de palma africana, afirmó un comunitario en el lugar, de quien por seguridad se reserva su nombre.
#ElEstor genera preocupación la presencia de unos 3 mil agentes de @PNCdeGuatemala de varios departamentos para realizar por lo menos un desalojo de familias campesinas Q'eqchi que habitan la Finca Canaán. Varias comunidades continúan sin la certeza de la propiedad de la tierra. pic.twitter.com/Gx0aC2K0Cz
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) June 16, 2021
Presencia policial en El Estor para realizar el desalojo de la Finca agropecuaria Canaán SA. Fotos cortesía.
Sin medidas ni protocolos por la pandemia
Agentes de las comisarías de los departamentos de Zacapa, Jutiapa, Sacatepéquez, Alta Verapaz, Santa Rosa, Baja Verapaz, Petén, Chiquimula, Izabal, Cobán, Escuintla, Mazatenango, Retalhuleu y la ciudad capital fueron movilizados hasta El Estor para participar en este desalojo, en los videos y fotografías que circularon se observa a una cantidad de agentes que no hacen uso de las mascarillas, a pesar de las disposiciones sanitarias obligatorias a nivel nacional por la pandemia.
Se les transporta en radio patrullas, en espacios reducidos, tanto en el interior de la patrulla como en la palangana de esta. El Ministerio de Salud ordenó que los buses de todo tipo deben reducir un 25% de su capacidad el aforo de personas, contrario a esto, los buses usados por la PNC para este desalojo, van completamente llenos.
Con el desalojo se pone en riesgo a los agentes de la policía frente a la COVID-19, también a la población de los lugares a donde regresarán en los próximos días. Guatemala alcanzó los 275 mil 202 casos positivos acumulados de COVID-19n. En las últimas 24 horas fueron confirmados mil 472 nuevos casos positivos. De los departamentos de donde fueron trasladados la mayoría de los agentes, se encuentran en color rojo, a excepción de Retalhuleu que está en naranja, según el semáforo COVID-19 del Ministerio de Salud al día 12 de junio.
A las 16:17 de la tarde continúa el operativo en la aldea Chichipate, los agentes no se han retirado de El Estor. Astrid Franco auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH del departamento de Izabal confirmó que la auxiliatura dieron acompañamiento al desalojo y confirma que las fuerzas de seguridad no realizaron detenciones y que este desalojo responde a una solicitud realizada en 2019.
#URGENTE En #Guatemala un fuerte despliegue policial y antimotines se apostó en la “Finca Seis” para desalojar a unas 35 familias asentadas en el referido inmueble en el municipio de El Estor, Izabal. Pobladores estiman entre 2 a 3 mil elementos desplegados. pic.twitter.com/yoLKqYPMg0
— Santiago Botón 🇬🇹 (@SantiagoteleSUR) June 16, 2021
#ElEstor un fuerte contingente de radiopatrullas de @PNCdeGuatemala van rumbo a Chichipate para realizar el desalojo de familias indígenas Q'eqchi en la Finca Canaán SA. En la ruta se ve la actividade de maquinaria de empresas mineras trabajando. #Izabal
El Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’, se reunió el 30 de junio para discutir sobre el proceso de preconsulta y de la amenaza de desalojo que ha recibido una comunidad de la región Norte del municipio de El Estor, Izabal. Según Juan Xol, integrante de la Gremial de Pescadores Artesanales, “las comunidades piden al Estado que respete sus derechos y a sus representantes legítimos que en asamblea han nombrado”, puntualizó.
La reunión fue realizada en la parroquia de la Iglesia católica del municipio donde participaron hombres, mujeres, personas mayores y jóvenes. Durante la cita, Humberto Cuc expresó que “el señor Maximiliano Suchite Caal no representa nuestro sector”.
Foto: Carlos Ernesto Choc.
Suchite es integrante del Consejo de Comunidades Indígenas de El Estor, quien junto a Miguel Tox Sagüí, presentaron un amicus curiae en favor del proyecto minero Fénix, ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en abril de 2020, en representación de las comunidades y sin consultarles, creando así un conflicto y violación a los derechos de los afectados por la explotación minera, según indicó Cristóbal Pop, representante de la Gremial de pescadores del municipio.
La comunidad amenazada con ser desalojada es Agua Caliente Lote 4, donde habitan 56 familias que llevan más 32 años de vivir y trabajar la tierra de una extensión de diez caballerías, según expresó Samuel Ico, de la misma comunidad, quien también dijo que fueron informados sobre el desalojo, el 17 de junio, en una a una reunión convocada por la municipalidad de El Estor, realizada en el salón municipal
Foto: Carlos Ernesto Choc.
Según las autoridades comunitarias de Agua caliente Lote 4, en dicha cita convocada por la municipalidad se presentó el señor Rodrigo Andiano, quien dice ser el dueño de las fincas Agua Caliente y Nueva Jerusalén Lote 4 y 5, y pidió a las familias abandonar la comunidad, e ir a otras tierras y darles una extensión de tres caballerías y si no fuera así la otra vía sería el desalojo.
Según Ico, “nos han ofrecido trabajo, proyectos, pero nosotros no vamos a abandonar nuestras tierras”. Los comunitarios también denunciaron que el interés de Andino, quien dice ser propietario de 30 caballerías de tierras, es implementar la explotación minera en la zona y sin con el consentimiento de las comunidades del sector norte, dejándolos excluidos en este proceso de preconsulta.
El sector Norte del municipio de El Estor, Izabal está integrada por 19 comunidades maya Q’eqchi’ y se divide en dos microrregiones 11 y 5 y quienes conforman el Consejo de autoridades Ancestrales Oxlaju Aj y piden al Estado ser tomados en cuenta para el proceso de la consulta por la actividad minera de CGN-Pronico de Solway Group .
Con carteles, pancartas y consignas, la población Q’eqchi’ de El Estor, Izabal realizó una caminata el 29 de junio en las principales calles del municipio, iniciando desde el parque central. Luego se dirigió a las instalaciones de la municipalidad, y continuó hasta llegar al Ministerio Publico (MP). Después pasó frente al Juzgado de Paz y culminó donde fue asesinado el pescador Carlos Maas por la Policía Nacional Civil (PNC), en 2017, a un costado de la Colonia de la Compañía de níquel CGN Pronico de Solway Group.
En junio del 2020 el pueblo Q’eqchi’ y a la Gremial de Pescadores lograron ser escuchados por la Corte de Constitucionalidad, mediante una sentencia de suspensión definitiva del proyecto minero Fénix, reduciendo sus limites territoriales y ordenado al Ministerio de Energía y Minas realizar una consulta, sentencia que la empresa minera CGN Pronico de Solway Group, no ha respetado al continuar en operaciones
La indignación ha sido muy grande para ellos. Piden la renuncia de la Fiscal General del Ministerio Público (MP) Consuelo Porras, dejándolo plasmado un mensaje claro en la pared.
En la caminata participaron Jóvenes, abuelos y abuelas, así como también mujeres cargando a sus bebes en sus brazos. Todos y todas con un mensaje claro a la fiscal general y al presidente Alejandro Giammattei, con pancartas y carteles.
En la caminata la fuerza de las mujeres fue fundamental, cargando en sus brazos a sus bebés durante un recorrido de tres kilómetros. “Yo estoy aquí por que estamos cansados del Presidente y venimos con nuestra propia voluntad”, puntualizó una de ellas y agregó que no han recibido ningún apoyo del gobierno central, solo desalojos y órdenes de capturas para varios de ellas y ellos.
“Ya no queremos más desalojos, El Estor”, expresa un comunitario en su cartel redactado por ellos mismos.
En la pared del muro del edificio del Ministerio Público también dejaron un mensaje claro, en el que piden la libertad de Bernardo Caal, preso en Cobán Alta Verapaz desde el 2018 por defender el río Cahabón.
Con rostros visiblemente cansados e indignados por la grave crisis política del gobierno de Alejandro Giammattei, exigen su renuncia, así como la de la fiscal Consuelo Porras.
Una mujer maya Q’eqchi’ ve fijamente el lugar donde fue asesinado el pescador Carlos Maas, donde terminó la caminata de manifestación pacifica a un costado de la Colonia de la Compañía CGN-Pronico de Solway Group.
Las mujeres mayas Q’eqchi del Estor, Izabal, quieren encargarse de la preconsulta que se realizará para decidir si la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) debe seguir operando en la zona. Esta medida surgió porque las autoridades indígenas que les representan se aliaron a la mina.
De acuerdo a María Choc, traductora del castellano al Q’eqchi y defensora de los derechos de las mujeres en los municipios de El Estor y Livingston, “muchas mujeres están molestas porque las personas que están guiando la preconsulta, entre ellos el alcalde municipal y las nuevas autoridades ancestrales, que no son representantes del pueblo sino traidores. Son autoridades creadas por la misma empresa”, lo que ha generado desconfianza en el proceso que se está realizando para validar la continuidad de la mina.
“Las mujeres no solo defienden su territorio, defienden su hogar, los derechos de sus hijos, en cuanto alimentación, vestimenta y educación. Se sabe que el territorio es nuestro, pero se está volviendo desierto. Las mujeres han estado en concentraciones para formar ceremonias comunitarias para fortalecer la organización, para darnos energía. Las mujeres han dicho que seamos nosotras las que nos encarguemos de hacer la preconsulta y que no sea beneficiado por la muni, ni por autoridades traidoras. Por eso están en constantes asambleas”, agregó la traductora.
“El viceministro de energía y minas, el alcalde del Estor, el gobernador, los alcaldes comunitarios y los que están escogidos como consejo indígena, están llevando la información sobre esta preconsulta que se quiere hacer en el municipio, pero están a favor de la mina porque ya están comprados; están manipulando a la gente”, denunció Olga Che, representante de la Gremial de Pescadores.
Por eso, la gremial está solicitando que se les acredite para participar en la preconsulta, sin embargo, aún no reciben una respuesta. En tanto, las mujeres están participando en asambleas e impartiendo charlas sobre la importancia de la preconsulta.
Las comunidades del Estor han estado en desacuerdo con la llegada de la empresa ruso suiza Solway Group, dueña del proyecto minero “Fénix”, desde 2004. Que además de extraer níquel en grandes cantidades, ha provocado varias muertes, incluyendo la de un pescador en 2017, y ha acusado injustificadamente a nueve pescadores y dos periodistas. Seis de ellos fueron desligados de las acusaciones, dos fueron enviados a prisión preventiva y consiguieron medida sustitutiva junto a tres más. La razón de fondo es que habían denunciado que el lago podría estar contaminado, ya que se había teñido de rojo.
La situación se agudizó en junio de 2020, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó que se realizará una consulta comunitaria, un requisito que el Código Municipal contempla para tomar en cuenta la opinión de las poblaciones. Por ello, la mina debía de suspender sus operaciones, pero en agosto se documentó que CGN seguía funcionando, pese a la resolución de la CC.
Tanto la Muni del Estor como las autoridades indígenas ancestrales buscarían realizar la consulta tomando en cuenta, únicamente, a 4 de las 12 micro regiones afectadas por la presencia de la mina, de acuerdo a Guadalupe Xol, ex integrante del Consejo de Autoridades Indígenas, ya que fue expulsada del mismo cuando se negó el año pasado a firmar un documento para respaldar la continuidad de la CGN.
Además del desacato de la empresa, existe la amenaza inminente de que la mina desaloje a la “Agua Caliente Lote 4”, donde habitan 56 familias que llevan más de 32 años de vivir ahí y trabajar con la tierra en una extensión de diez caballerías.
“Ha habido manipulaciones, compras de voluntades, inclusive, sin el consentimiento de algunas compañeras”, refirió Choc, quien afirmó que la empresa aprovechó el confinamiento por la pandemia.
A quienes no lograron convencer, identifican, persiguen y criminalizan. En este rincón de Guatemala, si no se es aliado de la mina solo hay uno de los caminos: ir a prisión o perder la vida, aseguró Choc, quien fue criminalizada por la supuesta ocupación forzosa de una finca ubicada en Livingston, Izabal.
“Vamos a realizar una acción para ser escuchados pacíficamente si no nos quieren oír, hasta que se haga la preconsulta como manda la CC”, afirmó la representante de los pescadores.
Xol, quien formaba parte del Consejo de Comunidades Indígenas maya qeqchi desde 2013 hasta 2020, reclamó que las regalías que la mina deja no son suficientes para compensar a las comunidades afectadas con proyectos de desarrollo, y que el 1 por ciento que los proyectos extractivos dejan al país se lo queda el Gobierno. Nada de ese dinero llega al Estor.
“Cómo vamos a apoyar a la empresa si no nos han dejado nada. Pagaron a los líderes que me quitaran del camino, no querían una piedra en el zapato, no les conviene. Ahora, es raro que exista una mujer en el consejo porque solo hay hombres”, indicó Xol, quien además contó que su firma fue falsificada por el consejo indígena en una carta amicus curie, que respalda la operación de la mina. Nunca lo denunció porque tenía miedo de que la mataran.
La situación de intimidación, persecución y discriminación a la que están expuestas las comunidades, específicamente las mujeres Q’eqchi, además del desacato de la mina, ya han sido planteados ante el Gobierno. Al Estor solo le queda esperar la respuesta del Congreso y del Ejecutivo. Hasta entonces, las comunidades harán un pronunciamiento y definirán sus estrategias para hacerse escuchar.
Las autoridades del Consejo Ancestral maya Q’eqchi’ exigen al Estado que los incluya y acredite para participar en el proceso de consulta sobre el proyecto minero Fénix. También piden que la planta minera, que se ubica a siete kilómetros del centro del municipio de El Estor, Izabal, suspenda sus actividades y desconocen a un grupo de personas que se autodenominan Consejo de Comunidades Indígenas Maya Q’eqchi’ y representantes de las comunidades, quienes presentaron un amicus curiae ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en abril del 2020, en favor de la licencia minera Fénix.
Las demandas del pueblo Q’eqchi’ no son fácilmente escuchadas por el Gobierno central y municipal. A inicios de este año se acercaron a la municipalidad para ser reconocidos y acreditados, pero la respuesta del gobierno local, en junio pasado fue que no era posible porque no presentaron la “toda la documentación legal necesaria y la documentación presentada no reúne los requisitos legales”.
El pasado seis de agosto, las autoridades del Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ tuvieron la visita del viceministro de desarrollo sostenible, del Ministerio de Energía y Minas Oscar Pérez, en el municipio de El Estor, a quien pidieron que la compañía de níquel CGN-Pronico de Solway Investment Group, suspenda sus operaciones, para dar inicio al proceso de preconsulta y que también sean incluidos y acreditados en este proceso.
Ante las peticiones de las autoridades comunitarias, el viceministro de Energía y Minas respondió ese día en la reunión: “comprendemos las razones legitimas que ustedes nos pueden dar, pues existen temas legales”, sin embargo puntualizó que nadie esta obligado a acatar órdenes que no estén fundamentadas en la ley. Para las autoridades comunitarias del Consejo Ancestral todo lo que se dijo ese día evidencia que el gobierno no está con el pueblo.
En una entrevista con Pérez, sobre la sentencia y el por qué la empresa minera continúa sus actividades señaló, “la sentencia no dice que deba suspenderse la operación industrial, eso es bien importante que la población lo sepa, la sentencia lo que suspende es el derecho de la extracción de materiales de la licencia minera Fénix, son 6.29 kilómetros cuadrados”.
Según las autoridades maya Q’eqchi’, la compañía de níquel CGN-Pronico de Solway continúa sus operaciones, principalmente en la planta procesadora del ferroníquel y sube maquinaria a un costado de las montañas cercanas de la cantera, lo que fue documentado el 14 de agosto, con fotografías y videos, según los comunitarios la empresa minera está realizando exploraciones en esa área.
El abogado Rafael Maldonado criticó las declaraciones de Pérez y en un momento de la reunión de ese día, tomo la palabra y dijo: “en primer lugar la Corte de Constitucionalidad ordenó la suspensión de la licencia minera Fénix”, y agregó que la planta está dentro de la licencia y de los 6.29 kilómetros que por ende deberá suspender sus actividades. A la pregunta de las autoridades comunitarias sobre por qué la mina sigue trabajando Maldonado respondió “porque el Ministerio de Energía y minas se lo permite”.
Según Maldonado, la Corte de Constitucionalidad (CC) identificó, que la empresa minera que opera en la región desde hace más de 15 años, “explotó minerales y los procesó en esa planta que ellos dejan operar ilegalmente, sin tener estudio de impacto ambiental. Señaló y agregó que según en los recursos de amparo, ante la CC, no fue argumentado por los amparistas. La Corte en sus facultades evidenció que otorgaron la licencia sin tener el estudio de impacto ambiental en los más de 300 kilómetros y por eso se reduce el área de la licencia.
Maldonado aclaró que los motivos de la suspensión de la licencia minera Fénix por la CC en junio del 2020 fueron: la falta de consulta, haber operado ilegalmente y que la licencia en 2005 fue otorgada sin que se cumpliera con las normas de responsabilidad ambiental.
En una parte de la sentencia resuelta por la CC, el 19 junio del 2020 se puede leer “el Ministerio de Energía y Minas otorgó la licencia de explotación a la entidad de CGN sin que ésta cumpliera con el requisito de aportar un estudio de impacto ambiental del área total que pretendía explotar y no atendió la cosmovisión de los pueblos indígenas asentadas en el área”, según en el comunicado de prensa publicado por la CC.
El abogado Maldonado señaló que en el Ministerio de Energía y Minas cambiaron la licencia de explotación y dijo que la CGN únicamente exporta minerales. Para Maldonado esta credencial fue otorgada el 23 de diciembre 2020 por el Ministerio de Energía y Minas y que en ese momento ya era Ministro Alberto Pimentel Mata y Viceministro de Desarrollo Sostenible, Oscar Rafael Pérez Ramírez.
Es importante recordar el comienzo de esta acción legal del pueblo Q’eqchi’, en contra de la compañía de níquel CGN-Pronico de Solway Investment Group, por la contaminación al lago de Izabal, a finales de marzo del 2017 tuvieron que organizarse los líderes comunitarios y la Gremial de Pescadores y fueron perseguidos penalmente.
Acreditación de las autoridades Q’eqchi’ para el proceso de preconsulta
“En esta reunión de repente no vamos a estar de acuerdo en todo, pero lo importante es que tratemos de escucharnos y de llegar a un punto común”, dijo Pérez al escuchar a Jorge Tec Pop, autoridad del Consejo Ancestral, quien expresó que el Ministerio de Energía y Minas no los ha tomado en cuenta y que ha acreditado a otras personas que han dividido a la población y que han hecho acciones en favor de la empresa minera.
“Basta ya, es mucho, esas personas con las que ustedes se han reunido varias veces, hasta incluso ustedes ya han nombrado titulares, suplentes. Esa no es nuestra forma de organización”, expresó Tec, refiriéndose a un grupo de personas que se identifican como Consejo de Comunidades Indígenas Maya Q’eqchi’ (CCMQ) y representantes legales de las comunidades, pero según el Consejo Ancestral no son legítimos, pues sus acciones no favorecen a las comunidades de la región afectadas por la licencia minera Fénix.
Un ejemplo de ello fue el amicus curiae que presentaron ante la Corte de Constitucionalidad a favor del proyecto minero Fénix el 24 de abril de 2020. Los integrantes de este Consejo de Comunidades Indígenas, Miguel Tox Sagui, Maximiliano Suchite Caal y Lorenzo Ical Chocoj, actuaron como representantes legales, según indica el documento.
“Tómenos en cuenta y haga saber que hay indígenas en El Estor, que velan por los derechos humanos y aunque por eso seamos perseguidos penalmente, sacrificados incluso por nuestras propias vidas”, expresó en la reunión Pedro Cuc Pan, autoridad del Consejo Ancestral, al dirigirse a Óscar Pérez.
Cuc Pan solicitó que dejen de darle la representación solo un grupo de personas que “supuestamente dicen que están hablando por el pueblo, pero no están hablando por el pueblo, están hablando por sus propios beneficios y por sus propios bolsillos”.
Las comunidades y sus representantes también señalaron a algunas personas con nombres y apellidos por la división que han creado y confusión en la población, “Romel Reyes ahorita está metido en la municipalidad y es la asociación ANADE y Sa Komonil y ahora es coordinador de Desarrollo de la municipalidad de nuestro pueblo, pero no vamos a pelear en eso, estamos esperando que la justicia llegue”, expresó Humberto Coc autoridad del Consejo Ancestral.
Según Pérez, la reunión del 6 de agosto fue un acercamiento de las comunidades Q’eqchi’ con el fin de buscar una oportunidad para acreditar a las autoridades indígenas y que se cumpla con la sentencia. Confirmó que hay un grupo de personas acreditadas representando a la población Q’eqchi’. También expresó que “ellos tienen actas que demuestran que son una organización representativa de mucho tiempo y que tienen el respaldo de las comunidades”, refiriéndose del Consejo de Comunidades Indígenas (CCMQ) que favorecen a las empresas con sus acciones.
Pérez añadió que si existe otra entidad con legitimidad, pero que no se les puede excluir, en tanto que las autoridades del Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ cuestionaron a Pérez y los cuestionaron sobre su designación como representantes de las comunidades.
El abogado Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, que asesora a las autoridades comunitarias, expresa su preocupación el trámite de los documentos o memorial presentado al Ministerio de Energía y Minas, por la lentitud para ser acreditados los integrantes del Consejo Ancestral.
Para el Consejo Ancestral maya Q’eqchi’ que representa a todas las comunidades de la región, las mujeres tienen el mismo derecho y ellas también fueron nombradas en asamblea general del Consejo de Autoridades Ancestral para la toma de decisiones, específicamente en este proceso de consulta por la actividad minera. Según Adela Choc Cuz, de 66 años, “ya estamos cansadas de la empresa nos desalojan, nos amenazan y esta dañando mucho nuestros cultivos, y eso ya no queremos nosotros”.
Los Estados de prevención, Estado de sitios y toques de queda en el municipio de El Estor, Izabal han sido una herramienta del Gobierno para detener las movilizaciones y las inconformidades de la población Q’eqchi’ en contra de la compañía de níquel CGN-Pronico de Solway Investment Group. En este momento hay cinco personas Q’eqchi’ bajo medidas sustitutivas, desde el 2019 acusadas por la misma empresa minera, dejando clara la complicidad del sistema de justicia en el departamento de Izabal y la impunidad en la opera la compañía de níquel.
La problemática social generada por la presencia de las empresas mineras en El Estor, Izabal, no es nueva. Este tipo de problemáticas han sido sensibles en todo el país, en algunos lugares es mucho más violenta que en otros, como ha ocurrido en las comunidades Q’eqchi’ en El Estor, de igual manera en comunidades Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez, comunidades Xinkas y mestizas de San Rafael Las Flores, Santa Rosa y Jalapa o en San José del Golfo, con la minera en La Puya.
El diputado de la bancada Semilla, Román Castellanos, se reunió con varios directivos de la Gremial de Pescadores Artesanales y autoridades indígenas Maya Q’eqchi’ de El Estor, el pasado 25 de agosto en las oficinas del Congreso de la República. Las autoridades Q’eqchi’ denunciaron todas las anomalías e irregularidades en el proceso de pre consulta por el proyecto minero Fénix, además denunciaron que la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN y la Compañía Procesadora de Níquel Pronico, de capital ruso, siguen operando la licencia minera Fénix.
Para Castellanos, se puede confirmar el rechazo que existe de la población a la minería, especialmente porque la extracción minera no deja ningún tipo de beneficio al país, mucho menos a las comunidades afectadas.
“Las autoridades estatales de turno, facilitan la llegada de empresas transnacionales a extraer los minerales, sin ningún tipo de garantía para el Estado, ni para el país, ni para la sociedad. Pero seguramente sí que dejan muchos créditos en términos de sobornos para los funcionarios, como lo que está ocurriendo ahora, alrededor de la presencia de los rusos en el país”.
Una de las principales denuncias sobre la preconsulta se trata de cómo el Ministerio de Energía y Minas MEM, a través de sus delegados en Izabal, prepara y gestiona un proceso de pre consulta, que excluye a los principales actores damnificados en este problema. A las autoridades indígenas Q’eqchi’, amparistas y Gremial de Pescadores Artesanales, a quienes de manera arbitraria se les ha excluido de todo tipo de reunión. “Se excluye a unos y se beneficia a la empresa minera. Cuándo se obstaculiza la participación de las autoridades indígenas legítimas del pueblo Q’eqchi”, afirmó Castellanos.
Las autoridades indígenas de El Estor, denunciaron que el MEM, toma únicamente en cuenta a todas aquellas personas que han externado su respaldo a la empresa minera rusa, la misma actitud ha mantenido la Municipalidad de ese municipio y el alcalde José Joel Lorenzo Flores, a tal extremo que presentó en 2019 un Amicus Curiae -un documento en respaldo al proyecto minero Fénix-, sin informar a la población.
“Todo ese bloqueo, con seguridad responde a intencionar un resultado favorable a la empresa minera, o por lo menos eso es lo que se ve de la forma de operar del Ministerio de Ambiente y Energía y Minas.” dijo Castellanos.
En el contexto actual de la cooptación de la justicia y de cómo quedó conformada la nueva Corte de Constitucionalidad CC, se puede prever que resoluciones como lo ordenado de suspender al proyecto minero podrían ser revocadas o modificadas. Dos años atrás la CC presidida por Gloria Porras resolvió que como condición para poder realizar la Consulta libre, previa e informada de las comunidades afectadas por el proyecto en cuestión, se debe suspender toda operación de Solway, Pronico y CGN vinculadas a la licencia Fénix.
“Seguramente esta corte podría favorecer más a los actores inclinados a continuar con la extracción de recursos a costa del bienestar de las comunidades. La duda que se genera es qué se puede obtener de los juzgados, debido a toda la estrategia de captura de las instituciones de justicia, que es para favorecer el régimen político actual, pero también de todos aquellos actores que se benefician de todos los bienes del estado.” refirió Castellanos.
Desde el trabajo de la bancada se reafirma el rechazo a estas formas de cómo están extrayendo las riquezas del país. El ministro del MEM, Alberto Pimentel Mata tiene una interpelación en el Congreso de la República que está ya agendada en el orden del día, Pimental tendrá que responder por la problemática social provocada por la minera en El Estor, como los actuales casos de corrupción del presidente con las principales empresas rusas extractoras de níquel como Mayaníquel y CGN.
En agosto se registraron 542 casos positivos a COVID-19 en El Estor, Izabal y esto preocupa al personal del centro de salud, que ya ha tenido dos decesos de compañeros en el área rural. En este período se han registrado 16 personas fallecidas. Según autoridades de salud, el número de personas que han perdido la vida podría ser mayor, pero que los familiares no los reportan y de manera informal han recibido reportes en la muerte de neonatal (niños muriendo contagiados por las mamás).
Actualmente el centro de salud tiene registrados 154 casos activos. Cecilia Barrientos, enfermera del distrito de El Estor pidió que la población acate todas las medidas sanitarias “la población debe de asumir la parte de responsabilidad que le corresponde y detener esto”, expresó, también indicó que se reportan de 15 a 20 casos positivos diarios. El personal del centro de salud trabaja las 24 horas específicamente en la clínica de infecciones respiratorias por COVID-19.
Foto: Carlos Choc
Los cementerios aún no han colapsado “se encuentran 15 nichos municipales de los cuales tenemos cinco disponibles”, dijo el doctor Pablo Mejía, encargado del centro de salud, y añadió en cuanto al protocolo que se sigue a las personas fallecidas, que la población afectada colabore, dejando que el personal de salud realice su trabajo de desinfección, y cumpla la cuarentena para que más personas no sean infectadas. Según el personal del centro de salud, los insumos y recursos son limitados en estos momentos.
La enfermera Cecilia Barrientos puntualizó que si las cifras de fallecidos continúan en aumento, no habrá donde enterrar a las personas, “el espacio va a quedar corto y vamos a necesitar que se aporte con nuevas construcciones”; también indicó que ya son más de 4 mil 735 dosis administrada de vacunas contra la COVID-19.
Las vacunas que se están administrando en la población son Astra Zeneca y Moderna y 1 mil 107 personas que ya completaron la dosis correspondiente. El 10 de marzo comenzaron con la campaña de vacunación y se inició con el personal del centro de salud, luego con las promotoras de salud, entre ellas comadronas, algunas de las cuales no quisieron ser vacunadas. Posteriormente con la población, donde se acercaron jóvenes de 18 años, personas adultas y según el personal de salud la población comenzó a responder al llamado.
¿Algunas comunidades en El Estor han rechazado la vacuna?
En el centro del municipio se puede observar a las personas que están asumiendo la responsabilidad del uso de las mascarillas, sin embargo, la enfermera Barrientos dijo que “hay alrededor de 16 comunidades en el área sur que rechazaron el proceso de vacunación”. Algunas personas fallecen por COVID pero no son reportados por los familiares, lo que complica el trabajo del personal de salud.
En el área norte, algunas comunidades aceptaron las vacunas, entre ellas Sexan, Chichipate que se acercaron al centro de vacunación, “actualmente sabemos de comunidades completas que están infectadas por COVID y que están teniendo decesos, pero no han aceptado que nosotros lleguemos”, expresó la enfermera Barrientos.
En El Estor, hay un total de 25 personas fallecidas por COVID-19; 16 personas fallecidas en casa y 9 en los hospitales. También es uno de los municipios con mas casos positivos registrados con un total de 1 mil 303 personas entre hombres, mujeres y adultos mayores. En 2020 fueron 362 casos positivos y en este año 2021 casi se triplicó con una cifra de 941.
En el centro de salud se realizan los hisopados y según el personal, anteriormente costaba mucho que las personas se acercaran a hacerse la prueba; ahora es todo lo contrario y todos los días llegan más de diez personas, e incluso se ha tenido que disminuir la cantidad de pruebas, pues se terminan, debido a las demandas de las personas.
Foto: Carlos Choc
En el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, se instalaron dos puestos de control sanitario, donde se tomaba la temperatura de las personas y se realizaba la desinfección de los vehículos, lo cual duró más de ocho meses, según indicó el personal de salud, que pide a la población asumir la responsabilidad de tomar las medidas sanitarias y no arriesgar su vida y la de su familia.
El Consejo Ancestral de Autoridades Maya Q’eqchi’, viajó desde el departamento de Izabal para accionar de nuevo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Esta vez es un recurso administrativo en contra del ministro Alberto Pimentel, debido al manejo malicioso de las reuniones preparatorias de preconsulta, para las autoridades indígenas Pimental busca beneficiar a la compañía de níquel.
Las autoridades indígenas viajaron durante la noche y madrugada desde El Estor, a las 9 de la mañana frente al edificio de la CSJ, realizaron una conferencia de prensa el lunes 27 de septiembre. Este lugar se conoce como la plaza de los derechos humanos, en el Centro Cívico de la ciudad de Guatemala, viajaron para exigir que se respete su derecho a decidir a través de la consulta sobre la minería de níquel en su territorio.
El viaje de 320 kilómetros duró nueve horas para entregar un recurso administrativo en la CSJ, con el que hacen visible que las autoridades del MEM, con sus acciones buscan excluir a las comunidades afectadas por la licencia minera Fénix. Extrañamente ya fueron acreditadas personas afines a la Municipalidad y la misma compañía, denunciaron en la CSJ.
La Municipalidad de El Estor ha realizado por lo menos dos reuniones con algunos representantes de los Consejos Departamentales de Desarrollo Cocode, en los documentos de convocatoria se especifica que el tema es la preconsulta. Varias de estas personas no cuentan con la aprobación de las asambleas comunitarias, afirmaron las autoridades indígenas. Al mismo tiempo la Municipalidad bloqueó la acreditación del Consejo Ancestral de Autoridades Maya Q’eqchi’. Exclusión y corrupción, las dinámicas detrás de la preconsulta por proyecto minero de níquel
Recurso Administrativo contra Alberto Pimentel. Foto Andina Ayala
Pimentel, ¿operador político de CGN o ministro?
Los abogados que acompañan al Consejo Ancestral de Autoridades Maya Q’eqchi’, Eddy Aspuac y Wendy López, explican que el ministro Pimentel se está extralimitando en el tema de preconsulta y consulta, al haber hecho una “selección” de seis comunidades, y sus respectivos Cocodes y que al mismo tiempo no quiere adherir a las 168 comunidades Q’eqchi que deben de ser consultadas de manera libre, previa e informada.
“El argumento que dio el ministro, es que solo se va a consultar a las comunidades que residen en el área de influencia del proyecto”, dijo Eddy Aspuac. Pero la resolución de la Corte de Constitucionalidad CC, que en junio de 2019, favoreció a la mayoría de comunidades del municipio de El Estor y a la Gremial de Pescadores Artesanales -amparistas desde 2018-.
La CC resolvió que más allá del impacto medio ambiental, la consulta libre, previa e informada es un derecho humano y está ratificada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-.
La fecha límite para acreditar a quienes “participaran” de la consulta finalizó este día, pasados los 30 días de plazo, con esto quedan fuera 94 comunidades imbricadas en el territorio de las operaciones de la licencia minera Fénix.
Alberto Pimentel ha evadido la interpelación en el Congreso de la República, con el apoyo del bloque oficialista, grupo al que se le denominó pacto de corruptos. La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE busca cuestionarlo por el caso de corrupción en ese ministerio, la denuncia de la entrega de dinero por mineras rusas al presidente Alejandro Giammattei y por las ilegalidades del proyecto minero Fénix.
Las autoridades indígenas con el apoyo de la bancada Semilla en el legislativo, se ha intentado en varias ocasiones citar al ministro, en sustitución aparecen sus viceministros. Lo mismo ha ocurrido con la bancada Winaq, por aparte con el diputado Aldo Dávila y otras organizaciones nacionales e internacionales como la Comisión Internacional de Juristas CIJ.
Mientras Pimentel logra escabullirse de las citaciones y de la interpelación, el tiempo corre, la preconsulta y consulta comunitaria tiene un plazo no mayor de 18 meses para ejecutarse y desde ya está corriendo el riesgo de quedar a la medida de la compañía de níquel, empresa que en desacato a la suspensión de la CC sigue operando en El Estor.
#Izabal | Autoridades indígenas Q’eqchi’ de El Estor denuncian la cooptación del Estado y los beneficios que empresarios rusos han recibido de parte del gobierno. Andina Ayala pic.twitter.com/0D4RGvML8a
LINEAS DE COMUNICACIÓN DEL CASO MINA FENIX RELACIONADO CON LA CONSULTA
Guatemala, 28 de septiembre de 2021
En fecha 18 de junio de 2020, se emitió una sentencia por parte de la Corte de Constitucionalidad, que ordena realizar la consulta, libre, previa e informada, en el Estor por el proyecto minero Fénix; esta sentencia cobró firmeza en mayo de 2020.
Las comunidades indígenas de El Estor y Panzós, nombraron a sus delegados, en base a sus formas propias de organización, y para el efecto se celebraron 48 asambleas comunitarias y nombraron a sus representantes, con calidades para este proceso;
El 24 de junio y 12 de julio ambos del presente año, presentaron sus peticiones al Ministerio de Energía y Minas, sin embargo, este se resistió a acreditarlos bajo el argumento que ya tenían una representación, de un “supuesto Consejo de Autoridades Indígenas” cooptado por la Municipalidad, y operado por el señor Romel Reyes, quien gestionó dentro del amparo un amicus curiae, dando su anuencia a la actividad minera.
El señor Viceministro Oscar Pérez se reunió con todos los delegados en fecha 6 de agosto de 2021 y se hizo del conocimiento que este supuesto Consejo no representa a las comunidades indígenas ni han sido delegados para representar los intereses comunitarios, no obstante, los tuvo por acreditados excluyendo la participación de las comunidades indígenas.
Denunciamos las maniobras del Viceministro Oscar Pérez y del Ministro Pimentel, que resumimos en los siguientes puntos:
Realizan una interpretación ilegal de la sentencia, que busca agilizar el proceso de consulta para corresponder a los compromisos que tienen con los Rusos;
Dieron por válido un estudio realizado por una empresa particular para interpretar que los únicos que deben ser consultados son los que están en un área de 6 km considerando que los demás comunitarios no tienen interés en el asunto;
Nos informaron a través de dos oficios, sin expediente y sin reunir formalidades legales, que los delegados fueron excluidos del proceso de consulta y que acreditaron a un grupo cooptado por la minera y la municipalidad para garantizar sus intereses espurios;
El día de hoy 28 de septiembre de 2021, se reunieron en forma secreta, en una finca ubicada en Puerto Barrios, donde definen la consulta, sin la participación de representantes legítimos de las comunidades indígenas;
Este es un hecho ilegal, que desnaturaliza el proceso de consulta y los derechos humanos de las comunidades;
Exigimos:
que se realice un cumplimiento debido de la sentencia, sin incurrir en responsabilidades penales por su ilegalidad;
que cesen los actos de discriminación y violación de derechos humanos sistemáticos por parte del Ministerio de Energía y Minas
Que se imponga los Derechos Humanos, por sobre los intereses corruptos y connivencias que pudo haber con los Rusos que presionan para que se sigan violando derechos ambientales y derechos humanos.
Comunicado publicado el 27 de septiembre en el marco de la visita del Consejo Ancestral de Autoridades Maya Q’eqchi’ a la Corte Suprema de Justicia.
Las familias de tres estudiantes de biología de la Universidad del Valle de Guatemala, encontrados muertos en 2012 en las instalaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, denunciaron graves retrocesos en el caso judicial, a tal punto que el principal señalado del crimen, Lemuel Valle y la CGN podrían ser absueltos.
En conferencia de prensa realizada en la ciudad de Guatemala, las familias de tres universitarios denunciaron que los magistrados de la Sala de Apelaciones de Puerto Barrios en Izabal, resolvieron de manera arbitraria uno de los recursos de casación planteados por los familiares para evitar que Lemuel Valle y la compañía de níquel queden libres de responsabilidad penal y condena.
El abogado de las familias, Luis González, consideró ilegal que la sala de apelaciones de Puerto Barrios volviera a resolver a favor de CGN. La sala, excediéndose en sus facultades, hizo una reinterpretación de la prueba contra el biólogo y extrabajador de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) Lemuel Valle, condenado en 2019. Los magistrados, que hicieron esto y que los padres ahora señalan de corruptos son: Henry Ramón Soberanis Chocooj, Nicolás Cuxil Witz, y Carlos Enrique Casado Max.
Conferencia de prensa de las familias del caso de los estudiantes de UVG. Foto Nelton Rivera
La fase de impugnaciones es muy frustrante, apunta Luis González. En 2019 las familias obtuvieron una condena para Lemuel Valle y una multa millonaria para CGN pero quedó desvinculada la universidad Del Valle, por lo cual llevaron una casación a la Corte Suprema de Justicia. La minera hizo lo suyo y apeló la condena ante una sala de Puerto Barrios, dicha sala resolvió a favor de CGN y Lemuel Valle, librándoles de la resolución condenatoria.
Las familias interpusieron una casación contra la sala de apelaciones de Puerto Barrios:
“Nuestra casación ordenaba a la sala que resolviera de acuerdo a la CSJ, pero la sala emitió nuevamente una sentencia, con abuso de autoridad ya que la conocieron los mismos magistrados e incluso hacía falta uno. Legalmente debían haberse excusado. Son anomalías que nos obligan a regresar a la CSJ para que conozca nuevamente”, aseguró González.
Universidad del Valle de Guatemala no respaldó a las familias
En septiembre de 2019, las familias obtuvieron una resolución condenatoria para Lemuel Valle, encargado de los estudiantes Ángel, Carlos y Naomi, le dictaron culpable de homicidio culposo y le establecieron 5 años de cárcel conmutables. Esto sucedió en un juzgado de Puerto Barrios, a través del Juez Felicito Mazariegos. A la CGN, se le estableció responsabilidad civil por ser Lemuel, un empleado de la empresa.
Conferencia de prensa de las familias del caso de los estudiantes de UVG. Foto Nelton Rivera
Una de las inconformidades que expresaron las familias es que la universidad actuó de manera antiética en este proceso, las dejaron solas, siendo las autoridades universitarias igualmente responsables de la integridad de sus hijos.
“La universidad Del Valle no afrontó ninguna responsabilidad por la muerte de nuestros hijos”, dijo Carlos de León, padre de Ángel de León, uno de los tres estudiantes muertos en El Estor, Izabal.
Se estableció el pago Q51 millones de resarcimiento por el delito, a favor de las familias, resarcimiento que no obtuvieron las familias debido a la apelación que hizo la minera.
Al término de dos o tres meses la condena se desmoronó. Lemuel y la minera presentaron un recurso de apelación en la sala de Puerto Barrios y sorprendentemente en un chasquido de dedos, lograron que se resolviera lo que a las familias les había costado ocho años.
En la resolución de la sala de apelaciones de Puerto Barrios decidieron dejar sin efecto la sentencia que se había emitido: el argumento fue que había sido un hecho fortuito, y no encontraban la relación laboral de Lemuel Valle con la minera.
Las familias se vieron obligadas a poner un recurso de casación, que reafirmó la condena y permitió a la sala de apelaciones dejará en firme la sentencia contra Lemuel y la mina.
“La muerte fue el 31 de marzo de 2012, hemos agotado muchos recursos dilatorios de parte de la minera y de la universidad”, dijo cansado Carlos de León. En la mesa tres madres se voltean a ver, no les faltan las ganas de llorar al recordar que sus hijos fallecieron en una gira de campo.
Fueron a monitorear lagartos y no regresaron, en la mina afirman que se ahogaron. Las investigaciones del Ministerio Público, encontraron que habían sido golpeados con un objeto pesado. Las pruebas sobre la lancha no sustentan la versión de Lemuel, único sobreviviente del supuesto ahogamiento.
Lemuel y la mina interpusieron recursos de casación ante la Corte Suprema Justicia, que ahora se están conociendo en la Corte de Constitucionalidad, una corte cooptada por magistrados no idóneos.
El abogado afirma que ahora están luchando, “no contra el procedimiento ordinario, sino contra las fuerzas que tienen controlados los juzgados de Puerto Barrios, la Compañía Guatemalteca de Níquel, que sigue ejerciendo su poder para bloquear nuestra búsqueda de justicia. No hay una autoridad en Puerto Barrios que haga cumplir la ley”.
El martes 28 de septiembre el Ministerio de Energía y Minas realizó “la primera reunión de preconsulta comunitaria en dónde participaron comunidades indígenas maya Q’eqchi”, dejando fuera a los líderes que desde el inicio propiciaron este plebiscito por uno de los proyectos mineros de níquel.
Oscar Rafael Pérez, actual viceministro de Energía y Minas, dio declaraciones sobre la reunión realizada en Puerto Barrios, para tratar el tema de la preconsulta del proyecto minero Fénix, en la que participaron diversas instituciones estatales convocadas por este ministerio, la que generó el descontento social de sectores comunitarios, que se han opuesto a la extracción minera en los departamentos de Izabal y Alta Verapaz.
En las declaraciones del viceministro se pueden identificar una serie de irregularidades que fueron denunciadas por abogados y autoridades indígenas Q’eqchi y confirmamos varios argumentos del viceministro que se alejan de la verdad.
Las irregularidades
Las reuniones se realizan fuera del municipio de El Estor, territorio donde se ubica la licencia de níquel Fénix y dónde la población, especialmente el pueblo Q’eqchi, debería de participar y ser informado.
El secretismo con que se montó el evento. La agenda planeada por el MEM duró más de lo previsto. Usaron un lujoso hotel ubicado en la bahía de Santo Tomás de Castilla, -lugar en donde los rusos, también quieren construir su propio puerto-.
El MEM convocó a 38 representantes titulares y suplentes de las 13 supuestas instituciones que enlistó la Corte de Constitucionalidad (CC). Representantes de los ministerios de Energía y Minas, Ambiente y Recursos Naturales y Cultura y Deportes, a la Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH-, a la Comisión Presidencial del Diálogo -como mediador y facilitador-.
También a los Consejos Municipales de Desarrollo y a dos Consejos de Comunidades indígenas, uno de El Estor y otro de Panzós. A la Universidad de San Carlos de Guatemala USAC y universidades privadas del área, y hasta la Compañía Guatemalteca de Níquel -CGN-.
A todos, menos a las autoridades de comunidades y aldeas, a la sociedad civil, a los pescadores, que en un principio accionaron como amparistas para que la CC reconociera su derecho de consulta comunitaria y que ahora confluyen en el Consejo Ancestral Maya Q´eqchi´ de El Estor.
Cuatro mentiras del viceministro del MEM
Según el viceministro de desarrollo, Oscar Rafael Pérez, la sentencia de la CC establece que los tres actores principales en la consulta son: el MEM, las comunidades y CGN.
Pérez afirma que se realizarán 3 reuniones para la preconsulta comunitaria, haciendo uso del Convenio 169 de la OIT. Luego se contradice: “Serán las personas acreditadas, quienes en un mes y medio podrían definir la modalidad de la consulta”.
“La consulta es un diálogo para que juntos podamos llegar a acuerdos que permitan viabilizar en este caso el derecho minero Fénix”.
“Convocamos a las 13 instituciones que fueron indicadas por la CC en la resolución, el momento de una modificación para ese amparo ya pasó”.
“Convocar a consulta solo a las comunidades que están dentro del área de influencia. La mayoría de comunidades que comparecen no están dentro del área de influencia, lo mismo con los amparistas, la gremial de pescadores no está incluida dentro de la sentencia de la CC”.
“La legitimidad para la participación de los pueblos indígenas a consultar. El ministerio se apegó al artículo 26 del reglamento de la ley de Consejos de Desarrollo (COCODE). Establece que en ausencia de reglamentación específico para realizar consultas, se puede realizar a través de los representantes de los Concejos de Desarrollo”.
Desmintiendo al viceministro
El abogado Juan Castro, del bufete de Pueblos Indígenas, explica que la sentencia de la CC, delimitó 6 de los 247.5 kilómetros de explotación que habían obtenido ilegalmente, pero nunca dijo que solo a las comunidades dentro de ese radio debía consultarse. Al respecto de la consulta dijo:
“Sí es un diálogo. ¿Pero con quién van a dialogar? con los representantes legítimos, o con los que conviene. Vamos a accionar penalmente contra ellos (el MEM) porque lo que están haciendo es cumplir con los compromisos que tienen con los rusos. Lo de la alfombra que destapó la FECI, se está materializando también con la consulta”.
Otra de las formas con las que el MEM quiere enredar el proceso, es insertar la consulta en el código municipal, cuando la consulta que ordenó la corte es apegada al convenio 169 de la OIT.
“La corte les ordena y dice cómo deben hacer la consulta. Dice que los pueblos van a mandar a sus autoridades, por ello, 48 comunidades delegaron a 92 representantes. Pero el MEM solo acreditó al consejo ancestral que está básicamente al servicio de la municipalidad y de la empresa”, indicó Castro.
La consulta debe hacerse de acuerdo a las formas de organización y cosmovisión del pueblo indígena a consultar.
“Hay que considerar que para el pueblo Q´eqchi´, el territorio no es solo una comunidad. De todos modos CGN ya está expandiendo su territorio de exploración y el área de influencia no es la única que se ve afectada, hay dos zonas la directa e indirecta, como los lugares sagrados de las comunidades, que aunque no vivan allí, es parte de su territorio”, afirmó el abogado Juan Castro.
Según el análisis que ha hecho el Bufete de Pueblos Indígenas, el ministro y los funcionarios vinculados están discriminando, porque si entran las 48 comunidades tiene miedo de que se reconozca el no consentimiento. Como abogados defensores del proceso necesitan que se reconduzca el proceso, que sea democrático y no como lo está llevando el MEM hasta ahora.
No es la primera vez que desmienten al viceministro
Desde la madrugada del 4 de octubre, El Consejo de autoridades ancestrales Maya Q’eqchi’ de El Estor, Izabal decidió organizarse en una resistencia pacífica. Un plantón permanente ubicado en la salida de El Estor hacia Río Dulce, cerca del Barrio Sinahí y otro en la salida a Panzós en el departamento vecino de Alta Verapaz.
El objetivo de esta acción es porque no han sido respetados en cuanto a su derecho de consulta, derecho que fue ratificado por la Corte de Constitucionalidad CC en 2019, por el proyecto de extracción minera Fénix, de la Compañía Guatemalteca de Níquel, CGN y de la empresa rusa Solway. Quienes no cuentan con la licencia de extracción minera desde el año 2005.
También rechazan la manipulación del gobierno, para la realización del proceso de consulta, especialmente por el Ministerio de Energía y Minas MEM.
Cerca del lugar de los puntos de resistencia, se ha notado la movilización de radio patrullas y varios agentes de la PNC cercanos de Izabal y de otros departamentos.
Las autoridades maya Q’eqchi manifiestan:
Que las y los representantes legítimos de las comunidades indígenas del pueblo Maya Q’eqchi’ fueron excluidos de los procesos de la preconsulta, por el gobierno de Guatemala que promueve el ministerio de energía y minas MEM.
También plantean que debe respetarse la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, Expediente 197-2019, que ordenó la suspensión de la actividad minera, hasta que se realice el proceso de la consulta.
Hacen un llamado pacífico a los pueblos aludidos en la sentencia de la CC para hacer respetar su derechos a la Consulta previa, libre e informada, según el convenio 169 de la OIT, ratificado por el estado de Guatemala.
La organización comunitaria, de El Estor, Izabal, tomó las principales entradas del municipio, desde el pasado 4 de octubre, como una muestra del cansancio y molestia por una serie de agravios cometidos por las autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la empresa rusa Solway y la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN.
Los cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales del pueblo Q’eqchi’, instalaron dos campamentos de resistencia pacífica contra el Proyecto Minero Fénix.
Durante la noche, hombres y mujeres Q’eqchi’que acuerpan ambos campamentos, cenaron a un costado de la carretera; algunas personas llevaban sus alimentos, otras los preparan en el lugar. Cuentan solamente con el apoyo comunitario para sostener una lucha que inició desde el 2017 con la contaminación del lago de Izabal, cuando apareció una inmensa mancha roja.
Uno de los vehículos municipales es usado por militares para transportarse en El Estor. Foto Carlos Choc.
Los comunitarios permiten el paso de vehículos, con excepción de las góndolas -camiones que trasladan la mena de níquel, procesada en la planta o la tierra desde la cantera- que CGN o Mayaníquel envían al puerto Santo Tomás de Castilla por Solway en buques, rumbo a Europa o Asia.
Aunque el municipio mantiene cierta tranquilidad, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) enviados por decenas, incluido un grupo de antimotines, llegan constantemente a los puntos de manifestación, conversan con las principales autoridades, apuntan, toman fotografías de las personas y se retiran. El contingente que ingresó por la mañana del 4 de octubre permanece en el pueblo.
A pesar de que las autoridades de los cuatro Consejos Ancestrales del municipio, enviaron varios memoriales a las principales autoridades e instituciones estatales en El Estor, ninguna ha dado respuesta. El ministro Alberto Pimentel no se ha pronunciado, tampoco han detenido las reuniones a las que el MEM llama preconsulta, como una demanda de la gente en los puntos de resistencia pacífica.
Vecino de El Estor muestra un cartel en rechazo al Estado de Guatemala. Foto Carlos Choc
A esta movilización se sumó la Gremial de Pescadores Artesanales y los amparistas que en 2018 y 2019 acudieron a las cortes para demandar al MEM por la ilegalidad de las operaciones de CGN.
Por la mañana llegó a la resistencia pacífica un grupo de personas, entre representantes de Comités Comunitarios de Desarrollo (COCODES) que participan en las reuniones con la Municipalidad y el MEM, también trabajadores municipales. Luego de una discusión los representantes de los COCDES se retiraron del plantón, mientras los trabajadores municipales permanecieron en el lugar.
Uno de los auxiliares de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en la ciudad capital, fue informado sobre cómo se encuentran las autoridades ancestrales en resistencia, el inicio de la toma de la carretera y de sus demandas: el cese de las operaciones del proyecto Fénix y ser incluidos en el proceso preparatorio de preconsulta.
El proceso de preconsulta minera promovida por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), contrapone dos posturas confrontadas de la comunidad respecto al proyecto minero Fénix.
Por un lado, los cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Q’eqchi y la Gremial de Pescadores Artesanales en oposición y, por el otro lado, los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocodes), en apoyo. En diciembre deberán elegirse a los nuevos Cocodes en El Estor.
Los Cocodes fueron acreditados para la preconsulta como la única representación del pueblo indígena Q’eqchi, todo lo contrario ocurrió con los cuatro Consejos Ancestrales que existen en El Estor, estos fueron excluidos de las reuniones preparatorias.
Energía y Minas, usa como excusa que no existe una autoridad indígena en El Estor, razón por la cual recurren a las “autoridades oficiales” nombradas por la municipalidad. La exclusión que hace el MEM, coloca a los Cocodes en contradicción con los consejos ancestrales, los primeros a favor del proyecto minero y los otros en oposición.
Durante cuatro años, diversas autoridades Q’eqchi han mostrado su oposición a la extracción minera en El Estor, una actividad que se realiza de forma ilegal a cielo abierto y que desde el 2017 ha profundizado la problemática social en este municipio de Izabal. La organización comunitaria ha recurrido en distintos momentos a las autoridades municipales, ministerios como el de Energía y Minas, Medio Ambiente e incluso al Ministerio Público (MP) y en todas les han cerrado las puertas.
Del 2019 a la fecha, luego de promover una serie de demandas, expresadas en varios recursos de Amparo ante las dos principales cortes de justicia de Guatemala. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) fue demandado ante la Corte Suprema de Justicia CSJ por permitir que la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) operará durante 16 años sin licencias mineras en Izabal.
En el proceso de amparo la CSJ comprobó que la empresa no realizó la consulta comunitaria respectiva y que no cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por lo tanto, violó la ley de minería y no tiene la licencia minera del proyecto Fénix, pero esta corte permitió que la empresa continuará operando. La Corte de Constitucionalidad (CC) en 2019 en un recurso de apelación por lo resuelto por la CSJ, decidió suspender las operaciones de Fénix y le ordena al MEM realizar la consulta sobre el proyecto minero. Como condición para la consulta el MEM debe garantizar que la empresa suspenda Fénix, 27 meses han pasado y continúan en desacato de esta sentencia de la CC.
Dos años después, las autoridades indígenas se ven obligadas a tomar de nuevo las calles, para denunciar que son excluidos por el MEM en el proceso de la preconsulta. Además, continúan con la batalla legal en las cortes.
El Gobierno central y la Municipalidad, para justificar que la consulta se hará al pueblo Q’eqchi, acreditaron como “representantes” únicamente a los Cocodes y a una organización dirigida por uno de los trabajadores de la municipalidad, Romel Reyes, actual director de comunidades en desarrollo, una oficina municipal. El alcalde Joel Lorenzo Flores apoya abiertamente a la empresa minera, incluso presentó un recurso legal a favor del proyecto minero Fénix a la Corte en 2020.
En la última reunión con la empresa minera, el 28 de septiembre en Amatique Bay, el viceministro del MEM, Oscar Rafael Pérez afirmó que los Cocodes presentaron una serie de peticiones que incluyen proyectos. Esto ha vuelto a enfrentar las dos posturas comunitarias.
El 5 de octubre, durante el segundo día de la resistencia pacífica instalada en las entradas al municipio, las autoridades ancestrales y los pescadores suspendieron el paso de todo tipo de vehículos de las dos empresas mineras en el territorio, CGN y Mayaníquel. Ese día, durante la manifestación por la mañana, llegaron dos de las radiopatrullas de la PNC. Para Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores, esta es una de tantas formas que usan para intimidarlos.
“Nosotros hemos hecho varias acciones legales para que nos escuchen y no nos escuchan. El 26 de junio tuvimos la oportunidad de hablar con el vicepresidente de la república, Guillermo Reyes, y también estuvimos en reunión con la secretaria del viceministro del MEM, Óscar Perez’’ expresó Humberto Cuc a los agentes de la PNC que llegaron a la resistencia.
“Nosotros podemos ayudarlos e informar a nuestros superiores e informarles cuáles son sus peticiones; eso nos dijeron los policías ahorita”, expresó Juan Xol, integrante de la Gremial de Pescadores Artesanales, después de que la PNC se retiró del lugar.
Ese mismo día, las autoridades del Consejo Ancestral informaron que una de las personas que forma parte de los Cocodes del municipio, estaba dispuesta a dar declaraciones sobre lo que pasó el 28 de septiembre en el hotel Amatique Bay, durante la reunión convocada por el viceministro del MEM.
Pero esto fue malinterpretado por otros Cocodes locales, lo que provocó una discusión entre los miembros de los consejos que llegaron hasta el lugar de la resistencia y las autoridades ancestrales y pescadores. Al finalizar la discusión, los Cocodes se retiraron del lugar, acordando que no van a interferir en las manifestaciones de los cuatro Consejos Ancestrales.
La postura de los Cocodes por el proyecto minero Fénix
El mismo día 5 de octubre, el señor Rigoberto Bo, miembro del cocode de la comunidad Barrio El Renacer y trabajador en la compañía de níquel, le pidió una cita al periodista Carlos Ernesto Choc para hablar con él personalmente en el salón de la escuela. Para sorpresa del periodista de este medio, al llegar a la escuela se encontró con la presencia de todos los Cocodes de la microrregión, y no únicamente Bo.
El objetivo de los Cocodes de la Microregión 12 de llegar a la manifestación, era aclarar que ellos no están participando en la preconsulta par un beneficio personal y que se presentaron a solicitarles que dejaran continuar el paso a Francisco Chocoj, alcalde auxiliar de la colonia La Esperanza, quien se dirigía a su trabajo de rutina.
Francisco Chocoj afirma que él fue “retenido” a las 5:50 am cuando se dirigía a su trabajo y señaló que las personas en la resistencia le dijeron que se quedara en la manifestación. “Ustedes tienen que investigar lo que nos están señalando, por qué los Cocodes de la microregión 12 no está buscando su propio beneficio personal, y digo que si algo nos pasa será responsabilidad de ellos”, expresó Chocoj, luego de retirarse del lugar de la manifestación. Afirmaron que podrían tomar medidas legales en contra de las personas que se encontraban en la resistencia.
Los Cocodes piden “investigar” las declaraciones de Abelino Chub reconocido dirigente comunitario, declaraciones del día 3 de octubre. El dirigente en una asamblea en el Parque Central, denunció que hay Cocodes que están siendo manipulados por la municipalidad y que están condicionando el respaldo que están dando a la minera durante las reuniones a las que asisten con el MEM. Esta postura molestó a los Cocodes de esta microrregión.
El Viceministro Oscar Pérez, afirmó que alcanzaron consensos y acuerdos el 28 de septiembre, durante la “primera de las reuniones de preconsulta”, expresó desde el Hotel Amatique Bay en Puerto Barrios, Izabal.
Andina Ayala 
