Tiempo de lectura: 5 minutosPor Prensa Comunitaria
Alrededor de las 2 de la tarde de este viernes 22 de octubre, aprovechando que comunitarios en resistencia estaban almorzando, unos 300 agentes antimotines procedieron a ejecutar el desalojo del plantón pacífico antimenero instalado por autoridades de los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’ en el Estor, Izabal, que desde el 4 de octubre exigen ser tomados en cuenta en el proceso de preconsulta del proyecto Fénix, de la Compañía Guatemalteca de Níquel-Pronico, perteneciente a la minera rusa Solway Investement Group, que impulsa por el ministerio de Energía y Minas (MEM).
![]()
Después de varios días intentando llevar a cabo el desalojo, con el fin de que la empresa CGN-Pronico pudiera movilizar unos 40 camiones cargados de carbón a la planta de la minera Fénix, ubicada a unos 7 kilómetros del plantón pacífico, esta tarde los antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes, los cuales también alcanzaron a periodistas que estaban en el lugar.
De acuerdo con el relato de periodistas de Prensa Comunitaria que cubrieron este hecho, casi 50 bombas lacrimógenas fueron disparadas en contra de las personas. “Ni siquiera fueron disparadas para dispersar, sino que fueron dirigidas contra los cuerpos (de las personas), el impacto de una de estas bombas podría lesionar gravemente a una persona y si toca puntos vitales puede ocasionar incluso la muerte”, indicaron.
En un video se observa como personas que se encontraban en el lugar auxiliaban a un niño afectado por los gases lacrimógenos, quien fue trasladado a un centro hospitalario.
Entre los manifestantes había niños, mujeres, adultos mayores y no les importó disparar los gases lacrimógenos contra la población, incluso contra miembros de la prensa, relató el periodista. Además se metieron a propiedad privada de pobladores del Estor, anotó.
![]()
Los agentes indicaron que uno de los integrantes de la resistencia tenía un arma, lo cual fue desmentido por un periodista que estaba en el lugar. “Nosotros cuando llegamos vimos que la resistencia era pacífica a pesar de que los agentes están gritando que sí las tienen”, dijo en una transmisión realizada.
Una mujer Q’eqchi’ mostró a la prensa los depósitos vacíos de las bombas lacrimógenas que fueron utilizadas por las fuerzas especiales en contra de la población. Hasta el cierre de esta nota se desconoce cuántas personas resultaron heridas producto de los gases lacrimógenos.
Resguardando las góndolas de CGN-Pronico, los policías tiraron piedras a la población mientras antimotines avanzaban con el fin de que los camiones pudieran pasar por medio del plantón pacífico.
Asimismo, se pudo ver que algunos agentes de la PNC portaban fusiles israelí. Al menos unos seis elementos acompañaban al conductor de uno de los camiones de la empresa minera, con el fin de hacer retroceder a la población y se escucharon disparos cercanos al plantón, aunque no se logró identificar de donde provenían.
El desalojo en contra de la población Q’eqchi’ era un tema anunciado. Desde el pasado 19 de octubre, cientos de agentes de la PNC y personal de CGN-Pronico rodearon a la resistencia pacífica con el fin de desalojarlos.
Ayer, el gobernador de Izabal, Héctor Alarcón, amenazó con efectuar el desalojo. Mientras que periodistas de Prensa Comunitaria constataron que en hoteles de Río Dulce, Izabal, estaban alojados cientos de policías que cuidaban los camiones de la empresa.
Descontento del pueblo Q’eqchi’ es por falta de consulta
La resistencia a las actividades mineras se debe a que nunca se realizó una consulta comunitaria a la población. Además, la empresa CGN-Pronico de Solway Investment Group tiene una orden de suspensión de sus operaciones como resultado de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad en 2019, la cual no está siendo acatada.
Actualmente, el Ministerio de Energía y Minas impulsa un proceso de preconsulta sobre el proyecto minero, sin embargo, las autoridades comunitarias de los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’, de El Estor, no fueron incluidas.
En horas de la mañana, mujeres y hombres seguían en el lugar, en la jornada número 20 de resistencia pacífica. “Nosotros los indígenas maya Q’eqchi’ nos preguntamos ¿Será esto justicia o injusticia?” señalaba una de las mantas de protesta que portaban.
![]()
Antes del desalojo, representantes de la Gobernación Departamental llegaron al lugar para exigir a los comunitarios que desistieran del plantón y se comprometieron a instalar una mesa de diálogo, a la que ellos se negaron señalando que han agotado todos los espacios y sus opiniones en contra de las actividades de la minera nunca han sido escuchadas.
Cristobal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores, dijo que la empresa empezó a operar sin que las comunidades fueran consultadas. “No se hizo la consulta, pero aquí dicen que hicieron la consulta, pero miren cuantas firmas hay aquí, ¿Será que aquí hubo participación de las comunidades? Muchos de los Consejos Comunitarios de Desarrollo no saben, pero ahí están respaldando a la empresa”, indicó Pop, al mostrar documentos que respaldan sus afirmaciones.
“Está muy claro, y qué están haciendo ahorita, tienen una mesa de diálogo, los compañeros fueron, el 6 de agosto vino el señor Óscar Pérez (viceministro de Energía y Minas) se le habló, pero qué está haciendo, fueron a hacer una preconsulta en Puerto Barrios, y ahora están en Chamelco, Alta Verapaz, ¿será que está haciendo una consulta con transparencia?”, agregó.
Corresponsal de Prensa Comunitaria agredido
Durante el intento de desalojo el corresponsal de Prensa Comunitaria, Carlos Ernesto Choc fue golpeado. También le arrebataron el celular, el cual devolvieron minutos después pero se llevaron su micrófono.
En el lugar hay otros periodistas de Prensa Comunitaria, incluyendo un periodista extranjero, a quienes también se les intentó restringir su labor.
Uno de los antimotines dijo: “Pero que no nos graben a nosotros porque luego van a salir problemas porque cargamos armas”.
No les importó que hubiera periodistas documentando los hechos y tiraron los gases lacrimógenos a las personas y miembros de la prensa.
Todo esto ocurrió horas después de que el presidente Alejandro Giammattei visitara Izabal este viernes donde se reunió con el gobernador, alcaldes y diputados del departamento, quienes dieron informes sobre las actividades que se realizan en el departamento.
Por su parte, la diputada Sonia Gutiérrez, jefa de la bancada Winaq, informó que el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, incumplió con entregar información sobre los operativos para desalojar a los manifestantes, que había solicitado desde ayer. “Denegar información es constitutivo de delito”, indicó la legisladora.
Varias organizaciones sociales y personalidades, como el diputado Aldo Dávila, rechazaron la brutalidad con la que actuó hoy la policía en contra de la población Q’eqchi’ que contrastó con el actuar de las fuerzas policiales ante el asalto al Congreso de militares el pasado martes, donde no actuó con la misma vehemencia.
“¿Cuál es la intención del presidente Alejandro Giammattei de usar la fuerza desmedida contra la población que pacíficamente protestaba en contra de la minería en Izabal?
Las comunidades en resistencia en ningún momento bloquearon el paso o libre locomoción a particulares o comerciantes”, afirmaron las organizaciones.
Gremial de Pescadores 
