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Criminalización, prisión y violencia política en El Estor, Izabal

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Fotografía: Prensa Comunitaria

Por: Carlos Ernesto Cano

Durante las últimas semanas, al menos 6 personas han sido asesinadas en varios departamentos del país y no son asesinatos que estén asociados con la “delincuencia común”, son asesinatos a todas luces con tinte de violencia política.  Las víctimas eran dirigentes de organizaciones campesinas tales como el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y del Comité Campesino del Altiplano (CCDA).

Este tipo de violencia es el último eslabón en la cadena de la criminalización en donde la persecución, la difamación y la prisión política son partes fundamentales de la violencia ejercida en contra de dirigentes campesinos, comunidades y movimientos que defienden la vida, el territorio, el agua y que resisten al embate neoliberal que las empresas extractivistas y de monocultivo realizan en contras de las poblaciones indígenas y mestizas en el país.

El Estor, municipio ubicado en las riberas del lago de Izabal, es el territorio en donde la violencia política es más cruenta y agresiva en contra de la población q´eqchi´, así como de la población mestiza que habitan el lugar. Son este manto acuífero y sus alrededores, así como las comunidades que rodean al río y el valle del Polochic en Alta Verapaz, los que están siendo asediados, por la extracción minera, el monocultivo de palma africana y caña de azúcar, así como  por las hidroeléctricas que operan en las cercanías de esta vasto territorio y por terratenientes que desalojan sistemáticamente a comunidades enteras en contubernio con el crimen organizado (narcotráfico sobre todo).

Hay en la zona una empresa extractora de níquel de origen ruso, que ha promovido la criminalización en contra de pescadores artesanales que han denunciado la contaminación del lago más grande de Guatemala. Esto les ha valido a estos pescadores la persecución, criminalización y por consecuencia a algunos de ellos la prisión, igual que a varios periodistas que han denunciado los atropellos e incluso asesinatos de comunitarios en El Estor.

La corrupción que impera en todo el estado guatemalteco ha sido fundamental para que todos los casos de criminalización que existen en esa área de Izabal sean remitidos a un solo juez. Este juez con total impunidad y arbitrariedad emite fallos en favor de la empresa extractora de níquel y de terratenientes que ejercen influencia sobre el sistema de justicia en el departamento del caribe guatemalteco.

Esta mina de níquel, que ha operado en Guatemala desde hace más de 50 años, es la planta procesadora de níquel más grande en Latinoamérica, tiempo durante el cual ha ocasionado un gravísimo deterioro en el ecosistema del lago de Izabal y su cuenca, así como en la salud de las y los estoreños y aldeas cercanas.

No se tiene certeza de cuántas personas han padecido enfermedades en todos estos años de existencia de la mina en la región, debido a que los sistemas de salud en el área no tienen registros de enfermedades relacionadas con la contaminación. Tampoco se conoce cuántas personas han sido criminalizadas por denunciar la contaminación en El Estor y la cuenta de personas criminalizadas, detenidas ilegalmente, presos políticos y asesinatos políticos sigue en aumento.


Fuertes lluvias dañan el puente río Zarco en El Estor, Izabal

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Texto y fotografías: Avihdesmi

Las fuertes lluvias del viernes 13 de julio dañaron el puente río Zarco en la aldea Sepur Zarco, del municipio El Estor, Izabal, por lo que los comunitarios solicitan a las autoridades del Estado, que den el mantenimiento adecuado a esta infraestructura, ya que afecta de manera directa a 75 comunidades y fincas privadas de Panzós, Alta Verapaz y de El Estor.

Las grandes precipitaciones no solo dañaron algunas construcciones sino que también afectaron de manera directa las siembras, esto preocupa a los pobladores, ya que no solo es parte de su fuente de alimentación sino que ayuda a la economía de las familias del lugar.

 

Fuente: Avihdesmi

Comisión Internacional de Juristas condena la criminalización en Izabal

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La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) visitó el departamento de Izabal del 18 al 20 de julio. El 19 de julio, la CIJ acompañó al periodista Jerson Xitumul, quien participó en una audiencia de sobreseimiento de su caso, conjuntamente con sus abogados, en el Juzgado de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Puerto Barrios. Posteriormente, la CIJ realizó un encuentro con la Gremial de Pescadores de Izabal, en el que recibió información acerca de la difícil situación de represión que enfrenta dicha gremial. El 20 de julio, la CIJ sostuvo una entrevista con el vicepresidente de la Gremial de Pescadores Eduardo Bin Poou, perseguido y detenido arbitrariamente en el centro de detención de Puerto Barrios.

Desde hace años, las y los defensores del departamento de Izabal han sido víctimas de persecución por oponerse al proyecto minero Fénix de la empresa guatemalteca CGN. La CIJ expresa su honda preocupación por la persecución de que son víctimas los defensores de derechos humanos por el hecho de expresarse y por no estar de acuerdo con la explotación minera que se está llevando a cabo en dicho departamento, debido a que causa graves daños al medio ambiente y un daño irreparable al Lago de Izabal. La resistencia pacífica de los pobladores de Izabal, contrasta con la persecución violenta de que son objeto.

La CIJ considera que no se trata de hechos aislados, sino de una política de persecución por parte del Estado, quien lleva a cabo estos actos ilegales para beneficiar a la empresa CGN, que explota níquel en el departamento. En vez de proteger a los defensores de derechos humanos, el sistema de justicia guatemalteco ha tomado varias acciones en su contra. Así, varios periodistas pertenecientes a Prensa Comunitaria, han sido detenidos o tienen orden de captura. Entre ellos el caso del periodista Jerson Xitumul, cuyo caso fue finalmente sobreseído, por no existir ninguna prueba de que cometió algún hecho delictivo.

Por otro lado, recientemente fue detenido Eduardo Bin Poou, vicepresidente de la Junta Directiva de la Gremial de Pescadores, acusado falsamente y sin pruebas de que haya cometido delito alguno. El objetivo principal ha sido afectar a aquellos que ejercitan el derecho a la resistencia, establecido en el artículo 45 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Asimismo, no puede pasar desapercibido que el 27 de mayo de 2017, fue asesinado un dirigente de la Gremial de Pescadores Carlos Maas Coc y herido también el pescador Alfredo Maquín Cocul, casos que hasta el momento se encuentran impunes.

La CIJ ha señalado en varias oportunidades que las autoridades guatemaltecas criminalizan y persiguen a defensores y defensoras del derecho a la tierra, mediante la imputación del delito de usurpación y usurpación agravada. Asimismo, la CIJ ha señalado que las autoridades guatemaltecas pretenden criminalizar el legítimo ejercicio del derecho a la resistencia, consagrado en el artículo 45 de la Constitución Política de Guatemala, acusando a los defensores del medio ambiente y otros, de delitos como instigación a delinquir, detención ilegal, amenazas, daños, reuniones y manifestaciones ilícitas y otros ilícitos. Asimismo, esta práctica estatal penaliza y castiga el legítimo ejercicio de las libertades de expresión y reunión.

Preocupa de sobremanera a la CIJ, el papel que juegan las y los jueces en el departamento de Izabal, en la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos. Un ejemplo lo constituye el caso del Juez Edgar Aníbal Arteaga López, quien utilizando la función pública, suele abusar del poder de que está investido e imponer castigos ejemplares a los defensores de derechos humanos. Así, con sus resoluciones arbitrarias dicho juez ha afectado a periodistas, pescadores organizados en la Gremial de Pescadores, dirigentes comunitarios, defensores del derecho a la tierra y todo aquel que se opone a la explotación de níquel o que defiende los derechos colectivos de las comunidades en dicho departamento.

De igual manera la jueza unipersonal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con sede en Puerto Barrios, Ana Leticia Peña Ayala, a pesar de las pruebas existentes, dictó fallo por medio del cual absolvió al coronel retirado Mynor Ronaldo Padilla González (ex jefe de seguridad de la empresa Hudbay/CGN hoy CGN/SOLWAY), ordenando su inmediata libertad. Durante el proceso, la jueza Peña Ayala excluyó al público y a periodistas de la sala por presuntas “razones de seguridad”, llevando la mayoría del juicio a puertas cerradas y sin la presencia de público en general, ni de medios de comunicación, sin dar razones válidas para ello. Con esta decisión, el caso del asesinato de Adolfo Ich quedó impune y no se ha logrado castigar a los responsables. En este mismo caso, Germán Chub quedó cuadraplégico y su caso tampoco ha sido esclarecido.

De igual manera, en la última audiencia celebrada el 19 de julio del presente año, el juez Arteaga prohibió sin ningún fundamento, la presencia en la audiencia de periodistas y observadores internacionales y nacionales. De esta forma, ambos juzgadores violaron flagrantemente el principio de publicidad de las audiencias, establecido en el Código Procesal Penal de Guatemala. Esta forma de actuar del juez Arteaga el 19 de julio de 2018, fue denunciada a la Auxiliatura de la Procuraduría de Derechos Humanos con sede en el Departamento de Izabal.

Otra persona que ha sido afectado con el proceder arbitrario del juez Arteaga, es el dirigente comunitario Abelardo Chub Caal, quien continúa detenido aún cuando no hay pruebas de haber cometido ningún delito, únicamente por defender el derecho a la tierra. Asimismo, en otros casos defensores y defensoras de derechos humanos han sido criminalizados y existe un número considerable de órdenes de captura en todo el país, que afectan a personas que ejercitan el derecho a la libertad de expresión, para defender derechos comunitarios.

Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas expresó: “Urge que el Estado de Guatemala detenga la criminalización y persecución de que son objeto dirigentes comunitarios, periodistas y en general defensores y defensoras de derechos humanos en el departamento de Izabal. Para ello, se debe aplicar el régimen disciplinario interno a jueces que con su actuación, contribuyen a perseguir a estas personas, sólo por su forma de pensar y por ejercer legítimamente sus derechos y libertades. El Estado de Guatemala, deberá reparar los daños y perjuicios causados a defensoras y defensores de derechos humanos, por la actuación de sus autoridades y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) debería investigar estos hechos, para aclarar la verdad de lo sucedido.”

Guatemala 24 de julio de 2018.

Abogado Ramón Cadena, director de CIJ para Guatemala. Fotografía Nelton Rivera.

Eduardo Bin debe permanecer preso por ser un dirigente campesino

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Eduardo Bin Poou encadenado de pies y manos en el Organismo Judicial de Puerto Barrios. Fotografía Isabel Solís representante de Guatemala Human Rights Commission GHRC.

Por: Nelton Rivera y Baudilio Choc.

Para el pescador y dirigente campesino Eduardo Bin Poou, maya Q’eqchi’ el proceso penal en su contra va cuesta arriba, este 7 de julio, el juez Alex Eleodoro Cifuentes Almengor, le negó modificar la prisión preventiva por una medida sustitutiva a la cárcel. Además el juez del juzgado Pluripersonal de Puerto Barrios argumento que por ser un dirigente reconocido por el pueblo maya Q’eqchi’ debe de permanecer en prisión por el delito de usurpación, un delito menor.

El Ministerio Público –MP- también se opuso a que Eduardo Bin pudiera salir de la cárcel, bajo el argumentó que por ser un lideres campesino puede obstruir la investigación de los fiscales, entonces deberá permanecer en prisión en el Preventivo de Puerto Barrios.

Para el abogado Francisco Vivar, del bufete jurídico de Derechos Humanos, esta resolución solo reafirma que los operadores de justicia justifican sus resoluciones en base a prejuicios, con esto está el juez y el MP refirman la criminalización del rol de mediador de Eduardo Bin, quien fue acusado penalmente por representar a las comunidades Q’eqchi’ ante la mesa de dialogo con el Estado para encontrar una solución al problema de la tierra en Izabal.

¿Por qué es criminalizado Eduardo Bin?  

Eduardo Bin Poóu, es vicepresidente de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor Izabal, el juez Carlos Fernández lo ligo a proceso penal, el día 5 de julio de 2018, por solicitud del MP. El dirigente campesino fue acusado por los delitos de usurpación de tierras en áreas protegidas, la denuncia es del año 2016 y fue puesta por la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación –FUNDAECO-, cuyo director es Marco Vinicio Cerezo Blandón.[1]

La acusación que presento la fiscalía afirma que Eduardo participó en una mesa de diálogo, con varias instituciones del Estado, estuvieron presentes el gobernador departamental, la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH, entre otras. En este espacio se trata de solucionar un conflicto social por la tierra.

La presencia de Eduardo Bin como mediador entre las comunidades maya Q’eqchi’ y el Estado fue motivo para que Fundaeco lo señale de haber cometió el delito de usurpación.

Para los comunitarios y para el equipo de abogados, “la criminalización a los pueblos indígenas es por recuperar sus territorios y por la lucha de la defensa de sus recursos naturales, son discriminados por la justicia’’

Durante la audiencia de primera declaración, los abogados defensores mostraron su desacuerdo con lo resuelto por el juez Alex Cifuentes, al no darle medida sustitutiva. El abogado Francisco Vivar manifestó: “consideramos que es grave lo que ha sucedido, esto es un típico caso de criminalización, pero lo más grave aún, es la falta de conciencia total, al no otorgarle una medida sustitutiva, aduciendo que hay un peligro de obstaculización y que pueda influir en los demás imputados’’

En agosto del 2017, Eduardo Bin fue acusado penalmente por la empresa minera CGN Pronico, junto a 8 pescadores más de la Gremial, un barbero y dos periodistas de Prensa Comunitaria, corresponsales en El Estor Izabal.

Eduardo Bin Poou es vicepresidente de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor Izabal.

[1] Fundaeco. Equipo de trabajo. Página Web. http://fundaeco.org.gt/equipo-de-trabajo.php

Derrumbes a consecuencia de la extracción minera en El Estor, Izabal

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Fotografía Jerson Xitumul.

Por: Prensa Comunitaria

Para el pueblo Q’eqchi’ los efectos de la minería de níquel a cielo abierto constantemente los afecta, los daños cada día son más visibles en el municipio. La deforestación y la extracción de grandes cantidades de tierra, prácticamente borraron las montañas.

Esta deforestación está provocando una serie de deslaves cuando cae la lluvia, la acumulación de agua arrastra hacia la ruta principal grandes cantidades de material y tierra, afectando la carretera principal hacia Alta Verapaz.

Esto ocurrió a 500 metros de la entrada a la planta minera, luego que las lluvias del lunes 20 de agosto. La carretera quedó bloqueada y gran cantidad de agua inundó la misma, el paso vehicular quedo por momentos bloqueado, y varios usuarios de la ruta registraron los daños en la carretera.

La empresa minera limpió la ruta antes del amanecer, pero los daños en la naturaleza son graves, aún no se han podido medir, lo mismo ocurrió en junio: El Estor, Izabal: derrumbes y deslaves a causa de extracción minera en tiempos de lluvias.

En el municipio ninguna autoridad estatal asume la responsabilidad de investigar y detener los daños que está provocando la minería.

Fotografía Jerson Xitumul.

Golpean e intentan secuestrar al presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales

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Fotografía: Carlos Ernesto Choc

Por: Nelton Rivera

Esta mañana seis hombres armados intentaron secuestrar a Cristóbal Pop presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor Izabal, cuando se dirigía a una reunión con un grupo de psicólogos, acompañado de un familiar. Los hombres iban en el interior de una camioneta color gris. Lo interceptan cuando iba caminando por el barrio El Zapotillo, se bajan del carro dos hombres, con armas en mano los encañonaron.

Bajo gritos, golpes y amenazas pretendían que él ingresara al carro, pero el presidente de la Gremial se opuso y les dijo que no podían detenerlo porque no son autoridades competentes para realizar detenciones, tres de ellos lo querían meter por la fuerza. Por esta razón y porque la gente reaccionó y acudió en su auxilio, los hombres se fueron, golpeando a Cristóbal y a su familiar.

“Yo les dije que ellos no tenían derecho, ni podían capturarme si no eran autoridades judiciales, si no tenían una orden de aprehensión, no lograron su objetivo, como lo hicieron con Eduardo Bin, golpearon a mi familiar, me golpearon a mí en la boca. Yo les exigí porque estos no son policías, por la forma ilegal de actuar, además me apuntaron al rostro con la pistola. El grito de auxilio alertó a la gente y acudieron a auxiliarnos y eso no permitió que me llevaran”, afirmó Cristóbal.

El presidente de la Gremial se encuentra bien y confirmó que continúa con su agenda de trabajo a pesar de la agresión que vivió. Este hecho ocurrió a las 9 de la mañana,del viernes 24 de agosto en el municipio de El Estor, Izabal.

Cristobal Pop, es maya Q’eqchi´ y es el presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, Izabal, en agosto del 2017 fue acusado penalmente por la empresa minera CGN Pronico, por denunciar la contaminación del lago de Izabal con níquel y otros químicos. Desde el año anterior el juzgado de Puerto Barrios emitió una orden de aprehensión en su contra, junto a 8 pescadores, un barbero y dos periodistas.

El en varias ocasiones se presentó de manera voluntaria, junto a sus abogados para que el juez Edgar Aníbal Arteaga López lo escuchara en primera declaración de manera voluntaria, pero el juez en distitntas ocasiones suspendió la audiencia en Puerto Barrios.

“No sabemos quienes intentaron secuestrarme, ya tuvimos la experiencia de las detenciones arbitrarias de Eduardo Bin, que son particulares quienes lo detuvieron…” Cristóbal hace esta referencia, porque la empresa minera de níquel es una de las más interesadas en la detención de su persona, y fue muy parecida la manera en que intentaron secuestrarlo a él, como lo hicieron con el vicepresidente de la Gremial el 29 de junio 2018.

Para Cristóbal Pop es indignante que actúen con total impunidad en su pueblo y que las autoridades municipales y estatales sean incapaces de garantizar la seguridad ciudadana y la tranquilidad del pueblo Q’eqchi´.

Con la expresión “Vamos a seguir luchando, aunque intenten callarnos, vamos a seguir” finalizó la conversación el pescador.

Se registra la detención del periodista Jerson Xitumul en informe de ONU

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Fotografía Nelton Rivera. Prensa Comunitaria Km. 169 año 2018

 

Por: Nelton Rivera

Naciones Unidas publicó el informe del Secretario General sobre represalias a defensoras y defensores de derechos humanos que cooperan con el sistema de Naciones Unidas, que tiene como objetivo combatir estos actos de intimidación. Son documentados casos de agresiones de 29 países. En este informe se reconoce la detención del periodista Jerson Xitumul Morales, maya achí, reportero de Prensa comunitaria, que estuvo preso 38 días, y durante siete meses fue obligado a permanecer con arresto domiciliar. El 19 de julio el juez Édgar Aníbal Arteaga López en Puerto Barrios, cerró el caso por falta de pruebas.

“El 11 de noviembre de 2017, el señor Xitumul Morales fue arrestado en la ciudad de El Estor y acusado de amenazas, instigación a cometer un delito, asociación ilícita, reuniones y manifestaciones ilícitas, daños y detención ilegal. Estas acusaciones estaban relacionadas con las manifestaciones en mayo de 2017, organizadas por pescadores de El Estor para protestar contra la supuesta contaminación del lago Izabal por las actividades mineras de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).”

El informe mostró dos casos del país. El primero es el de Jerson Xitumul y el segundo de Jordán Rodas Andrade, procurador de los derechos humanos, a la vez que resalta que las “organizaciones de la sociedad civil hacen una contribución indispensable a la labor y los propósitos de las Naciones Unidas”.

Nelton Rivera. Prensa Comunitaria Km. 169 año 2018

El  informe hace referencia al papel que jugó el alcalde municipal, Rony Méndez: “El arresto del Sr. Xitumul Morales tuvo lugar cuatro días después de que personal de la oficina de ACNUDH en Guatemala se reunió con el alcalde de El Estor para discutir los problemas de las protestas contra la actividad minera en la región. Durante la reunión, el alcalde habría acusado al Sr. Xitumul Morales, a otro periodista y a siete pescadores de ser parte del crimen organizado”.

Dos meses después de elaborado este informe, el Ministerio Público solicitó el cierre del caso en contra del periodista. Fueron dos las investigaciones de la fiscalía que comprobaron que la minera mintió en la acusación.

Este informe concluye que la intimidación y las represalias buscan afectar directamente a los defensores de derechos humanos, pero también buscan trasladar un mensaje de temor a otras personas. Todo esto es evidente en acciones jurídicas, políticas y administrativas, como la censura a la prensa, arrestos, detenciones arbitrarias, órdenes de aprehensión y difamación.

El documento fue elaborado el año pasado, en cumplimiento del mandato del Concejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, su contenido pone a la vista los casos más recientes en contra de defensores de derechos humanos, dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas para combatir los actos de intimidación y represalia contra quienes tratan de cooperar o han cooperado con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos.[1]

También observa en el informe casos denunciados de mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, quienes están “expuestas a barreras, amenazas y violencia motivadas por el género o la orientación sexual”.

La censura producida por la empresa minera Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, en contra del periodista Jerson Antonio Xitumul Morales, su criminalización, prisión y los ataques en su contra, son considerados como represalias e intimidaciones en contra de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico en Guatemala. Ocurre lo mismo en el caso de Carlos Ernesto Choc, también periodista de este medio con una orden de aprehensión vigente por la misma acusación.

[1] A partir del 01 de junio de 2017 al 31 de mayo del 2018.

Minería en El Estor: cómplices de la CGN golpean a la esposa de un pescador artesanal

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Grupo de trabajadores de la minera CGN (arriba), algunos COCODES y empresarios que llegaron en apoyo a la minera. Fotografía Nelton Rivera.

Por Nelton Rivera

Dos hombres la golpearon a doña Rosa Caal Tut cuando salía de una asamblea comunitaria en el barrio La Esperanza, en el Estor, Izabal. Los dos agresores, Santiago Maquín y Gabriel Cacao Cucul, son miembros de la misma comunidad. El primero es auxiliar y el segundo es el alcalde comunitario.

Doña Rosa, es esposa de Alfredo Maquín, uno de los denunciantes y ponentes del amparo que las autoridades indígenas maya q’eqchíes presentaron en contra de la licencia minera “Fénix”, propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) .

Todo comenzó cuando ella le exigió al alcalde comunitario que no abandonara la asamblea convocada para este martes 25 de septiembre. La comunidad está molesta porque Gabriel Cacao, sin avisar a nadie, viajó a la capital en apoyo de la minera hace una semana. Todos se enteraron de las mentiras que fue a decir a la Corte Suprema de Justicia.

Al salir de la asamblea, entre los dos, la golpearon. Recibió por lo menos seis patadas, tiene lesiones en los tobillos, espinillas, costillas y en el pecho. Los moretones son más que evidentes.

La llevaron a un centro médico, pero solamente le recetaron medicinas que la familia no pudo costear. Doña Rosa se encuentra en un estado bastante delicado en su casa, temerosa con justa razón: tres hombres en un vehículo tipo camioneta estuvieron vigilándolos frente a su casa.

Gabriel Cacao Cucul COCODE del Barrio La Esperanza El Estor Izabal. Fotografía Nelton Rivera. Prensa Comunitaria Km. 169 año 2018

El problema es por la minera

Gabriel Cacao fue interpelado por la comunidad en el barrio La Esperanza, tras enterarse de su complicidad con la empresa minera en la vista pública del día 17 de septiembre en la ciudad capital. En compañía de un abogado, hizo uso de la palabra y mintió frente a los magistrados en favor de la empresa.

Este señor, no pudo sostener sus mentiras frente a los cuestionamientos de la comunidad. Enojado, decidió abandonar la asamblea e irse. Santiago Maquín se retiró también. La gente al verlo, le reclamó que se quedara y que asumiera su responsabilidad, le dijeron que no podía irse como si nada sin finalizar una asamblea.

Doña Rosa también le hizo el mismo reclamo, esa fue la razón para que minutos después atentaron contra su vida.

“Él habló que la empresa CGN había hecho un grande trabajo en el barrio de nosotros, en el Estor. Pero todo lo que dijo es mentira. En la capital frente a los magistrados él habló (…) Dijo que habían hecho 125 kilómetros de carreteras balastradas, y no hay. Dijo que habían hecho escuelas, que hay certeza jurídica de la tierra, baños lavables, circulación de escuelas y no hay nada de eso, hecho por esos señores”, afirmó Alfredo Maquín.

Doña Rosa ya puso una denuncia en la Policía Nacional Civil (PNC), y le confirmaron que tendrán una audiencia en el juzgado de El Estor a las 10 de la mañana. Es víctima de violencia psicología y física, los golpes son evidentes, hay moretones expuestos y muchas personas vieron la agresión.

En su domicilio priva el miedo. Un vehículo se estacionó frente a la casa de doña Rosa. Eran tres hombres, en una camioneta con vidrios polarizados.   Vigilaban la casa. La policía no llegó a pesar de que los alertaron. Vehículos similares a este, hacen rondas frente a la casa de Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales; dos policías reconocidos, vestidos de civil, permanecen frente a su casa todo el tiempo.

La familia de don Alfredo Maquín y la gente del barrio La Esperanza ya no quieren al actual alcalde comunitario, ni al auxiliar. Este conflicto fue provocado por la empresa minera.

Alfredo Maquín fue uno de los sobrevivientes de la represión del 27 de mayo de 2017, cuando la policía disparó contra la manifestación pacífica de la Gremial de Pescadores Artesanales. Fue herido de bala. Dentro de su cuerpo permanece el plomo de uno de los disparos —por si hiciera falta evidencia…


Intimidación a Gremial de Pescadores en El Estor, Izabal

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Por W akax ha

Fotografías: Prensa Comunitaria

2 de noviembre de 2018

La lucha por defender los recursos naturales y el territorio, cada día se torna más difícil para el pueblo q’eqchí’. Hay constantes amenazas de parte de paramilitares y personas que vigilan las casas de los dirigentes, secuestros y detenciones arbitrarias por personas no identificadas y por la Policía la Nacional Civil (PNC) a miembros de la Gremial de Pescadores a periodistas y a otros.

La compañía de níquel CGN Pronico de Solway Investment Gruop ha criminalizado a la población q’eqchí’, solicitando órdenes de capturas, acusándoles de terroristas y criminales de alto peligro a la sociedad.

Once órdenes de capturas hasta el momento. Entre estas, las de ocho miembros de la Gremial de Pescadores, un comerciante y dos periodistas de la región. Claras violaciones a los Derechos Humanos y a la libertad de expresión.

Inocencia comprobada

Ante estas acusaciones falsas de la compañía de níquel ya se comprobó la inocencia de cuatro miembros de la Gremial, un comerciante y la de un periodista, ante un juzgado de primera instancia penal en la ciudad de Puerto Barrios, Izabal. El Ministerio Público (MP) no encontró las pruebas de los delitos sindicados por la compañía de níquel. En este momento hay tres miembros de la Gremial de Pescadores y un periodista q’eqchi’, Carlos Ernesto Choc, con una orden de captura.

Juez Edgar Aníbal Arteaga López, ha suspendido siempre las audiencias

De forma voluntaria se han presentado cuatro veces al juzgado de primera instancia penal, tres miembros de la Gremial de Pescadores: Cristóbal Pop, Tomás Che, Vicente Rax y el periodista Carlos Ernesto Choc. El juez de primera instancia penal, Edgar Aníbal Arteaga López, ha suspendido las audiencias  y postergado una vez más la fecha de la audiencia hasta el 4 de diciembre del 2018. Esto pareciera indicar que el sistema de justicia en Izabal ha coludido con la compañía de níquel CGN Pronico, dadas las detenciones arbitrarias hechas y las suspensiones de las audiencias, como también la prisión preventiva del pescador Eduardo Bin Pou en la ciudad de puerto Barrios.

Violación al derecho de la libertad de expresión y de la libertad de prensa

El periodista q’eqchí’, Carlos Ernesto Choc, es acusado injustamente por su compromiso periodístico de documentar, investigar y difundir información noticiosa acerca de la contaminación del Lago de Izabal —por ejemplo, cuando se había teñido de rojo—, también sobre la movilización de la Gremial de Pescadores y el asesinato del pescador Carlos Maaz, el 27 de mayo del 2017. Estos actos de señalamientos y de criminalización por parte de la compañía de níquel, son una clara violación al derecho de la libertad de prensa y libertad de expresión en el municipio de El Estor, Izabal.

 

 

El Estor: “Sólo queremos que nos respeten como pueblo q’eqchí”

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Por W akax ha

Fotografías: Bauidilio Choc

13 de noviembre de 2018

El viernes 9 de noviembre, la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, Izabal, hizo una denuncia en la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a, respecto a las actividades nocivas de la CGN Pronico (compañía extractora de níquel).

Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores, declaró que “la municipalidad de El Estor, está convocando a una reunión a los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) de los diferentes barrios y algunas comunidades, para plantearles de qué forma se realiza una consulta comunitaria, a favor de la compañía de níquel’’.

La compañía de níquel CGN Pronico de Solway, se encuentra en plena actividad de explotación del níquel y otros minerales (según un estudio de laboratorio realizado en México). Esto preocupa a la Gremial de Pescadores Artesanales, por la contaminación al Lago de Izabal y el riesgo en que se encuentran todos los habitantes.

El viceministro del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Edwin Aroldo Rojas Domingo, acompañado de Jairo Vallecillos, visitaron el municipio de El Estor, los días 7 y 8 de noviembre, donde se reunieron con el alcalde municipal Rony Méndez Caal y algunos Cocodes para definir una estrategia de consulta comunitaria sin la participación de todas las comunidades.

Discriminan al pueblo q’eqchí’

Uno de los Cocodes, dijo no estar de acuerdo sobre cómo se están realizando estas reuniones: “Nosotros representamos una comunidad, pero la decisión la toma la comunidad, y no es correcto que toda la comunidad no participe y sean discriminados en esta consulta que es de mucha importancia’’.

Quinich comentó que el objetivo de estas reuniones es realizar una asamblea en cada comunidad, y asignar dos representantes por comunidad para decidir si la CGN Pronico puede seguir trabajando con la licencia otorgada, destruyendo los cerros y contaminado el Lago de Izabal.

En EL Estor nunca hubo consulta sobre la explotación minera

El 28 de septiembre del año 2,005 se realizo una reunión en la localidad de “Villa Argentina” donde participaron 27 personas y entidades estatales como la corporación municipal y alcaldes auxiliares de comunidades y barrios del municipio. Avalando una consulta comunitaria, dejando sin participación a las comunidades y población en general.

El 5 de marzo de 1,996 el congreso de la República aprobó por unanimidad el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas, dejando establecido el respeto y el derecho de los pueblos indígenas de ser consultados. En esto se basa la población q’eqchí’ para exigir que se realice la consulta sobre la explotación minera. Cristóbal Pop, en la entrevista radial, agregó que “nosotros no buscamos problemas, sólo queremos que nos respeten como pueblo maya q’eqchí’’.

 

 

 

 

Despojo, criminalización y periodismo comunitario en Guatemala. Entrevista a Carlos Ernesto Choc

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Carlos Ernesto Choc es un joven comunicador comunitario q’eqchi’, originario y residente en El Estor, donde la empresa CGN Pronico está extrayendo níquel desde hace más de diez años. Pertenece al equipo de Prensa Comunitaria, y su labor como testigo de los acontecimientos ocurridos  en este lugar le ha valido la persecución y la incriminación penal. En esta entrevista, Carlos nos cuenta de forma ágil y resumida los hechos que le han llevado a esta situación.

El próximo día 4 de diciembre está programada la audiencia de primera declaración. Las cuatro veces anteriores la audiencia se suspendió sin que el  juez permitiera a Carlos Ernesto declarar. Él espera que esta vez pueda hacerlo, y así solventar su situación.

…………….

Prensa Comunitaria. Carlos, muchas gracias por atender nuestra petición. Quisiéramos saber qué es lo que está pasando en el Lago Izabal, qué es lo que ha ocurrido en El Estor con la compañía de níquel

Carlos: Realmente es lamentable lo que ha pasado en Izabal, en nuestros territorios, han sufrido mis hermanos, y que también estoy sufriendo yo la criminalización. Realmente es preocupante y es alarmante. Desde que la empresa CGN empezó a laborar en el 2013, 2014, empezó a realizar su actividad de explotación minera, a traer los materiales y a procesar en lo que es la planta en donde se procesa ya los materiales.

PC: ¿Y de dónde sacaban el producto?

El producto viene de las montañas. Por ejemplo, de las montañas del Estor, lo cual también es muy preocupante ver lo cerros como están quedando. Entonces ellos empezaron a botar el cerro, a hacer minería a cielo abierto, a destruir los cerros. Esa también es otro problema para la minera, porque hay muchas comunidades muy inconformes. Porque se les había dicho que no se les iba a dañar el medio ambiente, cuando realmente lo que estaban haciendo es un desastre.

Hay fotos y hay videos en donde la chimenea en donde ellos procesan el mineral arroja un polvo rojo. Es como ver el color en que quedó el Lago Izabal, así era el polvo que ellos echaban en la chimenea. Entonces hay partes donde uno puede como periodista ver y diferenciar entre como antes era la chimenea y como era después. Ellos estaban exagerando el producto, ellos lo que querían era sacar material, material, y material y procesar.

PC: ¿El lago de color rojo?

Sí, como la empresa está cerca del lago, y ya eran como 4 o 5 años de la empresa en actividad, en el municipio de El Estor el año 2017 en el mes de marzo, el Lago de Izabal se tiñó de rojo, el cual yo documenté en videos y algunas fotografías. Ellos decían que era la empresa, porque jamás el lago de Izabal en años y años, había ocurrido un fenómeno así. Desde el momento en que el lago se tiñó de rojo, yo empecé a documentar,

Entonces ahí fue muy alarmante, porque la población se empezó a preocupar por lo que había pasado o lo que estaba pasando. Hay muchas personas que se dedican a la pesca, que son muchas personas, estamos hablando de una cantidad de mil personas que se dedican a la pesca del Lago de Izabal. Pescan varias especies, tilapias, mojarras, un montón, como ocho especies de pescados, de peces…

PC: ¿Y esas familias viven de la pesca entonces?

Exactamente, viven de la pesca. Igual la población que vivimos aquí, todos consumimos el producto de ellos. Pues en el mes de marzo, lo que fue marzo y abril, ya en abril, la gente ya no quería comprar pescado ahí en El Estor, por lo que se estaba viendo ahí en el lago.

PC: ¿Y qué hicieron?

Los pescadores estaban organizados por asociaciones, y ante esta situación, alarmante y preocupante del Lago de Izabal, se organizaron como una sola gremial, se juntaron todas las asociaciones de pescadores, que son varias. Decidieron organizarse, pues esta manera, como la Gremial de Pescadores ante lo que se estaba viviendo ahí en el Lago de Izabal, para poder solicitar un estudio, o un análisis de las aguas del lago.

Fotografía: Carlos Ernesto Choc

PC: ¿Y ellos fueron los que solicitaron entonces que se actuara?

Sí, yo estuve ahí de lleno con ellos. Cuando se establecieron como Gremial de Pescadores Tenían una participación en el COMUDE (Comité Municipal de Desarrollo), donde participan por ejemplo los alcaldes comunitarios, y entonces en el COMUDE el gremio pesquero y otras personas llevaron esta situación para que tomara cartas en el asunto las instituciones del Estado, primero empezando con el alcalde del Estor. Pero fue muy poca la respuesta, evadían mucho el tema y mientras, la situación estaba difícil.

Entonces ellos con esta situación de que no eran escuchados en el COMUDE, se levantan en una resistencia. Me llaman un día antes para salir a una manifestación pacífica para que yo les hiciera una entrevista y para que yo les sacara la voz de ellos a nivel departamental y a nivel nacional en un medo en donde yo estaba laborando, Y bueno, yo saqué la nota que ellos salían a manifestar como gremial, estaban preocupados por la contaminación y del lago que se había teñido de rojo; y luego se les unen otras organizaciones en la manifestación pacífica, organizaciones comunitarias.  El día 3 comenzó la movilización, el 4 fue la detención de los extranjeros ucranianos o rusos, que trabajan en la empresa minera, lo hizo la comunidad o el grupo. La manifestación duró más de 10 días, se turnaban.

P: ¿Ah, sí? ¿Estaban en plantón?

Sí, hicieron un plantón pacífico. Fue una presión que el pueblo y la gremial de pescadores hicieron para lograr llamar la atención, porque ni el gobernador ni el alcalde no quería hacerles nada, a pesar de las solicitudes a otras instancias. No dejaban que circularan los trasportes pesados de la compañía de níquel. Ellos dejaban circular por ejemplo los buses, camiones, carros, que eran ajenos a la empresa minera. Pero a lo que era camiones o que era trasporte pesado de la empresa, no los dejaban pasar. Entonces generó bastante descontento en la misma empresa.

Con esto trataron de ver cómo hablar con el gobernador departamental, trataron de llamar su atención. Ya al cuarto día, el gobernador del departamento de Izabal, hizo un viaje para el Estor para ver cómo estaba la situación, entonces el mismo gobernador se comprometió con ellos de que se iba a solicitar un análisis científico del Lago de Izabal, para saber cómo estaba.

Ellos decían que era la minera, pero nadie quería escucharles. Nadie prestaba atención a la petición de ellos, hasta que el gobernador les prometió, pero nada más, no había habido apoyo. Entonces ellos continuaron con la manifestación, con la resistencia de que no dejaban pasar los trasportes de la minera.

Se unieron otros, otras organizaciones comunitarias. Por ejemplo, un grupo de personas quien son campesinos; también otros que se denominan como madereros, que trabajan la madera. También hubo otras, ya al final se les unió también el magisterio de El Estor. Lograron así turnarse y también, se unió un grupo de comerciantes del municipio. Se turnaban para poder mantener esa resistencia pacífica, para lograr el objetivo que era la solicitud del análisis del Lago de Izabal.

También se unieron los comerciantes y el gremio hotelero de Río Dulce, porque el puente de Río Dulce, que un puente admirable y turístico, ya se estaba deteriorando, por los trasportes pesados. Como el puente es grande, entonces la minera circula bastante trasporte pesado donde acarrean el material, es una parte que pura tierra que se están llevando a donde están procesando el níquel. Los camiones pesados que eran tráiler, no respetaban, pasaban hasta diez, topaban el puente. Entonces esto era de preocuparse, empezó a deteriorarse. A verse lo daños físicos ahí, entonces esto provocó que el gremio hotelero se uniera a la gremial de pescadores, aparte de la contaminación.

PC: ¿Y cómo siguió el lago?

C: El color rojo fue bajando porque ellos detuvieron la actividad de la empresa. Como 10 días estuvo parada, realmente ya no procesaban nada porque habían hecho una resistencia los pescadores. Si la gremial no se hubiera levantado en resistencia, quizás hubiera sido otra la historia. Porque ya en ese momento ya se le puso un alto a la empresa. Y aunque no siguió respetando, pero sí ya sabía que no podía generar más contaminación de lo que estaba generando, se detuvieron un poco. Y hasta el momento cuando ya la gremial saca a luz a través también de Prensa Comunitaria y mi trabajo con ellos documentando todo.

PC: ¿Lo que pedían ellos era que se analizara el agua?

Exacto, en un laboratorio científico, se lo solicitaron al alcalde y luego al gobernador. Y luego, en esta manifestación también pedían que el Estado o el Ministerio de Ambiente y el de Energía y Minas tomaran cartas en el asunto. Y en el 10 de mayo del 2017, estuvo presente el ministro de Ambiente, ahí en el Estor, para dialogar con ellos. La petición de ellos era muy clara, era el análisis, el estudio de impacto ambiental. El ministro les propuso que se reunieran el 13 de mayo, y dijeron: “bueno, vamos a esperar entonces el día 13”, porque el Ministro les dijo: “el 13 de mayo vamos a platicar y ya les vamos a traer una respuesta a la solicitud de ustedes; pero entonces quiten la resistencia”.

Entonces ellos se habían puesto de acuerdo y dijeron, “bueno de acuerdo, está bien, pero nosotros lo único que queremos es que por favor que no nos engañen, nosotros queremos el estudio, el análisis de las aguas del Lago de Izabal”. Pero el ministro también, en vez de asegurarlos, les ofreció diez gallinas y un gallo para que se retiraran, callarlos y decir “aquí no pasó nada. Él decía que nosotros no podemos cerrar la empresa. Es trabajo de lo que yo documenté, ahí tenemos la documentación, en Prensa Comunitaria hemos sacado algunos fragmentos. Eso fue lo que les prometió el ministro, y luego ellos no les convenció, porque al final lo que ellos pedían era el estudio de impacto ambiental.

PC: ¿Y se hicieron los análisis del agua?

Sí, el ministro logró hacer su investigación del análisis del agua y en los estudios que realizan en conjunto con la Universidad de San Carlos de Guatemala determinan que no hay contaminación en el lago de Izabal y que la mancha roja que había aparecido era del Polochic, porque el río Polochic viene de Cahabón, de todo lo que es el Valle del Polochic, entonces dijeron que toda la suciedad y todo lo que había pasado ahí, por eso es que se tiñó de rojo el lago, porque el Polochic lo trajo.

Entonces en eso la gremial no les bastó. Porque ya en los diferentes medios corporativos estaban entonces el Ministerio de Ambiente haciendo esas declaraciones. Entonces la gremial de pescadores, también con el gremio de comerciantes y hoteleros de Rio Dulce, lograron hacer un estudio en Alemania y también un estudio en México de las aguas del Lago de Izabal. Sin decirle al ministro, o sea que ellos estaban pidiendo, pero por su lado de ellos enviaron las muestras de agua. Y cabal cuando estaba rojo el lago de Izabal, En Alemania pasaron meses como 2 meses del estudio y luego les vino la respuesta. Sí estaba contaminado.

Entonces en el estudio determinan los alemanes que el lago está totalmente contaminado por metales pesados parte del níquel, también de otros metales. Ahí determinan ellos que el lago si se continua, así como la empresa estaba trabajando, entonces realmente iba a sufrir hasta los peces estaban amenazados, y que iba a pasar como en el Río La Pasión. Pero gracias a la Gremial por su resistencia no pasó.

Foto: Carlos Ernesto Choc

PC: ¿Y el diálogo con el Ministerio de Ambiente?

Les dijeron que se reunirían para el 27 de mayo, porque habían propuesto que para ese día ya tener los documentos del impacto ambiental que la Gremial estaba pidiendo. Y el ministro les dijo que sí, que iba a hacer todo lo posible. Entonces se esperó, y el 3 de mayo ellos quitan la resistencia para esperar la respuesta. Si estos no daban nada o sea no daba ni el 50% de lo que habían prometido, entonces la gremial iba a volver una vez más a manifestar porque el lago estaba en peligro.

Así, ellos esperaron a la una reunión con el ministro el 27 de mayo.  Pero ese día la población y el gremio pesquero les dijo, “ya no vayan a Río Dulce a negociar. Queremos que aquí en el Estor venga el Ministro y nos hable y no nos vayan a engañar”. Eso era lo que pedían todo a la gente y los pescadores.

Pero hubo un silencio en donde nadie se pronunció, ya fuera un día antes o una semana antes, por lo menos para decirles a la gremial de pescadores: “miren ¿cómo estamos para los preparativos para el 27?”. Ya no hubo ni una comunicación, ningún acercamiento, nada. Yo estuve documentando de cerca, pendiente, ellos me llamaban con cualquier cosa que pasara con la actividad de la gremial

Entonces el silencio del Ministro preocupó a la gremial porque ellos dijeron, “bueno, nos engañaron, que pasó, no hay más información”. Yo incluso pregunté con la PDH de ahí de Izabal un día antes. Pregunté para ver si estaban preparados, coordinados con la reunión, y ellos me dijeron “Pues mirá Carlos, nosotros no tenemos ahorita nada de información. Lo único que sabemos es que la gremial de pescadores se unió a CALAS”. Entonces ellos, los Ministerios de Energia y Minas, y el de Medio ambiente, como que al escuchar que la gremial tuvo un contacto con CALAS, ellos como que les molestó. Pero la gremial seguía esperando la reunión, porque se había acordado una fecha.

Entonces cuando no hubo ninguna comunicación con ellos hasta el 26 en la noche, como a las 8 de la noche. Ellos me llaman y me dicen “Mirá Carlos, no sé si querés, documentar esto. Nos mandaron un papel, que mañana va ser la reunión, pero es apenas horas antes para la reunión del 27. Nosotros tenemos nuestra postura de que la gente no quiere que nosotros nos vayamos a Río Dulce, porque en Río Dulce quieren hacer la reunión”. Entonces la gremial lo que definió fu esperar en El Estor, o estuve con ellos, incluso había dos periodistas internacionales también ahí en esa reunión el 27 en la mañana.

PC: ¿Y qué pasó el día 27 de agosto?

Toda la mañana ellos esperaron en una iglesia católica del Estor. Esperaron que por lo menos alguien llegara por parte de la municipalidad, les dijera algo. Así que, ahí en ese momento ellos estaban molestos, y la gente igual. Llegó el medio día, y ellos tomaron la decisión, dijeron: “bueno, nosotros habíamos acordado que el 27 no había nada, nosotros volvíamos a tomar la resistencia”. En ese momento me llamaron, me dijeron que si yo lo acompañaba para que ellos estaban observando también la entrada de algunas unidades de la Policía Nacional Civil. Entonces, bueno yo fui, me fui preparado, con mi cámara, y toda la verdad, ya sabía que las fuerzas especiales ya estaban ahí. Yo les conté eso a ellos, pero ellos dijeron “Nosotros no estamos haciéndole daño a ninguna persona y mucho menos a nuestros hermanos q’eqchíes. Lo único que queremos es que nos escuchen y que vengan y que enseñen que por lo menos ya avanzaron lo que nosotros pedimos que es el estudio de impacto ambiental”.

Y la sorpresa de ellos es que ya en donde ellos hacían siempre su resistencia, su plantón, ya había fuerzas especiales, ya estaba la Policía Nacional Civil. Desde ese momento, empiezo a documentar todo lo que se estaba viviendo, se estaba generando. Ellos no llegaron así como a dialogar con la gremial. Ellos tenían la orden de ejecutar, de desalojar a la gremial de pescadores.

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Foto: Sandra Cuffe

Y fue lamentable, fue bastante triste. Porque en esa manifestación pacífica yo fui testigo, documenté el asesinato del pescador Carlos Maaz. En Guatemala, los medios corporativos y el director de la Policía Nacional Civil habían dicho que no había muertos en el Estor, que no había fallecido nadie, cuando nosotros a través de Prensa Comunitaria sacamos las imágenes. Las imágenes fuertes las tuve que guardar porque ese momento no podía yo publicarlas. Pero sí sacamos la que estaba en el suelo el pescador, muerto por un disparo de arma de fuego.

La imagen puede contener: una o varias personas, personas sentadas y calzado

Foto: Carlos Ernesto Choc

Y entonces, nosotros como Prensa Comunitaria, desmentimos al director de la PNC y a los medios corporativos, nosotros desmentimos todo eso con evidencias. Ellos tuvieron que el otro día reconocer que sí hubo un asesinato y señalaban que fue la misma gremial quien asesinó a su integrante, cuando realmente en la documentación que yo hice, en el video y en las fotografías, era un agente de la PNC que disparó en contra de Carlos Maaz. En el momento que se escuchan los disparos, yo saco con mi teléfono, y cuando en el teléfono yo grabo un vídeo cuando Carlos cae, también estoy tomando fotos, y cuando tomo la foto, cabal sale cuando el policía saca su arma y apunta a Carlos Maaz. Esas imágenes no las saqué, sólo cuando falleció Carlos, cuando ya estaba en el suelo, ésas las compartí en Prensa Comunitaria. También sacamos un pequeño video y ahí sale Carlos que él no cargaba ni siquiera un machete, no cargaba nada, él estaba así diciendo a los policías que no dispararan, pero a él le alcanzo la bala y el policía que también disparó, apuntó hacia Carlos Maas. Lo dicen las fotos que tomé en ese momento.

Esa noche cuando murió el pescador, la gente se indignó, ya que el alcalde tampoco hizo nada. Vinieron las personas a quemarle la casa al alcalde, por la misma situación que él no quiso intervenir para nada. Yo no me moví del lugar, yo estaba ahí donde estaba el cadáver. Esperé que llegara el Ministerio Público, porque como mi trabajo periodístico es también recabar la información y esperar a que llegara el Ministerio Público, es increíble que el MP no quiso llegar, dijo que él no iba a llegar. Dijo que no se arriesgaba, que miraran qué hacían los pescadores con el fallecido. O sea, que desde esa noche ya sabían ellos de que el clavo fue de la Policía. Entonces no quiso llegar el MP.

Y ellos, pues a través del padre, del sacerdote de la iglesia católica, movilizaron el cadáver, llevándolo así a su casa, adonde su familia. Y luego esto… pues ellos tuvieron que preparar el cadáver. El siguiente día le tenían que dar a sepultura, era una noticia trágica.

Foto: Sandra Cuffe

PC: ¿Hubo más víctimas o heridos en ese momento?

Sí, también hubo otro pescador que le dispararon, él quedo bastante grave, lo tuvieron que trasladar, y creo que fue hasta (Puerto) Barrios, la cabecera del departamento. Lo tuvieron que tratar y lo salvaron y él narra la historia también de fue la PNC la que disparó. También había niños, porque los policías empezaron a disparar gases lacrimógenos, y había niños, había niñas, había mucha gente. Y la verdad es lamentable recordar ese momento trágico, pero así lo vivimos. Y así pues siempre el Estado realizando a través de desalojos violentos, las resistencias pacíficas, en toda Guatemala.

PC: Después de estos hechos del 27 de mayo ¿qué ocurrió, ya no volvió la resistencia, se disolvió?

Después de estos hechos, empezaron a llegar fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil. Incluso cuando fueron al entierro del pescador, ese día, ya habían varios antimotines en El Estor, intimidando en la casa donde estaba el cadáver, ahí tengo fotos y grabaciones. No les importó que hubiera luto en ese lugar con la familia. En cada cuadra había como cinco radiopatrullas. Pero la gremial salió, dijo “vamos a salir a ir a depositar los restos de Carlos Maaz” y fueron al cementerio. , se hizo el sepelio

Si no estoy mal, tal vez había como unos 500 agentes en el Estor todo el día. Estuvieron como unos cinco meses, estaban en todos los barrios buscando a gente, llevaban un listado, llevaban nombres. De hecho alguien me dijo Carlos, fíjate que por ahí dicen que aparece tu nombre. Entonces yo decía, a mí me daba risa y decía yo “Bueno yo soy consciente y no he hecho nada, sólo mi trabajo periodístico y pues no hubo ninguna… no hubo nada en ese momento. Pero sí había mucha intimidación de la PNC hacia la gremial de pescadores.

Entonces ya decidieron no salir, trataban de ver cómo se escucharan las voces de ellos. Empezaron ya de lleno a organizarse, tratar de cuidarse, porque la PNC estaba amenazando e intimidándolos a ellos. Los amenazaron de que si iban a salir, a todos os iban a capturar y se los iban a llevar presos. Entonces mejor decideron hacer reuniones en diferentes casas, y es así como la gremial no dejó su lucha. Siguió entonces solicitando a través de otras organizaciones quienes estaban apoyando, por ejemplo el magisterio, que a través de ellos pues también le hablaran al ministro y que dijera.

PC: ¿Y todo esto te afectó a ti y tu trabajo?

Cabal, cabal. Nosotros fuimos informando como Prensa Comunitaria, fuimos sacando todo lo que fue aconteciendo en Izabal.

Lo más triste fue que luego se vienen las amenazas a mi persona y a las periodistas, porque eran dos mujeres, una era de Francia, y otra de Canadá. Empezaron a intimidarlas a ellas, a señalarlas de que ellas eran las que estaban provocando a las personas, organizando a las personas, diciéndoles a las personas, cuando realmente eran periodistas igual que yo. En ese momento vimos de qué forma ellos también se establecieron en un lugar seguro.

Ya en esa misma noche comenzaron las amenazas fuertes hacia mi persona. Primero me llamaron por celular diciéndome que querían platicar conmigo. Eran como las diez de la noche del 27 de mayo, ese mismo día que asesinaron al pescador, me dijeron “Mirá, fijáte que nosotros queremos que vengas…” Como ellos ya saben que yo soy periodista y me muevo en alguna actividad o algo está pasando. Yo no les presté atención y les dije “Vaya está bueno” sólo así. Pero ya a la segunda llamada, ya muy abusiva, muy abusivos los que me llamaron, insultándome y diciéndome que si yo no llegaba donde ellos estaban, me iban a matar, que me iban a buscar.  Tampoco les presté atención, sólo les dije “ya voy a llegar, denme chance”; pero me dije, “Yo no voy a ir, ni sé quiénes son”. Ya como a las 11 de la noche me llamaron y me dijeron “Mirá, si no vas a venir, nosotros vamos por vos, sabemos dónde vivís, sabemos dónde estás, qué lugar, qué casa, así que si no venís, entonces nosotros vamos a ir por vos.” Esto, no sabía quiénes eran, realmente no sabía quiénes me estaban llamando ni tampoco les pregunté por qué no quería ni dialogar con ellos.

Me preocupé ya a la tercera llamada, a la tercera llamada dije yo, estos no están jugando. Y lo que hice fue pues eh, hablarles a algunos vecinos, si algo pasara o algo, pues algo, pues ellos me apoyaran. Y sí, están unos vecinos pendientes de mi persona. Pero luego pasó el día, no pasó nada esa noche.

Ya el siguiente día temprano, el hermano del alcalde me manda un mensaje a través del facebook, diciéndome de que yo era uno de los organizadores y que gracias a mí, a la casa del alcalde la habían quemado. Entonces, yo guardé sus mensajes y asocio los mensajes o el mensaje que él me hizo con las llamadas telefónicas que yo recibí en la noche. Luego, como yo estaba trabajando como comunicador social en la municipalidad, la municipalidad del Estor, y por mi trabajo periodístico pues el alcalde decide despedirme. Me mandó una carta donde me amenazan y dice yo estaba formando parte de los actos vandálicos que estaban ocurriendo en El Estor y que pues qué hacía yo con la gremial de pescadores.

PC: ¿Cuánto tiempo llevabas tú trabajando con la Municipalidad?

Pues llevaba dos años trabajando. Dos años trabajando como comunicador, entré en la administración pasada, la anterior a él. Él no entendió, no entiende el trabajo de uno que es periodista. Él la agarró desde que empezó la gremial de pescadores a solicitar mis servicios como periodista, empezó a tratarme él como parte de la gremial de pescadores, y a señalarme de que yo era bochinchero. Pero yo tengo 10 u 11 años trabajando como periodista comunitario en el Estar Izabal, la gente sabe mi trabajo, no hace falta que yo me presente. Entonces decidí apoyar a la gremial en su lucha, en sacar la voz de ellos, porque es nuestro trabajo como periodista, que se escuchara a través de Prensa Comunitaria. Así empezó el proyecto periodístico con Prensa Comunitaria, “Voces del Lago”.

Foto: Archivo Prensa Comunitaria año 2017

Entonces el alcalde decide despedirme, incluso en esa carta decía que me iba a llevar a proceso, que me iba a penalizar, y que daba por fin mi actividad laboral con la Municipalidad. Hablé con mi abogada, y me dijo “mira Carlos, lo único que podés hacer en este momento es tratar de ver si te reubican, pero a lo mejor así como están las cosas te va ser muy difícil”.

Pero entonces, ya en agosto, nos giran orden de captura. Ya empecé a preocuparme más, y decir que tengo que cuidarme porque además de las amenazas que yo estaba recibiendo, pues al ver que al otro compañero periodista y a otro comerciante, les detuvieron. No estaban bromeando. Y luego tuve que resguardarme, porque también llegaron a disparar en la casa. Pero antes de que llegaran a disparar a la casa, me fueron a buscar también, dos personas muy sospechosas, los vecinos me contaron, tomaron fotos de cómo patrullaron en moto en frente la casa donde yo vivo. Pero la suerte que tuve fue que yo no estaba en la casa sino que ese ratito fui a hacer un trabajo y me pasaron a traer en carro, dejé la moto. Entonces los vecinos se preocuparon: “Carlos, te vinieron a buscar”. Entonces fue terrible, porque ya tuve que cambiar de casa, tuve que cambiar de residencia, y aparte de eso ya no tenía trabajo, ya no generaba, ya tenía la orden de captura. Incluso me seguían carros, algunos carros de la empresa, que yo nunca les puse importancia. Nunca les puse importancia, porque yo me sentía consciente: “no le he hecho daño a nadie”.

PC: ¿Cuándo te notificaron la orden?

Fue en agosto cuando nos notifican a nosotros y nos dicen que tenemos una orden de captura. Éramos once en total, dos periodistas de la región, dos comerciantes, y luego está el resto que son integrantes de la gremial de pescadores. La gremial solicitó a través de la fuerza de las organizaciones que se unieron a ellos, buscar a un abogado para que verificara, que investigara los delitos y por qué. Se llama Aníbal Maquin, es del Estor y es q’eqchi, él logró tener en físico los documentos en donde la compañía nos demanda y a varios pescadores, también a otros comerciantes y a dos periodistas en la región, especialmente ahí en el territorio. Los delitos que nos acusan son seis: detención ilegal es una, amenazas es la segunda, daños, instigación a delinquir, asociación Ilícita, reuniones y manifestaciones ilícitas también; cometidos el 3 y el 4 de mayo. Yo no estuve para nada, esos dos días estuve trabajando como estaba trabajando en la municipalidad del Estor. Fui solamente a la hora del almuerzo a tomar una pequeña nota, me tardé como 20 minutos pero yo vi a otros ya estaban ahí la Prensa Libre, El Diario y otros medios. Entonces yo dije, ¿para qué voy hacer mayor cosa si ellos están sacando la noticia? Y cuando detuvieron a los ucranianos, definitivamente para nada ni cerca, de hecho me hubiera gustado estar para haber documentado y sacar la información, pero tenía compromiso de trabajo, así que no pude estar ese día.

Después de que se supo que teníamos nos fuimos a presentar a Morales todos los que estamos sindicados, todos los que estamos señalados. Fuimos al MP de Morales para verificar si realmente teníamos esos delitos. Nos dijeron que no había proceso, que no había ningún problema. Pero cuando nos enteramos, ya teníamos una orden de captura, ejecutada por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios y firmado por el Juez Edgar Aníbal Arteaga López.

Es lamentable porque de ahí nosotros no mucho creíamos porque yo seguía trabajando. Por ejemplo iba a Panzós, las comunidades me llamaban a hacer mi trabajo. Hasta la municipalidad de Panzós un día me invitó a un evento que era la elección de señorita indígena en su territorio. Entonces como mi trabajo es eso, yo fui a documentar e incluso moderé el evento. Como reportero, como periodista, las comunidades me llamaban. Todavía hice dos viajes en el Polochic, con orden de captura, a Rio Dulce también. Hice un viaje todavía a Rio Dulce, arriesgándome aparte de las amenazas, porque ya no tenía trabajo. Y tenía la orden de captura, pero yo seguía trabajando, no lo creíamos.

Ya el MP empezó a investigarnos, empezaron a llegar policías a amedrentar a los demás compañeros y la gremial de pescadores porque iban y preguntaban por nombres. “Miren, ustedes conocen a tal persona” o “Miren ustedes saben de que él es…”. Investigando si realmente nosotros éramos delincuentes, porque ahí nos acusan de asociación Ilícita y de todo. Pero no tienen mayor argumento, no tienen nada de pruebas de mi persona, que yo sea un delincuente.

Pero en el mes de octubre detienen a Gerson Xitimul, y luego también detuvieron a un comerciante, Juan Eduardo Cal Suram, maya qeqchi’. Llegaron al negocio de él, personas que no se identificaron como policías, simplemente le dijeron que saliera, que querían platicar con él. Pero él ya sentía que eran policías, es comerciante, él ya sabe cómo se mueve. “Yo no debo nada”, dijo. Pero al ratito apareció la patrulla y un montón de policías y se lo llevaron. Ellos salen después bajo fianza, y luego el MP no halló realmente las pruebas de los delitos que nos señalan, en una audiencia de etapa intermedia se concluye que todo lo que se estaba diciendo no tenía fundamentos, que todo, es falso, montado.

PC: Entonces ¿ya quedó claro todo?

El juez Arteaga ya dejó libre a varios pescadores y a Gerson, el otro compañero periodista y al Juan Eduardo, los desligaron del caso. Pero a nosotros no, yo he querido aclarar mi situación pero no ha habido forma. Han suspendido las audiencias de primera declaración, mis audiencias y también de otros pescadores, que eran tres pescadores más. Tres veces el juez Aníbal Arteaga López, y la cuarta la empresa minera CGM Pronico, mandaron una carta de excusa. Este 5 de diciembre va a ser la quinta ocasión presentándome de forma voluntaria para que el juez Edgar Arteaga me escuche y que el MP también concluya. Ellos ya tienen su investigación, y según los abogados que llevan el caso no hay pruebas contundentes, el MP es consciente que no, pero falta ver lo que dice el juez.

Porque el Juez, se presta mucho a lo que podemos decir nosotros a la corrupción con la empresa minera. Hay evidencias que el juez definitivamente está cooptado o coludido, como las suspensiones de las audiencias, eso es parte de la evidencia. En las audiencias ya se fueron viendo que la empresa minera estaba señalando con su abogado, , porque ahí dice “Empresa Minera CGN Pronico Solway” Lo otro es que según el bufete de Derechos Humanos que llevan el caso, ya el MP dijo que iba a desestimar creo el caso, pero falta ver lo que dice el juez Arteaga. Porque pruebas no hay de lo que me están acusando.

PC: ¿Sabes cómo está actuando la empresa en El Estor ahora?

La empresa ahorita está tratando de hacer muchas cosas. De hecho hace una semana ahorita hicieron una actividad para los pescadores, porque ahorita en el Estor hay veda y se prohíbe la pesca, y esto es bastante serio para las familias del gremio porque tienen hijos. Ellos han estado tratando de quedar bien con las comunidades. Pero hay una comunidad, Las Nubes, que está muy cerca de la montaña que ellos están destruyendo, sacando las tierras. Hay mucho problema en la comunidad, un grupo está con la empresa, cuatro mil a seis mil quetzales les dan para que los que están trabajando con la empresa hablen bien de la empresa. tenemos información de que hay probabilidades de que esta comunidad los muevan de ahí, porque quieren toda las tierra. Hay un grupo, los ancianos, que no quieren que pase eso.

En El Estor, cuando el lago se tiñó de rojo, hubo mucha gente que se solidarizó con la lucha de la Gremial, pero ellos fueron reprimidos el 27 de mayo y asesinado a Carlos Maas en la manifestación pacífica, entonces la población quedó así como asustada, preocupada. Luego salen las órdenes de captura y las persecuciones penales, los señalamientos de empresa minera. Entonces hay gente que ahorita parece que está más con la gremial, están así como en su casa, y nos dicen “estamos con ustedes, pero aquí estamos, no queremos problemas, porque nos pueden meter presos”. Pero en esta investigación que he estado también llevando he visto que varias comunidades ya se sumaron a la lucha de la Gremial, por la situación de los daños ambientales, la destrucción de los cerros que son muchas comunidades que van a ser afectadas.

Ya se unieron a la gremial y esto es lo que ha molestado a la empresa minera. Primero por no lograr su objetivo de meternos presos a un montón y meter terror como lo hacía antes el ejército. Entonces ahora se ponen de acuerdo con el Juez Arteaga, y ese es mi punto de vista, porque suspenden las audiencias.

PC: ¿Y cómo ha afectado a tu vida personal todo esto?

Es lamentable y realmente triste la descomposición que ha venido a generar en mi vida, que es una descomposición te repito, familiar, también comunitaria, y luego social bastante difícil. Lo más duro no estar con la familia y tener que salir por amenazas de provienen no sé, tal vez de la empresa minera. Porque me fueron a buscar en la casa, otra vez me fueron a disparar a la casa de mi hermana. Entonces, estoy obligado de desplazarme forzosamente. Es lo que hacía antes el ejército, y es lo que se está viviendo en Guatemala, es lamentable. No puedo salir, no puedo ni ir a la tienda a comprarme algo, por esta persecución penal y por las amenazas que tengo en contra.

Entonces éramos once personas que estábamos así, ahorita quedamos cuatro y uno que está preso que es Juan Eduardo Bin, que es vicepresidente de la Gremial de Pescadores. Entonces seríamos cinco los que estamos todavía esperando que se aclare esto…….

 

La imagen puede contener: Carlos Ernesto Choc

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial: el Estado genera condiciones de violencia contra periodistas indígenas y el caso de Carlos Ernesto Choc

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Cada 30 de noviembre se “celebra” en Guatemala el Día del Periodista, que más bien trae consigo una revisión de las estadísticas de agresiones contra el gremio, lo que hace perder el sentido de conmemoración. Es evidente que el programa de protección a periodistas no es más que una promesa más incumplidas por parte del Estado y gobiernos. Esa negligencia permite a funcionarios, agentes de seguridad pública y privada y otros actores de la sociedad agredir a periodistas a su antojo de diversas maneras.

Las y los periodistas en el ejercicio cotidiano enfrentamos una serie de agresiones que en su mayoría quedan en la impunidad, ya sea por la respuesta lenta del Ministerio Público y el sistema de justicia o por la falta de solidaridad gremial. Todo queda en un plano de frustración y contemplación.

Durante muchos años se ha denunciado que la violencia contra periodistas es visible en la ciudad de Guatemala, mientras la que sucede en los departamentos y comunidades no alcanza el mismo nivel de denuncia pública, a pesar de ser en donde más se registra esta problemática.

Un patrón de violencia cometida contra periodistas en los departamentos la que está dirigida, directamente contra el periodismo comunitario y la comunicación de los pueblos indígenas, que buscan el derecho a una frecuencia radioeléctrica; a periodistas que hacen cobertura sobre la autodeterminación de los pueblos, los bienes naturales, la cultura y la organización comunitaria que, y qu a través de los medios, demandam el fin del racismo y discriminación por parte del Estado guatemalteco.

Desde Prensa Comunitaria hemos documentado estos hechos. Mencionamos tres a continuación: el 2 de diciembre de 2016, se dio la reapertura de la Radio Comunitaria Snuq´ Jolom Konob´ en Santa Eulalia, cerrada por orden del alcalde municipal, el 20 de enero 2015; ese día fueron agredidas dos personas, entre ellas el periodista q´anjob´al Lorenzo Francisco, quien tuvo que desplazarse forzosamente por su seguridad.  El allanamiento reciente en la casa de la periodista ch´ortí´ Norma Sansir, en el departamento de Chiquimula.

Y el tercero, la orden de detención contra el periodista q´eqchí´, Carlos Ernesto Choc Chub, desde agosto de 2017, tras haber denunciado a la empresa CGN Pronico, que criminaliza de varias formas a varios miembros de la Gremial de Pescadores de El Estor, Izabal, y a los periodistas Carlos Choc y Jerson Xitimul; este último detenido en prisión preventiva durante un mes el año pasado. En junio de este año se cerró su caso por falta de méritos.

Carlos Ernesto Choc, ha buscado en cinco ocasiones presentarse voluntariamente en el juzgado de primera instancia penal de Puerto Barrios, pero el juez Édgar Aníbal Arteaga López, la fiscalía del Ministerio Público y la querellante del caso han venido retardando el proceso.

Este martes 4 de diciembre, el periodista Carlos Choc, buscaba presentarse contra el juez contralor, que ordenó su detención en agosto de 2017. Pero la audiencia nuevamente ha sido suspendida. Por lo que sigue a la espera de la justicia, que ha limitado su trabajo como periodista.

Este proceso penal ha llegado a conocerse a nivel internacional ante diversos organismos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues conlleva agresiones directas a la libre expresión y de prensa y también la libre determinación de los pueblos. No es posible que cuando los pueblos indígenas denuncian la contaminación del Lago de Izabal (medio de vida de las comunidades a su alrededor) el Estado responda con persecuciones penales contra denunciantes y periodistas como Carlos Ernesto Choc y Jerson Xitimul, quienes dieron cobertura y documentaron la contaminación y las demandas comunitarias.

La violencia no debe ser parte de los avatares del ejercicio periodístico, no debe naturalizarse ni permitirse, no importa de dónde venga ni quiénes la ejerzan. Los responsables deben ser castigados. Decimos al Ministerio Público: el periodista Carlos Ernesto Choc, es inocente, hizo únicamente su trabajo.

 

 

Suspenden por quinta vez audiencia del periodista  Carlos Choc y de tres pescadores de El Estor

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Carlos Ernesto Choc. Fotografía: Prensa Comunitaria

Por Aj Ral Ch’och’

04 de diciembre de 2018

El 4 de diciembre estaba reprogramada una vez más la audiencia del periodista de origen q’eqchí’ Carlos Ernesto Choc y de tres pescadores del municipio de El Estor, Izabal: Cristóbal Pop, Vicente Rax, y Tomás Che. Todos ellos criminalizados por la compañía de níquel CGN Pronico de Solway Investment Group.

Juez de primera instancia penal Édgar Aníbal Arteaga López Fotografía: Prensa Comunitaria

El juez de primera instancia penal Édgar Aníbal Arteaga López es quien conoce el caso de Choc y de los pescadores, quienes se han presentado de forma voluntaria en el juzgado de la ciudad de Puerto Barrios. Es la quinta ocasión que se les ha negado el derecho de ser escuchados y de poder resolver su situación legal.

La compañía del níquel y las acciones de las suspensión de las audiencias han logrado censurar el trabajo de Choc y, por ello, vulnerar la libertad de expresión y de prensa en ese departamento.

Las suspensiones de las audiencias comenzaron el 20 de febrero de este año, cuando el juez Arteaga López decidió reprogramar la audiencia para el 16 de abril, luego fue nuevamente suspendida y reprogramada para el 19 de junio de este año, y así mismo en las fechas 10 de septiembre, y 4 de diciembre (ayer —03/12/18— se confirmó la suspensión de la audiencia, nuevamente).

Hasta el momento no hay una fecha de reprogramación para concretar la audiencia y la situación legal de los criminalizados por la compañía de níquel ha conllevado situaciones hostiles. Durante este tiempo han estado viviendo bajo amenazas e intimidación y también sufrido intentos de secuestro. Carlos Choc ha tenido que desplazarse forzosamente y lleva un año y cuatro meses sin poder ejercer su labor como periodista.

“Estoy comprometido con mi comunidad y la sociedad. Decir siempre la verdad, ese es mi trabajo, soy periodista’’ dijo Choc,  quien lleva más de diez años de ejercer su profesión en el municipio de El Estor. Desde 2016 es corresponsal de Prensa Comunitaria.

La batalla por el agua en El Estor

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Por Nelton Rivera

Fotografías Baudilio Choc y Rony Morales

14 de diciembre de 2018

Los vecinos del Barrio Nuevo fueron agredidos por la seguridad de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, quienes les dispararon con sus escopetas. La defensa del nacimiento del río desencadenó la agresión, hubo disparos y la población estáindignada. El río nace en lo alto de la montaña, luego desciende al BarrioNuevo, ahí alimenta el sistema de agua potable de toda la comunidad q’eqchí,sigue camino abajo y es uno de los principales afluentes para los barrios delCentro, La Unión, Los Almendros, El Mercadito, y La Coroza de El Estor. El río está en peligro, la maquinaria pesada de la minera CGN está destruyendo lamontaña y están a pocos pasos de llegar al nacimiento.

El primer día del mes de diciembre, la gente delBarrio Nuevo decidió, luego de la asamblea, subir a la montaña. Todos estánpreocupados porque la CGN sigue extrayendo grandes cantidades de tierra.Diariamente se llevan toneladas de tierra en góndolas, se embarca con rumbodesconocido, afirmaron los vecinos.

Los trabajadores mineros, la maquinaria pesada,camiones y agentes de seguridad llegaron hasta los linderos del Barrio Nuevo.Esto preocupó a la comunidad y subieron para exigirles que se detengan, pero larespuesta de la empresa fue la agresión. Pero todos fueron reprimidos.

La gente dialoga, la empresa dispara

La comunidad decidió ponerle un freno a laextracción minera. El 1 de diciembre llegaron hasta donde están las máquinassobre la montaña, porque cada día están más cerca del nacimiento del río. Alllegar buscaron que el encargado de la minera recibiera sus demandas, pero losagentes tienen orden de no permitir que nadie se acerque al área. Sin diálogoalguno, los agentes reprimieron a la población.

Tienen que dejar de operar aquí”, expresó la gente. Tienen que dejar de escarbar el suelo de esa área sobre la montaña que la gente ha protegido durante décadas. “Aquí está el nacimiento de agua, aquí nace el río. Si cortan las venas de agua nos quedamos sin el líquido”. Minutos después llegaron las detonaciones.

Una de las autoridades comunitarias muestra con sus manos los casquillos de las escopetas. Por suerte ningún vecino fue herido de gravedad, ninguno falleció esa mañana. Pero si hubieron lesionados. Las mujeres, los niños y los jóvenes se asustaron.

También mostró una piedra del níquel que se estánllevando sin ninguna autorización de las comunidades de El Estor, de donde laempresa extrae un número considerable de minerales desde 2013 sin ningún control.

“Nos discriminan, no nos escuchan y ahora nos humillan, fueron los seguridad quienes no quisieron dialogar, no nos escucharon… luego nos dispararon.”

Si destruyen el nacimiento de agua, prácticamente se quedarán sin agua potable todos los barrios río abajo. Son miles de vecinos de El Estor los que van a sufrir este problema que se suma a la contaminación del ambiente y del lago de Izabal por la extracción minera.

Puerto Barrios: la suspensión maquiavélica de las audiencias de los opositores de los proyectos ecocidas

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Foto: Carlos Ernesto Choc

Por Nelton Rivera

19 de diciembre de 2018

En Izabal es una constante la práctica de los abogados de la empresa minera Pronico de suspender las audiencias programadas en el juzgado de Puerto Barrios. Este es el caso del abogado de la empresa: argumentando que está enfermo, suspendió la audiencia para el 19 de diciembre. Con esta acción Eduardo Bin Pou, vicepresidente de la Gremial de Pescadores Artesanales, no podrá salir en libertad este mes y no podrá optar a otra medida que no sea la prisión preventiva.

Este caso trata sobre la acusación penal que la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, SA  (Pronico), realizaron en agosto del 2017 en contra de Eduardo Bin Pou, de origen q’eqchi’, vicepresidente de la gremial, además de otros ocho pescadores y dos periodistas de El Estor, Izabal. A los pescadores se les criminalizó por denunciar la contaminación del Lago de Izabal y, a los periodistas, el investigar ypublicarlo.

El abogado usó la excusa de “encontrarse enfermo”. Irónicamente, no presentó ningún  certificado o constancia médica ante el juzgado de primera instancia penal para justificar la supuesta enfermedad. De todas formas el juez Edgar Aníbal Arteaga aceptó la excusa y resolvió suspender la audiencia.

Iván Roberto Camey Aguilar, es el mandatario legal de las empresas CGN y Pronico, “enfermándose” evitó que el 19 de diciembre se realizara la audiencia de “reforma de auto procesamiento” para Eduardo Bin Pou,quien ha permanecido cinco meses y medio en la cárcel.

De realizarse esta audiencia, el juez podría aceptar una nueva petición del Bufete de Derechos Humanos  (representación legal de Eduardo Bin) para que se modifique la prisión preventiva y se le otorgue una medida sustitutiva que le permita al pescador salir de la Penitenciaria de Puerto Barrios y reunirse con su familia esta Navidad.

Por ahora esta posibilidad quedará suspendida para el 2019, si el juzgado de Puerto Barrios agenda la fecha para los primeros días de enero, luego del feriado por el fin de año.

La trampa de suspender audiencias también ha ocurrido para el periodista Carlos Ernesto Choc, en el que se ha evitado que se presente de forma voluntaria a declarar. Mismo caso de Cristóbal Pop (presidente de la Gremial), Alfredo Rax y Tomás Ché, pescadores de la gremial, a quienes por cinco ocasiones consecutivas les suspenden esta audiencia desde el 2017.


Recibimiento del Año Nuevo 2019 en El Estor

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Foto: Baudilio Choc

1ero de enero de 2019

Por Baudilio Choc

San Jorge, del municipio de  El Estor, Izabal.

El 1 de enero del 2019, en nuestro calendario maya nos marco B’elejeb’ Iq’, esto significa el número de energía o fuerza que tiene el nahual del día, la cual es representada por el “aire”, y cuenta con 9 energía. 

Abuelos y abuelas, jóvenes, niños, padres de familias y guías espirituales reciben el año nuevo con una sagrada ofrenda de alegría y agradecimiento a nuestro creador, formador y cargadores del tiempo.

Foto: Baudilio Choc

Como despedida de los recuerdos que ha dejado el año viejo y como también un nuevo amanecer, nuevo comienzo del año, esperamos que sea de muchas bendiciones, sabiduría, amor trabajo y éxitos en cada uno de los hogares y sobre todo para el municipio, donde se pueda apreciar la convivencia, la tranquilidad, la armonía, la paz y evitar el odio que lleva a la venganza.

Iq’, significado: mundo, naturaleza, altares, aire, hálito de vida.

Iq’ es el aliento místico espiritual, principio vital, inspiración, ideas y acciones. Es la esencia de la existencia de todo ser vivo. Día de los altares del aire, soplo sagrado que da fuerza y nos llena de vida.

Foto: Baudilio Choc

Las ceremonias que se celebran ante este día. Son para agradecer todo lo que existe ante la sagrada naturaleza, toda la obra del creador y formador, y para que el viento se lleve los sufrimientos, enfermedades y todo los males existentes. 

Foto: Baudilio Choc

Periodistas y pescadores criminalizados en Izabal

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Foto: Rony Morales

Por David Toro

23 de enero 2019

El juez Édgar Aníbal Arteaga decidió ligar a proceso penal al periodista Carlos Choc y a tres pescadores de Izabal. La audiencia tardó 20 meses de espera. Arteaga suspendió las audiencias cuantas veces pudo sin justificación alguna. Hoy, a pesar de que la fiscalía del Ministerio Público pidió finalizar la persecución penal por falta de pruebas, el juez resolvió todo lo contrario. Desde el 2012, cuando llegó a Izabal, ha resuelto varios casos importantes en beneficio de la minera que contamina el Lago de Izabal.

En una de las diminutas salas de audiencia del juzgado de Puerto Barrios, en Izabal, por fin se llevó a cabo la audiencia de primera declaración —después de 5 suspensiones—. Tuvieron que pasar 20 meses para que el periodista Carlos Choc  —corresponsal de Prensa Comunitaria— y tres pescadores artesanales de El Estor: (Cristóbal Pop, presidente de la gremial, Tomás Che, y Vicente Rax), todos maya q’eqchi’.

Todos fueron incriminados por la Compañía Nacional de Níquel (CGN), y por Pronico, una empresa de ucranianos que extrae níquel; ambas en sociedad con la transnacional Solway Investment Group, con sede en Suiza.

Periodista Carlos Ernesto Choc. Foto: David Toro

Choc  documentó la contaminación del Lago de Izabal provocada por CGN en El Estor, razón suficiente para que la minera lo considerara un enemigo más.

Cristóbal Pop y sus otros dos compañeros exigieron que se investigara la contaminación, tocaron puertas ante la municipalidad, la gobernación, ministerios como el de Medio Ambiente, y la presidencia, pero no quisieron escucharlos. De ahí nació la resistencia pacífica, informando a su comunidad de todos los abusos cometidos por la empresa en contra de la naturaleza y el pueblo q’eqchi’.

En agosto apareció el abogado Iván Camey, fue quien se encargó de acusar a dos periodistas de Prensa Comunitaria, a ocho pescadores y a un barbero, acusándolos de haber retenido ilegalmente a cuatro trabajadores de la empresa, el 3 y 4 mayo del 2017 durante una manifestación pacífica frente a la empresa. Sin embargo, ese día Carlos Choc y Jerson Xitumul (los dos periodistas de Prensa Comunitaria) ni siquiera estuvieron presentes y el Ministerio Público nunca pudo dar detalle de los hechos imputados. Por esa razón la fiscalía decidió dar un paso atrás y pidió que se declarara el sobreseimiento a favor de los corresponsales y los pescadores, pero el juez Arteaga decidió actuar en contra de ellos.

Haciendo uso de una doble moral jurídica, Arteaga cuestionó la decisión del MP, argumentando que era contradictorio que pidieran el cese de la investigación. Decidió ligar a las cuatro personas por igual, ignorando los argumentos del abogado Castellanos (defensor de Carlos Choc) quien afirmó que el juez está atentando contra los derechos de libertad de expresión que este tiene como periodista. Además se presentó una carta de la municipalidad de El Estor indicando que Choc se encontraba laborando para esta entidad los días de los supuestos hechos.

Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, Izabal.Foto David Toro

La presión de CGN llevó a Cristóbal Pop a la cárcel

Para el juez, el presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales podría intentar escaparse de la justicia.  Decidió que no podía beneficiarlo con la medida sustitutiva, a pesar de que durante 20 meses, en cinco ocasiones, Pop se presentó sin falta, para que el juez lo escuchara de forma voluntaria. Posiblemente, para la minera, Cristóbal sea el pez gordo que  necesita castigar.

A Carlos Choc, Tomás Che y Vicente Rax, les dio una medida sustitutiva de la prisión preventiva, solamente prohibiéndoles visitar lugares en donde se venda alcohol. En la Penitenciaria de Puerto Barrios se encuentran encarcelados Eduardo Bin Pou, vicepresidente de la Gremial y —ahora— Cristóbal Pop, ambos criminalizados por oponerse a la empresa minera.

La etapa intermedia del proceso iniciará el 16 de mayo. Se espera que los cuatro sean liberados por falta de mérito, pero no sorprendería que los abogados de CGN se encarguen de retrasar el proceso nuevamente, inventar más delitos o acusaciones.

La Penitenciaría de Puerto Barrios, recibió a otro preso político más. En Cobán, está Bernardo Caal. En la zona 18 de la capital, Abelino Chub, y en Escuintla, cuatro autoridades de San Juan Sacatepéquez.  Ejemplos emblemáticos de cómo están actuando empresas mineras e hidroeléctricas para encarcelar a dirigentes comunitarios, indígenas y autoridades ancestrales. Así ocurrió en Petén, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, San Juan Sacatepéquez, Santa Rosa, Chiquimula, por mencionar algunos lugares.

Presos políticos: a Eduardo Bin defender el agua del lago de Izabal le costó su libertad

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Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales, Eduardo Bin Pou vicepresidente y la de finanzas de la GPA. Año 2017, denuncia presentada en el MP de Izabal por la contaminación del lago.

Por Nelton Rivera

Eduardo Bin es vicepresidente de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, es maya q’eqchi’ y tiene una trayectoria amplia de participación campesina y de liderazgo social. En 2017, junto a la gremial decidieron denunciar que el agua del lago se estaba contaminando con la actividad minera, pidieron explicaciones pero ninguna institución estatal les dio respuestas. Por movilizarse y hacer pública la contaminación del lago, la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN – Pronico, lo acusó penalmente, fue encarcelado hace 240 días y el juez Edgar Aníbal Arteaga López lo citó el miércoles 23 de enero para decirle que lo enviará a juicio por la acusación de la minera.

Eduardo Bin deberá enfrentar un juicio por decisión del juez de primera instancia de Puerto Barrios, la denuncia llegó como una represalia por sacar a la luz la contaminación del lago de Izabal, contaminación que nadie en el Estado quiso investigar. El juez Arteaga lo citó a otra audiencia el miércoles 23 de enero, a las 9 de la mañana, en esta audiencia el juez leyó su resolución, que dejó pendiente de hacer el 22 de enero, confirmando que el vicepresidente de la gremial ira a juicio.

El pescador tuvo que esperar que la policía lo trasladara de nuevo al final del día, a la penitenciaria en donde permanece recluido, durante dos días fue trasladado a los tribunales, en la audiencia del martes, la minera traslado a su personal de planta, para mostrar apoyo a la minera, a los gerentes poco les importa que sus trabajadores vayan forzados o condicionados.  

Para el abogado Santiago Choc, del bufete de Derechos Humanos, en el proceso hay varios vicios; primero, sobre el delito de amenazas, la ley es clara que debe de ser el agraviado o agraviados quienes tienen que hacer la denuncia ante el MP, en este caso fue el abogado Iván Camey, representante legal de CGN quien hizo la denuncia, no los supuestos agraviados. Segundo, la empresa no puede ser querellante en el juicio, porque nunca lo solicitó durante la primera etapa del proceso penal, a pesar de eso insistió en hacerlo, pero el juez finalmente no pudo acreditarlos como querellantes.

Tercero, el juez se negó a beneficiar a Eduardo Bin con una medida sustitutiva a la prisión, argumentando que por ser un dirigente indígena conocido, se corría el riesgo de fuga, además argumentó que él ya tienen una medida sustitutiva en otro proceso penal que inició Fundaeco, razón por la que no podía darle la medida.

Eduardo Bin, continuará en la Penitenciaría de Puerto Barrios, privado de su libertad, a la espera de que inicie el juicio en un tribunal de sentencia, mientras tanto el tiempo seguirá corriendo y en las cárceles de Izabal, siguen habiendo pesos políticos.

El castigo por oponerse a la minería

En El Estor la información corre bastante rápido, sigue siendo un pueblo pequeño y en el tema de minería un infierno grande, la gremial de pescadores se enteró a mediados de año del 2017, que el alcalde municipal, Rony Méndez, había elaborado un listado de nombres y apellidos y que el fin del listado era para denunciar penalmente a varios integrantes de la gremial por las movilizaciones de mayo en contra de la CGN y por cuestionar la inacción de él al frente de la municipalidad con cualquier tema que tenga que ver con minería.

La sorpresa para Eduardo Bin Pou, es que él junto a Cristóbal Pop, presidente de la gremial, seis pescadores, un barbero, Carlos Ernesto Choc y Jerson Xitumul, periodistas y corresponsales de Prensa Comunitaria eran parte de los listados de gente que fue denunciada, no fue directamente por el alcalde, pero si lo hizo la CGN.

En Agosto de 2017, con la denuncia en mano, los fiscales del Ministerio Público de Izabal, la elevaron al juzgado, llegó a las manos del juez Edgar Aníbal Arteaga López y solicitó inmediatamente las órdenes de aprehensión contra los pescadores, el barbero y los dos periodistas.  

Un año después Eduardo Bin fue secuestrado en El Estor el 29 de junio de 2018, en un operativo que involucró a un grupo de civiles armados a bordo de un vehículo que fue abandonado, el pescador fue trasladado en lancha hasta Santo Tomas de Castilla, ahí fue ingresado a la policía y la detención por más arbitraria que haya sido se legalizó.

Siete meses después, el juez Arteaga López resolvió que Eduardo Bin debe enfrentar un juicio oral y público, por los delitos de “detenciones ilegales, amenazas e instigación a delinquir.” Esto ocurrió 24 horas después de la audiencia en dónde Carlos Choc, Cristóbal Pop, Vicente Rax y Tomás Ché, se presentaron de forma voluntaria con el juez Arteaga, en su quinto intento en 20 meses.

En la audiencia del martes 22 de enero, el MP solicitó el sobreseimiento para los cuatro, esto quiere decir que el MP pidió al juez, que cerrara la persecución penal en contra de los pescadores y el periodista, porque sencillamente no existen pruebas para comprobar que participaron en los delitos que afirma la empresa minera, esto debería de aplicarse al caso de Eduardo Bin.

Un día después, el MP de forma contradictoria le pide al mismo juez, que para el vicepresidente de la gremial de pescadores, si resuelva que Eduardo vaya a un juicio, el juez así lo resolvió.

En El Estor la empresa minera busca a través del castigo provocado a las familias con la criminalización, el desplazamiento forzado y la cárcel, que los principales dirigentes o autoridades comunitarias q’eqchi’ cesen en su oposición a la empresa minera. Por otro lado, el juez de Puerto Barrios tiene serios señalamiento de beneficiar a la minera con las resoluciones de los casos que llegan a sus manos.

Mientras tanto, en la Penitenciaría de Puerto Barrios, se retiene a dos dirigentes indígenas de la gremial de pescadores por oponerse a la empresa minera. Lo irónico es que la investigación sobre la contaminación, los amparos ante la Corte Suprema de Justicia contra la licencia minera, la investigación del asesinato del pescador Carlos Maaz durante la manifestación reprimida por la policía no avanzan en los tribunales. Todo esto ocurre en el Caribe guatemalteco.

Fotografía Rony Morales.
Fotografía Rony Morales

Juzgado de Puerto Barrios: la mano que asfixia la libertad de expresión

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Foto: Prensa Comunitaria

Por David Toro

24 de enero 2019

Este relato  es una mirada cercana al ambiente hostil y los procedimientos poco transparentes en el Juzgado de Puerto Barrios, lugar donde la justicia se inclina del lado de las empresas multinacionales y el trabajo periodístico es vulnerado.

Entre los periodistas se dice que cubrir  tribunales es un verdadero reto, iniciando por los términos legales y los alegatos de las partes, que conforman un proceso en ocasiones complicado de entender.  Se debe “traducir” para hacerlo entendible, además de lo impredecible que pueden llegar a ser las resoluciones de los jueces. En Puerto Barrios, Izabal, a esa dificultad hay que sumarle la actitud de algunos jueces, que intentan limitar el trabajo periodístico,  y la presencia de trabajadores de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), que se encargan de vigilar, fotografiar y complicar el trabajo de los periodistas que asisten a las audiencias de las personas que esta empresa minera ha criminalizado, por denunciar y proteger la naturaleza de la contaminación que realizan en el Lago de Izabal.

Viajar a Puerto Barrios no es tan placentero cuando se debe ir al juzgado de este municipio para cubrir una audiencia. El pasado martes 22 de enero, llegamos a la audiencia de primera declaración de Carlos Choc, periodista de Prensa Comunitaria, a quien criminalizaron por haber documentado la contaminación que CGN ha hecho en el Lago Izabal, en El Estor.

Leer más: https://bit.ly/2Wdibo8

Cuando llegamos al edificio del juzgado de Puerto Barrios, varios trabajadores de CGN (que se caracterizan por vestir camisas a cuadros y botas de trabajo) ya se encontraban custodiando la entrada como si fueran seguridad del Organismo Judicial. Al vernos pasar y ver nuestras cámaras y acreditación de prensa, uno de ellos no dudo en enviar un mensaje de texto por su celular. En el interior, el primer nivel estaba abarrotado de esposas e hijos de los trabajadores de la compañía que habían llegado desde El Estor a primeras horas del día.

Observamos varias personas caucásicas hablando en ruso usando las instalaciones del edificio de justicia, como si se tratara de un café donde se pueden organizar tertulias y permanecer en el lugar sin ningún fin concreto.

¿Por qué  habían rusos en el juzgado de Puerto Barrios?

El Proyecto Minero Fénix, que opera en El Estor, está administrado por varias partes, una de ellas por la empresa internacional Solway Investment Group. Son rusos los empresarios que administran las cargas de níquel que salen desde Izabal en barcos rumbo al noroeste europeo. Por eso, a las familias de estos empresarios extranjeros les interesa estar presentes y presionar en los procesos legales que pueden borrar del mapa a los comunitarios  q’eqchi’ que defienden la naturaleza y representan una amenaza para los privilegios de los empresarios y sus familias a costa de los mantos de níquel que exportan  y la conflictividad social que han provocado y protagonizado en Izabal.

Foto: David Toro

El juez Arteaga y la diminuta sala de audiencias

Luego de pasar en medio de las familias rusas y de los trabajadores de CGN, nos encontramos un obstáculo para la cobertura periodística: el juez Edgar Aníbal Arteaga —quien suspendió seis veces la audiencia del periodista Choc y lo ligó a proceso por el delito de detención ilegal, sin pruebas—. Antes de ingresar a la sala, nos sentamos frente a su despacho. La puerta es de cristal. Lo observamos preocupado, revisando su código penal mientras recibía varias llamadas. Arteaga es poco accesible a la prensa, le cuesta mucho ocultar que no simpatiza con el trabajo periodístico.

Arteaga decidió realizar la audiencia en una sala muy pequeña, con apenas una ventana. El calor característico del puerto se encierra y hace sudar a todos los presentes. Cuando entramos a la sala, fue evidente el disgusto del juez. Con un tono de molestia dijo que no podíamos permanecer adentro porque “no había espacio” y tuvimos que grabar la audiencia con la puerta entre cerrada y siendo obstruidos por una joven que acompañaba a los abogados de CGN que en varias ocasiones se cruzó ante la cámara intentando que no grabáramos de forma limpia los acontecimientos.

En el Juzgado de Puerto Barrios no existen bocinas para ampliar el sonido de las audiencias públicas  y permitir que estas sean escuchadas sin dificultad por periodistas y observadores. Colocamos una grabadora en la mesa de los abogados defensores y como se podía metimos la cámara en medio de la puerta para realizar algunas tomas. Podemos decir que, aunque directamente Arteaga no impidió nuestro trabajo, al menos procuró hacerlo complicado, pues pudo haber utilizado la sala de audiencias grande ubicada en el segundo piso del juzgado, pero siempre se excusa diciendo que para obtener esa sala necesita muchos permisos.

En la audiencia, la barra acusadora, liderada por el abogado Iván Camey, expone al juez sus razones para que Carlos Choc y tres pescadores fueran procesados. Arteaga accedió a pesar de que el Ministerio Público había solicitado que se les dejara en libertad por no haber suficientes pruebas.

Al finalizar la audiencia el juez Arteaga logró escabullirse sin dejar rastro. Salió por una puerta trasera y abandonó el juzgado. Mientras tanto, cuando nosotros esperábamos a  nuestro compañero (Choc) para obtener sus impresiones, una de las mujeres que llegó al juzgado con el personal de CGN, nos agredió verbalmente, indicando que si le tomábamos fotos nos iba a golpear y romper el equipo. Logramos sacar las últimas entrevistas del día en medio del ambiente hostil.

CGN logró su principal objetivo

Aunque Choc y dos pescadores lograron obtener una medida sustitutiva, el juez Arteaga dictó prisión preventiva para el presidente de la gremial de pescadores artesanales (Cristóbal Pop), cumpliendo las peticiones de la empresa minera, pues Pop es uno de los líderes comunitarios más importantes de El Estor. En mayo debemos volver al Juzgado de Puerto Barrios para la etapa intermedia de este proceso, donde las novelas inventadas por CGN han sido el único argumento que ha sostenido el juez para continuar la persecución penal contra un periodista. No descartamos tener que lidiar con nuevas dificultades impuestas por el sistema para realizar la cobertura

Soy criminalizado por ser periodista y defender el Lago de Izabal

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Foto: Rony Morales

Por Carlos Choc

25 de enero 2019

El pasado 22 de enero de 2019 por sexta ocasión me presenté de forma voluntaria en el juzgado de primera instancia penal, en la ciudad de Puerto Barrios, para mi audiencia de primera declaración. Anteriormente fue suspendida cinco veces por el juez Édgar Aníbal Arteaga López.  El juez por fin decidió celebrar mi audiencia y escucharme por las acusaciones falsas hechas por la compañía de níquel CGN Pronico, de Solway Investment Group. La razón de que esa empresa me criminalice, es por investigar, documentar e informar la contaminación del Lago de Izabal y el asesinato de un pescador ocurrido en el 2017.

En el momento de la audiencia, el Ministerio Público hizo lectura de las acusaciones y de los delitos que me imputaban, de igual forma a los tres pescadores. Luego le dio lectura a la investigación hecha de la acusaciones falsas y solicitó al juez, por falta de méritos, cerrar el expediente y cancelar  la orden de captura. De igual forma,  el abogado que representaba a la compañía, Iván Roberto Camey Aguilar, no objetó ni contradijo a la fiscalía del Ministerio Público. Los abogados del Bufete de Derechos Humanos quienes nos acompañaron en nuestra defensa,  felicitaron al Ministerio Público por el trabajo de investigación, el cual fue objetivo.

Juez de primera instancia penal, Edgar Aníbal Arteaga López. Foto: David Toro

Juez Arteaga López decide ligarme a proceso                                                  

El juez de primera instancia penal, Edgar Aníbal Arteaga López, contradijo al Ministerio Público después de haber escuchado a la fiscalía, al abogado de la compañía y  a mis abogados. Tomó la decisión  de  ligarme a proceso, por el delito de detenciones ilegales. De igual forma a los tres pescadores, Tomas Che,  Vicente Rax y Cristóbal Pop (presidente de la Gremial de Pescadores). “Esta acción del Juez Arteaga López  es ilegal porque no existen las pruebas del delito de detenciones ilegales”,  manifestaron en el momento los abogados del Bufete de Derechos Humanos.                                                                                                       

Medidas sustitutivas

La orden de guardar prisión preventiva estaba resuelta por el juez, y los abogados de mi defensa expusieron que el derecho de la libertad de prensa estaba siendo violentada, al haberme ligado a proceso y querer enviarme a prisión preventiva.  El Bufete de Derechos Humanos solicitó medidas sustitutivas, por lo que el juez decide al final de la audiencia, enviar a prisión preventiva a Cristóbal Pop y dar medidas sustitutivas a Vicente Rax, a Tomas Che y a mí.

La libertad de prensa está censurada y violentada en el departamento de Izabal con la decisión del juez Arteaga López.

La compañía de níquel, en complicidad con el juez Arteaga López, me ha censurado por documentar, investigar he informar la contaminación del Lago de Izabal, y discriminado por ser un periodista comprometido con su pueblo q’eqchi´, no importándoles los 11 años que llevo ejerciendo mi profesión en la región. Me ligaron a proceso por delitos que no cometí. Sólo gracias a una denigrante medida sustitutiva he sido puesto en libertad.    

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